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Preocupado por las dificultades que se presentaron desde ayer para aprobar el Presupuesto en la Cámara de Diputados, el Gobierno sacó la artillería pesada y empezó una negociación contrarreloj con los gobernadores, donde la principal moneda de cambio son las inversiones en obras de transporte, infraestructura y energía en el interior. El objetivo es inclinar voluntades en el Congreso de diputados aliados, pero también influir en los opositores que se muestran reticentes a brindar respaldo a la ley. El Frente de Todos busca aprobar la iniciativa clave antes de fin de año, en buena parte para dar una señal de consenso político en pleno diálogo con el FMI sobre el acuerdo por la reestructuración de la deuda externa.

“Este debate no es político, sino económico”, dicen en el Ejecutivo. Y atribuyen la falta de apoyo de parte de Juntos por el Cambio al “descontrol” que atraviesa la oposición, embarcada en una interna caliente desde las PASO. “No van a votar nada hasta que no resuelvan el tema del liderazgo en la UCR nacional”, analizó un funcionario esta tarde, mientras la sesión en diputados por el Presupuesto 2022 entraba en un cuarto intermedio.

Se refirió así al plenario constitutivo de delegados de la UCR que se celebra mañana para la elección de sus autoridades durante el período 2021-2023. En esa pelea están anotados el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien probablemente se imponga, y el senador nacional Martín Lousteau, líder del grupo de los radicales díscolos que buscan disputarle poder al ala tradicional desde el triunfo opositor en las elecciones legislativas en noviembre. El último coletazo de ese conflicto fue el reciente quiebre del bloque en Diputados.

El proyecto de Presupuesto 2022 que presentó el Ministerio de Economía en septiembre, y que permaneció cajoneado durante los últimos meses, es impulsado intempestivamente desde la semana pasada por el oficialismo en Diputados. La oposición ya había advertido que rechazaría un trámite “exprés”, como lo calificó días atrás el presidente del bloque radical, Mario Negri. Pero el Frente de Todos se mostraba confiado en que tendría los votos suficientes para darle media sanción.

Recién ayer a última hora reconoció que, a pesar de que obtendría el quórum, sin el acompañamiento de los aliados del interbloque federal, y con el rechazo de la totalidad de la oposición mayoritaria de Juntos por el Cambio, no le alcanzaría el número de legisladores para darle media sanción. Así fue, y pasadas las 16 de hoy, la sesión en Diputados entraba en un cuarto intermedio, sin acuerdo político a la vista.

En ese marco,Alberto Fernández ordenó un operativo de contención de las demandas de los gobernadores para destrabar la negociación en Diputados y aprobar el Presupuesto 2022 antes de fin de año. Empezó ayer con llamados cruzados entre la Casa Rosada y las gobernaciones para discutir sobre aproximadamente 1000 obras que están en marcha o proyectadas para el año que viene y que, según el Gobierno y los caciques aliados, se verían perjudicadas si el Presupuesto se viera frenado.La sesión en Diputados en la que se debate el Presupuesto

Los encargados de llevar a cabo las conversaciones con los jefes provinciales son el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; y el jefe de Gabinete -y gobernador de Tucumán en uso de licencia- Juan Manzur. También intervino el titular de Economía, Martín Guzmán. Desde el Ejecutivo se sumaron, así, a los diálogos que impulsaban en el Congreso desde ayer el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del interbloque oficialista, Máximo Kirchner.

La operación impulsada por el Ejecutivo, que se produce en paralelo a los diálogos en el Congreso, se cristalizó esta mañana en una reunión con cuatro gobernadores en el Salón de los Escudos. Por la mañana arribaron a la Casa de Gobierno los titulares de los Ejecutivos de Catamarca, Raúl Jalil; La Pampa, Sergio Ziliotto; de Formosa, Gildo Insfrán; y de La Rioja, Ricardo Quintela. Vía virtual o telefónica también hubo conversaciones con Gustavo Bordet, de Entre Ríos, con Alicia Kirchner, de Santa Cruz, Omar Gutiérrez, de Neuquén, y con Gustavo Valdés, de Corrientes.

Según pudo reconstruir Infobae, desde el Gobierno les pidieron a los gobernadores que convenzan a los diputados “propios”, pero también a los legisladores de sus provincias que responden a otras fuerzas, inclusive opositoras. Y les recomendaron que salgan en los medios de comunicación provinciales y nacionales para presionar a favor del oficialismo. Muchos así lo hicieron.

En esa tónica, después de recibir a los gobernadores, De Pedro, alfil del ala kirchnerista del Frente de Todos, se trasladó desde la Casa Rosada a Diputados e irrumpió en el recinto, donde habló con Máximo Kirchner, uno de los encargados de los diálogos con la oposición. Después, el Ministro pasó a saludar al despacho a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, que seguía de cerca las negociaciones, y estuvo en la oficina del titular de la Cámara baja, Sergio Massa, donde funciona la base de operaciones del oficialismo en el Congreso. Cerca de las 16.30, mientras la sesión entraba en cuarto intermedio, regresó a la sede del Gobierno.Máximo Kirchner y «Wado» De Pedro

Los gobernadores usarán el apremio del Gobierno para aprobar el Presupuesto para garantizar e incluso mejorar las condiciones de las obras donde tienen intervención las arcas nacionales. En el caso de Catamarca, hay más de 30 obras en juego entre los diques de Ampajango (Santa María) y Río Hondo (Londres); proyectos de conectividad vial, mejoramientos de servicios básicos de agua y energía y proyectos de infraestructura. En La Pampa, por alrededor de 13 mil millones de pesos están en marcha el acueducto del norte, que lleva agua potable desde Santa Rosa a General Pico, la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Rosa, y la reparación de la ruta 35.

En Santiago del Estero, la moneda de cambio son obras, pero también mejoras en el subsidio de transporte y la continuidad de obras viales que están licitadas. En La Rioja discutieron sobre obras viales que se están realizando en Santo Domingo, Picas Negras, Paso de La Rioja Chilecito por Pampa La Viuda; y la ruta 75 que va desde la Padecita hasta el dique Los Sauces, así como 1.800 viviendas y la construcción del hospital de Chilecito. Así como la construcción de cinco jardines de infantes, la reducción de la tarifa energética.

En las últimas horas, los gobernadores afines al Gobierno, además de negociar con los diputados de sus provincias -propios como opositores-, salieron a apoyar públicamente, como se les pidió. Quintela pidió “dejar de lado la bandería de oponerse por oponerse así sin más y empezar a pensar en nuestra gente, en una Argentina que aspira a más equidad, menos egoísmo y una mejor distribución de los recursos”.

Mientras que el sanjuanino Sergio Uñac dijo en Twitter: “El Estado tiene el rol fundamental de llevar adelante una administración federal, acompañando el desarrollo de cada provincia y el crecimiento de cada argentino, para consolidar la recuperación económica. Esto representa el #Presupuesto2022 del gobierno nacional”. El entrerriano Gustavo Bordet pidió a la oposición “actuar con responsabilidad y votar el presupuesto nacional que se debate en el Congreso”. Y en la misma línea, desde Neuquén, Omar Gutiérrez agregó: “Hay que afianzar, respetar y fortalecer la gobernabilidad”.

En el cuarto intermedio hubo una reunión entre el oficialismo y la oposición en el despacho de Massa. Según informaron desde las filas de JxC, el Gobierno les ofreció que rever el Presupuesto en junio de 2022. “Aceptó que la inflación será superior a la estimada y habrá más ingresos vía recaudación, específicamente por el IVA”, indicaron fuentes del radicalismo. Sin embargo, no fue suficiente: los opositores exigen que se cambien los artículos que permiten al Gobierno aumentar tributos, retenciones y prorrogar impuestos. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo y del bloque oficialista, cerca de la noche del jueves todas las proyecciones apuntaban a que el debate por el Presupuesto se frene hoy y se reabra recién la semana próxima.

Fuente: Infobae.com

El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron absueltos en el marco del juicio oral al que llegaron procesados por defraudación al Estado. La acusación sostenía que la petrolera Oil Combustibles retuvo las transferencias del ITC (impuesto al combustible) que se usaron para luego financiar empresas del Grupo Indalo. La Justicia determinó hoy que Echegaray debe cumplir una pena de cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta cometido contra la administración pública.

Asimismo, los magistrados resolvieron levantar las medidas cautelares dictadas sobre Cristóbal López y Fabián de Souza y sobre todas las personas jurídicas en las que tienen participación

La resolución fue tomada por el Tribunal Oral Federal 3, a cargo de los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Feliciano Ríos. Se trató de una resolución unánime para el caso de la condena de Echegaray. En tanto la absolución de los empresarios fue votada por los jueces Machado Pelloni y Ríos. El juez Basso votó por la condena de los tres enjuiciados. Los fundamentos de la resolución se conocerán el 17 de marzo de 2022.

El TOF 3 había convocado a las partes y a los medios para leer el veredicto a las 17 pero comenzó pasadas las 19. Machado Pelloni en carácter de presidente del Tribunal explicó que se había llegado al final del juicio: “Luego de 81 jornadas de audiencias que implicaron 280 horas de debate en las que declararon 42 testigos y ocho peritos”.

Con la AFIP sin acusar, la fiscalía había pedido condenas para los tres acusados. El fiscal Juan García Elorrio había solicitado cuatro años y ocho meses de prisión para Echegaray por favorecer a las empresas del Grupo Indalo en la evasión del impuesto a los combustibles; y reclamó para los empresarios cuatro años y cuatro meses de prisión, de cumplimiento efectivo.

Sus defensas, en cambio, solicitaron la absolución. Insistieron en la persecución sufrida en épocas de Mauricio Macri y en cómo se buscó ‘desapoderarlos’ de sus empresas.

Hay una causa abierta con una denuncia penal radicada por De Sousa como víctima contra Macri por asociación ilícita. El fallo conocido hoy podría tener impacto en esa investigación.

Palabras previas al veredictoRicardo Echegaray (arhivo NA:DAMIAN DOPACIO)

Antes del veredicto, Ricardo Echegaray y los empresarios De Sousa y Cristóbal López hablaron ante el tribunal. Fue por la mañana, minutos después de las 11, cuando reclamaron su absolución.

Echegaray fue el primero en hablar. “Ha llegado el momento para que el Poder Judicial me absuelva. Los hechos no constituyen delito penal”, afirmó. Sostuvo que el Ministerio Público pidió su condena “apoyado en un fraude procesal construido por la AFIP” en épocas de Mauricio Macri “sin ninguna prueba”. Insistió en que “nunca hubo perjuicio fiscal” y afirmó que “la AFIP y el fiscal se la pasaron buscándole el ‘pelo al huevo’ a los planes de pagos que se pagaron con intereses”.

“No me enjuicien por mis convicciones políticos”, sostuvo. “Se me acusó por adversidad y revancha política”, insistió, al destacar la recaudación en sus épocas como jefe de la AFIP durante el kirchnerismo y subrayar que el plan de pago otorgado a Oil Combustibles “fue igual” a los otros 1.648 que hubo durante su gestión en el organismo recaudador,

“Solicito un pronunciamiento absolutorio. No solo la fiscalía no probó nada de lo que sostiene sino que además he demostrado que mi proceder fue ajustado a derecho y dentro del marco de la ley”, añadió.Fabián De Sousa (Nicolás Stulberg)

A las 11.40, llegó el turno de De Sousa. “Desde que arrancó este proceso en marzo de 2016, siempre tuve la absoluta certeza de mi inocencia”, arrancó diciendo. “De una nota mediática, basado en acusaciones falsas, me convirtieron en el mayor defraudador de la Argentina y una organización mancomunada para robarle a los argentinos”, afirmó. “El Presidente de la Nación, el Jefe de Ministros y cada ministro, en los distintos programas empezaron a opinar”, señaló.

Volvió a relatar como esa nota puso en crisis al grupo Oil Combustibles y cómo creyeron que si se iban de la firma, se alivianaba la crisis, pero la justicia terminó dictando intervenciones y el juez Julián Ercolini ordenó detenerlos. “Nosotros que siempre habíamos estado a derecho ni habíamos entorpecido el proceso judicial teníamos que estar detenidos. Por qué teníamos que estar detenidos? No, eso les permitió facilitar otro proceso: las violaciones a nuestros derechos”, dijo. Hablo de las escuchas en las cárceles pero también persecución a su familia y sus socios como formas de “amedrentamiento”.

Dijo que cuando el caso paso al juicio oral se alegraron de que al fin iban a poder llevar adelante su defensa, porque antes de eso tuvieron un expediente por “fórum shopping”.

Tras las palabras de De Sousa que se extendieron casi una hora, Cristóbal López buscó agradecer a sus abogados. “Creo que va a ser un final con justicia, que es lo que pedimos desde el primer día”.

El casoCristobal López cuando se inició el juicio (Maximiliano Luna)

La causa comenzó a inicios de 2016, luego de una publicación en el diario La Nación, que planteaba que la empresa no había devuelto$8 mil millones del impuesto al combustible que habían retenido a los automovilistas que cargaban nafta en las estaciones de Oil Combustibles.

El expediente fue llevado adelante por el juez Ercolini, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la megacausa por asociación ilícita que había impulsado Elisa Carrió en 2008 contra Néstor Kirchner y su entorno.

En la causa se atribuyó a Echegaray, en su carácter de administrador federal, “haber otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, planes de pago -especiales y generales a Oil Combustibles SA -de la cual era responsable López- por el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural (ICL)”. A los emprersarios de haber sido partícipes de la maniobra.

A fines de 2017, López y De Sousa fueron detenidos, porque -se sostuvo- se quiso entorpecer la investigación cuando intentó vender el grupo Indalo mientras estaba inhibido de hacerlo. En marzo de 2018, la Cámara Federal sostuvo que no había existido una defraudación al Estado sino en todo caso una evasión tributaria y decidió pasar la causa al fuero penal económico.Comodoro Py (Gustavo Gavotti)

El fallo implicó la libertad de López y De Sousa. Fue una resolución fuertemente cuestionada por el Gobierno de Macri. Tras el fallo, los jueces que resolvieron esa causa salieron de Comodoro Py: el juez Jorge Ballestero se jubiló y su colega Eduardo Farah pidió su traslado a la justicia de San Martín. A fines de abril, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y los empresarios volvieron a ser detenidos.

Recién fueron liberados en setiembre de 2019 cuando la jueza María Capuchetti sobreseyó a De Sousa y Cristobal Lopez en la causa que investigaba la presunta maniobra de venta del grupo Indalo.

El juicio oral ante el TOF 3 comenzó en junio del 2020 (los empresarios aún seguían presos). La pandemia demoró e proceso.

La AFIP desistió de su rol de querella penal y civil luego que “Oil Combustibles” adhirió este año a un plan de pagos para regularizar la deuda del ITC y se levantó su quiebra. Al respecto, la abogada de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Silvina Torres, ratificó ante el TOF N° 3 que el organismo desistió de la querella y reiteró que se lo exima de pagar costas. ”La contribuyente formuló la adhesión definitiva al plan de regularización de obligaciones tributarias vinculadas al objeto procesal de esta causa y el organismo a la fecha no tiene interés en el impulso de la acción penal”, explicó la letrada.

La acusación quedó en pie del Ministerio Público que pidió las condenas. Ahora, conocido el veredicto, habrá que esperar la publicación de los fundamentos. Ahí, las partes disconformes quedaran en condiciones de apelar la resolución.

Fuente: Infobae.com

El presidente Alberto Fernández no participará del acto de asunción del jefe del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, como presidente del Partido Justicialista (PJ) Bonaerense, que tendrá lugar el próximo sábado 18 de diciembre.

La información fue confirmada por fuentes cercanas al Gobierno de Fernández a la agencia NA, quienes señalaron «no hace falta» que el Presidente concurra, ya que el vínculo con el hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner «es bastante bueno».

«Hablan muchas veces por semana, no hace falta que vaya», resumieron ante Noticias Argentinas, a modo de argumentar que no es necesario dar señales de acercamiento. «Alberto es presidente del PJ nacional y es una actividad del PJ bonaerense», agregaron.

Y explicaron: «Los dirigentes más cercanos a Alberto forman parte de la mesa de la provincia». Acto seguido, intentaron graficar la «buena sintonía» entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque del Frente de Todos.

«Máximo está juntando con Sergio los votos para el Presupuesto y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional», celebraron para concluir con su abordaje sobre el tema. Con respecto a la celebración, tendrá lugar en la Quinta de San Vicente.

Asimismo, el nombramiento de Máximo contará con un cierto condimento especial ya que asumirá la responsabilidad dentro del PJ Bonaerense, un puesto que generó batalla judicial y duros cruces dentro del espacio que actualmente es oficialismo.

Intentan bloquear la asunción de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense

La ceremonia está pautada para las 11 hs y, además de coronar un nuevo líder, pondrá fin de una vez por todas a un año de tiras y aflojes con algunos intendentes que buscaban tomar el control del partido a nivel provincial.

Tras conocerse la fecha de asunción, la Cámara Nacional Electoral admitió un recurso del intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray, quien rechazó este año la convocatoria a elecciones anticipadas que derivó en la presidencia partidaria para el líder de La Cámpora.

Por ese fallo de la CNE, la Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de dictaminar en el caso. La decisión de que el hijo de la vicepresidenta asuma el sábado fue tomada el lunes 13 de diciembre durante una reunión que se realizó en su despacho.

De la misma formó parte el actual titular del PJ provincial, Gustavo Menéndez. El referente de Merlo no se opone a la conducción de Máximo Kirchner, a diferencia de Gray, el todavía vicepresidente del partido, que fue quien encabezó la ofensiva judicial.

Fuente: Perfil.com

El bono de fin de año para jubilados llegará hasta los $8.000 según fuentes de Casa de Gobierno. El anuncio oficial lo hará el presidente Alberto Fernández esta misma mañana durante un acto en el que se otorgará la jubilación anticipada número 50.000.

Fuentes de Casa de Gobierno dijeron a Infobae que el bono para quienes cobran la mínima llegará a esa cifra. Y que también se otorgará un monto menor decreciente, sin precisiones mayores precisiones de las mismas fuentes, hasta alcanzar a los que ganan 37.000 pesos mensuales. Quienes cobran por encima de ese monto no recibirán bono de fin de año.

Hoy el presidente Fernández junto a la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, entregan en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, la jubilación 50.000 por el Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado y la Jubilación Anticipada número 2.000. El anuncio se realizaría durante ese acto, precisaron las fuentes.

Con la última actualización de los haberes, la jubilación mínima actual llega a los $29.061. Según estimaciones del Gobierno, más de 4,5 millones de beneficiarios recibirán el plus de fin de año.

“La idea es anunciarlo antes de navidad así que calculamos que esta semana será el anuncio por parte del Gobierno”, había adelantado Raverta esta semana en declaraciones radiales.

“Es un momento importante para que los jubilados y jubiladas tengan un reconocimiento por parte del gobierno por todo el esfuerzo que hicieron. En función de eso, aquellos jubilados que tengan menos ingresos, en modo adicional tendrán un bono”, detalló la funcionaria.

“La idea es que lo tengan los jubilados que menos ingresos tienen. Serán arriba de cuatro millones y medio de jubilados los que lo recibirán”, concluyó Raverta.

La medida ya había sido confirmada por la titular de Anses la semana pasada y también por la portavoz de Gobierno, Gabriela Cerruti. Pero el monto y la fecha no habían sido fijados.

“Requiere de cuestiones administrativas y logísticas muy importantes, pero otorgarlo fue una decisión política del presidente” Alberto Fernández, había afirmado Raverta.

Asimismo, Raverta destacó que “este bono se da en el marco de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que dejó un saldo muy positivo. Nos comprometimos a que los haberes de los jubilados y las jubiladas no perdieran contra la inflación y que pudieran ganarle siempre a la fórmula anterior y eso se cumplió de acuerdo al compromiso que asumimos, gracias al aumento del 12,11 por ciento que reciben por la Ley de Movilidad”.

Noticia en desarrollo

Fuente: Infobae.com

El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde, en la Casa Rosada, a la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina. La excusa del encuentro fue el tradicional saludo de fin de año, pero significó también que las máximas autoridades de la Iglesia católica volvieron a reunirse con el Poder Ejecutivo luego de que el encuentro se frustrara en 2020, en medio del malestar por el rol presidencial en el tratamiento de la ley para la legalización del aborto.

En el encuentro, los representantes de la Iglesia resaltaron la importancia de que se lleguen a “acuerdos fundamentales”, que “detengan la continua confrontación” que se vive en el país. También alertaron sobre el “aumento en la violencia”, además de “la creciente desigualdad social, el aumento de la pobreza, la problemática del acceso a la vivienda y la crisis educativa que generó la pandemia”. Y transmitieron su fuerte preocupación por el avance de las apuestas online, a la que calificaron como una “problemática nociva, especialmente para la población de alta vulnerabilidad”.

La audiencia fue vista como una señal para la recomposición de la relación entre ambos sectores, más allá de las urgencias planteadas por la Iglesia.

Entre los asistentes al encuentro estuvieron el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, y los integrantes de la comisión ejecutiva: los arzobispos de Mendoza, Marcelo Colombo (vicepresidente primero), y de Bahía Blanca, Carlos Azpiroz Costa (vicepresidente segundo), el obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey (secretario general) y el director de Comunicación y Prensa de la Secretaría General, presbítero Máximo Jurcinovic.SOLO UNA VICTORIA PÍRRICA

Por parte del Gobierno, junto a Fernández estuvieron el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri.

Poco después del encuentro, desde la Conferencia emitieron un comunicado en el que se informó que hubo un “cordial diálogo”. Y se le expresó al Presidente “la importancia” de que “se lleguen a acuerdos fundamentales y superadores, que hagan detener la continua confrontación que se vive en nuestro país, ya que en un clima así es muy difícil salir adelante”, en referencia a la convocatoria que hizo el mandatario el día de las elecciones legislativas generales.

Los obispos también manifestaron “percibir un aumento en la violencia, en parte por el enojo y la tristeza que ha producido la pandemia. Además de la creciente desigualdad social, el aumento de la pobreza, la problemática del acceso a la vivienda y la crisis educativa que generó la pandemia”.

Además, expresaron a Fernández la “preocupación por el aumento del consumo de drogas durante la pandemia y los distintos proyectos para legalizar las apuestas online en distintos lugares del país, problemática nociva, especialmente para la población de alta vulnerabilidad”.

Al tiempo que transmitieron la necesidad del cuidado de la vida en todas las etapas de su desarrollo, desde la concepción hasta la muerte natural.

En el marco del encuentro los obispos llevaron al Presidente como regalo un libro con imágenes y reflexiones del papa Francisco como líder espiritual durante la pandemia.

Mensaje previo y gesto del Gobierno

Esta mañana terminó una reunión de dos días de la comisión permanente del Episcopado, encabezada por monseñor Ojea, su presidente e integrada por unos 20 obispos. Al finalizar el encuentro y horas antes de la reunión de Ojea con Fernández, los obispos difundieron una declaración, en la que llamaron a “ponerle el hombro a nuestra patria; porque no dejamos de soñar con una Argentina donde reine el amor a la vida, a la verdad y a la justicia”.

Usaron en ese breve pronunciamiento una famosa expresión que el entonces cardenal Jorge Bergoglio utilizó en un tedeum, meses antes de la crisis de 2001. También pidieron “superar el individualismo” y transmitieron una invitación: “Puede sonar extraño en este contexto difícil, pero en Navidad queremos invitarlos a la alegría. La alegría profunda y verdadera. La alegría que viene de Dios. La alegría de los pobres que a pesar de todo siempre encuentran algo para celebrar y agradecer”.

Ayer, por la tarde, en lo que fue leído como un guiño a la Iglesia en la previa al encuentro, Fernández participó del Primer Encuentro Federal del Plan de los 1000 días, política con la que “se busca acompañar, proteger y cuidar de manera integral la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y niñas y niños en los primeros tres años de vida”, como definieron desde el oficialismo. Se trata del plan que el Gobierno presentó en paralelo al de interrupción legal del embarazo y con el que se buscó mitigar el impacto en la relación con la Iglesia.

Mariano De VediaCecilia Devanna

Fuente: La Nación

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que el Gobierno nacional espera que el Congreso «sesione y sancione» hoy el proyecto de Presupuesto 2022 y que «los diputados tengan la responsabilidad de darle certezas a la población».

Respecto a las posturas contrapuestas que despertó el proyecto que presentó el lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el ministro de Economía, Martín Guzmán, manifestó que «la campaña electoral terminó» y dijo entender «las pasiones y los discursos encendidos pero, en este momento, tenemos que ser capaces de dar certezas y llevar tranquilidad a un pueblo».

La funcionaria también se refirió al aumento de los casos de Covid-19 y a la puesta en vigencia el 1ro de enero de 2022 del pase sanitario: «Tenemos un 80 por ciento de la población con las dos dosis y un 70% de los adolescentes pero con el pase sanitario estamos intentando lograr que los jóvenes de 18 a 30 años que tienen una sola dosis que se vacunen para que puedan concurrir a los eventos masivos. La sola mención del pase sanitario ha hecho que aumente la cantidad de gente concurriendo a darse la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus».

Por otro lado, detalló que la medida que se empezará a implementar al comienzo del año que viene «no busca restringir nada; es solo apoyar la campaña de vacunación» y lo vinculó con el aumento de contagios de las últimas semanas, expresando que «están creciendo los casos de coronavirus en el mundo y en la Argentina, y hay que volver al uso del barbijo en espacios cerrados».

Respecto al acuerdo que busca cerrar el ejecutivo nacional con el Fondo Monetario Internacional, pidió que «no busquen desavenencias internas» y «no sigan pidiéndole pruebas al Gobierno de que se está llevando adelante una negociación con unidad».

Además, reconoció que se está llevando adelante una «negociación responsable, seria y contundente» con el FMI y volvió a reclamar que «se dejen de buscar matices dentro del gobierno» mientras se lleva adelante el entendimiento con el organismo. 

En el mismo tono y en medio de la ronda de preguntas de los periodistas, manifestó que «los medios tienen una obsesión por encontrar una pelea entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner».

En desarrollo…

Fuente: Perfil.com

La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley (26080) que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura. La modificación había sido promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner para acrecentar la representación de los puestos políticos en el cuerpo que tiene un rol trascendental en la selección y sanción de los jueces de la Nación.

El fallo del máximo tribunal fue unánime: los cuatro ministros votaron en el mismo sentido. Ricardo Lorenzetti presentó una disidencia parcial en cuanto al rol que tendrá ahora el Congreso.

La sentencia surge en un momento sensible en la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial. La semana pasada, el ministro de Justicia, Martín Soria, había criticado a los ministros del tribunal en una reunión realizada en el Palacio de Tribunales. Anoche, Alberto Fernández volvió a plantear la necesidad de reformar la Corte Suprema. Y esta mañana la portavoz Gabriela Cerruti confirmó que están estudiando modificaciones.

El Consejo de Magistratura es un organismo trascendental: administra el presupuesto del Poder Judicial , organiza los concursos de los nuevos jueces y analiza el desempeño de los magistrados, con la facultad de sancionarlos e incluso separarlos de sus cargos. A partir de la reforma de 2006 que hoy fue anulada por la Corte, está compuesto por 3 jueces, 2 abogados, 4 legisladores de la mayoría, 2 legisladores de la minoría, 1 académico y 1 representante del Poder Ejecutivo.

Los especialistas aseguran que esa conformación trabó nombramientos y provocó vacantes en casi el 30% de los puestos disponibles que hay en juzgados de todo el país. Así, dejó la administración de Justicia en en manos de jueces subrogantes y suplentes, que no tienen estabilidad.

El fallo

Técnicamente, el máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el gobierno de Cristina Kirchner en 2015 y confirmó una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.

En la parte dispositiva de la resolución, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 5 de la ley 26.080 y la inaplicabilidad del art. 7 inc. 3° de la ley 24.937 (texto según ley 26.855), de los arts. 6 y 8 de la ley 26.080, así como de todas las modificaciones efectuadas al sistema de mayorías previsto en la ley 24.937 (texto según ley 24.939).

Además, exhortó al Congreso de la Nación a que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación. Recientemente, el Gobierno envió un proyecto con el que buscaba evitar este revés político y jurídico. Ahora buscará sancionar su propuesta lo más rápido posible, probablemente en marzo cuando comiencen las sesiones ordinarias.

Paralelamente, el tribunal ordenó al Consejo de la Magistratura a adecuar su confirmación de acuerdo a los términos presentes en la ley anterior a la reforma impugnada, de acuerdo a los artículos 2 y 10 de la ley 24.937. En otros términos, el organismo deberá volver a contar con 20 integrantes. Si transcurren 120 días y no se realizan los cambios exigidos por la Corte, sus actos serán nulos.

Las decisiones adoptadas con anterioridad por el Consejo de la Magistratura conservarán su validez.

Los fundamentos

Los magistrados coincidieron en que la ley 26080 debe ser declarada inconstitucional porque hay una “demostración concluyente” de que a lo largo de 16 años de vigencia “se ha quebrado la regla de no predominio” y surgieron “falencias que ponen seriamente en riesgo la independencia del Poder Judicial”.

“La noción de equilibro significa ausencia de predominio, de manera que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo el cuerpo”, detallaron.

Y agregaron: “El Consejo de la Magistratura ha mostrado diferentes composiciones y muchos esfuerzos personales de los consejeros, pero el diseño institucional ha conspirado para que esos propósitos finalmente se frustren”.

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Fuente: Infobae.com

La Municipalidad de Tres de Febrero llevó adelante un operativo que permitió fiscalizar y desarticular dos talleres de costura clandestinos en la calle Maipú, en Ciudadela, donde se encontraron alrededor de 20 personas que trabajaban en condiciones de escasa higiene y de hacinamiento. De la fiscalización participaron el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el Comando de Patrullas y la Subsecretaría de Fiscalización y Control.

“Los resultados fueron exitosos gracias al trabajo coordinado con las diversas áreas gubernamentales. Las mafias no son bienvenidas en nuestro municipio”, aseguró Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

La identificación de ambos lugares se realizó en el marco del relevamiento y detección de establecimientos clandestinos que lleva adelante la Municipalidad y se confirmó que ninguno estaba habilitado para confección y que tampoco tenían empleados registrados. Todo lo producido se destinaba y vendía en el mercado negro de indumentaria.

Tres de Febrero ya realizó la denuncia ante la Oficina Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, que se encargará de tramitar la causa con la Fiscalía correspondiente

“Estos talleres llevan miedo, inseguridad y violencia a los barrios. Estamos del lado de la legalidad y no vamos a permitir que se vulnere la dignidad de nadie ni sus derechos laborales», cerró Valenzuela.

El 15 de diciembre de 1983 se creó en Argentina la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)

Crear la CONADEP fue una de las primeras medidas de gobierno de Raúl Alfonsín, quien había asumido como presidente apenas cinco días antes, el 10 de diciembre de 1983. Tras el último golpe militar argentino, Alfonsín restablecía la democracia en la Argentina. 

Con el Decreto 187/83, el Poder Ejecutivo fundamentó la creación de la CONADEP para conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la dictadura reciente, como base de la futura unidad y reconciliación nacional.

La CONADEP Nacional sobre la Desaparición de Personas tuvo como objeto investigar las violaciones de derechos, particularmente la desaparición de personas, ocurrida entre 1973 y 1983.

El artículo 2 del Decreto 187/83 enumera taxativamente las funciones de la CONADEP: 

●     recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirse a la justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de un delito;  

●    averiguar el destino de las personas desaparecidas; 

●    determinar la ubicación de niños sustraídos de la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo de estado; 

●    denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos relacionados con los hechos que se pretenden esclarecer;

●    emitir un informe final con una explicación detallada de los hechos investigados, a los 180 días a partir de su constitución.

Durante nueve meses, la CONADEP recibió testimonios de familiares de desaparecidos, sobrevivientes y otros testigos. Analizó documentación y realizó visitas de inspección a los centros clandestinos de detención donde estuvieron cautivos los desaparecidos denunciados.

Al poco tiempo de haber sido nombrado, el cirujano cardiovascular René Favaloro renunció a su cargo, porque se opuso a que esa comisión no recibiera denuncias de los crímenes de la Triple A, cometidos durante el gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón.

En el Anexo I del Decreto 187/1983 se estipuló la nómina de personas designadas por el Poder Ejecutivo para integrar la CONADEP:  el ex rector de UBA Ricardo Colombres, René Favaloro, el ingeniero Hilario Fernandez Long, el pastor evangélico Carlos Gattinoni, el filósofo Gregorio Klimovsky, el rabino estadounidense Marshall Meyer, Monseñor Jaime de Nevares, el militante de derechos humanos Eduardo Rabossi, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazu y el escritor Ernesto Sábato. 

La CONADEP se disolvió el 20 de septiembre de 1984, momento en que Ernesto Sábato entregó el informe Nunca Más, en carácter de Presidente de la Comisión.

“Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacer comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror”, dijo el autor de El túnel, al entregar el informe final Nunca Más.  

Una de las  críticas que se la hace a la CONADEP es el recorte temporal de su investigación, limitado a los crímenes cometidos por la cúpula militar. Además, las Madres de Plaza de Mayo criticaron que no revelara las identidades de los represores, tanto civiles como militares. 

La CONADEP se limitó a los desaparecidos de los primeros años de dictadura, y no investigó los crímenes de la Triple A. Tampoco fueron investigadas las acciones delictivas de las cúpulas de las organizaciones guerrilleras

Mediante el Decreto 157/83 Alfonsín promovió la acción penal no sólo contra las cúpulas de las Juntas militares sino también contra las cúpulas de las organizaciones guerrilleras que actuaron desde el 25 de mayo de1973.

Fuente: Perfil.com

El presidente Alberto Fernández recibirá esta tarde a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina. Si bien se trata de una reunión formal de fin de año, será el primer encuentro con la Iglesia luego de que se tensara la relación a partir de la sanción de la ley del aborto legal.

El concilio está previsto para este miércoles a las 17. Además del mandatario, de parte del Gobierno estarán el jefe de Gabinete Juan Manzur; el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; y el secretario de Culto, Guillermo Olivieri. Mientras que los representantes de la cúpula eclesiástica serán el titular de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea; el vicepresidente primero Marcelo Colombo; el vicepresidente segundo Carlos Azpiroz Costa y el secretario general Alberto Bochatey.

El motivo protocolar del encuentro es un saludo previo a la Navidad, como suele repetirse todos los años, y en este caso la reunión se gestó a partir del pedido de Ojea a Olivieri. Ambos mantienen una relación de confianza y trato cotidiano, pese al malestar de la Iglesia por el impulso que Alberto Fernández le dio al proyecto de aborto legal, seguro y gratuito. Como la ley se encaminaba a ser sancionada en los últimos de diciembre de 2020, los representantes de la Iglesia decidieron suspender el año pasado el saludo navideño. En este marco, la iniciativa de Ojea para pedir la audiencia en Casa Rosada, es interpretada en el Gobierno como un gesto de acercamiento.

Tras la sanción de la norma el 30 de diciembre de 2020, durante tres meses la relación entre el Poder Ejecutivo y la cúpula eclesiástica se estancó. Recién en marzo Olvieri y Ojea retomaron el diálogo. Desde entonces regresó la fluidez pero la de hoy será la primera reunión formal y presencial luego de más de un año.

Este martes la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal se reunió para definir los temas que los obispos pondrán sobre la mesa ante el Presidente y sus funcionarios. Tal como adelantó Infobae, la intención es dialogar sobre la situación actual y aportar un punto de vista desde la Iglesia en el final de un año donde la pandemia dejó de ser un tema central, pero la crisis económica sigue golpeando fuerte en los sectores más vulnerables.El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Ojea

Por su parte, Alberto Fernández llega al encuentro de este miércoles luego de haber cerrado ayer en Tecnópolis el Primer Encuentro Federal de los 1.000 Días, que busca garantizar la atención y el cuidado de la salud de las embarazadas, en situación de vulnerabilidad, y la de sus hijos o hijas hasta los tres primeros años de vida. El proyecto que fue presentado junto al del aborto para complementarlo también le sirve al Presidente como una señal para recomponer la relación con la Iglesia.

A la cúpula eclesiástica le preocupa también la presentación de un proyecto para regular la eutanasia en la Argentina que realizaron los legisladores radicales Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace. Pese a ser impulsado por la oposición, la Iglesia necesita saber la postura del Gobierno nacional frente a este tema. Otro de los puntos principales es el nivel de la pobreza. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la de este año fue de casi el 44%.

Los índices treparon desde el 35,5% con que terminó el 2019 a 40,9%, durante el año pasado por el impacto inicial de la pandemia y las medidas de aislamiento social en la economía y en los ingresos de los hogares. El segundo semestre de 2020 terminó con un índice de pobreza de 42%, mientras que la indigencia trepó al 10,4%, el nivel más alto desde 2004. El escenario dramático afecta a más de 18 millones de personas y es uno de los temas centrales a tratar por parte de la Iglesia.

Fuente: Infobae.com