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No es un secreto en los tribunales que la postulación del juez federal Ariel Lijo como futuro integrante de la Corte Suprema de Justicia irritó a una parte de los cortesanos. Lijo fue propuesto por Javier Milei, pero su nombre fue impulsado por el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. Los otros tres magistrados, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, que suelen tener posiciones en común en cuanto a la gestión del máximo tribunal, están incómodos ante esa candidatura, que cosechó un rosario de objeciones de asociaciones de jueces, de abogados y de empresarios.

Milei además propuso al académico Manuel García Mansilla para ocupar la vacante que dejará el 29 de diciembre el juez Maqueda, que cumple 75 años. Para hacerlo, cambió un decreto y forzó el tratamiento anticipado del recambio. El Presidente casi que empujó a Maqueda fuera de la Corte, cuando le restan ocho meses en el cargo.LOS ESTATALES DE ATE DESAFÍAN CON OCUPAR MINISTERIOS EN RECLAMO DE LOS DESPIDOS Y EVALÚAN DENUNCIAR A MILEI

Tanto apuro de Milei en delinear una nueva Corte Suprema respondería a la disconformidad que tiene el Presidente con los jueces del máximo tribunal, según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes oficiales y judiciales. En particular, está molesto por las demoras de la Corte en analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que fue fundacional de su Gobierno y cuyo capítulo laboral está en suspenso.

Apenas publicado el decreto, llovieron los recursos de amparo con pedidos de medidas cautelares para impedir su aplicación. El DNU sigue vigente, aunque solo quedó afectado su capítulo laboral. Pero la Corte no se pronunció. El máximo tribunal tenía en sus manos una de estas medidas cautelares, pero puso el asunto en el freezer. Mandó la causa a la Procuración y pospuso el caso hasta después de la feria judicial de enero. Nada sucedió. La Corte no tiene plazos y máxime cuando es la política la que esta analizando el DNU. Así incluso lo reconoció públicamente Rosatti.

De hecho desde diciembre pasado, que se presentó, el DNU ya fue rechazado por el Senado y ahora hay expectativa para ver qué ocurre en Diputados. Si allí es rechazado, el decreto caerá. En cambio, si el oficialismo logra su aprobación o se demora su tratamiento, habrá ganado porque la normativa seguirá vigente, salvo lo referido a lo laboral, que fue declarado inconstitucuonal por la Cámara del Trabajo.

La Corte también acumula demandas de las provincias contra el Gobierno nacional por los sucesivos recortes de fondos. Los reclamos provinciales ya suman 600.000 millones de pesos. Cada vez que MIlei destrata públicamente a los gobernadores, se gana un nuevo escrito que aterriza en la mesa de entradas virtual de la Corte, en el cuarto piso de los tribunales.

En paralelo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, hace equilibrio para acordar con los mandatarios, que visitarán el jueves que viene la Casa Rosada para explorar un acuerdo parlamentario que les de certezas para solucionar sus problemas fiscales a cambio de la aprobación de una versión reducida de la ley ómnibus. Se trata de pasos intermedios para llegar a la firma del Pacto del 25 de Mayo al que convocó Milei hace un mes, en la apertura del año legislativo.

Mientras la política se mueve con avances y retrocesos, en la Corte tramitan el caso de La Rioja contra el DNU de Milei. Asimismo, ya está en la Corte una demanda de la provincia de Buenos Aires, firmada por Axel Kicillof, para que declare la inconstitucionalidad del decreto 192/24 que derogó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Ese fondo fue creado en 2020 para sostener el normal funcionamiento de las finanzas bonaerenses.

La provincia reclama el remanente equivalente a $11.164.000.000, por la diferencia que surge entre el 1,18% del monto efectivamente recaudado en noviembre de 2023 por gravámenes de la ley 23.548 y lo transferido a la provincia en 2023, ya que dichas transferencias presentan un mes de rezago respecto a la recaudación nacional. Adicionalmente, requiere el desembolso correspondiente al 1,18% de la recaudación de diciembre 2023, que debió transferirse en enero de 2024, por $33.676.934.796, y el correspondiente a enero de 2024, a transferirse en febrero de 2024, por $43.959.428.629. La suma que Kicoloff le reclama al Estado nacional en esta demanda da 88.800 millones de pesos. En esta causa, la procuradora Laura Monti dictaminó que el caso es de competencia originaria de la Corte.

Otra causa fue activada por Santiago del Estero, que reclama por al quita del subsidio al transporte. Fue el gobernador Gerardo Zamora el que recurrió a la justicia federal local por la quita del fondo compensador. Allí se presentó el Ministerio de Economía y reclamó que el caso tramite ante la Corte, dado que es un asunto de su competencia originaria. El 19 de marzo pasado, la Corte envío el asunto a la Procuración para que opine si efectivamente es lo que corresponde. Todo hace pensar que es así, por lo que esta caua se sumará a las que tiene la Corte en una demanda contra el Estado Nacional.

La misma situación se da con Chubut, donde el gobernador Ignacio Torres obtuvo fallos de un juez federal de Rawson en primera instancia para que el Estado nacional le deje de descontar los fondos del subsidios al transporte y que le deje de descontar el fondo de incentivo docente. En ambas demandas, la justicia federal local le dio la razón al gobernador, pero el Estado nacional reclamó que el caso debe tramitar ante la Corte. El asunto está en al secretaría de juicios originarios de la Corte con intervención de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

La provincia de Misiones también activó su reclamo en la Corte. Planteó una demanda por el cobro de pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), por los fondos del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, del plan Conectividad Docente y por la Paritaria Nacional Docente. Misiones le reclama al Estado nacional casi 3000 millones de pesos ($ 2.969.022.020) calculados al 5 de febrero pasado. Por eso es que pidió una medida cautelar para que el Estado deje de descontarle y le transfiera de manera inmediata esa suma. Asimismo, pidió que se le garanticen los fondos en todo el año. La demanda la firma el fiscal de Estado de Misiones, Fidel Duarte.

La Corte mandó el caso el 27 de marzo pasado a la Procuración General de la Nación para que dictamine sobre la competencia. Lo mismo sucedió con La Rioja, que en una acción firmada por el gobernador Ricardo Quintela demanda los mismos ítems, aunque no menciona una cifra de dinero. La procuradora Laura Monti determinó que le corresponde a la Corte el caso y es de su competencia originaria.

En otra causa, La Rioja le reclama al Estado Nacional fondos 11.750.000.000 más $47.000.000.000 por el goteo diario de los fondos coparticipables. Es un dinero que supuestamente se viene asignando a la provincia desde los 90. “La irrazonable omisión de remitir los respectivos fondos impide a la Provincia de la Rioja ejecutar las respectivas políticas públicas a efectos de promover el desarrollo humano en su ámbito territorial, cumplir con las obligaciones contraídas con los distintos acreedores, como así también, genera un eventual quebrantamiento de la paz y armonía social suscitando una objetiva situación de gravedad institucional”, dice la demanda de Jorge Yoma y Andrés Gil Domínguez.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, también recurrió a la Corte para que el Estado nacional le pague 25.500 millones de pesos que es lo que entiende que le adeuda en virtud de los intereses por ajustes de las compensaciones dispuestas en 2019 y 2021, y las de 2022 y 2023. Estas cifras corresponden por no abonar en tiempo y forma las obligaciones asumidas por el Consenso Fiscal firmado el 27 de diciembre de 2021, el que estableció un marco definitivo respecto de cuestiones tributarias que fueran primero suspendidas y luego prorrogadas.

La Corte envió el caso a la Procuración, que opinó que el asunto es de competencia originaria del máximo tribunal.

Además de todos estos reclamos, que son solo una muestra de las causas que tramitan en la Corte, resta que se ejecute la sentencia en la que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le reclama al Estado nacional que le devuelva fondos coparticipables que le fueron descontados por la gestión de Alberto Fernández. Las estimaciones del gobierno porteño señalan que los fondos no enviados y adeudados ascienden a más de 522.000 millones de pesos, sin intereses.

Hernán Cappiello

Fuente: La Nación

El ajuste en el Estado que está realizando el presidente Javier Milei generó un conflicto con los gremios del sector, en especial la ATE, que amenazó con llevar adelante una serie de medidas en rechazo a los despidos masivos de los organismos de la Administración Pública Nacional. En ese sentido, esta semana se prevé la «ocupación pacífica» de los ministerios y dependencias oficiales, a lo que se sumará un paro nacional en el primer día hábil del mes de abril. 

En distintas declaraciones con la prensa y a través de sus redes sociales, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, expresó que «hemos tenido que salir a responder con una medida de fuerza para el primer día hábil de abril» ante las bajas de los empleados del Estado. Al respecto, este miércoles se realizarán «ingresos masivos y simultáneos» en las dependencias estatales, que podrán convertirse en «ocupaciones pacíficas, si no hay respuestas del Gobierno».

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Para llevar a cabo la medida, se espera que tanto los empleados de planta permanente, como los contratados temporalmente y los despedidos entren al mismo tiempo a sus lugares de trabajo. Al respecto, se prevé que en los ministerios donde hubo más recortes se den los reclamos más calientes, como es el caso de la Secretaría de Trabajo, donde hubo 523 cesantías en un mes.

«Los primeros ingresos serán a las 7 de la mañana. Si hay violencia será ordenada desde la Casa Rosada. Todos tenemos derecho a entrar a las dependencias públicas como trabajadores o ciudadanos», manifestó Aguiar en diálogo con Clarín.

En paralelo, el dirigente sindical convocó ese mismo día a los delegados de todas las provincias para darle continuidad al plan de lucha. Sumado a esto, no se descarta que se llame a una movilización callejera para el viernes en la que la consigna sería no acatar el protocolo antipiquetes que impone el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

Asimismo, ATE define su estrategia jurídica, para lo cual reunió a su equipo de abogados con la idea de avanzar en una denuncia penal contra el presidente por considerar «arbitrarios» los despidos. “La decisión de echar a 70.000 personas sin motivo puede llevárselo puesto a Milei. Está vulnerando derechos que están tipificados en el derecho penal, como la protección ante el despido arbitrario, contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución. Él y sus funcionarios podrían terminar presos”, expresó Aguiar a La Nación.

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Durante el encuentro con los asesores legales de los Consejos Directivos, se delinearon además los pasos a seguir y se ratificó el plan de acción gremial. «El nivel de ataque sobre los derechos de todas las y los trabajadores estatales es muy grave e inédito«, subrayó Aguiar. “El Gobierno ha decidido quebrantar, en su parte medular, el sistema jurídico vigente en nuestro país, una vulneración de garantías consagradas constitucionalmente”, añadió.

“Ratificamos un plan de lucha creciente con medidas de acción directa que se vayan profundizando en todo el país. Frente a la masividad de las cesantías y los oscuros y clandestinos mecanismos para instrumentarlas, necesitamos enfrentarlas de manera coordinada”, concluyó.

Desde ATE, informaron también que se está avanzando en distintas presentaciones ante organismos internacionales de Derechos Humanos, «frente a los incumplimientos que se puedan dar por parte del Estado argentino o la violación de los tratados a los que está suscripto en tanto el trabajo es un derecho humano fundamental para la concreción de otros derechos humanos, tales como la Salud, la Educación, la alimentación y la vivienda digna».

Fuente: Perfil.com

Visiblemente conmocionados, el presidente Javier Milei y su vice Victoria Villarruel encabezaron un homenaje a los caídos de Malvinas a 42 años de la Guerra.Te puede interesar:La emoción de la vicepresidenta al recordar a su padre: quién fue el héroe de Malvinas Eduardo Marcelo Villarruel

Durante su discurso, el jefe de Estado convocó a todos los partidos políticos y a la sociedad a una nueva era de reconciliación de los argentinos con las Fuerzas Armadas. “Quiero que trascienda este gobierno y que ronda homenaje sincero a nuestros héroes, dándoles a las Fuerzas Armadas el lugar de reconocimiento y apoyo que se merecen”, planteó.

El mandatario convocó además a los jefes de las tres fuerzas y a los veteranos de la Guerra de Malvinas a participar como testigos y garantes del Pacto de Mayo que pretende firmar el Gobierno con las provincias el próximo 25 de mayo, en Córdoba.PUBLICIDADTe puede interesar:Milei y Villarruel encabezarán el acto central a 42 años de Malvinas: habrá cadena nacional

“La política ha querido borrar esto de nuestra memoria colectiva, hostigando y humillando a nuestras fuerzas. ¿Es posible el reclamo de soberanía si la dirigencia de un país se dedica a menospreciar y a hostigar a sus Fuerzas Armadas? ¿Qué homenaje a los héroes de Malvinas puede ser sincero, si en simultáneo el Estado financia a grupos y organizaciones que no hacen otra cosa que desprestigiar a nuestras fuerzas? A los héroes de Malvinas y a nuestras Fuerzas Armadas les digo que ese tiempo se ha acabado. Ustedes son motivo de orgullo para nuestra nación y en esta nueva Argentina tendrán el respeto que les ha sido largamente negada”, prometió Milei ante el aplauso de los veteranos que participaron de la convocatoria.

“Pero además, no quiero que el respeto a las Fuerzas Armadas y a los héroes de Malvinas sea monopolio de un espacio político. No, nuestros militares y veteranos se merecen algo más grande y duradero que eso. Por eso convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a que este 2 de abril inauguremos una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trascienda a este gobierno. Una era que rinda homenaje sincero a sus héroes, dándole a las Fuerzas Armadas el lugar, el reconocimiento y el apoyo que se merecen. Una era donde el apoyo a las Fuerzas Armadas venga acompañado de una economía próspera y pujante para que puedan contar con los recursos y la tecnología necesarias para defender a nuestra patria con dignidad”, completó.Te puede interesar:La CTA Autónoma alertó que habrá nuevas medidas por los despidos en el Estado tras las protestas de mañanaJavier Milei

El mensaje del Presidente incluyó además definiciones económicas. “Para que los reclamos soberanos sean escuchados y respetados, es condición necesaria que el país y su dirigencia sean respetados; nadie tomaría en serio el reclamo de defaulteadores seriales”, dijo. Ese respeto -explicó- se basa en dos condiciones esenciales: la Nación debe ser protagonista en el comercio internacional y sus fuerzas armadas deben ser capaces de defender las fronteras frente a posibles invasiones.

“Nadie respeta a un país que sólo produce pobreza y cuyos políticos desprecian a sus propias fuerzas. Argentina, producto de la dirigencia política de las últimas décadas, no ha cumplido ninguna de estas dos condiciones que acabo de señalar, no es coincidencia que poco y nada se haya avanzado en el reclamo por nuestras Islas, somos después de décadas el primer gobierno que se hace cargo de esta situación y tiene un rumbo claro para ser un país realmente próspero y soberano”, aseguró.

El homenaje comenzó con un sentido abrazo entre Milei y Villarruel, cuyo padre es héroe de Malvinas. El Presidente y la vice buscan dejar atrás algunas fricciones que surgieron semanas atrás. Hubo momentos de la transmisión oficial que se emitió por cadena nacional en la que se pudo ver a la titular del Senado conmocionada hasta las lágrimas.La vicepresidenta se emocionó durante el homenaje a los caídosEl abrazo entre el Presidente y su vice. El papá de Villarruel es héroe de Malvinas

Milei resaltó la figura del ex presidente Julio Argentino Roca, lo que despertó el respaldo de algunos de los invitados al acto. “La principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna, él comprendió como nadie el mandato de una economía próspera y de una fuerzas armadas respetadas como base de una Nación grande. Este 2 de abril tenemos que retomar su ejemplo”, planteó.

“Y como muestra toda la evidencia empírica, no existe prosperidad económica sin libertad económica; justamente en materia económica, los presidentes de la llamada Generación del 80 no hicieron otra cosa que lo que nosotros proponemos hoy en día: un Estado restringido a sus funciones esenciales y libertad para producir, trabajar, comerciar y circular”, desarrolló.

“Gracias a ellos Argentina se pobló. Hubo orden, progreso y oportunidad a lo largo y ancho de la patria. De ser una tierra de bárbaros pasamos a ser una tierra de oportunidades para millones de inmigrantes que llegaron para forjar su propio destino. Todas las reformas que impulsamos hoy son para que los argentinos volvamos a ser libres y de esta libertad surja una nación fuerte y próspera, con poder real, para reclamar por su soberanía y ser respetada por otras naciones”, continuó.

El acto se realizó en el Cenotafio de los Caídos, ubicado en Av. Santa Fe y Maipú, en la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, también participó del homenaje. Fue el primero en hablar: “Nuestros héroes hoy y siempre nos recordarán que las Malvinas son argentinas”, dijo.

Fuente: Infobae.com

El brote de dengue ya sumaba más de 180 mil casos en el país, un 90 por ciento de los mismos autóctonos, con un total de 129 fallecimientos en la temporada 2023/2024, según el último Boletín Epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud.

Son en total 180.259 los casos, 389 de los mismos considerados como graves, con una evolución desde octubre y una aceleración en febrero pasado, lo que configura un brote sin precedentes en cuanto a su magnitud.

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En ese marco, un total de 19 de las 24 jurisdicciones en todo el país reportan circulación viral autóctona de dengue.

Los serotipos identificados incluyen DEN-1, DEN-2 y en menor medida DEN-3, con predominio de DEN-2.

El dengue ya pasó a ser una enfermedad endémica en la Argentina

Con el viento de cola del cambio climático, con temperaturas en alza que favorecen el avance geográfico el mosquito Aedes Aegypti, el dengue ya ha pasado a ser una enfermedad endémica en la Argentina, advierten los expertos.

El informe señala que desde la semana 31 de 2023 -fines de julio y comienzos de agosto- hasta la semana 12 de 2024 -mediados de marzo- se registraron en Argentina 180.529 casos de dengue» de los cuales el 90% son autóctonos, 7% están en investigación y 3% son importados.

Además, 163.419 contagios se produjeron desde la semana 1 hasta la semana 12 de 2024.

En tanto, la incidencia acumulada hasta el momento para el total país es de 384 casos cada cien mil habitantes.

¿Cuándo termina la epidemia del dengue? Afirman que la cúspide de la curva todavía no llegó y piden reforzar los cuidados

Las autoridades continúan remarcado de la prevención y las medidas de cuidado.

En ese plano, la importancia de eliminar los criaderos de mosquitos y utilizar repelentes según las indicaciones de los fabricantes.

Fuente: Perfil.com

La jefe del Comando Sur, general Laura Richardson, aterriza mañana en Buenos Aires para ratificar la alianza geopolítica con Estados Unidos y alertar sobre la ofensiva que ha desplegado China en América Latina.Te puede interesar:Francos aclaró que continuarán negociando la Ley Bases con los gobernadores tras las nuevas críticas de Milei

Richardson tiene previsto encontrarse con Nicolás Posse -jefe de Gabinete- y con Luis Petri -ministro de Defensa-, y en ambos cónclaves reiterará la preocupación de la Casa Blanca respecto a la base espacial china ubicada en Neuquén que opera bajo el control absoluto de Beijing.

El 12 de marzo, la general Richardson expuso en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes (Diputados), adonde describió las amenazas que está desplegando China en América Latina. Este poderoso comité en el Capitolio aprueba los programas de defensa de Estados Unidos, y Richardson expuso los planes contención del Comando Sur frente a la ofensiva de Xi Jinping en la región.Te puede interesar:Dura crítica de Malena Galmarini: “La gente se hinchó las pelotas del peronismo”

“Estados Unidos y la República Popular China están inmersos en una competencia geopolítica basada en opiniones opuestas sobre el valor del orden internacional basado en normas. La República Popular China, a través de Partido Comunista Chino (PCC), busca suplantar a Estados Unidos como líder mundial poder económico y militar”, definió Richardson en el Comité de Servicios Armados.

Y añadió: “La República Popular China está explotando la frágil seguridad ambiental y sacando provecho de la necesidad regional en inversión económica para ganar influencia y avanzar con su agenda maligna”.Te puede interesar:Milei y Petro desactivaron el conflicto diplomático y regresa el embajador de Colombia a Buenos Aires

Horas antes del arribo de Richardson a la Argentina, el embajador Marc Stanley manifestó públicamente la preocupación de los EEUU por la base ubicada en Neuquén. En una entrevista concedida al periodista Jaime Rosemberg en el diario La Nación, aseguró: “Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué”. “Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí”, agregó.La base espacial en Neuquén: está bajo el control directo del Ejército de China y Argentina no controla sus actividades

Además de ratificar su preocupación sobre la base espacial, Richardson no perderá la oportunidad de cuestionar la posible construcción de un puerto multipropósito en Tierra del Fuego, que tiene el respaldo del gobernador Gustavo Melella.

“En Argentina, otra SOE (empresa estatal) está intentando asegurarse los derechos para construir instalaciones marítimas de uso dual, las cuales apoyarían la proyección de sostenimiento y poder en las cercanías al estrecho de Magallanes, pasaje de Drake y Antártica. Esto podría mejorar dramáticamente la capacidad de acceso de la República Popular China a la región Antártica y a su pesca”, pronosticó Richardson durante la audiencia en el Comité de Servicios Armados.

La jefa del Comando Sur, como sucedió durante las visitas de Antony Blinken -secretario de Estado-, y de William Burns -director de la CIA-, también confirmará la voluntad política de Washington de profundizar la agenda común contra las operaciones encubiertas que ejecuta Irán en América Latina.

El régimen de Teherán financia y entrena a Hezbollah, que participó en los ataques terroristas a la embajada de Israel y a la AMIA, y apoya a Hamas en su intención de destruir al Estado de Israel. Este grupo palestino es responsable de los ataques cometidos contra Israel el 7 de octubre de 2023.

“Irán busca incrementar su influencia ideológica en América Latina con el apoyo de organizaciones terroristas como Hezbolá. Utilizando medios de comunicación en español, redes sociales, y satélites, el Ministerio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Irán está participando en guerra psicológica para promover sus intereses en atacar a Occidente y América Latina”, señaló la jefa del Comando Sur durante su presentación en el Capitolio.Foto Kfir Bibas, el bebe secuestrado en Israel por Hamas durante los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023

La agenda geopolítica entre Argentina y Estados Unidos fluye y se profundiza con el correr de las semanas. Buenos Aires y Washington coinciden en la contención de China en America Latina y en la preocupación que causa los contactos de altísimo nivel que Irán tiene con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Posse y Petri recibirán a la general Richardson el 3 de abril. Y aún no está confirmada una reunión formal entre la jefa del Comando Sur y Javier Milei. El Presidente sólo pasaría por el despacho de Posse a saludar y agradecer el respaldo de Estados Unidos a la compra de 24 aviones F16 al gobierno de Dinamarca, que mejorarán el potencial bélico de la Fuerza Aérea.

Fuente: Infobae.com

El comienzo de la discusión del proyecto de la “Ley de bases bis” está a la vuelta de la esquina y el Gobierno aún no tiene garantizados los votos para su aprobación. La tirantez entre el Poder Ejecutivo y las provincias por el recorte de las transferencias directas y fondos automáticos para educación, transporte y jubilaciones pone en jaque la suerte parlamentaria del paquete fiscal, clave para el proyecto económico de Javier Milei así como para exponer solidez política ante los mercados y el Fondo Monetario Internacional.

La fecha que la Casa Rosada definió para iniciar el tratamiento de la ley ómnibus retocada fue mediados de abril. Con reuniones con gobernadores y legisladores de diferentes espacios, el oficialismo preparó la cancha durante estas últimas semanas para iniciar su tratamiento “con los acuerdos cerrados” y evitar un nuevo fracaso parlamentario. No obstante, las marchas y contramarchas de la administración libertaria erosionan las tratativas y complican los consensos.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se encargó de recomponer los puentes que se rompieron tras el fallido paso de la primera ley ómnibus por Diputados. Hilvanó, acompañado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, reuniones con los tres bloques dialoguistas en el Congreso: la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal.

En tanto, los diez gobernadores que mueven los hilos en esta trinidad parlamentaria serán recibidos por los emisarios de la Casa Rosada el próximo jueves. Será en el marco de un clima enrarecido, producto de los contrapuntos en torno a la decisión del Gobierno de cortar los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Valdés (Corrientes), referentes de esta liga de mandatarios, ya habían reclamado el retraso en los pagos y advirtieron una vez más sobre la posibilidad de ir a la Justicia.

Si bien Francos trató de bajarle el tono a la discusión y precisó que “las partidas están” pero que “se reasignaron”, la puja entre la Nación y las provincias condiciona la discusión del paquete fiscal de la nueva “Ley de bases”. La reimposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias así como la reforma previsional son dos temas espinosos que todavía no tienen los voluntades aseguradas. Se da a la par de la pretensión de algunos gobernadores de coparticipar una porción del impuesto al cheque, algo que la Casa Rosada se niega a conceder.

La reforma laboral, incluida en el DNU 70/2023 y suspendida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, podría ser incorporada por el Poder Ejecutivo en la nueva iniciativa. Fue una petición de los bloques “amigos” al Gobierno, que ven en la presentación de “leyes espejo” la posibilidad de salvar del megadecreto las medidas que ellos consideran más virtuosas.

Jubilaciones

A pesar de que el Poder Ejecutivo apuró el dictado del DNU 274/2024 ante la presión opositora, eso no desactivó la discusión para imponer una recomposición mayor en el Congreso. El Gobierno buscó empalmar la fórmula vigente –que combina variación salarial y la recaudación de la Anses– con la nueva modalidad de actualización por el índice de precios al consumidor (IPC), que se aplicaría recién en julio.

Este mecanismo de transición que diseñó el Gobierno para los meses de abril, mayo y junio, que preserva las cuentas fiscales del ministro de Economía, Luis Caputo, resulta insuficiente para la oposición, que pretende que el Gobierno contemple el poder adquisitivo perdido durante enero, cuando se registró un 20,6% de inflación.

Por eso, la presidenta de la comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, la radical Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba), anticipó que motorizará la discusión de los 16 proyectos en juego. Se espera que durante la primera semana de abril se cite a los funcionarios del área correspondiente para abrir el debate. Su cronograma de trabajo apunta a emitir dictamen para finales del mes. No obstante, este despacho podría encontrar un freno en la comisión de Presupuesto, liderada por el flamante diputado oficialista, José Luis Espert (Buenos Aires), quien se negó a trabajar en un plenario para acelerar el trámite parlamentario. Su aprobación en el recinto sin el aval de esta última comisión necesitará de una mayoría especial.

Se le suma el rechazo de Unión por la Patria a la decisión del Gobierno de pagar en dos tramos las jubilaciones y pensiones del mes de abril. Su jefe de bloque en Diputados, Germán Martínez, adelantó que buscará obtener un dictamen de comisión donde se prohíba este desdoblamiento.

DNU 70/2023

La resistencia al megadecreto de desregulación de Milei, impulsada por el kirchnerismo, el peronismo disidente y algunos los gobernadores patagónicos desde el Senado, encontró un freno en Diputados. Sin los votos para su rechazo definitivo, tanto la izquierda como Unión por la Patria no evalúan por ahora pedir una sesión especial para llevar su discusión al recinto, aunque sí buscarán descontar la veintena de voluntades que le faltan para voltear la medida.

La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal cuestionan la constitucionalidad de la herramienta del Gobierno. No obstante, evitarán por ahora sumarse a la ofensiva de rechazo del kirchnerismo y oponerse a un presidente que todavía cuenta con altos índices de aprobación. Utilizarán su posición intermedia como una prenda de negociación tanto con la Casa Rosada como con la oposición intransigente.

Facultades delegadas

En el borrador de la nueva “Ley Bases”, el Ejecutivo contempla una reducción de las emergencias por las que busca tener poderes especiales: de las once facultades delegadas reclamadas originalmente, pretende ahora cuatro autorizaciones del Congreso. Pero un núcleo duro de alrededor de 119 diputados renuentes a otorgarle estas prerrogativas a la Casa Rosada está a solo a diez voluntades de frenar las aspiraciones del Presidente en el recinto.

A Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, los socialistas y los cinco díscolos de la UCR podrían acompañarlos un puñado de radicales cercanos al presidente del partido, Martín Lousteau, que está en una guerra declarada contra Milei y su tropa. La misma actitud podrían adoptar los dos diputados cercanos al gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que mantiene una silenciosa batalla con la Casa Rosada por los 1800 despidos en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cépernic, paralizadas por falta de financiamiento.

Reforma laboral

El proyecto de ley ómnibus “bis” podría incluir el capítulo de la reforma laboral que contemplaba el DNU y que fue frenado por la Justicia. De hecho, el jefe de bloque Pro, Cristian Ritondo, satélite de la bancada oficialista, presentó junto a sus pares una iniciativa en este sentido. El impulso de “leyes espejo” es respaldado por UCR y Hacemos Coalición Federal, que buscan con este mecanismo blindar las medidas del DNU que pretenden salvar.

En el proyecto se busca, entre otras cosas, ampliar el período de prueba, incentivar y simplificar la registración laboral con beneficios en las cargas sociales, y declarar servicios esenciales a áreas claves para sortear el peso de los reclamos sindicales y garantizar su prestación.

Ganancias

Este punto quiebra la lógica de partidos y divide las posturas por zonas geográficas. Mientras que los gobernadores del norte estarían dispuestos a compensar sus rojos fiscales con este tributo coparticipable, los patagónicos se niegan de plano porque afectaría a casi toda su población activa. Los del centro, en tanto, liderados por el cordobés Martín Llaryora, buscan subir el mínimo no imponible y hablan de convertirlo en un impuesto a las grandes fortunas.

Los más refractarios a reimponer el tributo son los patagónicos de Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz, los mismos que en el Senado bajaron línea a sus legisladores para que rechazaran el megadecreto de Milei. Como compensación, quieren coparticipar una porción del impuesto al cheque o una parte del impuesto PAIS. Ninguna de estas dos opciones son bienvenidas por el Poder Ejecutivo, que mira con lupa las cuentas fiscales para avanzar en su proyecto económico.

La negociaciones por este punto están estancadas. Por eso, Francos viajó a Salta la semana pasada y se mostró solícito al pedido de los mandatarios para que la Nación reactive las obras públicas, frenadas desde el desembarco libertario en la Casa Rosada.

Delfina Celichini

Fuente: La Nación

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la Argentina podría llegar a estar en condiciones para bajar los impuestos «antes de lo esperado«.

El funcionario se mostró activos en redes sociales este domingo de Pascuas, y al responderle la pregunta a un militante libertario dijo que los impuestos irán bajando «cuando tengamos superávit fiscal«.

Caputo celebró la decisión de una empresa por reducir sus precios un 10%

El intercambio se dio como respuesta a un posteo del titular de la cartera económica en X (antes Twitter), donde celebró la decisión de una empresa argentina por reducir sus precios un 10%.

«Si combinamos la ortodoxia macroeconómica con actitudes empresarias como esta, vamos a salir de este lío antes de lo esperado por nadie«, aplaudió Caputo.

En la publicación, adjuntó la foto de la notificación redactada por la marca en la que expresaba que «motivados por la firme convicción de colaborar con la desaceleración de la inflación reinante«, decidieron rebajar todos los productos de la lista.

Crece el descontento del campo a la espera de mejores condiciones para liquidar

«Sabemos que el desafío es grande, hay demasiados obstáculos impositivos que entorpecen el buen accionar de las empresas», consideraron.

La situación económica

La corporación forma parte de uno de los empresariados textiles, industria que perdió alrededor de 100.000 puestos de trabajo en enero como consecuencia del cierre de más de un centenar de empresas.

En febrero el superávit financiero fue de $1,2 billones. La reducción del gasto público, principalmente por la eliminación de la obra pública y las transferencias discrecionales a las provincias, es hasta ahora la principal responsable.

Los estatales buscan frenar la avanzada del Gobierno, que promete resistencia

La caída en los recursos para las provincias llegó a su nivel más bajo en 9 años, y en medio de los acuerdos con los gobernadores, el Ejecutivo prevé que la aceleración del ajuste para llegar al innegociable «déficit cero».

«Falta, pero podemos llegar a ese punto antes de lo esperado«, consideró el ministro.

El gobierno está logrando un superávit primario sin emisión monetaria y con aumento de reservas del Banco Central.

Fuente: Perfil.com

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, falló este lunes a favor de la Argentina en el juicio por el cupón ligado al PBI, frente al reclamo de un grupo de fondos de inversión de Estados Unidos. La magistrada negó el reclamo de los demandantes, que sí consiguieron un fallo favorable en los tribunales británicos.Te puede interesar:Calculadora de combustible: cuánto cuesta llenar el tanque de nafta o gasoil en abril en los 10 modelos de autos más vendidos del país

La “jueza Loretta Preska falla a favor de la República Argentina en el caso cupón PBI (2019)”, señaló en la red social “X” el experto financiero Sebastián Maril, que sigue en forma detallada la evolución de estos litigios contra el Estado argentino en el exterior.https://ba2433374734c2ea53590b2aa5c8e327.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor, explicó a Infobae que “en el fallo de Preska no habló en absoluto del INDEC, ni habló sobre la posible mala fe de Argentina de cambiar la fórmula con la cual estimaba su PBI semanas antes de anunciar el pago para el año 2013. Preska le dedicó un solo párrafo a este tema del INDEC, diciendo que este juicio no se trata sobre el organismo y sobre la posible mala fe de Argentina de calcular equivocadamente su PBI”.Te puede interesar:A partir de este lunes se libera el precio de la yerba: dudas sobre el efecto en el precio final a los consumidores

“Esto se trata de un tecnicismo: la cláusula 4.8 y 4.9 del prospecto, que se llama no action clause y que impide a los demandantes haber presentado esta demanda por motivos A, B y C que no voy a explicar ahora. Motivo por el cual afirma que esta demanda nunca podría haber sido presentada por los demandantes tal cual está porque no cumplía con la no action clause; es decir, entraron por la puerta equivocada. Hay que ver si la nueva demanda presentada en el 2023 se ve afectada por este fallo de Preska”, aclaró Maril.https://ba2433374734c2ea53590b2aa5c8e327.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

En principio, el Estado argentino evita el pago de unos USD 1.400 millones en esta primera instancia en los tribunales estadounidenses frente a la demanda que iniciaron de manera conjunta los fondos Aurelius Capital, Novoriver, ACP, 683 Capital, WASO y Romano, entre otros.Te puede interesar:Motores del optimismo bursátil: cuál es la lectura económica que hacen los mercados

En marzo de 2014 el gobierno de Cristina Kirchner resolvió que el crecimiento de la actividad económica de Argentina había sido inferior a lo informado en un principio y con aquel nuevo dato el Tesoro quedó eximido de pagar el cupón.

El 27 de marzo de 2014 el entonces ministro de Economía Áxel Kicillof informó que en el 2013 la economía creció un 3%, por debajo del 3,22% necesario para que se gatille el pago del cupón de PBI. “Es un muy buen desempeño de la economía argentina en un contexto internacional adverso”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda, y explicó que dicha tasa fue “casi seis veces más” que la expansión económica experimentada por Alemania.

Según se desprendía del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) del INDEC, correspondiente a diciembre de 2013, la economía argentina había crecido el 4,9%, pero en marzo de 2014 el ente estadístico publicó los datos trimestrales del PBI, con un crecimiento anual menor, de 3% para el 2013. El resultado del PBI del 2013 fue menor al esperado debido a que el INDEC aclaró que cambió el año base al 2004 desde 1993 para el cálculo del desempeño de la tercera economía latinoamericana el año pasado.

El dato más relevante fue que de esta manera el gobierno argentino se evitó pagar más de USD 3.000 millones correspondientes al warrant atado al crecimiento del año anterior, en este caso 2013, lo que no evitó las demandas de tenedores en el exterior y que todavía están en proceso de resolución.

La manipulación de los datos del INDEC fue evidente durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, pero puntualmente los datos sobre crecimiento económico quedaron bajo la lupa dado el costo fiscal implícito en el pago del Cupón PBI, un incentivo ofrecido a los acreedores privados que aceptaron la histórica reestructuración de deuda soberana -en default desde diciembre de 2001- por más de USD 100.000 millones, concretada en febrero de 2005 por el gobierno de Néstor Kirchner, con Roberto Lavagna al frente del Ministerio de Economía.

La demanda en el exterior no solo se cursa en tribunales de los EEUU. El Estado argentino fue condenado en tribunales británicos debido a que la manipulación estadística durante la gestión de Cristina Kirchner afectó los intereses de los tenedores de estos y disminuyó su rentabilidad en el caso de los cupones atados al PBI.

Como consecuencia, el gobierno de Javier Milei apeló la decisión y para ello constituyó la semana pasada un fideicomiso de USD 337 millones como garantía para continuar el proceso judicial.

Fuente: Infobae.com

El Gobierno nacional, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, desmintió este sábado que vaya a haber recortes en las transferencias que la Anses realiza hacía a las cajas de jubilaciones de 13 provincias, e intentó bajar la tensión en un nuevo capítulo de la pelea con los gobernadores.

«Atento a la información que circuló en el día de hoy por algunos medios, que el crédito presupuestario contemplado en la Ley de Presupuesto para las transferencias a las cajas previsionales provinciales de la Administración Nacional de la Seguridad Social, no ha sido eliminado. Esa información en falsa», dice el primer párrafo del comunicado emitido por el Ejecutivo.

Y agrega que «una vez culminado el proceso de auditoría que se está llevando a cabo a través de la Anses, el Estado Nacional cumplirá en abonar los montos que correspondan a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación».

«En tiempos de crisis como la que hemos heredado, y en el marco de un esfuerzo heroico que la sociedad argentina está haciendo para salir adelante, es fundamental que los medios de comunicación se informen debidamente o chequeen la información antes de publicar ‘primicias’ falsas que pueden alertar y/o angustiar a la población», suma el comunicado oficial.

Sobre la noticia que corrió este sábado, el Gobierno declaró que «es un compromiso del actual Gobierno ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan».

Fuente: Mendoza online

¿En cuántas partes más se puede dividir el gremialismo? Javier Milei está experimentando otro de los procesos de reacomodamiento del poder sindical, un intrincado rompecabezas que siempre aumenta su cantidad de piezas, aunque este nuevo mapa puede volver a cambiar dentro de poco. Toda la dirigencia gremial se opone al ajuste y a las reformas del gobierno libertario, aunque hoy se profundizó la división por un tema clave: los tiempos para concretar una nueva protesta general.Te puede interesar:Milei ejerce una diplomacia intuitiva que reivindica la agenda de EE.UU. y condena la mirada geopolítica vinculada al poder estatal

La alianza sindical que maneja la CGT está midiendo los plazos para decidir otro paro, mientras cada vez más sectores presionan para que le ponga fecha cuanto antes. El escenario se torna inquietante porque el Gobierno avanza en estas horas con despidos masivos de empleados estatales, la no homologación de acuerdos salariales que superen la pauta oficial, la restitución del Impuesto a las Ganancias y la insistencia en impulsar la reforma laboral incluida en el DNU que frenó la Justicia.

En el sector mayoritario de la CGT, de impronta moderada, demoran la definición de otra medida de fuerza porque, por un lado, esperan señales de una eventual convocatoria al diálogo por parte del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y, por otro, creen que hay que esperar a que crezca el malestar social para garantizar un altísimo acatamiento a la protesta, algo que en la intimidad ponen en duda porque miran con preocupación las encuestas que le siguen dando buena imagen a Milei.Te puede interesar:El Gobierno se muestra optimista sobre el debate de la nueva Ley Ómnibus, pero aún no define cuándo la enviará al CongresoHéctor Daer, Carlos Acuña, Pablo Moyano y el Consejo Directivo de la CGT: todos contra Javier Milei, pero con muchas diferencias

A la vez, la corriente moderada de la CGT apuesta a reforzar la presión sobre los gobernadores y los legisladores para que fracasen en el Congreso la ratificación del DNU 70 y la Ley Bases (que incluye la restauración del Impuesto a las Ganancias). Los dirigentes de este sector se atribuyen parte del rédito político de haber logrado que el Senado rechazara el decreto de necesidad y urgencia de Milei.

Pablo Moyano (Camioneros) es el cotitular de la CGT que integra el sector más opositor contra el Gobierno y viene anunciando desde hace semanas que habrá reuniones para resolver otro paro general para abril (que sería el segundo contra Milei luego de la huelga de 12 horas con movilización del 24 de enero pasado). Sin embargo, la fracción dialoguista de la CGT (capitaneada por Héctor Daer, de Sanidad, del sector de “los Gordos”, y Andrés Rodríguez, de UPCN; Gerardo Martínez, de UOCRA, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, de los “independientes”) no convoca ni siquiera a una reunión de su “mesa chica”: la última se hizo hace un mes y medio en el Sindicato de Sanidad.Te puede interesar:El Gobierno se muestra optimista sobre el debate de la nueva Ley Ómnibus, pero aún no define cuándo la enviará al Congreso

Desde entonces, semana tras semana se renueva la expectativa de un encuentro para debatir cómo seguir el plan de lucha. Ahora, tras la Semana Santa “extra large” algunos vaticinan que los dirigentes de la CGT se verán las caras para hablar sobre ese tema. Las señales no van en ese sentido: con la influencia de los dialoguistas, el plenario de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) decidió el martes acompañar la agenda de la CGT contra el Gobierno, por lo que no hará por ahora ninguna medida de fuerza formal. En realidad, decidió realizar en abril “asambleas programadas simultáneas en los sectores de trabajo”, que es una forma de hacer un paro encubierto, como lo admitió el secretario adjunto de esa entidad, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), al hablar ante unos 400 representantes de ferroviarios, aeronáuticos, camioneros, marítimos y taxistas.

El dirigente, que lidera la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA), habló directamente de concretar asambleas “de 7 a 10, “interrumpiendo los servicios” como “primer paso para ir hacia medidas de mayor intensidad”. Y advirtió: “La pelea la tenemos que ganar con inteligencia. No vamos a hacer nada con un solo paro”.

Poco antes, Pablo Moyano, invitado al encuentro de la CATT, pidió a los presentes “que se apruebe un verdadero plan de lucha que termine con un paro de toda la CGT y toda la CTA”. “No podemos ser tibios”, dijo. La poderosa confederación del transporte finalmente eligió endurecerse sin romper con la decisión de medir los tiempos que eligió la CGT. Había dirigentes que llegaron al plenario con propuestas de un paro en forma urgente. Finalmente, se impuso la variante más prudente que empujaba Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), titular de la CATT, quien una semana antes planteó que “hay un escenario diferente, una lógica distinta” y pidió: “Tenemos que ser prudentes, cautos”.

“Van 100 días de gobierno, sabemos la aceptación que tiene el Presidente y cuáles son las decisiones que tomó. Sobre esa base trazamos una agenda. Hay que ser sabios y prudentes, dijo el general (Juan Domingo Perón). Nunca descartamos una medida, pero no la estamos analizando en este momento”, afirmó en una entrevista con Infobae. Aun así, la CATT dio una señal de endurecimiento y su manifestación más drástica es la virtual paralización del transporte que efectuará en abril.Cristina Kirchner, con Pablo Moyano, Mario Manrique, Omar Plaini y Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense, en una reunión realizada en el Senado en 2023

Pero la semana pasada hubo declaraciones sindicales de guerra contra Milei sin tantos rodeos, como las da la renovada sociedad entre Luis Barrionuevo (gastronómicos) y Omar Maturano (La Fraternidad), que incluye nada menos que al cotitular de la CGT Carlos Acuña (estaciones de servicio), un viejo aliado del autor de la célebre frase “en la Argentina nadie hace plata trabajando”.

Barrionuevo aprovechó una celebración de cumpleaños de dos dirigentes para armar un mini-acto político ante unos 100 de sus colegas en Parque Norte, pero en su encendido discurso causó impacto en el ambiente sindical porque reclamó que “la CGT debe convocar con carácter de urgente a un plenario de secretarios generales” para debatir una protesta e incluso pidió que Héctor Daer, el cotitular cegetista y adalid del sector dialoguista, tuviera un gesto: declarar un paro y renunciar a su cargo, como hizo, según recordó sin inocencia alguna, Gerardo Martínez (UOCRA), otro exponente del ala moderada, cuando fue secretario general de la CGT durante el gobierno de Carlos Menem.

Curiosamente, en el sindicalismo nadie avaló o criticó esas palabras explosivas. Mejor dicho, hubo alguien que las apoyó apenas las escuchó en boca de Barrionuevo: Carlos Acuña, el integrante del triunvirato de la CGT que, sentado al lado del líder gastronómico, tomó el micrófono a continuación para destacar que la parecía “brillante” el reclamo del plenario de secretarios generales y, para colmo, no dijo ni una palabra para defender a Daer o para tomar distancia del pedido de renuncia.Luis Barrionuevo, con Carlos Acuña y Omar Maturano, en el acto realizado en Parque Norte

Maturano, siempre filoso, resaltó que “la emblemática CGT de Rucci y de Ubaldini no hace un carajo y deja que sectorialmente salgamos a pelear y no dice ‘apoyamos la lucha de los gastronómicos’ sino que no dice nada y no sacan un comunicado de apoyo cuando uno sale a pelear solo, no se mete”. Otra curiosidad: un día antes de que el líder de La Fraternidad cuestionara a la CGT, Schmid dijo durante el plenario de la CATT que debían hacer “el mayor esfuerzo para ver si podemos sumar” a ese gremio y a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que dejaron esa entidad del transporte para competir con ella desde laUnión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT).Y lo propuso con una frase que sonó sugestiva en estos tiempos: “A nosotros no nos sobra nada”.

En la fracción dialoguista de la CGT le restaron importancia a la movida barrionuevista. “Son sólo 10 sindicatos y ninguno tiene peso. Es Luis (Barrionuevo) jugando para sus locuras”, sostuvo uno de sus integrantes. ¿Ese sector moderado que insiste en demorar otro paro hará algo para contener a quienes multiplican sus reclamos para que la CGT se descongele cuanto antes? “Nada”, fue la respuesta.

¿Podrán los dialoguistas de la CGT sostener su estrategia en un mes que promete una conflictividad extrema? El ritmo lo puede marcar la tormenta de conflictos que se perfila en el sector público: este miércoles habrá “ocupaciones pacíficas” de ministerios y dependencias oficiales, según anunció el jefe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. Será el primer día hábil del mes y habrán vencido más de 70 mil contratos en la administración pública nacional. El vocero presidencial, Manuel Adorni, precisó que de ese total “hay 15.000 que serán dados de baja al 31 de marzo; el resto (alrededor de 55 mil) se renovará por otros seis meses y luego se seguirá avanzando”.Hugo Moyano, en un acto de la CGT, sentado junto con Andrés Rodríguez, Armando Cavalieri y Gerardo Martínez

El gobierno de Milei afrontará una etapa crucial para llevar adelante sus políticas mientras enfrenta una recomposición del sindicalismo que tiende a una mayor atomización y radicalización de sus dirigentes. Hay, al menos, 6 grandes sectores en que se divide hoy el mapa gremial. Están los “combativos”, enrolados en las distintas variantes del trotskismo, entre quienes se destacan Alejandro Crespo, titular del Sindicato del Neumático; Rubén “Pollo” Sobrero, de la Unión Ferroviaria, y Claudio Dellecarbonara, de los metrodelegados, aunque hay muchos más dirigentes, delegados e integrantes de comisiones internas. En épocas de crisis socioeconómica, como la actual, la izquierda suele crecer como consecuencia del malestar en las bases y de la pasividad del sindicalismo peronista.

También existen los “ultraduros”, que adhieren a versiones más duras del peronismo, como Aguiar, el líder de ATE, y Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA Autónoma, el mismo que la semana pasada sugirió la necesidad de una revuelta popular para desplazar a Milei al sostener que “a los déspotas y dictadores el pueblo argentino los echa como ya lo hicimos a lo largo de la historia”.

No están tan lejos los integrantes del “sector duro prokirchnerista”, donde figuran líderes sindicales alineados con Cristina Kirchner y La Cámpora como Abel Furlán (UOM) y Sergio Palazzo (bancarios); el secretario adjunto de SMATA y diputado de Unión por la Patria, Mario Manrique, quien hace un año propuso “prenderles fuego” a los empresarios del Foro Llao Llao, y el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Pablo Moyano fue uno de los fogoneros de este sector, aunque desde que asumió Milei (y a raíz de la derrota de Sergio Massa) se mostró en sintonía política con su padre, Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros, quien, aunque es opositor del Gobierno, afianzó su acercamiento al ala dialoguista de la CGT. De todas formas, Pablo tiene arranques que lo siguen tornando imprevisible (y funcional a los K), como cuando, en el acto cegetista del 24 de enero, amenazó con “tirar al Riachuelo” al ministro de Economía, Luis Caputo (una frase que, como se justificó ante los medios, fue “metabólica”, seguramente para explicar que había sido metafórica).Rodolfo Aguiar, el titular de ATE

Entre los “duros pro-K” también pueden ubicarse a Pablo Biró (pilotos) y fieles al “pablomoyanismo” como Omar Plaini (canillitas), Graciela Aleñá (viales), Cristian Jerónimo (vidrio) y Pablo Flores (AFIP), entre otros. Juan Pablo Brey, titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), siempre estuvo cerca de Pablo Moyano y sus leales, aunque muestra una mayor autonomía.

Ahora se desmarcó del resto del pelotón sindical una fracción “dura no alineada”, capitaneada por Barrionuevo, Maturano, Acuña, Roberto Fernández (UTA) y dirigentes que estuvieron en el festejo de Parque Norte como Daniel Vila (Carga y Descarga), Roberto Solari (guardavidas), Oscar Rojas (maestranza), Luis Cejas (viajantes), Horacio Jerez (calzado), Marcelo Orlando (Utedyc), Pablo Quiroga (aguas gaseosas), Rubén Aguiar (panaderos) y Alejandro Poli (remiseros), además de los dos principales opositores internos de Hugo Moyano: Sergio Aladio, del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, yJuan Sailén, del gremio de recolectores de residuos de Córdoba (Surrbac).Juan Carlos Schmid habla en el plenario de la CATT, junto con Pablo Moyano y Sergio Sasia

Los “dialoguistas” que mantienen el control de la CGT surgen de la tradicional alianza de “los Gordos”, Héctor Daer (Sanidad) y Armando Cavalieri (Comercio), con los “independientes”, Andrés Rodríguez, de UPCN; Gerardo Martínez, de UOCRA, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias). De sus filas salieron los dirigentes que hablaron en secreto con Guillermo Francos, ministro del Interior, apenas Milei ganó el balotaje, para conversar sobre la reforma laboral libertaria, pero rompieron relaciones cuando el DNU 70 terminó siendo mucho más duro contra el poder sindical de lo que les habían prometido.

Alrededor de ellos hay un grupo de aliados, aunque no necesariamente comparten su estrategia ni son invitados a diseñarla: Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Sergio Romero (UDA), Julio Piumato (Judiciales), Jorge Sola (Seguro), Rodolfo Daer (Alimentación), Carlos Frigerio (cerveceros), Amadeo Genta (municipales porteños) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros.

Sin embargo, como sucedió en muchos momentos de la historia, los mapas de realineamientos gremiales no son eternos. Mucho menos cuando está en juego qué estrategia prevalecerá ante un gobierno que rompió la lógica de la relación con el poder sindical. Sin el “toma y daca” que rigió ese vínculo y en el que, a partir de la necesidad de garantizar la paz social, los presidentes de turno le extendieron una alfombra roja a los dirigentes gremiales y les dieron un kit de privilegios y beneficios exclusivos. Hoy, Milei se muestra resuelto a no ceder con sus reformas y a hacerlo sin dialogar ni consensuar. Del otro lado, los gremialistas se unirán para resistirlas. El final es incierto.

Fuente: Infobae.com