Durante el discurso que dio en el Foro Llao Llao, realizado en Bariloche, con la presencia de los principales dueños de empresas del país, el presidente Javier Milei, anunció que mañana dará una nueva cadena nacional para anunciar el superávit fiscal alcanzado en el primer trimestre del año.

La confirmación de la cadena nacional llegó este domingo por parte del ministro de Interior, Guillermo Francos.

«El primer trimestre del año terminó con resultado financiero positivo», señaló el presidente respecto a los números de la balanza comercial que determinó que la administración libertaria conquistó los superávit gemelos con un acumulado superior a los 2.000 millones de dólares.ESTO NO LE GUSTA A LOS AUTORITARIOSEL EJERCICIO DEL PERIODISMO PROFESIONAL Y CRÍTICO ES UN PILAR FUNDAMENTAL DE LA DEMOCRACIA. POR ESO MOLESTA A QUIENES CREEN SER LOS DUEÑOS DE LA VERDAD.HOY MÁS QUE NUNCASUSCRIBITE

Con intenciones de celebrar el indicador por tres meses consecutivos, algo que había logrado el expresidente Néstor Kirchner en 2008, Milei dará una nueva cadena nacional para detallar el funcionamiento de su política económica innegociable.

El Gobierno ordenó que las prepagas den marcha atrás con los aumentos de las cuotas

Durante su discurso, el Presidente se comprometió ante la cúpula empresarial a «allanar el camino», y a «poner un pie encima al gasto público, tal que lo licue en términos de PBI» para «devolverles la plata de los impuestos».

Si bien evitó dar precisiones respecto a los planes económicos futuros, reveló que «será con mucha baja de impuestos».

Nueva encuesta muestra que la imagen de Milei cayó en 15 de los 24 municipios del Gran Buenos Aires

«No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal», subrayó al postular que sueña con un PBI per cápita nacional «50 por ciento más grande que el de los Estados Unidos».

Además, apeló al sentido de responsabilidad empresarial a los que invitó a «poner las pelotas e invertir».

Finalmente, planteó que la «primera parte del crecimiento será rebote, crecimiento por descapitalización y tasa de inflación cayendo». «Vamos a arrasar», concluyó.

Cadena Nacional en horario central 

El mensaje que este lunes tiene previsto dar el presidente Javier Milei por cadena nacional se emitirá a las 21 horas, el momento del día con mayor audiencia.

Estará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Será grabado desde la residencia de Olivos.

“El Presidente eligió un momento importante para comunicarle a los argentinos qué se hizo en estos meses y cuales son las expectativas”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos en declaraciones radiales en Radio Rivadavia.

Milei hablará de «números fiscales» tras el ajuste implementado desde el Ministerio de Economía por Luis Caputo.

Pese al anuncio, desde el entorno del jefe de Estado no se aclaró si la transmisión incluirá medidas económicas para el resto del año ni tampoco la extensión y ni el horario fijado para dicho discurso.

Fuente: Perfil.com

La comunidad educativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) prepara una movilización masiva y banderazo para mañana en reclamo por la falta de presupuesto que afecta el funcionamiento de la casa de estudios más grande del país. La situación desató un conflicto con el Gobierno de Javier Milei, cuya confrontación se extendió a todas las universidades pública. Con ese marco previo como caldo de cultivo, los organizadores convocaron a marchar con banderas de Argentina, para evitar identificaciones partidarias, que iniciará en las sedes de las 13 facultades que tiene la Universidad y confluirán por la tarde en la Plaza de Mayo.Te puede interesar:“Cuidemos lo que nos une”: el video institucional con el que la UBA reforzó la convocatoria a la marcha de mañana

El contexto político y social llevó a que converjan distintos sectores en la movilización de mañana y le dio formato de Marcha Universitaria Federal. Se espera que participen no sólo el alumnado, docentes y no docentes de la UBA, sino también representantes de otras universidades nacionales públicas, pero sobre todo de la política y el sindicalismo.

La marcha adquirió otro cariz cuando se conoció que la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA también adhirieron a la movilización de la UBA. Lo propio hicieron espacios políticos como la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores del peronismo como el Frente Renovador.Te puede interesar:Con respaldo presidencial, el equipo económico afronta una semana de desafíosJavier Milei, Presidente de la Nación, mantiene una postura confrontativa con el sistema universitario

Con ese respaldo heterogéneo, las universidades nacionales buscan aplicar presión sobre el Gobierno y torcerle el brazo al Jefe de Estado. Se trata, acaso, de otro frente de batalla que enfrenta Milei que aúna a múltiples sectores del espectro político e ideológico.

El Presidentemantiene una postura confrontativa con el sistema universitario y rechaza la movilización de la UBA. Son discusiones que se enmarcan dentro de la “batalla cultural” que ejecuta la Casa Rosada.Te puede interesar:Patricia Bullrich habló del protocolo antipiquetes en la marcha universitaria: “Puede haber una provocación; vamos a tener cuidado”

El alcance político de Marcha Federal Universitaria

La marcha de mañana fue convocada para las 15:30. El punto de encuentro es la plaza del Congreso Nacional, en la esquina de las avenidas Rivadavia y Callao. Está previsto que parta columnas desde las 13 facultades de la UBA con destino al centro porteño. Un lugar de alta concentración será la Plaza Houssay, donde coinciden las facultades de Economía, Medicina, Farmacia y Bioquímica; allí se sumará también la Facultad de Derecho.

Las diferentes columnas movilizarán hacia la Plaza de Mayo con la intención de confluir allí a las 17:30. El acto central comenzará a las 18. Habrá montado un escenario en la plaza con una bandera Argentina grande con la inscripción “En defensa de la universidad pública”, y donde se ubicarán las autoridades de la UBA, rectores de universidades nacionales, alumnos, representantes de docentes y no docentes.

Por estas horas, la UBA redacta un comunicado que elabora de forma consensuada con todas las facultades y otras universidades nacionales. Está previsto que el texto lo lea Lucille Daniela Levy, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que nuclea al movimiento estudiantil de la universidad.

Si bien el sindicalismo y una parte del sistema político movilizarán, desde la UBA pidieron que sea bajo consignas vinculadas a la defensa de la educación pública y con banderas de Argentina. Es un modo de darle homogeneidad al reclamo y evitar una partidización que le de caldo de cultivo a la crítica del Gobierno.

La discusión presupuestaria

Docentes y alumnos realizaron un abrazo simbólico a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA para reclamar contra la falta de Presupuesto

En este contexto, el Gobierno anunció el jueves una “propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional” respecto a la situación presupuestaria de las universidades públicas. La decisión del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Educación de Carlos Torrondell, dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales.

En tanto que anunció otro 70% en mayo, alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, la medida asignó una partida extraordinaria para necesidades de los hospitales universitarios por una suma de $14.403.479.661. Desde la UBA salieron a desmentir el acuerdo y señalaron que la medida era “insuficiente”.

La Casa Rosada también anticipó que avanzará en un programa de auditoría conjunta de las universidades nacionales para perfeccionar el sistema actual. Y convocó a una reunión para el 30 de abril. Fuentes de la Secretaría de Educación deslizaron ante este medio que se haráen la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Fernández,en el Palacio Sarmiento. Participarán representantes del Comité Ejecutivo del Consejo Universitario Nacional. Según supo Infobae, el propósito de esa cumbre es dialogar sobre “los cambios que la sociedad reclama, al mismo tiempo que nos comprometemos a lograr una educación universitaria de calidad”.Ricardo Gelpi, recetor de la Universidad de Buenos Aires (Fabian Garcia/UBA)

“El Presupuesto tiene que actualizarse porque con este presupuesto no se puede funcionar”, manifestó en diálogo con Infobae, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, y agregó: “Ahora pretenden actualizar un 105% los gastos de funcionamiento. Pero no hay paritarias, hay acuerdos unilaterales. Los profesores universitarios perdieron un 36% de poder adquisitivo en los últimos 4 meses”.

Cómo se compone el Presupuesto de las universidades

El presupuesto universitario tiene tres partes: los salarios del personal docentes y no docentes, gastos de funcionamiento y, por último, programas especiales. Actualmente, de los gastos que requiere la universidad, cerca de un 90% del total corresponde a salarios y un 10% se destina a otros gastos para funcionamiento.

Desde la UBA señalan que esa relación debería ser 75% y 25% para que las universidades puedan funcionar correctamente. Dentro de los gastos de funcionamiento se encuentran recursos que necesitan las universidades para pagar los servicios y el mantenimiento para lograr buenas condiciones áulicas, de laboratorios, limpieza, seguridad, conectividad, seguros e insumos básicos.Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, convocó a la marcha de mañana y desmintió que hubiera acuerdo con el Gobierno

Los gastos de funcionamiento quedaron congelados al prorrogarse el presupuesto 2023. Por lo tanto, tienen un atraso por inflación de cerca del 300%. El grueso de los fondos para las universidades proviene del apartado “Desarrollo de la Educación Superior” del Presupuesto Nacional. Ese acápite tuvo un ajuste del 72% en términos reales, o sea, deflactado.

Respecto a la actualización del “70%” que el Gobierno Nacional anunció para las universidades, es aumento es del 70% sobre el 10% de gastos de funcionamiento. En la UBA explican que no es para salarios. “Se trata de una actualización de apenas un cuarto de lo que las universidades necesitan para funcionar”, señala desde la Universidad de Buenos Aires en un informe que elaboraron al que tuvo acceso Infobae.

Bullrich y el Protocolo Antipiquetes

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

De cara a la movilización de mañana, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, había anticipado 0que el Gobierno iba a aplicar el Protocolo para el Orden público. Conocido como Protocolo Antipiquetes, la funcionaria había anticipado la intención de articular la ejecución del mismo con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce Waldo Wolff.

Sin embargo, anoche, en declaraciones televisivas, la funcionaria aclaró que “siempre el protocolo tiene que ver con la realidad de la gente que va”, principalmente porque si hay una masividad de decenas de miles de manifestantes, el control de esa protesta se torna relativo para las fuerzas de seguridad. Pero lo que llamó la atención es que advirtió que, más allá de la intención original de aplicar el protocolo, “pensamos que en esta marcha puede haber una provocación, que se junte la CGT, que haya salido toda la izquierda. Son el elenco estable de gente que marcha”, dijo.

Al ser consultada en LN+ sobre el sentido de sus dichos, respondió: “Una provocación, querer generar una situación para movilizarse de acá a la eternidad. Vamos a tener cuidado”.

“Nadie está pensando en hacer un bloqueo. Sería un error enorme que reprimieron a los estudiantes y docentes”, sostuvo una representante de una universidad nacional en diálogo con este medio. Desde la UBA, la Asociación de Docentes se pondrá en contacto con el Gobierno para intentar tender puentes y garantizar una movilización pacífica.

Fuente: Infobae.com

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, presentó este sábado un proyecto de ley para establecer un régimen de transparencia y supresión de honores para los diputados, senadores y personal jerárquico del Congreso de la Nación.

La iniciativa establece los principios y deberes éticos que deben guiar su desempeño, las incompatibilidades, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses.https://b0f41111f8a19232644f8f380b033fb5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

También consigna las respectivas sanciones por su incumplimiento y la supresión de todo tipo de honores o privilegios en su calidad de representantes y funcionarios del Poder Legislativo.

Una cláusula antinepotismo, presentación y publicación de sus declaraciones juradas patrimoniales y de intereses son los principales puntos del proyecto presentado.https://b0f41111f8a19232644f8f380b033fb5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Además, propone la dedicación exclusiva de los legisladores, incompatible con cualquier otra actividad privada o cargo público, con excepción de la docencia.TE PODRÍA INTERESAR

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Respecto a la supresión de privilegios y honores, quedarían suprimidos y prohibidos «todos los privilegios o beneficios que no cumplan estrictamente una función relevante o esencial para el legislador».

En este sentido, de aprobarse el proyecto, se suprimiría el uso de vehículos oficiales y la emisión de pasaportes oficiales, salvo para viajes oficiales con la fecha de inicio y finalización respectiva.

«Las disposiciones que proponemos tienen por objetivo una reforma profunda y no meramente mediática del Poder Legislativo. Enfrentar la corrupción y los conflictos de intereses requiere de un trabajo coordinado y responsable, no de realizar declaraciones demagógicas y promover el ataque al Poder Legislativo«, señala el proyecto de ley en sus fundamentos.

Fuente: Mendoza online

En la peor semana del año para los mercados financieros, los bonos argentinos pasaron exitosamente el test y el riesgo país terminó en los mínimos del año, a 1.216 puntos básicos. El aumento de la incertidumbre geopolítica por el bombardeo de Irán a Israel y la inflación recalentada en Estados Unidos impactaron fuerte en los mercados internacionales y especialmente en las acciones tecnológicas. La deuda argentino cayó en los primeros días, pero rápidamente volvió el apetito de los inversores.Te puede interesar:La batalla silenciosa que Caputo y Posse libraron en Washington para obtener del FMI un desembolso de 15.000 millones de dólares

Hoy son dos los factores que alimentan el optimismo de Wall Street. El primero está relacionado con la continuidad del superávit fiscal, ya que todo indica que el Gobierno habrá cumplido el objetivo de cuentas públicas en positivo durante todo el primer trimestre.

Es cierto que ese resultado positivo se logra en alguna medida con decisiones polémicas. La “licuadora” sobre los haberes jubilatorios, especialmente en los dos primeros meses del año, o la postergación de pagos, especialmente en energía. Sin embargo, todos estos parecen detalles menores en la evaluación de los inversores, entusiasmados por el compromiso del Gobierno en mantener a las cuentas públicas en equilibrio.Te puede interesar:“Milei, la revolución que no vieron venir”, el libro que va del registro biográfico a la divulgación de las ideas libertarias

Más allá de diferencias metodológicas en el cálculo de reservas, todos coinciden en que ya quedó atrás el rojo de más de USD 10.000 millones que dejó la gestión de Alberto Fernández

El aumento de las reservas es la otra variable que se sigue de cerca y entusiasma a quienes deciden volcarse por bonos argentinos. El dato de la semana es que el Banco Central ya dejo de tener reservas netas negativas. Aunque no todas las consultoras se ponen de acuerdo con la metodología a adoptar para ese cálculo, todos coinciden en que ya quedó atrás aquel millonario rojo de más de 10.000 millones de dólares que dejó la administración de Alberto Fernández. Desde que asumió Javier Milei ya se compraron prácticamente USD 14.000 millones, aunque las reservas aumentaron menos.

El cepo cambiario

A pesar de la mejora en la hoja del balance del Central, acompañada además por una fuerte reducción de los intereses de los pasivos remunerados (o sea del déficit cuasifiscal), la apertura del cepo cambiario luce como una cuestión de segundo orden para el Gobierno. Los famosos USD 15.000 millones que tanto el Presidente como el ministro de Economía dijeron precisar para liberar las restricciones cambiarias por ahora no aparecen.Te puede interesar:Ley de Bases: el mercado se prepara para una nueva ola de euforia si el proyecto es aprobado por el CongresoCaputo en el FMI, con la subdirectora, Gita Gopinath REUTERS

El tema estuvo presente esta semana en los encuentros de Luis “Toto” Caputo con las autoridades del FMI en Washington, pero por el momento no parecen estar dadas las condiciones para recibir un desembolso del organismo.

El superávit fiscal del primer trimestre es un argumento poderoso para sostener la “luna de miel” con los inversores, que ven un fuerte compromiso del Gobierno por sostenerlo. La solidez de los bonos a pesar de una semana turbulenta a nivel global reflejó que el apetito por los activos argentinos sigue intacto

La esperanza es, en todo caso, seguir mostrando buenos resultados fiscales para conseguir al menos unos USD 5.000 millones adicionales en algún momento del segundo semestre. El problema en este caso es además convencer al Tesoro norteamericano que respalde dentro del directorio del Fondo un desembolso para Argentina faltando tan poco para las elecciones presidenciales en ese país. Mientras tanto hay que seguir pagando: a fin de mes vencen USD 1.900 millones con el organismo.

El inicio de la cosecha gruesa le dará otro fuerte envión al nivel de reservas. Sin embargo, se espera una recuperación del nivel de importaciones tras un derrumbe de 36% en marzo. Desde la última semana las PYMES ya pueden acceder a las divisas para importar a un plazo de 30 días en vez de 120, lo que ayudará a la gradual normalización del mercado cambiario, pero al mismo tiempo podría reducir la capacidad de acumulación del Central.

La calle

Pero no solo los mercados mantienen un importante voto de confianza a favor de Milei. No se trata solo de un respaldo de Wall Street, sino que el Presidente también conserva un fuerte apoyo de la calle, o como señalan en Estados Unidos, de Main Street.

La caída de los salarios desde diciembre es muy significativa, pero no homogénea. Los más perjudicados fueron los empleados del sector público, que perdieron 21% de poder de compra. Los sueldos privados, en cambio, solo cayeron 12%

El estudio mensual de Poliarquía indicó que en abril “la aprobación de Javier Milei se mantiene en 57%, un punto menos que en marzo”. Pero el dato más llamativo es que “en los cuatro primeros meses de mandato tanto de los dos gobiernos de Cristina Kirchner como de Mauricio Macri, ese nivel de aprobación descendió entre 10 y 18 puntos”.Según Poliarquía, en sus primeros 4 meses Milei sostuvo un fuerte nivel de apoyo; en igual período los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri habían perdido entre 10 y 18 puntos

Más sorprendente aún es que semejante respaldo se dé en un contexto de derrumbe de los salarios reales. Un trabajo de la universidad Eseade indicó que la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre casi no tiene precedentes, aunque con diferencias según los distintos segmentos de trabajadores.

La peor parte en esta oportunidad se la llevaron los empleados del sector público, que perdieron 21,9% de poder de compra por efecto de la elevada inflación. El empleo informal perdió casi lo mismo: 20,9%. Sin embargo, en el caso del empleo formal la caída de salarios fue casi la mitad, “solo” 12%.

Esto explica, por otro lado, los diferentes niveles de apoyo que recibe Milei. En el caso de los trabajadores del sector privado la aceptación del Presidente se ubica en niveles altísimos: 62%, igual que en el caso de los independientes. Sin embargo, cuando se le pregunta a los trabajadores estatales el nivel de desaprobación de la gestión presidencial es igual de elevada y se entiende por la caída del salario. En este grupo el rechazo llega al 61%.

Las motivaciones detrás del apoyo del público a la gestión de Milei son diferentes a lo que se pondera en Wall Street. Para “la calle” no es relevante el equilibrio fiscal ni la acumulación de reservas, sino que entusiasman otras cuestiones. La caída de la inflación es posiblemente lo más fuerte y todo apunta que en abril ya se ubicará en un dígito. La desaceleración de precios es especialmente notoria en alimentos, que muestran una fuerte estabilidad en las últimas semanas por lo que finalizarían el mes con una suba cercana al 5%.

La desaceleración de los precios de abril, especialmente en alimentos, y la estabilidad cambiaria son variables poderosas que mantienen la expectativa favorable de la gente. Una mayoría cree que el año que viene la economía estará mejor que ahora, algo que no sucedía hace varios años

Claro que el camino que hay por delante es muy largo y posiblemente también sinuoso. Una vez que se consolide la baja de la inflación llegarán otros reclamos a los que habrá que darles respuesta.

El problema más acuciante

El más acuciante pasa por la recuperación salarial. Hay buenas chances que en breve empiecen a aparecer datos positivos. Para ello debe confirmarse la baja de la inflación, mientras los salarios empiezan a remontar. Recuperar todo lo perdido en tan pocos meses, sin embargo, requerirá de mucho más tiempo. Con viento a favor, difícilmente sea antes del arranque de 2025.La pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones son los problemas más acuciantes

El “humor social”, a pesar de todo, sigue siendo favorable. Así lo dejó en evidencia el último trabajo de Dalessio Irol. Casi un 50% considera que la economía estará mejor dentro de un año, superando las opiniones de aquellos que piensa que estará peor.

El otro tema clave está relacionado con la salida de la crisis. Un informe elaborado por Ieral, de la Fundación Mediterránea, indicó: “Es posible esperar que el piso de la recesión actual pueda producirse entre el primer y segundo trimestre de este año. Así, la economía empezaría a recuperarse en primer lugar de la mano del sector agropecuario”.

Sin embargo, “esta lenta velocidad de salida de la recesión podría cambiar y hacerse más dinámico en caso de una exitosa salida del cepo y que arranquen las reformas estructurales”, agrega. En ese caso, la economía empezaría a recibir más flujos de capitales que ayuden a la recuperación de la economía, aunque con el peligro de profundizar la caída del tipo de cambio real.

La arenga de Milei a los empresarios nucleados en el foro Llao-Llao sobre la necesidad de “poner pelotas para invertir” tiene con ver con la necesidad de apurar el ciclo de reactivación: esta vez no pasará por la emisión monetaria ni una mejora del consumo que será lenta, sino de la posibilidad de poner el dinero del colchón y atraer dólares frescos. Se trata de un enorme desafío después de tantos años de pesimismo y de haber quedado fuera del mundo.

Fuente: Infobae.com

Javier Milei es un presidente siempre inesperado. Su mejor nuevo amigo es el candidato a juez de la Corte más cuestionado que se recuerde, y las empresas de medicina prepaga, que pertenecen a un sector aliado del mandatario, se convirtieron en su peor enemigo. Versiones inmejorables señalan que el actual senador cristinista Eduardo “Wado” de Pedro le llevó a Máximo Kirchner a un amigo y promotor del juez federal Ariel Lijo como futuro miembro de la Corte Suprema. Ese amigo de Lijo le pidió al hijísimo que interceda ante su madre para que esta ponga los votos de que dispone en el Senado a favor del acuerdo del candidato. Convencido de que se trataba de una negociación, Máximo Kirchner preguntó qué es lo que le ofrecían a cambio a Cristina Kirchner, quien cuenta con entre 13 y 14 votos incondicionales en el Senado. Es un número crucial, porque el acuerdo de Lijo necesita de 48 votos en un cuerpo de 72 senadores en total. El interlocutor, con destacadas funciones en la Justicia, le respondió a Máximo que los tribunales no podrán hacer lo que exige Cristina. Ella no quiere una amnistía ni un indulto, sino que la Justicia la declare inocente y la absuelva de todos los delitos que se le imputan. Imposible, salvo que se quemen todos los expedientes y archivos de los tribunales. El influyente mediador con los Kirchner le prometió a Máximo, en cambio, la impunidad implícita de su madre, y le contó que Lijo es el “mejor anestesista” de la Justicia, con una vasta experiencia en el arte de hacer dormir las causas sensibles que le tocan. Razón no le faltó al destacado interlocutor del vástago de la dinastía Kirchner: hace más de 15 años que Lijo guarda en un cajón de su despacho de juez federal una denuncia de Carrió contra la compraventa de acciones de YPF entre Repsol y la familia Eskenazi. Quizás hoy la Argentina no estaría a punto de verse obligada a pagar 16.000 millones de dólares, como consecuencia de aquella operación, si la denuncia de Carrió hubiera progresado. Cristina Kirchner tomó nota de la propuesta y calló. Increíblemente, calló hasta en público sobre un juez (Lijo) al que en su momento vapuleó sin tregua y sin piedad en las redes sociales. Del despacho del magistrado se habían filtrado sus famosas charlas telefónicas privadas con Oscar Parrilli, a quien Lijo le tenía intervenido el teléfono. Aquellos misiles verbales de la expresidenta contra Lijo incluyeron también al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti; a los dos les advirtió que los hacía penalmente responsables de la exposición mediática de sus conversaciones privadas. Esa negociación de hecho, oferta a Máximo Kirchner y silencio posterior de Cristina, es comentada con absoluto desparpajo por los representes parlamentarios del peronismo (todos hipercristinistas) en el Consejo de la Magistratura. La candidatura de Lijo fue propuesta precisamente por Lorenzetti, enemistado con los tres restantes jueces del máximo tribunal. Lorenzetti no logró todavía una reconciliación con Cristina Kirchner, pero ya frecuenta sus cercanías. Lorenzetti no llegó directamente a Javier Milei para llevarle la candidatura de Lijo; lo hizo a través de su poderosa hermana, Karina Milei. Al juez de la Corte lo introdujeron en el despacho de la hermanísima tres personajes polémicos: Freddy Lijo, hermano del juez; Daniel Angelici, que bascula entre el juego y la Justicia (y que ahora está lejos de Mauricio Macri), y Guillermo Scarcella, un exfuncionario de Daniel Scioli que ya debió enfrentar denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La primera propuesta de Lorenzetti incluía a Miguel Licht, actual presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, como juez de la Corte en reemplazo del actual magistrado Juan Carlos Maqueda para cuando este se jubile, en diciembre próximo. Licht fue anteriormente secretario letrado en las oficinas del propio Lorenzetti. Todo es tan extravagante como parece: un exempleado del juez de la Corte propuesto como juez de la Corte. Una gestión urgente de varios funcionarios, sobre todo del Ministerio de Justicia, frenó la candidatura de Licht y promovió la del académico Manuel García-Mansilla, que no tuvo ninguna impugnación hasta ahora. De todos modos, la gestión de reunir 48 votos le será muy difícil a cualquier candidato para juez de la Corte. Ya anunciaron que votarán en contra de Lijo, por ejemplo, los tres senadores por Córdoba: Luis Juez y la senadora de su partido Carmen Álvarez Rivero, y la senadora Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti. Vigo destaca, con razón, la segregación de las mujeres en la futura integración de la Corte. La conducción nacional del radicalismo no se pronunció públicamente todavía, pero uno de los padrinos de Lijo, Angelici, es socio político del presidente de la UCR, Martín Lousteau. Ese partido tiene varios senadores. Hubo, en cambio, un documento de 40 dirigentes radicales muy conocidos (entre ellos, el exministro Juan Manuel Casella y el constitucionalista Antonio María Hernández) en el que manifestaron su total rechazo a la candidatura de Lijo. “Nuestro rechazo a Lijo representa a la amplia mayoría de los militantes radicales”, dijo uno de ellos.

Los aumentos no son culpa de Milei, sino de la economía ficcional que creó el kirchnerismo

Lorenzetti y Lijo en el vecindario de Milei son incomprensibles, tan incomprensibles como que el gobierno libertario haya dispuesto, en un caso único, que las prepagas de medicina retrocedan con los aumentos de las cuotas. Desde el 10 de diciembre pasado, Milei no hizo eso con ningún sector empresario. La recriminación inicial a las prepagas vino del ministro de Economía, Luis Caputo, quien luego hizo intervenir a la Comisión de Defensa de la Competencia y a la Secretaría de Comercio. Caputo llegó al extremo de señalar que “las prepagas le declararon la guerra a la clase media”. ¿No hicieron lo mismo las empresas que venden naftas? ¿Tampoco las compañías de luz y gas, cuyos monumentales aumentos fueron autorizados por el propio Gobierno que se escandaliza por las prepagas? La actitud del Gobierno suena, a todas luces, como una estrategia para echarle la culpa a un solo sector de la economía por los unánimes y formidables aumentos de precios que se registraron desde diciembre pasado. Es probable, anticipan algunos encuestadores, que la administración de Milei haya empezado a recibir mediciones de opinión pública que detectaron los primeros síntomas de cierto malestar social por los aumentos en la economía.

Las prepagas aumentaron sus cuotas, y aumentaron mucho. Hubo subas importantes en enero, febrero, marzo y abril. Y hasta es probable que esos aumentos hayan sido conversados entre la distintas empresas para fijar el precio de las cuotas. El Gobierno las denunció por cartelización, que es cuando distintas empresas del mismo rubro se ponen de acuerdo en el precio y desisten de competir. Como se preguntó Juan Carlos de Pablo, ¿no hacen lo mismo las empresas que venden naftas? ¿Acaso no aumentan todas el mismo porcentaje y el mismo día? El caso es especialmente injusto cuando uno se detiene en lo que sucedió en 2023, año en el que Milei gobernó solo 20 días. Durante todo ese año, el aumento de las prepagas (fuertemente reguladas por el gobierno de Alberto Fernández y por el ministro-candidato Sergio Massa) fue del 134%. La inflación de 2023 fue del 211% y el aumento de los medicamentos fue del 319%. Los medicamentos pasaron a significar el 40% de la cuota que paga el afiliado de las prepagas, cuando antes era el 18%. Nadie habla del precio de los medicamentos. Nadie estableció nunca tampoco una regulación para esa actividad crucial para la salud de la sociedad, como sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos. Silencio total, salvo la sorpresa y la protesta manifiesta de los clientes en las farmacias. La culpa no es de las farmacias. Hay personas mayores que portan recetas con cuatro o cinco medicamentos, pero solo pueden comprar uno o dos. No es un problema solo de la Argentina. En América Latina, los laboratorios que fabrican medicamentos obtienen ganancias diez veces superiores a las que obtienen en el resto del mundo. Un gobierno libertario debería abrir cuanto antes la importación de medicamentos para que compitan con los de producción local.

El gobierno de Milei autorizó aumentos de gas de entre el 250 y el 500%, y aprobó subas en las tarifas de electricidad de entre el 120 y el 300%. Las naftas aumentaron también en enero, febrero, marzo y abril. El caso del gas y la luz es peor que la supuesta cartelización; son monopolios naturales porque el país no está preparado, en el caso de la electricidad, para imponer la competencia. En la provisión de gas, la competencia es imposible. No puede haber tres gasoductos para que los usuarios elijan el que más les gusta. Los vastos aumentos de las cosas no son culpa de Milei, sino de la economía ficcional que rigió durante los 16 años de kirchnerismo. Lo de Lijo es inexplicable; lo de las prepagas es una estrategia comunicacional para crearle un solo enemigo a una sociedad exhausta.

Joaquín Morales Solá

Fuente: La Nación

El mundo de la política tiene que entender el tiempo que vivimos; esto incluye también a muchos integrantes de La Libertad Avanza que tampoco parecen comprenderlo en su justa medida. La política aún no lo ha hecho a pesar de la crisis y la presión que sufren los bolsillos de todos los argentinos en el difícil camino que estamos llevando de una economía mentirosa a una real. Podrá argumentarse a favor o en contra del método en que Javier Milei y Luis “Toto” Caputo están llevando adelante el proceso de sincerar toda la estructura de precios controlada y contenida falsamente por años en el país, pero nadie, incluidos todos los candidatos que participaron de la carrera presidencial, niega hoy que el camino que se transitó en los últimos 20 años nos llevó a una Argentina invivible.

El esfuerzo es grande y no hay espacio para agachadas. Menos cuando aunque puedan venir arropadas de alguna necesidad justificante, como salarios bajos para retribuir un cargo, exponen con crudeza diferencias que el sufrido público de pie no puede leer de otra forma que no sean privilegios.

Es momento de hablar claro y sin subterfugios. El Senado avanzó esta semana con una sesión, la tercera del año, en la que consagró dos votaciones que fueron leídas claramente por todos como un toma y daca entre los poderes.

El ocultamiento de la decisión del Senado (de todo el cuerpo) de subir sus dietas e inclusive sumarse un aguinaldo que normalmente no cobran, tiene tantas caras visibles o escondidas que hieren peligrosamente tanto a la política como a la paciencia frente a un cambio que pide una amplia mayoría del país.https://03faac718e95dcd21f0e5f08c6946d38.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

No hace falta abundar en la cantidad de ocasiones que tuvieron quienes supuestamente se oponían a esa medida para manifestarlo públicamente.TE PODRÍA INTERESAR

• Cuántas jubilaciones mínimas se necesitan para alcanzar el nuevo sueldo de un senador
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El debate por la suba de dietas hiere la epidermis social en un momento donde el ajuste duele  aunque siga teniendo apoyo  de quienes votaron a Javier Milei y buscan que Argentina llegue algún día a ser un país normal. Esa paciencia, de todas formas, tiene sus límites.

La discusión por los salarios en el Senado tiene un contenido doloso que se verifica más en las formas que en el fondo. Los senadores podrían haber planteado públicamente la necesidad de ajustar sus salarios, hasta ahora en algo así como $ 1,7 millones, y pagar el costo político ante sociedad. Es lo que hubiera correspondido, aunque fuera indigerible para el público de a pie que en promedio no llega a ganar más $ 600 mil. En su lugar se armó una puesta en escena de mentiras con patas tan cortas que quedaron a la luz inmediatamente.

Como se dijo son incontables los momentos que hubo para transparentar la situación. El propio Guillermo Francos reconoció que la Casa Rosada sabía del movimiento dos días antes. La sesión del Senado donde se decidió la suba salarial venía con una calma inusitada para los tiempos que corren. Antes de arrancar con el tema de las dietas los senadores de todos los partidos, incluida la kirchnerista Unión por la Patria, le aprobaron al gobierno por unanimidad el acuerdo para los embajadores ante EE.UU., Israel o la ONU, por mencionar solo algunos casos. Eso sucede solo cuando hay un acuerdo político en camino.

Ese acuerdo quedó expuesto minutos después cuando todos, repito “todos”, los presentes en el recinto del Senado se hicieron los sonsos a la hora de someter el expediente de los sueldos a votación. Hubiera basta con que la presidenta del Senado leyera el número de expediente junto con el tema del proyecto de resolución, o que cualquier senador de los que ahora se golpean el pecho pidiera que por Secretaría se leyera el texto o que se solicitara la votación nominal, para que el papelón por el pretendido ocultamiento quedara a la luz.

¿En serio alguien pensó que iba a pasar un aumento de sueldos superior a 100 % sin que ningún cronista parlamentario se diera cuenta del engaño?

El episodio pasó y ahora se tantean caminos para solucionar el papelón. Nada indica que realmente pueda haber una marcha atrás, menos cuando la suba de salarios en el Senado había generado una crisis un mes atrás que quedó sin solución y en la que la vicepresidente terminó cruzada con Javier Milei.

El ocultamiento que protagonizó el Senado deja huellas complicadas y no solo en la imagen del Congreso. No hay tiempo ni lugar en la sociedad para repetir un papelón de esa dimensión. La Casa Rosada tomó nota de esa realidad. Una desilusión popular sobre las verdaderas intenciones de cambio del actual gobierno traería una crisis de dimensiones impensadas. En términos claros: el monstruo del populismo demagógico no murió: esta agazapado y esperando volver. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández (en ese orden) superó con creces todo el descontrol que se había vivido en los anteriores gobiernos kirchneristas. Esta vez ni siquiera tuvieron el arte de esconder debajo de la alfombra toda la basura que produjo la inutilidad de un gobierno desquiciado, como si puso hacer en parte Cristina Fernández de Kirchner cuando dejó la presidencia en el 2015.

El monstruo populista esta allí. El mundo lo sabe, incluyendo al mercado que hoy mira con entusiasmo las reformas que lleva adelante Milei y el propio FMI, pero que piden que se garanticen que estas sean permanentes. Para eso hace falta política y apoyo político de los votantes. La pelea contra la “casta” es un colateral necesario pero no suficiente para alejar al país de un retorno al populismo demagógico.

Hay una anécdota que algunos deben haber escuchado decenas de veces, pero que grafica como ninguna los peligros que acechan a este país. Corría septiembre de 2016. Mauricio Macri estaba en su primer viaje a los Estados Unidos para participar de la Asamblea Anual de Naciones Unidas. El Gobierno, junto con el New York Stock Exchange, había organizado un seminario para mostrar a inversores y banqueros la potencialidad económica del país para atraer inversores.

Ese seminario en que el hablaron ministros como Alfonso Prat Gay, terminó con una presentación de Macri ante los inversores. El presidente aparecía entonces frente al mercado americano como la promesa absoluta de cambio tras los tres gobiernos kirchneristas que habían llevado a la Argentina a contramano del mundo y a una lógica económica desequilibrada desde todo punto de vista.

A pesar de eso la promesa de Cambiemos no alcanzaba. La presentación de Macri ese soleado día de septiembre 2016 fue mediate un reportaje realizado por Gillian Tett, editora jefa del Financial Times. Ella le hizo una primera pregunta que resumió todos los temores que aun tenía mercado frente a un país que cíclicamente durante 80 años había vuelto a sus desvíos económicos y populistas. «Argentina ha salido una vez más del aislamiento y ha vuelto a los mercados, ¿por qué debemos pensar que ésta no es más que otra vez?», le preguntó Tett a Macri.

Desde ese momento y por los siguientes dos años el gobierno de Macri eligió aplicar lo que se conoció lo que algunos llamaron gradualismo. Otros eligieron mencionar ese período con otra frase que pasó a la historia: “Se dedicaron a boludear por dos años”. Lo cierto es que las reformas prometidas terminaron demorándose y Argentina desde enero del 2018 volvió a entrar en otra de esas épocas de caos a las que se refirió la editora del Financial.

El monstruo populista siempre puede volver. En el 2019, y tras el fracaso del gobierno de Cambiemos, regreso y con su peor cara. La determinación (una virtud que los estadounidenses le exigen en primer plano a sus presidentes) de llevar adelante un cambio no puede flaquear, menos cuando el esfuerzo que se exige a la población es, cuanto menos, dramático. No se pueden ocultar (y con tan poca inteligencia) lo que es evidente para todos. Hace falta mas política, pero no en las versiones que vimos en los últimos 80 años sino para solucionar nuestros problemas. El teléfono ahora si suena para todos.

Fuente: Mendoza online

Esta semana las imágenes sorprendieron a estudiantes y docentes, y lograron repercusión internacional: los ascensores de la Facultad de Medicina de la UBA paralizados, los pasillos y halls de varias facultades a oscuras, las calderas apagadas. El conflicto por el presupuesto educativo viene creciendo desde principio de año y, a pesar de los anuncios oficiales, aún no está resuelto. La Universidad de Buenos Aires no es la única afectada: el recorte de los fondos repercutió en cada una de las 57 universidades nacionales, desde el Norte hasta la Patagonia. Entre todas suman unos 2 millones de estudiantes.Te puede interesar:¿Cuáles son las preguntas más importantes en una entrevista de trabajo?

El martes 23 de abril, la Marcha Federal Universitaria movilizará a las universidades públicas de todo el país en reclamo de un mayor presupuesto, dado que los fondos para educación superior hoy se encuentran en un piso histórico, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Aunque el Gobierno nacional anunció el jueves una propuesta de mejora –un 70% en mayo para gastos de funcionamiento, que se suma al 70% otorgado en marzo, junto con una partida extraordinaria de $14.400 millones para los hospitales universitarios–, desde las universidades afirman que el monto solo cubre la mitad de la inflación acumulada y sostendrán la medida del martes.

Si bien desde el Ministerio de Capital Humano se anunció que habían llegado a una “propuesta consensuada” con las universidades, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –el organismo que nuclea a los rectores– lo desmintieron y dijeron en un comunicado que “no se trata de un acuerdo sino de un anuncio del gobierno”.

Las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación se reunirán el próximo martes 30 de abril; la agenda del encuentro “incluye el financiamiento junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las universidades”, señalaron desde la Secretaría. Según pudo saber Infobae, también hubo el viernes una reunión de funcionarios nacionales con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

“No hubo acuerdo porque no hay negociación abierta. Solo hubo un anuncio del gobierno por redes: esperamos ver los detalles pronto. Anunciaron un 140%, pero el reclamo es una actualización del 280%, porque la inflación 2023 fue del 211% y la de 2024 acumula 60%. Estamos a mitad de camino”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, a Infobae.

La caída del salario docente es uno de los reclamos principales de las casas de estudio y del Frente Sindical de Universidades (FSU), que rechazó la oferta de 8% de aumento para abril, en la misma semana en que se conocieron elevados aumentos de sueldo con fondos públicospara funcionarios del Poder Ejecutivo y en la Cámara de Senadores. Desde CONADU, uno de los gremios que forma parte del FSU, señalaron que el salario de los profesores hoy se encuentra un 29% por debajo del nivel de abril de 2023.Varias universidades organizaron esta semana clases públicas para visibilizar el conflicto.

El conflicto universitario se venía anunciando desde hace al menos dos meses: ya en febrero los rectores congregados en el CIN habían advertido que estaba en riesgo su “pleno funcionamiento” por falta de fondos, por el congelamiento del presupuesto 2023. En ese momento también el Consejo Superior de la UBA –la única universidad nacional que no participa del CIN– había expresado públicamente su “extrema preocupación” por el financiamiento de la educación superior.

Las autoridades del CIN se reunieron varias veces con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Según pudo saber Infobae, desde el CIN han valorado la disposición de estos funcionarios al diálogo, aunque los intercambios subieron de tono en el último Plenario de Rectoras y Rectores celebrado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El último comunicado del CIN insistió: “Entendemos que el diálogo es, sin dudas, el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita en materia presupuestaria”. La preocupación por la “previsibilidad” y por las condiciones para garantizar un “normal funcionamiento” se repite en los testimonios de distintos rectores universitarios.

Qué pasa en las universidades

Desde la Universidad Nacional de Córdoba –que tiene unos 170 mil estudiantes de grado y es la más antigua del país– explicaron a Infobae que a fines de marzo el Consejo Superior “aprobó un esquema de asignación de recursos en un escenario de incertidumbre presupuestaria, al no contar con una Ley de Presupuesto y por el proceso de desactualización de las partidas para gastos de funcionamiento”.

Esa política busca mejorar la eficiencia en el gasto y establece prioridades en la asignación de recursos “para garantizar las actividades esenciales de la UNC: enseñanza, inclusión, extensión e investigación”. Esto implica financiar el funcionamiento de las facultades y hospitales, el sostenimiento de las becas y ayudas económicas para estudiantes, y las actividades de investigación y extensión.Las autoridades y los gremios de la UNC definieron participar de la marcha del 23 de abril. La concentración será a las 11 en el Monumento de la Reforma en Ciudad Universitaria. Foto: UNC

“Si bien el Gobierno nacional incrementó los gastos de funcionamiento de las universidades en un 70% (y ahora dio otro 70%), esos fondos tienen un retraso en relación con una inflación del 280%”, dijeron desde la UNC. También plantearon la “imprescindible necesidad” de que continúen las actualizaciones de los recursos remitidos por el Estado Nacional.

Esta semana, un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad de Córdoba (OTES Cba) advirtió que las universidades de Córdoba, Villa María y Río Cuarto habían ejecutado en tres meses el 70% de su presupuesto asignado para todo el año (el dato es previo al anuncio oficial de un nuevo aumento en mayo). El martes, la marcha en Córdoba capital partirá a las 11 hs desde el Monumento de la Reforma (en Ciudad Universitaria) y avanzará hacia la zona del Patio Olmos.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la tercera del país en cantidad de estudiantes (más de 113.000), también participará de la marcha el martes. Durante la semana pasada realizaron varias clases públicas para visibilizar el conflicto. “Nos encontramos en una situación presupuestaria difícil, como todo el sistema de educación superior y de ciencia y tecnología en el país. Aun así, estamos funcionando y tenemos la firme intención de seguir haciéndolo para beneficio y tranquilidad de nuestra comunidad”, dijo Martín López Armengol, presidente de la UNLP, a Infobae.

Sobre la situación particular de la UNLP, López Armengol planteó: “Tenemos preocupaciones presupuestarias relacionadas con salarios, gastos de funcionamiento, tarifas y renovación de sistemas de becas. Ante estos problemas, nuestra misión es gestionar para evitar que repercutan en nuestra Universidad, en particular, y en el sistema universitario y de ciencia y técnica en su conjunto”.

Con respecto al contexto general del sistema, expresó: “Las universidades públicas necesitamos tener mayor respiro y tranquilidad para planificar y dar previsibilidad a la actividad de nuestras facultades, colegios y centros e institutos de investigación. Porque, de fondo, más allá de lo esencial que resultan las cuestiones presupuestarias coyunturales, el debate que queremos dar como funcionarios y universitarios es poner sobre la mesa la importancia trascendental que tienen la universidad pública y la ciencia y la tecnología para el desarrollo soberano e inclusivo de la Argentina”.Martín López Armengol, presidente de la Universidad Nacional de La Plata, en la celebración de los 127 años de la institución esta semana. Foto: UNLP

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) tiene 33 sedes distribuidas en 13 provincias y se especializa en carreras de ingeniería, tecnología y ciencias aplicadas, todas áreas estratégicas para el desarrollo del país. “Estamos atravesando un estado de desesperación, funcionando con el mismo presupuesto de octubre de 2022. Aún no nos depositaron el 70% de aumento anunciado en marzo”, sintetizó Rubén Soro, rector de la UTN, a Infobae.

“En la comisión de presupuesto hemos definido que no podremos hacer recategorizaciones de docentes y no docentes, debemos suspender algunos eventos y proyectos, vamos a mantener las becas propias pero los montos serán más bajos de lo que habíamos previsto”, explicó Soro.

“Vamos a dejar de hacer algunas cosas para poder garantizar el funcionamiento. Las reuniones y concursos serán virtuales. Las obras de infraestructura están paradas, se cerraron muchas convocatorias de equipamiento y fortalecimiento de la ciencia. Todo este ‘ahorro’ implica perder calidad educativa y de gestión. Los salarios están garantizados, pero se encuentran en un nivel muy bajo”, continuó.

“La educación superior no está en la agenda de las políticas de Estado. Nos están haciendo mucho daño, nos destratan, nos acusan de adoctrinar y de hacer gastos superfluos. La educación es parte de la solución a la crisis, no del problema”, planteó el rector. A pesar del escenario actual, se mostró optimista: “La universidad va a terminar de pie. No vamos a cerrar nuestras puertas”.Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene más de 98.000 alumnos en 13 provincias. Foto: UTN

La situación también es crítica en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que tiene más de 92 mil estudiantes. “No estamos pidiendo holgura para hacer lo pendiente o lo planificado: somos conscientes de la situación del país. Solo pedimos una actualización razonable, que acompañe el proceso inflacionario. En el primer trimestre de 2023, nuestra factura de luz fue de 80 millones de pesos; en el mismo período de 2024, la cifra ascendió a 250 millones. Tuvimos que hacer frente a ese gasto con el mismo presupuesto”, dijo el rector, Franco Bartolacci, a Infobae.

Bartolacci aseguró que “van a resguardar” las actividades esenciales de la universidad y subrayó la preocupación por los salarios docentes. Además, consideró que el aumento del 70% anunciado el jueves por el Gobierno nacional “es un pequeño paso adelante que reconoce lo que venía planteando el sistema universitario y científico”, pero agregó que “es insuficiente respecto a la situación general”.

“Toda la comunidad universitaria está haciendo un esfuerzo enorme. Si no, no hay manera de explicar que estemos funcionando en abril de 2024 con los mismos recursos que en septiembre de 2022. Hemos sostenido hasta ahora todas las actividades académicas e institucionales, pero semana tras semana la situación se hace más difícil”, explicó el rector.

De manera previa a la marcha del 23, la UNR organizará el domingo a la mañana la “Expo Universidad Pública” en Calle Recreativa. A las 15 hs habrá una concentración “en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional” en las escalinatas del Parque España. El lunes 22, en tanto, habrá “diálogos” sobre el conflicto universitario en todas las facultades y en las escuelas de la UNR.Franco Bartolacci, rector de la UNR, sostuvo que el aumento anunciado el jueves «es un paso adelante» pero resulta «insuficiente».

Un escenario de incertidumbre

En la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que tiene sedes en Corrientes y Chaco, denuncian que la participación de la institución dentro del presupuesto universitario total viene cayendo en los últimos años. Según informó la universidad, la UNNE pasó de recibir un 2,89% del total del presupuesto universitario en 2016 a un 2,66% en 2023.

“En materia presupuestaria nos enfrentamos a la situación con finanzas ordenadas, pero estamos supeditados al envío de fondos de gastos de funcionamiento que hasta ahora son los del presupuesto reconducido. Tuvimos que hacer algunas priorizaciones de partidas que permitan atender actividades sustantivas, en especial las orientadas a la población estudiantil”, describió el rector, Omar Larroza, en un comunicado difundido por la UNNE.

Larroza se refirió particularmente a la preocupación por el aumento de la tarifa de energía. Pero señaló: “Estamos administrando con responsabilidad, con inteligencia, haciendo un gran esfuerzo para que la Universidad no se resienta en este momento de crisis”.

El alza de las tarifas también golpeó a la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde la factura de luz pasó de representar el 20% al 70% del presupuesto disponible, según dijo el rector Enrique Mammarella en una entrevista con UNO Santa Fe. La UNL presentó una nota dirigida a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en conjunto con las universidades de Rafaela y Rosario, con el objetivo de acordar estrategias de pago.

Mammarella también enumeró algunas medidas que tomaron, como recortar horas extras remuneradas, reducir viáticos y viajes, así como suspender el catering en todos los eventos. “Estamos trabajando en medidas para reducir el gasto de los servicios básicos. Muchas de las actividades que teníamos pensadas para el primer semestre serán postergadas al segundo”, explicó el rector de la UNL. Y señaló que, si bien a corto plazo estiman que no se verá afectado el dictado de clases, hay gran incertidumbre con respecto al mediano y largo plazo.Esta semana hubo un abrazo simbólico a la Universidad Nacional de Salta, en la previa a la marcha del martes 23. Foto: UNSa

En la Universidad Nacional de Salta (UNSa) organizaron esta semana un abrazo simbólico, una medida que se repetirá la semana que viene en la Universidad Nacional de Tucumán. En su última sesión, los senadores provinciales de Salta aprobaron por unanimidad una declaración de “respaldo y compromiso con la universidad pública y gratuita como un instrumento insustituible de movilidad social ascendente”, y expresaron su apoyo a las manifestaciones.

“Es un momento que convoca a la unificación de esfuerzos por parte de todos los que creemos en las universidades públicas como instituciones fundamentales de nuestra vida social”, dijo Daniel Hoyos, rector de la UNSa, en un comunicado difundido por la universidad. En Salta capital, la marcha del martes se concentrará a las 16 hs en el Monumento 20 de Febrero y concluirá en la Plaza 9 de Julio.

Con respecto a la Universidad Nacional de Mar del Plata, el panorama “no escapa a la situación general del sistema universitario público”, dijo el rector, Alfredo Lazzeretti, a Infobae. “Si bien la UNMdP no atraviesa una situación tan dramática en el corto plazo, está claro que más temprano que tarde nos va a alcanzar el problema”, afirmó.

“Creo que sería muy positivo que el Congreso nacional, que tiene tanta incidencia en la vida de las universidades nacionales –las crea por ley, puede intervenirlas, las controla a través de la Auditoría General de la Nación–, se haga eco de esta situación y vote un presupuesto parcial para los meses que quedan por delante”, planteó el rector.

Según Lazzeretti, una ley específica de presupuesto “podría dar a las universidades un cierto horizonte de previsibilidad, al poder contar con los fondos que nos permitan tener las puertas abiertas y garantizar el funcionamiento”.Alfredo Lazzeretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Foto: UNMdP

En la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) también preocupan los aumentos en los servicios básicos: la última factura de luz ascendió a 45 millones de pesos. Desde la UNLaM mencionaron además la necesaria “recomposición salarial de docentes y no docentes” y advirtieron sobre dificultades con varias obras que estaban en su etapa final y quedaron paralizadas porque “desde hace 5 meses no reciben los fondos necesarios”.

Entre esas obras, mencionaron el edificio de Odontología, el Centro de Salud “Dr. Ramón Carrillo” y la residencia estudiantil. El primero es necesario “para poder poner en marcha la carrera de Odontología en 2025″, explicaron. El Centro de Salud, en tanto, estará destinado a la formación de residentes de las carreras de Ciencias de la Salud. Mientras que la residencia estudiantil ofrecerá alojamiento a estudiantes extranjeros que cursen en la UNLaM “gracias a un sistema de intercambio académico que les permitirá a nuestros estudiantes continuar sus estudios en otras universidades del mundo”.

Otras casas de estudios del conurbano también han expresado, en diversos tonos, su preocupación por la situación presupuestaria. Entre ellas, se han pronunciado las universidades de Lomas de Zamora (UNLZ), Hurlingham (UNAHUR), Quilmes (UNQ) y Arturo Jauretche (UNAJ). Cada una de ellas tiene entre 30.000 y 40.000 estudiantes, según los últimos datos oficiales (de 2022).

En la Universidad Nacional de Cuyo, en tanto, las autoridades informaron que las solicitudes de becas crecieron 39%, según publicó El Sol. En Mendoza, la marcha del martes partirá desde el Campus de la UNCuyo a las 16 hs y habrá una concentración en Plaza Independencia a las 18 hs. “Las universidades no adoctrinan sino que democratizan la palabra. Las universidades son aquellos espacios en los que se escucha a las diversas voces, en las que se trabajan todas las ideas”, expresó la rectora, Esther Sánchez, en un comunicado difundido por la universidad.

La Universidad Nacional del Comahue, con sedes en Neuquén y Río Negro, es la más grande de la Patagonia. Ahí ya redujeron servicios de limpieza y telefonía. Además, la universidad tiene una deuda de 19 millones de pesos con Aguas Rionegrinas que no puede afrontar, según declaró la rectora, Beatriz Gentile, en un comunicado.

Gentile también expresó preocupación por las tarifas y fue una de las rectoras que confrontó con los funcionarios nacionales en el plenario en la UNSAM la semana pasada. Allí dijo: “En 1970 éramos 24 millones de habitantes, y la matrícula universitaria era de 200.000. En el año 2013, la población argentina era de 42,5 millones y la matrícula universitaria era de 1.500.000 estudiantes. Es decir que, en 40 años, la población creció un 77% y la matrícula universitaria creció un 750%. Ningún país que se pretenda desarrollado o emergente puede mirar esto como un fracaso: al contrario. Yo no voy aceptar un diagnóstico decadentista de la historia argentina, y menos de la universidad. No hay que pensar en cómo destruimos lo que tenemos, sino cómo lo mejoramos”.

Fuente: Infobae.com

El fondo Burford Capital le pidió a la jueza de Nueva York Loreta Preska que «autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino» desde que expropió la compañía en 2012.

El pedido se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga al país abonar US$ 16.100 millones.

Burford adquirió los derechos de Petersen Energía, empresa de la familia Eskenazi, que está asociada en un 30% del cobro si la justicia falla a favor del fondo. El fondo quiere a su nombre todas las acciones que el Estado argentino tiene en YPF. ESTO NO LE GUSTA A LOS AUTORITARIOSEL EJERCICIO DEL PERIODISMO PROFESIONAL Y CRÍTICO ES UN PILAR FUNDAMENTAL DE LA DEMOCRACIA. POR ESO MOLESTA A QUIENES CREEN SER LOS DUEÑOS DE LA VERDAD.HOY MÁS QUE NUNCASUSCRIBITE

Denuncian que el directorio de YPF quiere aumentarse el sueldo a $70 millones

La demanda que ya lleva más de 9 años de trámite, y está en proceso de apelación, llegó después de que la jueza Preska fallara en contra del país y lo encontrara culpable de expropiar mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

Burford había solicitado días atrás quedarse con el paquete accionario, en un pedido secreto. Argentina pidió que se hiciera público, Preska aceptó y la noticia trascendió esta tarde.

Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, el pedido incluyó también a las acciones de YPF que están en manos de las provincias.

«En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio«, dijo Maril. 

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La ley de Expropiación dice que «se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros’», indicó el experto.

Consideró que esto ocurre porque la Argentina «no puso una garantía en enero como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo». 

«Sí que es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones. Ya dijo que podían ser utilizadas como garantía. Si eso pasa y el Estado no cumple entraría en desacato con la corte norteamericana, algo que ya pasó con el juez Thomas Griesa, hace casi 10 años. Entrar en desacato una vez más con una corte americana sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido», indicó.

Fuente: Perfil.com

El Gobierno encara una semana clave para sus proyectos a corto plazo, con la nueva Ley Bases en el centro de la escena y el Pacto de Mayo en el horizonte, que determinarán el éxito o el fracaso de las extensas negociaciones con la oposición que se dieron en el último tiempo para tratar de acercar posiciones y que se aprueben en el Congreso las primeras reformas propuestas por el presidente Javier Milei.Te puede interesar:El kirchnerismo frente al primer desafío serio de Milei: el pacto político y fiscal amenaza la unidad peronista en el Congreso

A más de cuatro meses de la asunción del libertario, la Cámara de Diputados todavía no sancionó ninguno de los proyectos enviados por el oficialismo, que se encuentra en franca minoría en el recinto y necesita de los votos del PRO, de la Unión Cívica Radical (UCR) y de espacios más pequeños para revertir esta situación.

Esto es lo que las autoridades nacionales quieren cambiar y es por eso que el ministro del Interior, Guillermo Francos, conversó con gobernadores y referentes de distintos partidos dialoguistas hasta acordar un borrador con las iniciativas que ya tienen cierto consenso y que van a terminar de pulirse en el plenario de comisiones que empezaría a trabajar el martes próximo.Te puede interesar:Foro Llao Llao: el “aguante” de los CEOs a Milei, la promesa de menos impuestos y una apuesta a las elecciones de 2025

Sin embargo, La Libertad Avanza llegará al encuentro con su propia fractura generada a partir de una fuerte interna entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y quien era el jefe de la bancada, Oscar Zago, reemplazado por el cordobés Gabriel Bornoroni, cercano a Karina Milei.

El nuevo líder del bloque deberá unificar criterios a la hora de debatir los artículos de la ley con los otros espacios, en un grupo que viene con diferencias que salieron a la luz tras la designación de Marcela Pagano en la comisión de Juicio Político.Te puede interesar:Milei adelantó que el lunes habrá una cadena nacional para anunciar el superávit fiscal de marzoMarcela Pagano (Ariel Torres)

Las acusaciones de traición contra la periodista por haber sido elegida para ese puesto, por parte de su compañera de banca Lilia Lemoine,fueron escalando y derivaron en que la primera de ellas sufriera un pico de estrés que la obligó a internarse durante varios días.

De acuerdo con lo que revelaron a Infobae distintas fuentes libertarias, fue Zago el que decidió convocar a sesión para nombrar a Pagano al frente de esa comisión, para evitar así que el kirchnerismo pudiera quedarse con el lugar.

Sin embargo, la medida no fue del agrado de Martín Menem, quien sostuvo que no había consenso en el bloque y ordenó suspender el encuentro parlamentario, pero de todas formas la sesión continuó hasta la votación, a pesar de la queja a viva voz de Lemoine, que les advirtió a sus colegas que “no estaban siendo leales” a Milei.

Algunas horas más tarde, el presidente de la Cámara se reunió con Pagano y le pidió personalmente que renunciara a ese cargo y que desconociera la validez de aquella votación, a cambio de ser nombrada en otra comisión, como la de Libertad de Expresión o de Finanzas.

No obstante, la periodista se negó a ese reclamo y aseguró que, si no respeta lo que se decidió por mayoría en aquel encuentro de la comisión de Juicio Político, estaría rompiendo el reglamento del Congreso y “haciendo algo ilegal”.

En el grupo de WhatsApp en el que están todos los diputados de La Libertad Avanza, la cuestión no pasó desapercibida y el miércoles por la mañana una de las integrantes del oficialismo incluso -con tono de broma, pero sin disculparse luego- advirtió que es “experta en gualichos” y que, ante conflictos como este, prefiere “resolver las cosas con violencia física”.

Todo este contexto, sumado a que un grupo de empleados administrativos que trabajaban con Pagano y que renunciaron de manera sorpresiva, además de un supuesto incidente en un bar con una persona que aparentemente la estaba vigilando- derivó en que la legisladora quedara internada en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, después de vomitar con sangre.La vicepresidenta Victoria Villarruel (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el Senado, en tanto, el oficialismo también vivió un cimbronazo hace algunos días, cuando en el recinto se aprobó un aumento de la dieta para sus miembros, una medida que va en contra de los planteos de austeridad de Milei que, sin embargo, no responsabilizó a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, por lo sucedido.

De todas formas, la Vicepresidenta criticó a “los trolls propios y ajenos” que la cuestionan en las redes sociales y remarcó que lo que sucedió en la Cámara alta “es perfectamente legal” y ella no tenía “herramienta alguna para frenarlo”.

“Claro que hay limitaciones. Esto es una democracia. Si quieren que me comporte como una dictadora, no lo voy a hacer. Las reglas son estas y todos los bloques estuvieron de acuerdo”, explicó la funcionaria, al responderle a un usuario de X que la defendió.

En el entorno de Villarruel detallaron que los mensajes que compartió en su cuenta de esa red social fueron de manera preventiva, ante las posibles quejas por la aprobación del proyecto que fue impulsado por el peronista disidente Juan Carlos Romero, que consiguió los dos tercios necesarios para sancionar el incremento.

En marzo pasado, Menem y Villarruel desactivaron otra suba otorgada a fines de febrero último, lo que fue fuertemente cuestionado por el presidente Milei, que ordenó retrotraer la medida y luego se fotografió con su vice para mostrar unidad.

El Pacto de Mayo y los empresarios

El Presidente con los empresarios Martin Migoya y Guibert Englebienne

Mientras el oficialismo se prepara para el debate en el Congreso, el jefe de Estado encaró una agenda propia vinculada con el sector privado, al que le habló de forma directa el viernes en su discurso en el Foro Llao Llao, en la ciudad de Bariloche.

Ante un amplio grupo de empresarios, entre los que estaban los fundadores de algunas de las compañías más importantes del país, como Marcos Galperin, de Mercado Libre; Martín Migoya y Guibert Englebienne, fundadores de Globant, Sebastián Serrano, de Ripio, entre otros, el mandatario nacional ratificó su plan económico.

Las palabras del Presidente llegaron después de la reunión del jefe de Gabinete, Nicolas Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con Jay Shambaugh, subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, en la que se buscó mostrar el apoyo de la administración de Joe Biden al programa de la Argentina.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, también expresó su respaldo a las políticas de Milei, al destacar que “la inflación en Argentina está bajando un poco más rápido” de lo que esperaba el propio organismo.

El miércoles, el Gobierno ordenó que el 75% de las empresas de medicina prepaga bajen el precio de sus cuotas, ya que deberán recalcular los aumentos que aplicaron desde diciembre, tomando como base para el cálculo el Índice de Precios al Consumidor.

En este contexto, el Presidente insiste en que las reformas que se enviaron al Congreso son fundamentales para que el país vuelva a crecer y le reclamó a la oposición un respaldo que culminará con la firma del Pacto de Mayo en Córdoba capital.

De hecho, el área de ceremonial de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, ya viajó hasta esa provincia para analizar las posibles locaciones donde se podría realizar el acto, previsto para el 25 de mayo, y aunque todavía no hay un sitio confirmado, el Centro de Convenciones aparece como una de las opciones más viables.

Fuente: Infobae.com

Los senadores generaron ayer una gran polémica al resolver, en una votación fugaz y a mano alzada, duplicarse sus dietas mensuales para llevarlas a un valor neto de $4,3 millones. La discusión política y social que provocó la votación hizo que pasara inadvertido un dato adicional: que al mismo tiempo se asignaron un aguinaldo, que hasta ahora no percibían. Así lo confirmaron este viernes a LA NACION fuentes de la Cámara alta.

“Si se lee bien el proyecto, dice que los senadores percibirán un total de 13 dietas anuales. La decimotercera es para que puedan cobrar los dos medio aguinaldos, algo que hasta el momento no existía”, deslizó la fuente.

De hecho, el proyecto de resolución que aprobaron ayer incluye explícitamente este nuevo beneficio. “Establécese que a partir del mes de mayo del presente año los senadores nacionales percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una de las mismas serán equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos por desarraigo”, indica el texto votado a mano alzada.

En el mismo texto, después se aclara que “el valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos de conformidad con las previsiones de la ley N° 24.600″ y que “el gasto que demande el cumplimiento de esta resolución se imputará a la partida de gastos del Honorable Senado de la Nación”. La dieta no es un salario, ya que no está comprendida en las leyes laborales, que incluyen el pago de dos medio aguinaldos anuales.

“Los senadores están muy descontentos con lo que cobran. Y como decidieron avanzar con la resolución, que todos conocían y por la que nadie se puede hacer el distraído, creyeron que era una buena oportunidad para equiparar su situación con la de los empleados del Senado, que sí cobran aguinaldo. Eso hace incluso que los empleados de categoría 1, la superior, tengan ahora salarios superiores a las dietas de los propios senadores”, indicó un colaborador que conoció de antemano la resolución que provocó el escándalo.

Diálogos en el comedor

El proyecto de resolución votado el jueves tras la aprobación de los pliegos de seis embajadores había empezado a gestarse el miércoles en conversaciones que algunos senadores mantuvieron, a la hora del almuerzo, en el comedor de la Cámara alta. Allí se los pudo ver al salteño Juan Carlos Romero y a la neuquina Lucila Crexell charlando animadamente sobre la iniciativa, lo que despertó el interés de otros senadores. Horas más tarde, la iniciativa ya estaba circulando en todos los bloques.

Según pudo saber LA NACION, el proyecto terminó de tomar cuerpo cuando llegó a manos del formoseño José Mayans, el jefe de una de las bancadas del peronismo en el Senado, a quien le llegó directamente desde el despacho de Romero. “Mañana se va a armar quilombo”, se avisaban el miércoles por la noche los colaboradores de mayor confianza de los senadores que pergeñaron el proyecto.

“Estuvo todo pensado de antemano: que fuera un proyecto de resolución y no un proyecto de ley, porque luego puede ser vetado por el Poder Ejecutivo. Y que la votación fuera a mano alzada, porque el taquígrafo no puede verificar en pocos segundos quién votó y quién no. Por ende, en el registro queda como una votación unánime”, se ufanó la fuente consultada, que se desempeña en el Congreso desde hace más de 20 años.

De ahí que la posición de los senadores de La Libertad Avanza (LLA) tras la sesión se convirtió en una queja retórica, pero no efectiva. Incluso un libertario, el puntano Bruno Olivera Lucero, estampó su firma en el proyecto, aunque luego argumentó que se había “equivocado”. Los radicales Daniel Kroneberger (La Pampa) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego) también rubricaron la iniciativa.

Los pliegos de los embajadores

El jueves por la mañana, los armadores del proyecto del aumento de las dietas agregaron un condimento político a la maniobra, que fue multipartidaria. Dejaron entrever a los críticos de la aprobación del pliego del rabino Axel Wahish, confesor del presidente Javier Milei, que la iniciativa solo prosperaría en caso de que “todos los pliegos” -fueron seis en total- fueran aprobados.

Así llegaron a las diez de la mañana del jueves, a la reunión de labor parlamentaria que encabezó la vicepresidenta Victoria Villarruel. Allí estuvieron los presidentes de todos los bloques, incluidos los que luego dijeron estar en desacuerdo con el aumento de las dietas, Ezequiel Atauche (LLA) y Luis Juez (Pro). Hubo luz verde para que tras la votación de los pliegos, se procediera a aprobar la resolución del aumento de las dietas.

El portavoz de la iniciativa fue Romero, veterano de una interminable secuencia de batallas legislativas. “Alguien tenía que poner la cara y ningún joven con aspiraciones lo iba a hacer”, reconocieron este viernes en el Senado, donde -aseguraron las fuentes consultadas- el salteño quedó “muy valorado puertas adentro”.

Afuera del palacio legislativo, en cambio, hubo una oleada de repudios al aumento de las dietas, empezando por el propio presidente Milei. En la Cámara alta tenían conciencia de la situación, pero igual decidieron avanzar. “Con relación al aumento no hay autocrítica, porque las dietas son bajas y los senadores son 72 y van a seguir siendo 72. Es decir, no va a crecer la masa salarial. Ahora, el problema es que se habla de cuatro millones de pesos y a la gente le suena horrible”, se sinceraron.

Por eso, nadie saldrá a defender el aumento de las dietas. “Les queda el camino libre a los culposos que avalaron la votación a mano alzada, se callaron la boca en el recinto y ahora se rasgan las vestiduras”, disparan sobre los senadores de LLA, algunos del Pro y de la UCR que se despegaron de la maniobra. “Pero después que no se quejen de que por el ajuste, en el Senado no hay ni café”, advierten.

La votación del aumento de las dietas dejó, con todo, un “mensaje político” para el presidente Milei. “Ojo que en un día juntamos los dos tercios para las dietas y que ya le dimos los 39 votos a Villarruel para que pusiera a funcionar el Senado. No sea cosa que nos sigan presionando tanto que un día juntemos los votos para sesiones más relevantes”, avisan, en tono de amenaza. “De todo se vuelve, de la 125, del aborto, de cosas que al otro día parecía que se venía abajo el mundo (…) y acá estamos”, ironizan.

Mariano Spezzapria

Fuente: La Nación