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En junio de 2022, Máximo Kirchner fue el protagonista del anuncio de inicio de obra de un hospital del PAMI en Hurlingham. Presentó una maqueta para el centro de tratamiento, que incluiría terapia intensiva, guardia y diagnósticos para el distrito, una obra del Bicentenario que no se termina desde que su padre las ideó durante su gobierno. Irónicamente, preguntó a los funcionarios que lo acompañaban cuánto tardarían en concluir el proyecto. Nueve meses, le contestaron. “Hasta el 25 de mayo [de 2023]. Paciencia, sino la pudrimos”, aseguró entre risas, en referencia a los constructores.

Pero el 25 de mayo no estuvo lista la obra. Tampoco en septiembre del año pasado, cuando en medio de la campaña Sergio Massa, candidato presidencial y Luana Volnovich, titular del instituto, hicieron la inauguración de esa obra y otros tres hospitales en simultáneo, que se suponía estaban listos en los municipios de Escobar (en donde hicieron el acto), Ituzaingó, Lanús y Hurlingham. “Es para Néstor, que está en el cielo”, dijo Volnovich.https://www.youtube.com/embed/GxoEQtWFWnk?feature=oembed

Lo cierto es que ninguna de esas cuatro obras estaba terminada en un 100%. Los hospitales de Escobar e Ituzaingó fueron recibidos por la nueva gestión con un grado de avance importante, según fuentes del PAMI, pero el de Lanús y Hurlingham apenas tienen sus primeras etapas finalizadas. LA NACION visitó este último, que tenía fecha de finalización de las tres etapas en diciembre de 2023 (después de varias postergaciones) y encontró que al momento solo se atiende en consultorios externos y no hay signos de obra para avanzar sobre las partes claves del hospital, como las camas de internación, la terapia intensiva y el diagnostico por imágenes.

Tampoco funciona la guardia, lo que ha llevado a confusiones de vecinos jubilados que se acercan en búsqueda de asistencia y son derivados a otros municipios.

Todo frenado

La actual dirigencia del PAMI decidió suspender el avance de todas las obras, tanto por la directiva genérica del Presidente, de poner en pausa las inversiones públicas, como también para fiscalizar y auditar las que llevaba adelante el instituto de los jubilados y pensionados, que fue fuertemente apuntado por las irregularidades que se encontraron.

Mientras tanto, centros de jubilados y vecinos del distrito se reunirán este miércoles para reclamar la finalización del hospital.

En la auditoría que ordenó Javier Milei se detectaron múltiples falencias, incluida una relativa a los hospitales. “Las obras han sufrido interrupciones y se observa la falta de implementación de las medidas necesarias para lograr la puesta en funcionamiento de la totalidad de los servicios médicos previstos en orden a alcanzar la plena operatividad de los nosocomios”, destacaron los auditores.

Otra de las principales criticas al instituto es la falta de transparencia en sus compras, algo a lo que el Gobierno se ha referido. La auditoría reveló que el PAMI recurría a la realización de “renovaciones extraordinarias” para las contrataciones, principalmente de medicamentos, y anotaron que la normativa solo permitía efectuar dos de ellas y una ampliación como máximo.

Desde 2021, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) le pidió al PAMI que se abstenga de esta práctica y que se lleven “a cabo los procesos licitatorios correspondientes, promoviendo la concurrencia de interesados y procurando la igualdad de tratamiento para todos los potenciales oferentes” y la transparencia. De acuerdo a la información disponible a diciembre, se encuentran vigentes siete renovaciones extraordinarias por un total de US$2.170.784 y $682.129.810,20.

Además, detectaron “adquisiciones por montos muy significativos a través de convenios que no surgen de licitaciones”, entre los cuales se encuentra un acuerdo para la provisión de medicamentos para tratamientos especiales, oncológicos, hemofilia y suplementos nutricionales con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA) por $351.510.036.681, prorrogado hasta marzo de este año y uno por dispensa de medicamentos ambulatorios, clozapinas y diabetes con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMSRA), la Federación Farmacéutica (FEFARA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Asociación Mutual FARMASUR por $95.385.538.006.

La SIGEN encontró también dificultades para el análisis del dinero gastado por el PAMI (a la vez que no está integrado el portal de compras al de la mayoría de los organismos nacionales. A nivel general, no se encuentra incluido en el sistema donde se gestiona el presupuesto nacional, pero uno de los motivos específicos por los que se complicó el estudio de la ejecución del año pasado es que los pagos correspondientes a agosto de 2023 no fueron incluidos en el detalle de los programas presupuestarios porque en ese mes los sistemas informáticos del PAMI fueron vulnerados por un hackeo informático.

El instituto tampoco proveía a la Agencia de Administración de Bienes del Estado el total del patrimonio público que tenía en su poder. En los 99 edificios propios y 138 en comodato se encontraron persistentes deficiencias significativas en el padrón de inmuebles, que carecían de “información completa, confiable y actualizada y los inventarios estaban desactualizados e incompletos, presentando datos identificatorios y cargos patrimoniales incorrectos”. Lo mismo ocurrió con la cantidad de juicios en los que el PAMI es parte (como demandada o demandante) porque no se lo incluían dentro del sistema de la Procuración del Tesoro Nacional. Se estimaron 15.037.

Los afiliados

El padrón de afiliados fue calificado como no confiable por falta de validaciones y depuraciones, lo cual fue anotado como una potencial fuente de perjuicio económico al PAMI, debido a que sus registros son tomados como base para la asignación de dinero a los prestadores. No se encontraron mecanismos de control de prestaciones de las unidades de gestión local, que son las 38 dependencias del insituto en el territorio.

Respecto de ellas, la auditoría da cuenta de lo mismo que se refleja en las quejas de los jubilados: irregularidades e incumplimientos de los efectores que no derivaron en penalidades.

Las auditorías también destacan una situación compleja con el Hospital Español, en la ciudad de Buenos Aires, que se declaro en quiebra en diciembre de 2017. En ese entonces, se detectó que el PAMI había hecho una serie de anticipos y adelantos por una “suma muy significativa pendiente de compensación a favor del Instituto”, pero que se tomó la decisión de seguir otorgando sumas en concepto de anticipos, a los fines de “sostener la capacidad prestacional del Hospital, sin haberse alcanzado una definición que permita asegurar el recupero para el Instituto de esos fondos”.

El juicio, que tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 43, tiene un monto asignado al momento, a favor del PAMI, de $5.590.108.190.

Camila Dolabjian

Fuente: La Nación

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, comenzó a trabajar este sábado en el proyecto de ley que tiene como objetivo bajar la edad de imputabilidad para que los menores puedan ser condenados a partir de los 14 años.

Con el respaldo del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el titular de la cartera de Justicia publicó este sábado en redes sociales una foto donde se lo puede ver iniciando las tareas para la puesta en marcha del proyecto de ley de minoridad.

«Trabajando en la nueva Ley de minoridad con @PatoBullrich y nuestros asesores que próximamente enviaremos al Congreso. Nuestro objetivo es tener una sociedad en la que triunfe la justicia», aseguró Cúneo Libarona en el posteo.

En tanto, Patricia Bullrich había anticipado que el Gobierno nacional enviaría al Congreso una ley para bajar la edad en que los menores pueden ser imputados por la Justicia tras cometer un delito.

El anuncio fue realizado el viernes por la propia ministra de Seguridad, en el mismo mensaje donde contó que la Policía de Santa Fe detuvo al menor de 15 años que asesinó al playero Bruno Bussanich en la ciudad de Rosario y que quedó a disposición de la Justicia de Menores.TE PODRÍA INTERESAR

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«Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia», señaló la funcionaria en redes sociales.

En la misma línea, precisó: «Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes».

El jefe de Estado también se expresó al respecto por el mismo canal al precisar que «el que las hace, las paga» y su vocero, Manuel Adorni, indicó: «Se logró detener al asesino que fusiló al playero en Rosario: tiene 15 años. Delito de adulto, pena de adulto».

Fuente: Mendoza online

A un poco más de 100 días de gobierno de Javier Milei, las principales problemáticas que atraviesan el país están presentes en la cabeza de los argentinos. La Universidad de San Andrés realizó una investigación en donde evidencia cómo evolucionó la creencia de los argentinos sobre estas problemáticas.

Si bien sigue siendo la mayor preocupación de los encuestados, con el 47%, la inquietud por la inflación ha decrecido varios puntos en los últimos meses. Con la última crecida en noviembre de 2023, para marzo de este año descendió alrededor de 12 puntos porcentuales.https://58eb4c037bd735db944369cf743b9523.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Al mismo tiempo, la incidencia que lleva un fuerte aumento desde octubre es la preocupación por los bajos salarios. En octubre el número rondaba el 17%: para diciembre llegó al 33% pero se mantuvo estable en 32% para marzo de este año.

La preocupación por la corrupción tuvo un pico en octubre, pero siguió con un fuerte descenso. En marzo llegó a 28%, significando una caída de, aproximadamente, 17 puntos porcentuales. En contraparte, la preocupación por la pobreza tuvo una crecida, llegando hasta el 29%. El miércoles se conoció el índice de pobreza del último semestre del año pasado: 41,7%.https://58eb4c037bd735db944369cf743b9523.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Otro dato que revelaron desde Universidad de San Andrés es la imagen de las principales organizaciones, actores y sectores dividido por votantes de partidos políticos. La encuesta se realizó a partir de los tres principales partidos, siendo estos La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.TE PODRÍA INTERESAR

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Desde el partido de Javier Milei la organización que mejor imagen positiva tiene es el campo con el 59%. En segundo lugar aparecen dos sectores muy distintos: las Fuerzas Armadas y los científicos, ambos con el 57%. Justo por debajo, las Pymes ocupan el cuarto puesto. Por último, y con el 39% de imagen positiva, aparece el Gobierno. Las organizaciones sociales como el feminismo, movimiento LGTB+ o movimientos sociales, aparecen casi al fondo de la lista.

De manera -casi- exactamente invertida, desde Unión por la Patria se valorizan los espacios sociales. En primer puesto y con mayor imagen positiva figuran los científicos con el 81% de aceptación. En segundo puesto figuran los artistas, y luego los ambientalistas. Con el 56% se posicionan las Pymes. En quinto, sexto y séptimo lugar aparecen los movimientos feministas, sociales y LGTB+.

Por último, en Juntos por el Cambio se tiene mejor imagen al campo, al igual que en La Libertad Avanza. Muy similar a las priorizaciones del partido oficialista, las Pymes, los científicos y las Fuerzas Armadas continúan la lista. 

Fuente: Mendoza online

En lo que parece ser una guerra abierta contra los movimientos sociales, el Gobierno, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció: “Se van a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se van a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019, y que, por alguna razón que no comprendemos, la administración anterior (de Alberto Fernández) decidió seguir financiando”. Entre las razones, se expuso una serie de irregularidades, como por ejemplo que el 70% no rendía cuentas y que había falta de controles. También la de ser una “caja política”.Te puede interesar:Kicillof hace equilibrio entre los reclamos por fondos a Milei y las demandas que le hacen los intendentes bonaerenses

La Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, ya había identificado maniobras similares vinculadas a Emilio Pérsico, el principal referente del Movimiento Evita y ex secretario de Economía Social. “Estaba de los dos lados del mostrador”, cuestionaron en la denuncia penal y sostuvieron que desde su cargo benefició con casi 500 millones de pesos a cooperativas de las que formó parte.

“Durante el gobierno de Alberto Fernández en el Ministerio de Desarrollo Social hubo una organización política, el Movimiento Evita, que cooptó al Estado, que administró fondos multimillonarios en beneficio propio, lastimando directamente a todas las personas que estaban en situación de vulnerabilidad, y también a todos los Argentinos, porque les comieron los impuestos en financiar su política territorial”, describe ante Infobae la presunta maniobra fraudulenta Hernán Reyes, legislador porteño y dirigente de la Coalición Cívica.PUBLICIDADTe puede interesar:El inesperado cruce radial entre Oscar Zago y Germán Martínez: del “son un desastre” al “hay voluntad de acordar”

“No tenían la mínima legalidad”

Las cooperativas que cuestiona La Libertad Avanza deben ser controladas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Alberto Fernández, al llegar a la Presidencia el 10 de diciembre de 2019, nombró a Mario Cafiero, tío de Santiago -su primer jefe de Gabinete-, al frente del instituto hasta su fallecimiento el 13 de septiembre de 2020. En reemplazo nombró al sociólogo francés e histórico dirigente del Movimiento Evita, Alexander Roig.

Fue durante la presidencia de Roig que se crearon la mayoría de las casi cinco mil cooperativas ahora cuestionadas por la Casa Rosada.Te puede interesar:Peligra el trámite exprés de la Ley Bases que pretende el Gobierno por la falta de consenso sobre Ganancias

El miércoles 27 de marzo, en su habitual conferencia de prensa, Adorni anunció que será el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, el encargado de “controlar y depurar el padrón nacional de cooperativas que reviste innumerables irregularidades”. Y añadió: “Resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tiempo instituciones que no tenían la mínima legalidad. Había 300 cooperativas relacionadas con el Potenciar Trabajo a las que se destinaban 34 millones de dólares de las cuales ya no tienen razón de ser”.

El vocero presidencial se refería a las 281 Unidades de Gestión a través de las cuales los beneficiarios del Potenciar Trabajo debían desarrollar las 20 horas de labores semanales. Una actividad que controlaban a discreción los mismos movimientos sociales.

Sucede que antes del anuncio del miércoles, Pettovello ya había decidido dejar de transferir los $17.183.910.509 que el año pasado la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz derivó a esas 281 Unidades de Gestión. Los convenios entre esa ex cartera y los beneficiarios eran autorizados por la Secretaría de Economía Social que estaba a cargo de Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita.El Gobierno anunció que se van a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se van a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019 (Mundo Cooperativo)

Según la auditoría que realizó la Libertad Avanza, a la que accedió Infobae, los $17.183.910.509 fueron cursados a esas 281 Unidades de Gestión. De ese total, $11.925.954.904 estaban bajo el control de 144 cooperativas. La mayoría de ellas vinculadas a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Entre ellas, del Evita, Somos/Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y, entre otras, del Frente Popular Darío Santillán.

Solo dos Unidades de gestión pertenecen a una provincia, Misiones: allí recalaron $120.000.000. Otros $4.331.283.750 fueron otorgados a 110 organizaciones no gubernamentales, como “Néstor Vive”; “Fundación al Gran Pueblo Argentino Salud”; “Asociación de Trabajadores de la Economía Popular” o “Seamos Libres”, también vinculadas a organizaciones sociales.

Pérsico fue denunciado por el Ministerio de Capital Humano por favorecer a dos cooperativas de las que había formado parte, La Patriada y la Federación de Cooperativas Evita Limitada -que está integrada por más de 200 organizaciones- y a las cuales el líder del Movimiento Evita había autorizado autorizar subsidios por $473.347.050 a través de seis expedientes.

El presidente de la Federación es Gildo Onorato, también dirigente del Movimiento Evita y ex secretario gremial de la UTEP.

En la denuncia pública que realizó Adorni, aseguró: “En los últimos años las cooperativas crecieron de 9.978 a 23.836. El 70% no presentaron balances ni asambleas, el 22% repiten asociados entre ellas, el 20% repiten el mismo mail para registrarse y el 9% increíblemente comparten domicilio”.Las dos cooperativas de las que formó parte Emilio Pérsico y benefició siendo funcionario

“Fondos multimillonarios en beneficio propio”

Los primeros en advertir las supuestas irregularidades que se realizaban con algunas cooperativas de trabajo vinculadas a las organizaciones sociales fueron los dirigentes de la Coalición Cívica. Ante la justicia federal acusaron a Pérsico por “estar de los dos lados del mostrador” ya que, como también aducen desde Capital Humano, desde la función pública autorizaba millonarios convenios a cooperativas relacionadas con el Evita y otras organizaciones que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La investigación, que encabezó el Legislador de la Ciudad de Buenos Aires Hernán Reyes, tramita desde hace dos años en el despacho de la jueza María Eugenia Capuchetti a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5.

“Durante el gobierno de Alberto Fernández, en el Ministerio de Desarrollo Social hubo una organización política, el Movimiento Evita, que cooptó el Estado, que administró fondos multimillonarios en beneficio propio, lastimando directamente a todas las personas que estaban en situación de vulnerabilidad, y también a todos los Argentinos, porque les comieron los impuestos en financiar su política territorial”, detalló Reyes al ser consultado por este medio después del anuncio realizado por Adorni.«Emilio Pérsico se ampara en la demora judicial pero no da cuenta de su actuación. No desmiente los hechos», afirmó Hernán Reyes, dirigente de la CC y legislador porteño

-¿Y cómo estaba compuesta esa organización, según la investigación de la Coalición Cívica?

-Por Emilio Pérsico, como secretario de Economía Social y uno de los líderes del Movimiento Evita; Alexander Roig, que era quien debía controlar a las cooperativas desde el INADI, y que también era dirigente del Evita; y Gildo Onorato, el presidente de la Federación de Cooperativas Evita Limitada. Ellos eran los que administraban y triangulaban desde el INAES, el Ministerio de Desarrollo Social y la Federación Evita la trasferencia de miles de millones de pesos.

-¿Cuánto tienen que ver las cooperativas en estas maniobras?

-Las cooperativas fueron utilizadas como mascarón de proa porque a diferencia del plan social de prestación individual, que se paga a través de las personas, los convenios no necesitan a los beneficiarios del Potenciar Trabajo, necesitaban a las cooperativas. El dinero iba del ex Ministerio de Desarrollo Social a las cooperativas. Eso hacía que las trasferencias fueran mucho más voluminosas, por eso estamos hablando de convenios de, cuatrocientos, ochocientos, mil millones de presos. El rol de las cooperativas era muy importante para generar un flujo de caja de alto volumen.

El dirigente de la Coalición Cívica entiende que: “Al ocupar el Movimiento Evita todas las posiciones del Estado, es decir el INAES como órgano de contralor, la dirección de fiscalización y control, y el Ministerio, tenían bloqueado cualquier tipo de escrutinio público”.Las cooperativas bajo la lupa la integran gran parte de las organizaciones que forman parte de la UTEP, como la CCC, el MTE, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie

-¿Por qué Pérsico utiliza la causa que iniciaron ustedes para decir que hace dos años que está abierta y la justicia ni siquiera lo imputó?

-Pérsico se ampara en la demora judicial pero no da cuenta de su actuación. No desmiente los hechos, dice que la justicia no avanzó lo suficiente. Lo cierto también es que la justicia no archivó la causa, hizo muchos requerimiento al Ministerio de Desarrollo Social cuando estaba a cargo de Victoria Tolosa Paz que no contestó, o cuando lo hacía enviaba los datos incorrectos. No entregaban la información que reclamaba el juzgado. Aún hoy se siguen solicitando requerimientos al ministerio de Sandra Pettovello, la causa está más viva que nunca y la prueba se está produciendo. De hecho, citamos como testigos a los vocales del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social a los efectos de brindar testimonio respecto de su conocimiento de las actividades y potenciales conflictos de interés por parte de los denunciados, Pérsico y Roig.

En la nómina que tiene la jueza Capuchetti y a la que accedió Infobae figuran los vocales por el Estado Zaida Chmaruk y Nahum Mirad. Los vicales por las cooperativas Ariel Guarco y Elbio Néstor Laucirica. Y los vocales por las mutuales Alejandro Russo y Fabián Brown, quienes hasta ahora no fueron citados.

-¿Por qué cree que ahora el Gobierno denunció a Emilio Pérsico?

-El gobierno utiliza para la denuncia contra Pérsico la resolución de la Oficina Anticorrupción que es producto de la presentación de la Coalición Cívica. Eso está en la presentación realizada por Pettovello. Nosotros hicimos una denuncia para que la Oficina Anticorrupción evalúe la conducta de Pérsico relacionada a su vinculación con dos cooperativas de la que formó parte, menos de dos años antes de ser funcionarios, y los subsidios que le concedió a esas cooperativas por 473.347.050 de pesos. Antes de terminar la gestión anterior la Oficina Anticorrupción determinó que que Pérsico violó la Ley de Ética Pública. Y con ese basamento, Pettovello realizó la denuncia. Al igual que nosotros se lo acusa por los presuntos delitos de “fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

-¿Estás de acuerdo con las políticas del Gobierno que apuntan a los movimientos sociales, como evitar la tercerización de la asistencia social a través de sus dirigentes?

-Estoy de acuerdo en terminar con la corrupción. No estoy de acuerdo en terminar con la asistencia. Por la misma vereda en la que van los corruptos va el alimento para los chicos. Desde el Estado hay que tener la inteligencia, capacidad y sensibilidad para terminar con la corrupción, pero no con la asistencia. Hay que correr a los vivos ,pero asegurar que esa comida llegue a los comedores. sí al corte de la corrupción, no al corte de la asistencia y mucho menos en este momento.

Fuente: Infobae.com

Las Pascuas trajeron unos días de quietud en la política -muchos funcionarios se tomaron este fin de semana extra large para compensar el raid que no frena desde la campaña presidencial-, pero la semana próxima se reactivarán las gestiones para avanzar con la ley Bases y con la iniciativa fiscal, los dos componentes del “preacuerdo” que, a su vez, puede abrir la compuerta al Pacto de Mayo que impulsa Javier Milei.

A un mes de aquella convocatoria nacional que hizo, con cierto escepticismo, el 1º de marzo, el Gobierno ya giró los borradores de las dos iniciativas que pretende que sancione el Congreso como condición sine qua non para habilitar la firma del gran acuerdo nacional en Córdoba, el Día de la Patria.

Un cronograma tentativo que circula en la Casa Rosada indica que el tratamiento de los proyectos -que se debatirían juntos- podría iniciarse en Diputados el 17 de abril. Eso lleva a la sanción de las leyes a la primera mitad de mayo y deja pocos días para consensuar los “mandamientos” del pacto nacional. En el Gobierno dicen que “los tiempos dan” porque una vez que las leyes se aprueben la puesta en escena en Córdoba será un mero trámite. “Los que acompañen en ambas iniciativas, serán invitados al pacto”, se jactan cerca del Presidente.

La Casa Rosada ya mantuvo reuniones con los tres bloques “amigables” en el Congreso: la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal. Al principal cuestionamiento que había con la ley Bases en torno a la fórmula jubilatoria, el Gobierno lo sacó de la discusión con un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

El próximo hito en el sendero de negociaciones será una reunión de la Casa Rosada con los diez gobernadores de Juntos por el Cambio, pautada para el próximo jueves. El Gobierno intentó hablar con los mandatarios radicales y con los de Pro por separado, pero hubo pataleo interno y finalmente se buscó una fecha para que pudieran estar todos presentes después de la Semana Santa.

Debate fiscal

Con la ley Bases más allanada (solo quedan observaciones de los aliados por algún artículo puntual) la prueba de fuego está en el capítulo fiscal incluido en el proyecto de “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” redactado por el Gobierno. Los diputados le transmitieron a los funcionarios de Milei que hay más chances de que voten ese proyecto si hay un pedido de los gobernadores, que son los más involucrados con la cuestión de la caja.

Los gobernadores de JxC ya se manifestaron a favor de la ley Bases y del Pacto de Mayo en general, pero tienen un rosario de planteos para hacerle al Gobierno en materia fiscal. Lo sabe bien el ministro del Interior, Guillermo Francos, que ve como se le multiplican los frentes con las provincias por el sucesivo retaceo de fondos que hace la Nación.

El último episodio es el que se abrió por la decisión del Gobierno de cortar los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) están en esa situación. Ya habían hecho un planteo en enero y lo volverán a llevar a la mesa el próximo jueves.

Cerca de Milei -como hicieron tantas veces antes- se muestran intransigentes. “Las cajas no están en debate”, dijeron a LA NACION cerca del Presidente. Algunos de los gobernadores pedirán, además, que en el paquete fiscal se incluya una compensación de fondos por el Consenso Fiscal del 2017. Allí se estableció que el 30% del impuesto al cheque se debía coparticipar, pero eso nunca ocurrió.

Sin dudas, el punto más árido del paquete fiscal es el de la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, ahora renombrado como “impuesto a los ingresos”.

Ante la asfixia en la recaudación, los mandatarios del norte del país están de acuerdo con reponer el gravámen, que engrosa los fondos coparticipables. Pero los patagónicos se resisten fuertemente por el impacto que tiene el impuesto en sus poblaciones, que tienen sueldos más elevados y un costo de vida mayor que el resto del país. Francos mantuvo esta semana un encuentro con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, por este tema y en la reunión del 4 de abril se verá a la cara con Ignacio Torres (Chubut).

Hay gobernadores del centro del país a los que tampoco les convence el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. “Tirás gente debajo de la línea de pobreza, directamente”, dijeron cerca de uno de ellos. Algunos plantearán que el mínimo no imponible se ubique en torno a los tres millones de pesos. El jefe de uno de los bloques más proclives a acompañar al Gobierno advirtió: “Si lo de Ganancias no lo piden los gobernadores, en Diputados no pasa”.

El Gobierno no solo tendrá que contener los pedidos de los gobernadores cambiemitas si quiere que prospere la ley de “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”. La semana pasada, Francos viajó a Salta y allí escuchó en boca de los gobernadores del norte del país el reclamo para que se reactiven obras públicas, por ahora clausuradas de toda ecuación por el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde el Gobierno dijeron que analizarán el avance de algunas obra que ya tienen más del 50% de ejecución con financiamiento externo.

Ley bases

Respecto a la ley Bases, si bien se construyó un consenso bastante sólido con los bloques aliados, quedan algunos artículos problemáticos. El principal es el artículo 71º que le da facultades al Poder Ejecutivo “a disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad privada que importen un incremento de sus costos, limiten su autonomía o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente”. Un jefe de bloque apuntó: “No entendemos qué quieren hacer con esto, parece una luz verde para que (Federico) Sturzenegger avance con las desregulaciones que quiera”.

Otro punto que plantearon los bloques amigables es el de la inclusión en la ley Bases de la reforma laboral que figuró en el mega DNU 70/2023 y que fue frenada por la Justicia. Allí el Gobierno no descarta suavizar el capítulo de esa reforma más urticante para los gremios, vinculado a la quita de las cuotas solidarias obligatorias.

Pese a que la Casa Rosada exhibe que los diez puntos del Pacto de Mayo que Milei presentó hace un mes no son negociables, desde los partidos aliados pretenden incidir en el texto. Entre otros aspectos, quieren incluir allí el capítulo de educación, un tema sensible dada la concepción ideológica que tienen los libertarios respecto a la educación pública.

Maia Jastreblansky

Fuente: La Nación

Tras el debate que ha suscitado el crimen del playero en Rosario, el Gobierno planea presentar en los próximos días un proyecto de ley que reforma el régimen penal juvenil y baja la edad de imputabilidad penal a los 14 años en lugar de los 16 años que rigen actualmente.

El Gobierno pretende avanzar en este sentido tras la detención de un adolescente de 15 años acusado de ser el sicario que mató al playero de una estación de servicio en Rosario el 10 de marzo pasado.

El presidente Javier Milei celebró la detención: “El que las hace las paga”, escribió en su cuenta de X. Y el vocero presidencial Manuel Adorni completó: “Delito de adulto, pena de adulto”.

El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, está trabajando en un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Lleva al menos un mes en esta tarea. Pero la detención del adolescente en Rosario aceleró los tiempos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió en X: “Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”. De todos modos, si se presenta el proyecto y el Congreso lo convierte en ley no se aplicará a este detenido, ya que les leyes penales no son retroactivas.

En su plataforma electoral, Milei propuso unas 50 medidas relacionadas con la seguridad, entre las que se cuentan “estudiar la factibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores”.

La detención del sospechoso del crimen de Bruno Bussanich la noche del jueves fue anunciada por la ministra Bullrich. El Gobierno de Santa Fe, acuciado por la ola de violencia, había ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos a quien pudiera aportar información sobre el asesinato.

Su edad, 15 años, impide que sea detenido y juzgado como un mayor. Lo que no quita que la persona que aportó la información cobre la recompensa. Los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti comparten las sospechas que recaen sobre el detenido al igual que las autoridades nacionales.

Fuente: Mendoza online

Este jueves, el Gobierno enfrentará una de las últimas pruebas en el marco de la negociación por la nueva Ley Bases, cuando reciba en la Casa Rosada a los mandatarios provinciales que integraban Juntos por el Cambio, con el objetivo de alcanzar los consensos necesarios antes de enviar el texto al Congreso.Te puede interesar:Se afianza el rol de “Lule” Menem en el Gobierno: entre la cercanía política con Karina Milei y la resistencia a una alianza con PRO

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae distintas fuentes parlamentarias, el bloque de La Libertad Avanza espera que para este viernes, un día después de la reunión con los gobernadores, ya se envíe formalmente el proyecto a la Cámara de Diputados, para que comience el proceso legislativo.

La intención del oficialismo es que las reformas propuestas por el presidente Javier Milei comiencen a ser debatidas en las comisiones correspondientes a partir de la segunda quincena de abril y que ya pase a votación en el recinto a fines de ese mismo mes.PUBLICIDADTe puede interesar:Inspección a cooperativas: denuncian que en el gobierno de Alberto Fernández el Movimiento Evita “cooptó el Estado”

Sin embargo, las autoridades nacionales todavía tienen que resolver algunos obstáculos para que eso pueda suceder, y el primero de ellos tiene que ver, justamente, con los representantes provinciales, ya que entre ellos todavía no hay un acuerdo respecto de qué se debe hacer con el impuesto a las Ganancias, entre otros puntos de la Ley.Guillermo Francos, ministro del Interior (Télam)

En el bloque hay un sector que considera que, si bien el paquete fiscal es más completo y está más conversado que el capítulo que se quitó de la iniciativa original a fines de enero pasado, poco antes de la frustrada votación, todavía dependen del apoyo de los gobernadores para que se apruebe.Te puede interesar:Peligra el trámite exprés de la Ley Bases que pretende el Gobierno por la falta de consenso sobre Ganancias

Este jueves, se reunirán ministro del Interior, Guillermo Francos, los mandatarios Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (Chubut) y Claudio Poggi (San Luis).

El funcionario nacional viene de mantener un encuentro en Salta con los integrantes de la liga del Norte Grande, que son los que reclaman que se vuelva a bajar el piso a partir del cual se empieza a pagar Ganancias, ya que eso los beneficiaría en sus arcas, pero no hay consenso con los líderes patagónicos, que rechazan cualquier modificación.

Luego de esa conversación, que será clave para definir el futuro de ese impuesto, el oficialismo en Diputados deberá enfrentar su propio obstáculo, ya que todavía existen más de 15 comisiones que no se formaron y que necesitan estar activas para poder debatir las reformas.

Una vez que el texto ingrese a la Cámara baja, será el presidente del recinto, Martín Menem, el que definirá cuándo y a qué comisión se enviará para su tratamiento, pero para esto necesita apoyarse en el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago.Oscar Zago, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados (Adrián Escandar)

En este sentido, una parte del oficialismo se muestra disconforme con el accionar de esa dupla, ya que señalan que solamente se formalizaron las áreas de trabajo más “blandas”, como lo son las de cultura o género, pero siguen pendientes las que suelen tener mayor labor parlamentaria.

Una de las comisiones que más le interesa presidir al Gobierno es la de Energía y Combustibles, ya que Milei estaría especialmente interesado en que se aprueben las leyes vinculadas a ese sector, y para ese puesto la elegida sería la diputada Lorena Villaverde.

En tanto, Bertie Benegas Lynch solicitó quedar al frente de la de Finanzas, mientras que el jujeño Manuel Quintar busca quedarse con la de Justicia, aunque para esto tendrán que acordar primero con la oposición.

Al oficialismo le corresponden un total de ocho comisiones, pero tres de esos lugares ya los utilizaron en la de Presupuesto y Hacienda, que fue para José Luis Espert; la de Legislación General, encabezada por el cordobés Gabriel Bornoroni, y Asuntos Constitucionales, donde está el santafecino Nicolás Mayoraz.Lorena Villaverde es la que propone el Gobierno para la comisión de Energía y Combustibles

Además de la Ley Bases y el paquete fiscal, las autoridades nacionales prevén que también se van a discutir los Decretos de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Milei con las reformas económicas, que ya fue rechazado por el Senado, y para modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones -y los proyectos de otras bancadas con propuestas distintas-.

En este contexto, en los próximos días Zago deberá intensificar las negociaciones que viene llevando adelante con el resto de los bloques para poder terminar de conformar las comisiones que faltan, no solo las unicamerales, sino también las bicamerales, ya que en esta oportunidad son más amplios los asuntos a tratar.

En paralelo, Francos continuará con su ronda de reuniones con los gobernadores y referentes de la oposición “dialoguista” para intentar alcanzar el mayor consenso posible antes de que el texto ingrese al Congreso, aunque en las altas esferas de la Casa Rosada, si bien no quieren que los proyectos vuelvan a ser votados en contra, buscan apurar los tiempos para que la discusión no se prolongue.

Fuente: Infobae.com

l Gobierno resolvió postergar la quita de los subsidios a las tarifas de luz y gas, al menos hasta junio, debido a dificultades en los cruces de la información necesaria para la implementación de la medida. Si bien los objetivos de superávit fiscal siguen siendo prioritarios para el Ejecutivo, la puesta en marcha de la Canasta Básica Energética (CBE) exige un análisis pormenorizado de la situación de cada usuario, a fin de conocer aquellos hogares que seguirán requiriendo asistencia en el pago de los servicios.

La quita de los subsidios fue uno de los anuncios formulados por el presidente Javier Milei con la finalidad de alcanzar el superávit fiscal y se iba a implementar a partir de abril, pero luego se decidió posponerla para el mes de mayo y ahora volvió a sufrir una nueva postergación.PUBLICIDAD

Según indicaron fuentes oficiales a la agencia NA, la causa de la postergación en la implementación obedece a demoras en el cruce de los datos de los hogares que están inscriptos en el Registro de Acceso a los subsidios a la Energía (RASE) con los datos que maneja el Indec, en cuanto a la situación socioeconómica de los usuarios.

Las tarifas eléctricas y del gas vienen de un largo periodo de congelamiento y el esquema de segmentación tarifaria vigente hace que no en todos los hogares abonen lo mismo, estando diferenciadas las facturaciones de acuerdo al nivel de ingresos del grupo familiar.

Los datos que maneja la cartera de Energía revelan una erogación en subsidios de alrededor de 150.000 millones de dólares a lo largo de los últimos 20 años, con un consumo tres veces superior al promedio de consumo de la región.

En tanto, desde el ministerio que encabeza Luis Caputo, sostienen que los subsidios a la energía representaron 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023, un gasto cuatro veces superior al que tuvo la Asignación Universal por Hijo (AUH), que sumó 0,4% del PBI en el mismo período.

Javier Milei descargó una catarata de tuits contra Gustavo Petro, López Obrador, Clarín y Cocineros Argentinos

Actualización tarifaria del gas a partir de abril

Durante la jornada el Gobierno dio a conocer los aumentos para las tarifas de consumo de gas natural a partir de abril, así como la forma de actualización, que ahora pasará a calcularse en dólares.

Los aumentos promedio en dólares serán de 174% en abril y de 53,3%, en el período mayo-septiembre.

Con la nueva resolución, la Secretaría de Energía estableció los nuevos precios para el gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que se cargará a las facturas a partir del 1 de abril de 2024.

Para los usuarios residenciales N1 (altos ingresos) y los sectores productivos (comercios e industrias) de forma estacional: del 1 al 30 de abril; del 1 de mayo al 30 de septiembre, y del 1 de octubre al 31 de diciembre del corriente año:

• Abril: Pasa de 0,96 USD/MMBTU a entre 2,79 y 2,95 USD/MMBTU, según distribuidora.
• Mayo-Septiembre (invierno): Entre 4,26 a 4,49 USD/MMBTU, según distribuidora.
• Octubre-Diciembre: Entre 2,79 a 2,85 USD/MMBTU, según distribuidora.

En relación a los segmentos N2 y N3, para el mes de abril, el traslado del nuevo PIST se hará de la siguiente manera:

• N2: pasa de 0.28 USD/MMBTU a 0,74-0,78 USD/MMBTU, según distribuidora.
• N3: pasa de 0.64 USD/MMBTU a 1,12-1,17 USD/MMBTU, según distribuidora.

Teniendo en cuenta consumos promedio residenciales en los tres niveles de segmentación, el valor de consumo por gas PIST pasará de $2.073,7 (marzo/24) a $6.505,3 (a partir de abril/24):

• N1 pasará de $2.961,3 a $9.270,5.
• N2 pasará de $838,0 a $2.462,2.
• N3 pasará de $1.975,1 a $6.375,3.

Sobre esta base, el Enargas definirá los nuevos cuadros tarifarios con los valores de transporte y distribución.

Fuente: Perfil.com

Al borde del fin de semana largo, en el Gobierno desmerecieron la reacción de los gremios estatales frente a los despidos masivos en la administración nacional que pusieron en marcha esta semana y festejaron la efectividad de la estrategia para empezar a cumplir con el cupo de 70 mil desvinculaciones que se plantearon como objetivo final del capítulo de ajuste del Estado. Sin embargo, el anuncio de ATE y UPCN sobre una profundización de las medidas de fuerza el próximo miércoles puso en alerta a la Casa Rosada y los ministerios de Seguridad y Capital Humano, donde evalúan cómo hacerles frente en la calle mientras temen más complicaciones en servicios estatales sensibles.Te puede interesar:Otro conflicto por fondos: Santa Fe rechazó el DNU de Milei que recorta partidas para las cajas jubilatorias y analiza judicializarlo

En la Nación avisan que no tienen planeado dar el brazo a torcer con la medida. Más allá del ahorro en las cuentas públicas, que no se especificó, les sirve de sustento para la narrativa central, que plantea como enemiga a “la casta”. Sin embargo, los inquieta que las medidas de fuerza paralicen la administración nacional y afecten -aún más- la atención al público, sobre todo en áreas delicadas que, para colmo, experimentando problemas por otros motivos, como la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

“Están flojos porque saben que es abusiva la cantidad de empleados ñoquis que hay. Nos sorprendió que el acatamiento a las medidas no fuera tan alto como esperábamos. Había mucho ruido en las puertas, pero se notaba que no tenían mucho poder de fuego”, acotaron en uno de los ministerios donde escaló el conflicto sobre las protestas del martes y el miércoles. Y se jactaron de la efectividad de la estrategia de echar a correr el rumor de despidos, empezar por goteo en casos puntuales, y finalmente oficializarlos en masa.Te puede interesar:Tras la detención del presunto asesino del playero, Bullrich anunció que “ya está entrando al Congreso la Ley de Imputabilidad”

En ATE admitieron que los atacaron con la guardia baja. “Venimos de una administración muy floja del gobierno anterior, con liderazgos atados de manos, que también estuvo atravesada por las fórmulas de asistencia mixtas entre presencial y virtual. Eso destruyó las redes de trabajadores”, admitió uno de los impulsores de las medidas. Sin embargo, advirtió que en los últimos días se fortalecieron y que la táctica del Gobierno de mandar las notificaciones al borde de Semana Santa no funcionará para frenar la lucha.ATE anunció paro nacional por los despidos

Tras el envío masivo de mails de despido a las casillas de los empleados de secretarías, organismos y empresas del Estado, ATE denunció que hubo más de 10.000, y confirmó en una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que aplicará un nuevo paro nacional para el próximo miércoles, con ingresos masivos a los edificios públicos incluidos. El operativo frente a la ofensiva, como se trata de predios de la órbita nacional, le corresponde a la Policía Federal, y en el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich se pusieron en alerta, a pesar de que la prioridad en esa cartera, desde hace semanas, estaba puesta en la agenda contra el narcotráfico.Te puede interesar:Llaryora advirtió al Gobierno por la situación económica: “En algún momento la esperanza de los argentinos se va a acabar”

En la sede de Gelly y Orbes preparaban desde ayer el operativo de contención, que aún no se terminó de delinear y se mantenía bajo reserva. La ministra, que sube el perfil cada vez que tiene oportunidad, no se refirió a la problemática en público, mientras evaluaba cómo actuar en diálogo con el Ejecutivo. Mientras tanto, algunas voces avisaban internamente sobre las consecuencias no deseadas de una confrontación violenta con los trabajadores. “Esta semana estuvo todo manejable. Pero es un despido histórico, brutal, y se viene un día muy intenso. La doctrina Bullrich de llenar todo de policías puede salir mal, el clima está bravo. Vamos a tratar de cuidar a la gente que labura”, deslizaron desde la cúpula de una secretaría.

No sólo preocupa la conflictividad por las protestas sino los efectos no deseados en la atención al público y la administración. La ANSES, que conduce el funcionario de bajísimo perfil Mariano de los Heros bajo el mando de Petovello, es una de las áreas donde se genera el mayor nerviosismo. Tras el cierre de decenas de oficinas, en los últimos días se generaron largas filas en las centrales de atención para los jubilados, que suelen necesitar la vía presencial para consultas y trámites. Y los problemas no sólo se generaron en las ventanillas de la Ciudad, sino también la Provincia -hubo dificultades en el conurbano, específicamente en La Matanza- y en el interior -Chaco fue uno de los puntos de mayor conflicto-.

Estas complicaciones se suman al malestar por la demora en los aumentos de las erogaciones para paliar la altísima inflación de los últimos meses, cuando siguió rigiendo la ineficiente fórmula del kirchnerismo. Que se sumó a la fuerte polémica por el pago en dos tramos de los haberes por un error administrativo que ayer salió a admitir el vocero presidencial, Manuel Adorni. Más allá de la intransigencia para mantener firme el relato anti-política y anti-ñoquis ante las bases, los despidos intempestivos, en muchos casos sin auditorías previas ni medición de riesgo, pueden terminar en un escenario contraproducente para el Gobierno, que empezó a calcular los próximos pasos.

Fuente: Infobae.com

El presidente Javier Milei escaló esta semana la tensión con dos países: Colombia y México, cuando arremetió contra sus líderes. Pese a que ambos mandatarios, Gustavo Petro y Andrés López Obrador, se amalgamaron en sus mensajes contra el jefe de Estado local, distintas fueron las estrategias a nivel diplomático. Ya con las relaciones quebradas con Colombia, desde la embajada mexicana confirmaron en las últimas horas que no piensan romper lazos con la Argentina.

En un mensaje que emitieron desde la cuenta oficial de la representación acá “desmintieron enfáticamente” una pausa en el nexo entre ambos países. “La relación entre México y la Argentina es sólida, basada en el respeto mutuo y la cooperación bilateral”, afirmaron. Por su parte, Milei respaldó el tuit de la embajada.

A pesar de esta aclaración, el vínculo entre el mandatario argentino y López Obrador está en malos términos. Todo se exacerbó cuando el líder libertario tildó a su par de ser un ignorante y el mexicano se contrapuso. “Milei afirmó que soy un ‘ignorante’ porque le llamé ‘facho conservador’. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser ‘comunista” y “representante del Maligno en la tierra’, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia”, arremetió el representante del partido Morena.

Como posdata le dejó un abrazo a Petro, quien fue calificado de “terrorista asesino” por Milei. En ese caso, el gobierno colombiano ordenó la expulsión de diplomáticos de la embajada argentina en ese país.

Al igual que en otras oportunidades, la canciller Diana Mondino buscó bajarle el tono a la polémica. No le soltó la mano a Milei cuando ratificó que Petro “fue terrorista”, por su participación en la guerrilla M-19, pero minimizó los idas y vueltas, y dijo que la cuestión no tendría por qué escalarse. “Las opiniones que alguien pudiera tener, sea quien sea; buena, mala o regular, no afectan las relaciones entre los países. Tengámoslo en cuenta, eso es muy importante”, sostuvo el jueves.

Lo mismo había intentado la funcionaria otras veces, por ejemplo cuando Milei -ya electo, pero antes de asumir- fue contra el presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y la canciller viajó hasta Brasilia en un viaje de última hora para reunirse con su par de ese país, Mauro Vieira, y aplacar las tensiones.

Fuente: La Nación