Categoría: Destacado

La Corte Suprema de Justicia se reactiva este martes tras el receso de verano y en su hoja de ruta ya se vislumbran dos ejes: el pedido al Gobierno para que se cubran las vacantes en el Poder Judicial, que llegarían a más del 40% en 2026, y una exhortación a los jueces de tribunales inferiores a que le den celeridad a los juicios sobre causas de corrupción. Así informaron a LA NACION fuentes al tanto de lo que será la agenda de prioridades del máximo tribunal.

Otro tema que inquieta es la integración de la Corte Suprema, pero no es un asunto que vaya a resolverse de inmediato sino a lo largo de los próximos meses.

El máximo tribunal tiene actualmente tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por lo que para dictar una sentencia debe haber unanimidad. En caso de una disidencia, los jueces deben sortear conjueces entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país, pues la mayoría debe conformarse como mínimo con tres firmas. A pesar de esta particularidad numérica, la Corte tiene su propia agenda para 2026 y ya la puso en marcha. Esta semana se desarrollará la primera reunión de ministros del año, con la llegada de Rosenkrantz, que estuvo de viaje en el exterior.

Aunque el tema que más preocupa en la Corte Suprema son las vacantes del Poder Judicial, que según sus proyecciones llegarán al 42% en 2026. Esta vez, los jueces de la Corte le creen a Gobierno cuando afirma que en marzo serán cubiertas.

La relación entre la Corte y el Gobierno hoy es buena y hay diálogo institucional. A los habituales contactos con el viceministro, Sebastián Amerio, se sumó el intercambio con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El funcionario formalizó un incremento del 280% del presupuestodel Poder Judicial: $28.973.850.716 en el inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo de la Magistratura.

El ida y vuelta por WhastApp preanuncia un año de buen diálogo entre ambos poderes, se ilusionan en el Consejo de la Magistratura y en la Corte ante la consulta de LA NACION.

El Gobierno fracasó el año pasado con su intento de designar al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla, con lo que ahora se muestra más cauteloso.

“No nos podemos equivocar más, cada decisión debe ser sobre seguro”, dijo un interlocutor del Gobierno en estos temas. Por eso es que hay ánimo de tratar el asunto, pero en marzo, y junto con el envío de los pliegos de los casi dos centenares de jueces al Senado.

Estas designaciones, que están pendientes desde hace dos años, le dan al Gobierno cartas para negociar con los gobernadores y senadores.

Asimismo, hoy el Gobierno tiene para negociar no solo los cargos de los dos jueces de la Corte, sino también los del Procurador General de la Nación y el del Defensor General de la Nación, además del Defensor del Pueblo. Es un paquete atractivo para negociar con la oposición.

El presidente Javier Milei rechaza negociar con el kirchnerismo, según fuentes oficiales. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó públicamente que buscarán dialogar con los enviados de la expresidenta.

Sin embargo, en el pasado hubo diálogo y se interrumpió tras la condena de Cristina Kirchner y cuando se hicieron públicas esas charlas entre Juan Martín Mena, enviado de la expresidenta, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Hoy el ánimo es seguir buscando los votos en el Senado, pero apuntado a los senadores que dependen de gobernadores radicales o del peronismo.

Creen que con el paso del tiempo, la ascendencia de Cristina Kirchner sobre los senadores va a ceder al tiempo que crezca la incidencia del voto de este nuevo grupo de legisladores que se referencian en gobernadores más afines al Gobierno.

“Si hay un candidato del peronismo potable está despejado el camino para que haya una negociación”, dijo una fuente de los tribunales.

La idea sigue siendo completar la Corte y no pensar en este momento en una ampliación del tribunal.

En el Senado el escenario no es el del año pasado. Hoy Cristina Kirchner no tiene el poder entre los senadores para poder imponer a un candidato, o candidata como se barajó con los nombres de Anabel Fernández Sagasti o María de los Ángeles Sacnun.

Cualquier iniciativa necesitará del acuerdo del resto del PJ, pues ya no tiene poder de veto ni un bloque unificado. Debería negociar su candidato con Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Sergio Uñac, de San Juan; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca, y Gustavo Sáenz, de Salta. Este camino es una alternativa para reunir los votos cuando sea el momento de la decisión.

Las causas de corrupción

En la agenda de este año siguen siendo observados los casos de corrupción y el ritmo que lleva el caso de los Cuadernos de las Coimas, con Cristina Kirchner como principal acusada. Rosatti y Lorenzetti no ocultan esta preocupación.

Cuando en diciembre pasado trascendió la preocupación por el avance de los casos de corrupción, Rosenkrantz mencionó que el impulso de las causas de los cuadernos y los juicios pendientes contra la expresidenta no dependen de la Corte sino de los tribunales donde se encuentran esos casos. También admitió su preocupación por las vacantes existentes en el Poder Judicial.

Aún está resta definir en la Justicia el remate de los bienes de la expresidenta por la condena de la causa Vialidad y ponerle fecha a los dos juicios aún pendientes: el caso de la firma del Memorándum con Irán (más cerca de tener fecha de inicio) y la causa por lavado de dinero contra la expresidenta y su hijo Máximo Kirchner por las sociedades Hotesur y Los Sauces.

En esta último caso, el juez Rodrigo Giménez Uriburu se excusó porque fue uno de los jueces que condenó a Cristina Kirchner en Vialidad, y los otros compañeros del trbiunal, José Michilini y Adriana Palliotti, lo aceptaron. Se deberá ahora sortear a un nuevo juez, por lo que se demora su inicio.

Pero en la agenda de 2026 de la Corte se estudia otro caso de signo político contrario que podría implicar reabrir un expediente de lavado, que impacta de lleno en Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño.

La continuidad de Cúneo Libarona

En tanto, en estos dos meses por delante se baraja la continuidad o no del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del viceministro, Sebastián Amerio, respaldado por Santiago Caputo.

Cuando Milei ganó las elecciones legislativas en octubre del año pasado, Cúneo Libarona estaba casi afuera del Gobierno. Lo llamó Karina Milei y le pidió que se quede en el cargo.

Cúneo Libarona se comprometió a quedarse hasta marzo o abril, fecha límite para poner en marcha el sistema acusatorio en Comodoro Py, su legado como funcionario. La continuidad de Cúneo Libarona obturó el casillero para evitar que sea cubierto por un candidato de Caputo. Ahora esa interna entre Caputo y Karina Milei sigue abierta y hay quienes dicen que la continuidad de Amerio está en discusión y que la hermana del presidente está “haciendo un casting” de candidatos para el área de Justicia.

No es solo el ministerio, que es a esta altura una dependencia vaciada de muchas de las funciones que tenía en el pasado, sino la incidencia en el Consejo de la Magistratura, el organismo que se encarga de remover y de signar magistrados.

Hasta ahora el poder en el Consejo de la Magistratura está en manos de los jueces, con Horacio Rosatti como presidente de la Corte y del Consejo, y el Gobierno tiene un solo consejero propio, Amerio, representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo.

Pero este año todo puede cambiar y el Gobierno fortalecerse en el Consejo de la Magistratura. No solo con el representante del Ejecutivo, sino con consejeros abogados, que deben ser elegidos a fin de año.

Los concejeros que responden al Pro o al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura hoy no tienen el mismo peso político que cuando llegaron a ese cargo, porque la fuente de donde emana su poder, está mermada. Por eso es que el equilibrio en el cuerpo puede cambiar. Karina Milei talla en esa selección y busca colocar al representante del Poder Ejecutivo. Se menciona al abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza.

Por Hernán Cappiello

Fuente: La Nación

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires mostró una nueva aceleración en el arranque del 2026. El Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) registró un avance mensual del 3,1% en enero, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,7%, de acuerdo con el informe difundido este lunes 9 de febrero por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Inflación invisible: el IPC subestima el ajuste

El dato marca un repunte respecto del 2,7% registrado en diciembre y refleja, principalmente, el impacto de los servicios y los precios estacionales, en un contexto de recomposición de precios relativos y ajustes sectoriales.

Durante enero, los servicios subieron 3,5%, por encima de los bienes (2,3%), consolidando una dinámica que se viene observando en los últimos meses. A su vez, los precios estacionales registraron un fuerte incremento del 15,8%, traccionados por turismo, recreación y paquetes vacacionales. Los precios regulados, en cambio, avanzaron 1,7%.

La inflación núcleo —medida por el Resto IPCBA— mostró una suba del 2,2% mensual, lo que sugiere que, más allá de los factores puntuales, persiste una presión inflacionaria de base.

Alimentos, transporte y restaurantes, entre los rubros con mayores subas

En enero de 2026, los mayores aumentos del IPC porteño se concentraron en Recreación y cultura, que encabezó las subas con un 7,4% mensual, seguida por Restaurantes y hoteles, con un incremento del 5,3%.

En tercer lugar, se ubicaron Alimentos y bebidas no alcohólicas y Seguros y servicios financieros, ambos con una suba del 4,0%, mientras que Transporte completó el grupo de los cinco rubros con mayores aumentos, al registrar un avance del 3,7% en el mes.

Por divisiones, las variaciones mensuales fueron las siguientes:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: +4,0%

Bebidas alcohólicas y tabaco: +2,5%

Prendas de vestir y calzado: −1,0%

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: +2,4%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: +1,7%

Salud: +2,2%

Transporte: +3,7%

Información y comunicación: +0,9%

Recreación y cultura: +7,4%

Educación: +0,1%

Restaurantes y hoteles: +5,3%

Seguros y servicios financieros: +4,0%

Cuidado personal, protección social y otros productos: +2,5%

Una señal clave para el arranque de 2026

Con este resultado, la inflación porteña inicia 2026 con un ritmo más elevado que el cierre del año pasado, aunque la comparación interanual exhibe una leve desaceleración frente a diciembre. El IPC de la Ciudad vuelve así a posicionarse como un anticipo relevante del comportamiento del índice nacional, especialmente en los rubros más sensibles al consumo urbano.

En desarrollo…

Fuente: Perfil.com

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.Te puede interesar:El sueño frustrado de una casa container: pagos, demoras y un fallo que ordenó una indemnización millonaria

La decisión alcanzó a otros 18 acusados y además se ordenaron nuevas declaraciones indagatorias, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.https://d5d6a0b4573de680fe5d59c09e4bc2b2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

“En esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, remarcó el magistrado.Te puede interesar:Le explotó el equipo de GNC y demandó al instalador: el caso fue rechazado en dos instancias judiciales

Para Casanello se montó un “sistema de retornos” por parte de las droguerías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios a la Agencia Nacional de Discapacidad “a través de los cuales se recompensaba a los funcionarios infieles”.https://d5d6a0b4573de680fe5d59c09e4bc2b2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

La investigación “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.Te puede interesar:Revés para Alberto Fernández en un intento por mejorar su situación en el caso Seguros

La Agencia “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, agregó el juez.

Los audios y el rechazo de las nulidades

El expediente se inició en agosto pasado tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en notas periodísticas que replicaban la filtración de audios explosivos. En esas grabaciones, una voz atribuida a Spagnuolo confesaba la interna política: “Lule (Menem) me lo puso a Garbellini para chorear”.

Las defensas intentaron derribar la causa alegando que esos audios eran ilegales, habían sido manipulados y pidieron la nulidad de todo lo actuado. Sin embargo, en paralelo a los procesamientos, Casanello rechazó hoy esos planteos. El juez y el fiscal Franco Picardi lograron corroborar el contenido de las denuncias mediante pruebas independientes (expedientes y testimonios), sin depender procesalmente de las grabaciones, que de hecho no fueron usadas como prueba directa en el fallo, se remarcó en la resolución.

Los cuatro “jefes” y el embargo de los mil millones

La resolución, de más de 300 páginas, describe una estructura jerárquica clara. Spagnuolo no habría actuado solo. El juez lo procesó como presunto jefe de la asociación ilícita junto a su segundo en el organismo, Daniel Garbellini, y a dos supuestos operadores: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

Estos dos últimos, vinculados históricamente al negocio de las droguerías y con pasado en la política, fueron señalados como los cerebros externos que “controlaban la ANDIS desde afuera”. Según la prueba recolectada, digitaban las compras abusando de la situación de emergencia para evitar licitaciones y direccionar contratos millonarios a empresas amigas.

Aunque los procesados permanecerán en libertad, el golpe económico es fuerte: Casanello trabó un embargo de 202.247.451.393 millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos casi similares para cada uno de los cuatro principales acusados.

“Otro nivel de complicidades”

Uno de los tramos más inquietantes de la resolución apunta hacia arriba. Casanello advirtió que lo descubierto hasta ahora podría ser solo la punta del iceberg y sugirió que la responsabilidad política podría escalar.

“El esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”, escribió el magistrado. Y agregó: “A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades“.

Para el juez, la investigación “no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

Nuevas indagatorias y empresas bajo la lupa

Para avanzar sobre esos “márgenes difusos”, el juez ordenó una nueva batería de indagatorias que incluye a Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.

Además, la Justicia irá contra las estructuras societarias utilizadas para el fraude. Casanello citó a indagatoria a las personas jurídicas de cuatro firmas clave: Droguería Profarma SA, Droguería Génesis SA, Droguería New Farma SA y Droguería Floresta SA.

La lista completa de los 19 procesados

La resolución alcanza a funcionarios de la gestión libertaria, empleados de carrera y empresarios. La nómina completa es la siguiente:

Procesados como jefes de la asociación ilícita:

• Diego Orlando Spagnuolo (Ex Director Ejecutivo de ANDIS)
• Daniel María Garbellini (Ex Subdirector)
• Miguel Ángel Calvete (Operador externo)
• Pablo Atchabahian (Operador externo)

Procesados como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (Ex Director de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (Ex Director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (Empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (Ex funcionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

Fuente: Infobae.com

Através de un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y dio lugar a dos nuevas obras sociales autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).https://www.boletinoficial.gob.ar/web/utils/pdfView?file=%2Fpdf%2Faviso%2Fprimera%2F338222%2F20260206

La decisión figura en el Decreto 88/2026, publicado en el Boletín Oficial, que ordena la disolución y liquidación del IOSFA, y establece una transición para garantizar la separación ordenada de activos, personal y prestaciones entre los nuevos organismos. El objetivo oficial es enfrentar un desequilibrio financiero persistente que dejó a la obra social con un déficit de magnitudes críticas, estimado en torno a los 200.000 millones de pesos.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

La nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) quedará bajo la órbita del Ministerio de Defensa y atenderá la cobertura médico-asistencial del personal militar en actividad, retirado y pensionado, así como de sus familias primarias. El organismo tiene mandato de asegurar prestaciones que no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio, y su directorio estará integrado por representantes de cada fuerza armada.

Crítican a Luis Petri por la crisis en las Fuerzas Armadas y reclaman un plan urgente para la obra social militar

En paralelo, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) quedó bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta entidad asumirá la atención sanitaria y social de personal de fuerzas como Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, así como de eventuales futuras incorporaciones de otras fuerzas federales. Su directorio será designado por la cartera de Seguridad y deberá acreditar idoneidad técnica en gestión pública o administrativa.

El decreto dispone que ambas obras sociales deberán destinar al menos el 80 % de sus recursos a prestaciones de salud, con un tope del 8 % para gastos administrativos y operativos, y hasta un 12 % restante para otras prestaciones sociales solo si las obligaciones primarias están cubiertas.

El Gobierno exprime la agenda de Seguridad, pero la herencia de Bullrich condiciona a Monteoliva

La reestructuración de la obra social se produce en medio de un colapso operativo que arrastra desde hace años. Afiliados de todo el país denunciaron en 2025 que las prestaciones de salud se suspendieron en muchos casos y que, pese a ello, seguían aplicándose descuentos en sus haberes, obligándolos a pagar consultas y tratamientos por fuera del sistema.

De la unificación al colapso y la fragmentación

El IOSFA nació hace más de una década como la materialización de la fusión de obras sociales militares con la idea de centralizar coberturas para personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, pero con el tiempo esa integración enfrentó tensiones por la heterogeneidad de sus beneficiarios, la dispersión territorial y el crecimiento de los costos en prestaciones y medicamentos.

La separación en dos obras distintas formaliza lo que había sido una demanda de algunos sectores y una respuesta administrativa a las dificultades financieras acumuladas, aunque también plantea un nuevo desafío logístico: garantizar la continuidad de atención sin interrupciones para miles de afiliados mientras se llevan a cabo los procesos de transferencia y ajuste institucional.

A lo largo del 2025, y tras varias denuncias presentadas por beneficiarios, organizaciones sindicales como ATE habían alertado sobre la crisis y la acumulación de deuda del IOSFA, que según algunos informes superó ampliamente los 160.000 millones de pesos en 2025, con un impacto directo en la atención médica, reintegros demorados y falta de acceso a prestaciones esenciales.

Figuras políticas, como la Diputada Lourdes Arrieta, también consignaron que la medida se venía preparando desde finales del año pasado, con la intención de reemplazar el antiguo esquema por otros más especializados y alineados con las necesidades particulares de cada sector de las fuerzas estatales.

Fuente: Perfil.com

La baja del impuesto a las Ganancias a las empresas que se incluye en la reforma laboral es uno de los puntos que más está generando tensiones entre los gobernadores y el Ejecutivo por el impacto sobre las cuentas provinciales que implicaría.Te puede interesar:“Lo compré por Amazon y pagué USD 50”: el traje importado de Bullrich que reavivó la polémica por el precio de la ropa

Más en detalle, la reducción de alícuotas para ejercicios fiscales a partir de 2026 sería del 30% al 27% y del 35% a 31,5%. La menor recaudación por esa vía conllevaría una disminución en la coparticipación para las provincias.

Según cálculos del economista y presidente del IARAF, Nadin Argañaraz, el costo fiscal anual directo de la propuesta es de 0,22% del PBI y va a empezar a impactar recién en el año 2027, en caso de que la reforma se apruebe con vigencia a partir del 1 de enero de 2026.Te puede interesar:Reforma laboral: qué iniciativas propone el Gobierno y por qué formalizarían prácticas habituales de las empresas

“Esto es así porque las empresas van a tributar el saldo correspondiente a 2026, a partir de mayo de 2027. El costo fiscal anual directo se distribuye 0,09% del PBI para Nación y 0,13% del PBI para provincias y CABA”, indica el informe.El costo fiscal anual directo de la propuesta es de 0,22% del PBI

Resalta que es importante cuantificar relativamente la resignación de recaudación. En efecto, se tiene que para las provincias y CABA equivale al 2% del total de transferencias automáticas nacionales que reciben por año.Te puede interesar:Reforma laboral: el debate en la mesa política, el vínculo con la CGT y los gobernadores y el pedido de Milei

Entre los planteos que los gobernadores llevaron al Gobierno nacional, figuraba la exigencia de implementar medidas que compensen la merma en la recaudación derivada, en particular, del capítulo fiscal incluido en la reforma laboral y más precisamente dicho cambio en Ganancias. Los mandatarios provinciales se iban a reunir esta semana para debatir la cuestión pero finalmente el encuentro se suspendió, en plenas negociaciones con el Ejecutivo.

En consonancia, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y sus pares Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán; sostuvieron días atrás: “La caída en la recaudación, producto de la baja del consumo, sumada a una eventual reducción de alícuotas, impactaría negativamente en los ingresos provinciales y profundizará las dificultades económicas y financieras que ya enfrentamos”,

En Casa Rosada sostienen que es un punto sujeto a negociación y que están dispuestos a hacer cambios en el proyecto, siempre y cuando “no se afecte el espíritu” de la norma. Por lo demás, aseguran que hay un amplio consenso para que se apruebe en las próximas semanas, durante las sesiones extraordinarias del Congreso. “La reforma tiene que salir”, enfatizan, al mismo tiempo que aseguran que “expondrán” a todos aquellos que no quieran aliviar la carga tributaria.En Casa Rosada sostienen que Ganancias es un punto sujeto a negociación y que están dispuestos a hacer cambios en el proyecto, siempre y cuando “no se afecte el espíritu” de la norma -Maximiliano Luna

Advierten que la rebaja de Ganancias se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.

La incógnita central, dice Argañaraz, es en qué magnitud y en qué plazo crecerá la base imponible del impuesto a las Ganancias, ya sea por una menor evasión fiscal o por un repunte de la actividad económica, tras la reducción de las alícuotas.

Según sus estimaciones, la recaudación anual por este tributo debería incrementarse en torno al 10% en términos reales para que el Estado pueda recuperar, a través de un ingreso adicional equivalente al 0,22% del PBI, lo resignado por la baja de impuestos a las empresas.

En este marco, el economista plantea 3 escenarios:

• Escenario 1 (optimista): la baja de alícuotas del impuesto a las ganancias en 2026 amplía la base imponible y permite que, ya en 2027, las empresas paguen un impuesto incremental equivalente a la pérdida de recaudación generada por la reducción de tasas. Desde ese año en adelante, la recaudación se mantiene al menos en ese nivel, por lo que no hay pérdida fiscal: la menor recaudación inicial se compensa totalmente con el aumento derivado de la medida. En este escenario, ni la Nación ni las provincias ven afectada su recaudación, pero sí se concreta la baja de alícuotas.
• Escenario 2 (pesimista): la reducción de alícuotas no tiene ningún efecto positivo sobre la recaudación. En este caso, todos los años se registra una pérdida fiscal equivalente al 0,22% del PBI. Se trata del escenario más adverso, en el que tanto la Nación como las provincias pierden de manera sostenida un 0,22% del PBI anual durante todo el período en que se mantenga la baja de alícuotas.
• Escenario 3 (intermedio): la recaudación adicional crece de manera gradual y compensa cada año un cuarto de la pérdida inicial, es decir, alrededor del 0,055% del PBI por año. Bajo este supuesto, la recaudación total recién se recupera en el cuarto año, en 2030. Durante los primeros años se produce una caída de ingresos que luego se revierte, lo que vuelve al esquema fiscalmente viable, aunque con la necesidad de financiamiento transitorio si no se compensa mediante una reducción del gasto público.

“El proyecto debe ser analizado con la recaudación adicional derivado de la baja de alícuotas y no con la recaudación derivada de un mayor PBI real. Pero esto no inhabilita a que la baja de recaudación por baja de alícuotas sea financiada con mayor recaudación de ganancias y de otros impuestos por mayor crecimiento del PBI real. Es un tema para una discusión política”, afirma Argañaraz.

“Es la filosofía del gobierno nacional actual la de financiar la baja de impuestos con el crecimiento de ingresos por mayor PBI real, dada una disminución del peso relativo del gasto público”, agrega.En el Gobierno advierten que la rebaja de Ganancias se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados

Por otro lado, en términos generales, la reforma laboral, según la consultora Invecq, tienen un costo de 0,83% del PBI. “La mayor parte de este esfuerzo (0,5%) corresponde a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral. El 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios, explicados principalmente por la baja en el Impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos Impuestos Internos (0,1%)“, destacaron en un informe.

Sucede que, además de Ganancias, se propone el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), eliminación de impuestos internos (seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios, vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves); de los dos Impuestos cedulares (inmuebles y renta financiera; y del cargo de 10% en entradas de cine para financiar al INCAA.

Fuente: Infobae.com

ASHINGTON.- El acuerdo de comercio e inversiones recíproco que sellaron este jueves en Washington el representante comercial norteamericano, Jamieson Greer, y el canciller Pablo Quirno, fue visto en Estados Unidos como un nuevo paso que profundiza la alianza estratégica entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, al tiempo que diversos analistas destacaron la oportunidad para que se aceleren las inversiones estadounidenses en la Argentina y el beneficio para exportaciones de determinados productos nacionales.

“Más allá de las disposiciones comerciales técnicas, el acuerdo constituye una importante señal política: subraya la alineación del gobierno de Milei con Estados Unidos y refuerza el impulso hacia un marco económico más favorable a la inversión. El acuerdo también amplía el apoyo estadounidense a la inversión privada en sectores estratégicos», explicó a LA NACION Kezia McKeague, directora para América Latina de McLarty Associates, una firma de asesoría estratégica en Washington.

El de la inversión fue uno de los ejes del acuerdo que destacaron los funcionarios argentinos que participaron de la rúbrica, en la sede de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Benjamin Gedan, experto de la Universidad Johns Hopkins y exdirector para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional, señaló a LA NACION que el acuerdo podría acelerar la inversión estadounidense en la Argentina “destinada a sectores estratégicos como la minería”, sector en el que la administración de Milei ha hecho una fuerte apuesta.

La Casa Rosada “colaborará con los gobiernos provinciales para facilitar la inversión de empresas estadounidenses en proyectos de minerales críticos”, señala el texto, que busca facilitar el acceso al sector minero a las empresas estadounidenses.

“Se priorizará a Estados Unidos como socio comercial y de inversión para el cobre, el litio y otros minerales críticos […] por encima de las economías o empresas que manipulan el mercado», añade, en lo que sería una velada alusión a China, rival estratégico de Estados Unidos en ese sector.

McKeague destacó que, si bien el acuerdo “impone la mayoría de los compromisos regulatorios a la Argentina, particularmente en lo que respecta a la modernización de la protección de la propiedad intelectual”, Estados Unidos también eliminará los aranceles recíprocos sobre 1675 productos argentinos, al tiempo que “reafirma su compromiso de facilitar la inversión del sector privado en la Argentina” a través de instituciones como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) y el EXIM Bank.

El acuerdo señala que la Argentina “deberá proporcionar un sólido nivel de protección para la propiedad intelectual” y “tomar medidas con prontitud para resolver completamente los problemas” mencionados en el Informe Especial 301 de la USTR de 2025, que incluyen los criterios de patentabilidad, el retraso en la tramitación de patentes y las indicaciones geográficas.

“Las soluciones identificadas en el texto parecen beneficiar principalmente a las empresas estadounidenses de los sectores de biotecnología, química y farmacéutica, además de abordar problemas de larga data relacionados con la falsificación de productos y la piratería criminal de derechos de autor”, indicó McKeague.

Para Ignacio Albe, director asistente para la Argentina en el Atlantic Council -una de las organizaciones en Washington más enfocadas en el país- el “área que más interesa ahora para la Argentina es entender las oportunidades de exportación que se abren para el país”.

“Uno de los logros más claros para la Argentina es la inclusión en los anexos del tratado de un listado de bienes que pasan a ser considerados ya de manera permanente como libres de aranceles ‘recíprocos’, los cuales fluctúan de país en país, o aranceles sectoriales, aplicados de manera universal”, dijo, respecto a la eliminación de los aranceles recíprocos para 1675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos.

El especialista señaló que si se contrasta la lista de productos ahora exceptuados con las compras de Estados Unidos a la Argentina en 2025 (de enero a noviembre dada la disponibilidad de datos) se aprecia que “en realidad solo el 3,9% de todas las exportaciones argentinas a Estados Unidos en ese período son abarcadas en esta lista”.

“A su vez, vemos que la gran mayoría ya estaban beneficiados con excepciones arancelarias universales. ¿Cómo ponderamos este logro? Ese 3,9% puede parecer una cifra pequeña, pero tiene que ser medido contra el resto del mundo“, señaló Albe.

La Argentina ahora tiene “mayor seguridad en la estabilidad de este arancel recíproco cero que la mayoría de los países no tienen” y, a su vez, varios de estos más de 1600 productos argentinos ahora tendrán una “ventaja comparativa notoria contra otros proveedores”, dijo.

“Ese 3,9% abarcado tiene mucho potencial de crecer a medida que empresas argentinas ganen posiciones”, amplió Albe. Elevar esa cifra, que necesariamente significa que crezca el valor absoluto de esas ventas a Estados Unidos, “requiere que la productividad de la Argentina aumente”.

“Esto es una oportunidad tangible para el país. Está en su capacidad de generar incentivos a la producción para que este logro diplomático se transforme en un éxito real“, cerró.

Reclamos por la carne

Puertas adentro de Estados Unidos, uno de los puntos conflictivos era el del aumento de las importaciones de carne argentina -finalmente se quintuplicó la cuota-, como había sugerido el propio Trump el año pasado. En ese momento, productores y asociaciones de ganaderos criticaron en duros términos al gobierno norteamericano.

La cuota de carne vacuna argentina pasó de 20.000 a 100.000 toneladas, una decisión de Estados Unidos que tiene como objetivo reducir los precios en góndola para los consumidores estadounidenses. En Washington, un alto funcionario argentino puso especial énfasis en esa medida. “Es muy importante porque es algo que a ellos les cuesta, tienen un objetivo de bajar precios”, dijo a LA NACION.

“Esto no es lo que necesitábamos ahora”, expresó Bill Bullard, director ejecutivo de R-Calf USA, una organización de ganaderos estadounidenses, que había pedido al gobierno que limitara las importaciones de carne. “Esta medida retrasará aún más la reconstrucción de nuestro rebaño nacional”, señaló a The New York Times.

“Ese detalle podría reavivar las tensiones entre Trump y algunos legisladores republicanos, quienes el año pasado intentaron proteger a los ganaderos estadounidenses de una mayor competencia de la carne argentina», advirtió la agencia Bloomberg.

McKeague destacó que el aumento de la cuota de acceso preferencial para la carne vacuna argentina está “por encima de las 52.000 toneladas asignadas actualmente a Brasil”.

Además, respecto al acceso a los mercados agrícolas, hizo hincapié en otras disposiciones del texto que abordan las medidas sanitarias y fitosanitarias, y la modernización. “En un posible punto de conflicto con la probable adhesión de la Argentina al acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea recientemente firmado, el acuerdo también exige protección para los productos estadounidenses frente a determinadas indicaciones geográficas“, señaló McKeague.

Por Guillermo Idiart

Fuente: La Nación

La delegación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó este viernes un paro general de actividades en todos los aeropuertos del país, que comenzará a regir desde las 00:00 del lunes 9 de febrero.

De acuerdo con lo indicado por voceros sindicales a la Agencia Noticias Argentinas, la decisión quedó confirmada luego de una asamblea desarrollada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La protesta tendrá impacto directo sobre las tareas de control, gestión administrativa y fiscalización en todas las terminales aéreas operadas tanto por Aeropuertos Argentina como por dependencias estatales.

La determinación gremial aparece vinculada a lo que el sector describe como una “acefalía de instancias de mediación”. Según explicó Marcelo Belelli, secretario general de ATE-ANAC, la falta de convocatorias formales por parte del Gobierno nacional agotó los márgenes de negociación y trasladó el conflicto al plano de la acción sindical en pleno período de alta demanda turística.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

Paro total de trenes: La Fraternidad confirmó una huelga nacional por 24 horas

Belelli aseguró ante este medio que no recibieron “ningún tipo de convocatoria de las autoridades a ningún tipo de diálogo” y que, en consecuencia, “se mantiene el paro dispuesto para el lunes próximo desde las 00:00 horas, ante lo cual avisamos a toda la comunidad y a las compañías aéreas para que puedan reprogramar los vuelos que se van a ver afectados”.

Reclamos salariales: el eje del conflicto

El foco central de la disputa se ubica en la denuncia de quitas salariales aplicadas de manera obligatoria sobre sueldos ya abonados, una práctica que el sindicato considera una violación de acuerdos paritarios vigentes.

Desde la conducción de ATE-ANAC apuntaron además contra la postura que atribuyen al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien señalan por sostener una posición de “intransigencia extrema” que habría paralizado los canales de negociación.

Entre los principales planteos elevados por el gremio figuran la actualización inmediata de los salarios frente al avance inflacionario, la restitución de los montos descontados de forma unilateral y la implementación de garantías vinculadas a la seguridad operativa en las terminales aéreas.

La CGT se reunirá este viernes por la reforma laboral y amenaza con un paro general

Antecedentes de tensión en la aviación civil

El paro anunciado para este lunes se inscribe en una secuencia de conflictos que atraviesan desde hace años al sistema aerocomercial argentino. Diversos episodios recientes permiten dimensionar el trasfondo de la actual disputa.

Durante 2024, en el primer tramo de la gestión vigente, el sector acumuló paros parciales y asambleas que derivaron en la declaración de la “esencialidad” del servicio por parte del Poder Ejecutivo, una decisión que todavía se encuentra bajo discusión judicial en relación con el derecho a huelga.

En 2025, la crisis en Intercargo marcó otro punto de inflexión. Las medidas sorpresivas en el servicio de rampa y equipaje derivaron en una reorganización del esquema de servicios de tierra y profundizaron el enfrentamiento entre los sindicatos estatales y las áreas gubernamentales vinculadas al transporte.

Con casi el 91%, Copa fue reconocida como la aerolínea más puntual de Latinoamérica y segunda en el mundo

A ese escenario se sumó la incertidumbre persistente en torno al futuro de Aerolíneas Argentinas, que actuó como factor de cohesión entre distintos gremios del sector, entre ellos ATE-ANAC, con el objetivo de resguardar la estabilidad laboral en el conjunto del sistema aeronáutico.

Impacto operativo y advertencias a pasajeros

Las estimaciones gremiales anticipan que el mayor nivel de afectación se concentrará durante las primeras horas del lunes, franja en la que se registra el pico de vuelos tanto nacionales como internacionales.

Frente a la inminencia del paro, el sindicato solicitó a las empresas aéreas que avancen con la reprogramación anticipada de los servicios, con el propósito de evitar saturaciones en las áreas de embarque y reducir las complicaciones para los usuarios.

Hasta el cierre de esta nota, no se registraban señales de una convocatoria de último momento por parte de la Secretaría de Trabajo para dictar una conciliación obligatoria, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre el normal funcionamiento del sistema aeroportuario al inicio de la próxima semana.

Fuente: Perfil.com

Con indicadores de las bolsas de Nueva York que se recuperan en torno al 0,6% este viernes, los activos argentinos aparecen como más demandados después de una extendida serie negativa.Te puede interesar:“Lo compré por Amazon y pagué USD 50”: el traje importado de Bullrich que reavivó la polémica por el precio de la ropa

A las 11:30 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 2%, en los 2.990.000 puntos, para cortar con una racha adversa de siete rondas de negocios en las que acumuló una pérdida de 9,6% desde el 28 de enero.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- suben un leve 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan resta un entero para la Argentina, en los 517 puntos básicos.Te puede interesar:El Gobierno espera un salto exportador tras el acuerdo comercial con EEUU: cuál sería el principal sector beneficiadohttps://e.infogram.com/bf913435-3982-439f-88a1-959711b5e430?parent_url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Feconomia%2F2026%2F02%2F06%2Fmercados-sube-la-bolsa-argentina-y-corta-una-serie-negativa-de-siete-ruedas-consecutivas%2F&src=embed#async_embed

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, advirtió que el reciente descenso de precios de los activos argentinos se produjo en “en un contexto global adverso y en el que se evidencio el alto beta de Argentina. En el mes se acumula una perdida de 8,5%, llevando al acumulado de 2026 al terreno negativo luego de un buen enero”.

“Mientras tanto, el BCRA sigue acumulando reservas y compró el jueves USD 126 millones en el MULC, llevando al acumulado de 2026 por encima de los USD 1.400 millones”, añadió Juan Manuel Franco.Te puede interesar:Oficializaron la reestructuración del IOSFA y separaron la obra social de los militares de la de los policías

“Seguimos favoreciendo la exposición a activos en moneda dura, apoyados en la acumulación sostenida de reservas internacionales y en la expectativa de una compresión del riesgo país”, indicó el equipo de Research de Adcap Grupo Financiero.

“El Gobierno está señalando que no está dispuesto a emitir a los spreads actuales, en torno a los 500 puntos básicos, ni a pagar cupones en el rango de 8,75%–9,25%, como hizo Ecuador. Por eso, creemos que Argentina buscará volver a los mercados más cerca de mayo, una vez que la acumulación de reservas alcance aproximadamente USD 4.000 millones en el año y se traduzca en condiciones de emisión más favorables», agregó Adcap.

A comienzos de la semana, el ministro de Economia Luis Caputo afirmó: “No tenemos intención de emitir nueva deuda en los mercados internacionalesˮ, postura que luego fue reforzada por un mensaje del presidente Javier Milei orientado a generar “escasez de bonos argentinosˮ.

“El principio de ‘círculo virtuoso’ que se ha puesto en movimiento por el cambio en las condiciones financieras necesita retroalimentarse desde el lado del sector real de la economía, pero las secuelas de tres trimestres de estancamiento del nivel de actividad complican la recuperación de la inversión pública, del crédito al sector privado -con excepción de los préstamos en dólares- y del empleo. Esto en un contexto en el que el gobierno está volviendo a recurrir al “ancla cambiaria”, preocupado por el hecho de que, desde septiembre, la inflación se ha instalado por encima del 2% mensual», explicó Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.https://e.infogram.com/26f70af9-644d-428d-89ba-a55a38647d71?parent_url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Feconomia%2F2026%2F02%2F06%2Fmercados-sube-la-bolsa-argentina-y-corta-una-serie-negativa-de-siete-ruedas-consecutivas%2F&src=embed#async_embed

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el representante de Comercio norteamericano, Jamieson Greer, firmaron el acuerdo Argentina–EEUU sobre comercio e inversión recíprocos.

El acuerdo busca reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover inversiones en sectores estratégicos como minería, minerales críticos, infraestructura y tecnología.

“Entre otras disposiciones, el acuerdo contempla una apertura recíproca de mercados para productos clave. Por un lado, EEUU eliminará aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles domésticamente y sobre insumos no patentados para uso farmacéutico”, precisaron desde max Capital.

Por otro lado, “Argentina otorgará acceso preferencial al mercado estadounidense para exportaciones que incluyen productos farmacéuticos, químicos, maquinaria, bienes de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y diversos productos agropecuarios. Ambos países también mejorarán las condiciones de acceso bilateral para la carne vacuna, con EEUU otorgando trato preferencial a 100.000 toneladas de carne argentina. Además, EEUU se comprometió a revisar los aranceles al acero y al aluminio. El acuerdo ahora requiere aprobación del Congreso”, puntualizó Max Capital.

Fuente: Infobae.com

Los minerales críticos son recursos naturales considerados estratégicos para el desarrollo económico, industrial y tecnológico. Su importancia se incrementó en los últimos años a partir del avance de la transición energética y la incorporación de nuevas tecnologías.

Se considera minerales críticos a aquellos insumos que resultan esenciales para sectores clave de la economía y que, al mismo tiempo, presentan riesgos en su abastecimiento. Estas dificultades pueden estar asociadas a la concentración de la producción en pocas regiones, a limitaciones logísticas o a la necesidad de ampliar la capacidad de procesamiento.

Te Podría Interesar

• Salta firmó un acuerdo para impulsar la exploración de tierras raras y minerales estratégicos
• Plazo fijo en el Banco Nación: cuánto gano si invierto $2.000.000 en 30, 60 y 90 días

En ese marco, los gobiernos comenzaron a desarrollar instrumentos específicos para asegurar cadenas de suministro seguras, resilientes y competitivas, uno de los ejes centrales del acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos (EE.UU.).

Por qué los minerales críticos son estratégicos

El interés por los minerales críticos radica en que son indispensables para la fabricación de tecnologías vinculadas a la transición energética, como paneles solares, aerogeneradores y baterías para vehículos eléctricos, así como para la expansión de las redes eléctricas.

Además, estos recursos tienen aplicaciones en sectores como la industria tecnológica, la producción industrial avanzada y la infraestructura estratégica, lo que refuerza su carácter prioritario en las agendas económicas de los países.

Cuáles son los principales minerales críticos

Si bien la definición de minerales críticos puede variar según cada país, existe un consenso amplio sobre un conjunto de recursos considerados estratégicos a nivel global.

Entre los principales minerales críticos se encuentran:

• Litio, utilizado principalmente en baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.
• Cobre, esencial para la electrificación, las energías renovables y la infraestructura eléctrica.
• Níquel, empleado en baterías y en la producción de acero inoxidable.
• Cobalto, clave para baterías de alto rendimiento.
• Tierras raras, fundamentales para dispositivos electrónicos y tecnologías avanzadas.

El rol de Argentina en los minerales críticos

Argentina ocupa una posición relevante en el escenario global de minerales críticos, en particular por sus recursos de litio y cobre. El país integra el Triángulo del Litio, junto con Bolivia y Chile, una de las zonas con mayor concentración de reservas a nivel mundial.

Qué establece el acuerdo firmado por Argentina y EE.UU.

Según lo informado oficialmente por la Cancillería argentina, el acuerdo suscripto entre ambos países apunta a fortalecer las cadenas de valor de minerales críticos y a consolidar un suministro seguro, resiliente y competitivo.

El instrumento contempla el uso de herramientas de financiamiento público y privado, la cooperación técnica en áreas como el mapeo geológico, el reciclaje y la gestión de materiales críticos, así como la simplificación de los procesos administrativos vinculados a permisos.

También prevé acciones conjuntas para promover mercados más transparentes y fortalecer la participación de la Argentina en cadenas globales de suministro de alto valor estratégico.

Fuente: Mendoza online

La investigación judicial que busca determinar el origen de los fondos utilizados para la compra de una lujosa propiedad en el partido de Pilar, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aún tiene definido qué magistrado debe dirigir el proceso. El fiscal general de San Martín Carlos Cearras apeló el fallo que le entregó el caso al Juzgado Federal de Campana, con el objetivo de que el expediente regrese al fuero Penal Económico.Te puede interesar:Causa Cuadernos: Gils Carbó pidió excluir los escritos de Centeno por “adulteración” y anular a los arrepentidos

Cearras está a cargo de la Fiscalía ante la Cámara Federal de San Martín, tribunal que le asignó la competencia al juez de Campana Adrián González Charvay.https://c24cffcf079001b1ce0bb0a2ba71d254.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

El representante del Ministerio Público consideró que el caso debe continuar bajo la órbita del fuero Penal Económico, específicamente en el despacho del juez Marcelo Aguinsky, quien tuvo intervención en la etapa inicial de la pesquisa.Te puede interesar:Revés para un ex funcionario chavista en la causa de los crímenes en Venezuela que tramita en Argentina

Según el dictamen fiscal, la ubicación geográfica del inmueble investigado no resulta determinante para establecer quién debe juzgar un presunto delito de lavado de dinero, sugiriendo que existen otros elementos de mayor peso para definir esta cuestión.https://c24cffcf079001b1ce0bb0a2ba71d254.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Este planteo surgió luego de que la Cámara Federal de San Martín resolviera, el pasado 20 de enero, dirimir el conflicto de competencia a favor del juzgado de Campana. El tribunal de alzada, con la firma del juez Alberto Lugones, determinó en esa ocasión que la investigación debía tramitarse en la provincia de Buenos Aires, dado que allí se encuentra la mansión valuada en 17 millones de dólares y la colección de autos y motos de lujo.Te puede interesar:Tenía turno en una clínica, tropezó y cayó antes de ingresar: la Justicia rechazó la demanda

El conflicto entre los dos juzgados se originó cuando la defensa de Luciano Nicolás Pantano, presunto testaferro junto a su madre Ana Conte, solicitó que el magistrado de Campana asumiera el caso, argumentando que los hechos ocurrieron en su jurisdicción.

El juez federal González Charvay aceptó el pedido y le requirió a su par de la Ciudad de Buenos Aires que se inhibiera de seguir actuando y le remitiera el expediente. Sin embargo, Aguinsky rechazó este planteo, lo que generó una contienda que debió resolver el tribunal superior de San Martín.

Para fundar su postura de mantener el expediente en la Capital, el magistrado del fuero Penal Económico sostuvo que el delito precedente al lavado de activos sería una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA. Argumentó que, dado que la sede social de la entidad deportiva se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el “centro de maniobras” estaba en esa jurisdicción y no en Pilar. Asimismo, remarcó la especialidad de su fuero para tratar delitos complejos contra el orden financiero.

En sus respectivos dictámenes, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial y su par de Campana, Sebastián Bringas, también habían opinado que la investigación le correspondía al juzgado con asiento en CABA.

A contramano de esas posturas, la resolución de la Cámara de San Martín que ahora apeló el fiscal Cearas enfatizó que los movimientos patrimoniales se concretaron en Pilar. El fallo describió que la investigación abarca no solo el inmueble, sino también una serie de bienes de alto valor situados en el mismo lugar, tales como automóviles de colección, un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino y un helipuerto.Algunos de los autos de presuntos testaferros que investiga la Justicia

Otro punto relevante que consideró el juez Lugones para enviar la causa a la provincia fue el cambio de domicilio de la AFA. El fallo señaló que la entidad inscribió registralmente una nueva dirección en la localidad de Pilar en noviembre del año anterior.

Sin embargo, el recurso presentado recientemente por el fiscal Cearras objetó también el procedimiento utilizado para resolver este conflicto. El representante del Ministerio Público señaló que la Cámara de San Martín no debió haber tomado la decisión sobre la disputa entre jueces de distintas jurisdicciones. A su criterio, el Código Procesal Penal indica que la resolución correspondía al tribunal superior del juez que tenía la causa previamente, es decir, la Cámara en lo Penal Económico.

El fiscal advirtió que el territorio no puede ser el único factor para asignar una causa de lavado, ya que se trata de delitos que muchas veces trascienden fronteras físicas inmediatas.

La Cámara Federal de San Martín deberá decidir si acepta el recurso y lo eleva a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. En caso de que se rechace la apelación, el fiscal general tendrá la opción de acudir directamente ante Casación mediante una queja para intentar que se revise la asignación del juzgado.

La investigación

La Justicia busca dilucidar si efectivamente se utilizaron sociedades comerciales como “pantalla” para adquirir los bienes en Villa Rosa y si el dinero provino de maniobras defraudatorias contra la casa madre del fútbol argentino, tal como sostienen las denuncias originales.

Las últimas medidas que se conocieron, a cargo del juez González Charvay, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevaron adelante procedimientos en el aeropuerto de San Fernando.Entre otros lujos, la mansión de Pilar cuenta con un helipuerto. Foto: Gaston Taylor

Requisaron el hangar de la empresa Flyzar e incautaron documentación que había sido requerida el pasado viernes por la Justicia federal, con el fin de obtener órdenes de vuelo y registros de pasajeros de los helicópteros que estuvieron en la mansión de Pilar.

Cuando declararon ante el juez Aguinsky, los pilotos de las aeronaves aseguraron bajo juramento que no conocían al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Para justificar los frecuentes aterrizajes en la quinta de Villa Rosa, alegaron que simplemente realizaban “vuelos de entrenamiento”, una versión que generó dudas en los tribunales dado el costo operativo de mover ese tipo de aeronaves sin pasajeros.

Fuene: Infobae.com