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El gobierno de La Libertad Avanza, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo del abogado Diego Spagnuolo, avanza con la auditoría sobre el universo de un millón de beneficiarios de una Pensión No Contributiva por Discapacidad Laboral. Hasta ahora, el 60 % de las personas no se presentaron a verificar los requisitos y asegurar que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes lo necesitan.Te puede interesar:El Gobierno desplazó al titular de la Sindicatura General de la Nación, Miguel Blanco

Hasta la fecha, a 65.230 personas se les suspendió el beneficio por diferentes irregularidades. Otras 8.207 renunciaron a la asignación estatal de forma voluntaria para evitar un posible juicio, ya que no cumplían con los requisitos. Se dieron de baja 6.643 beneficios más porque los titulares habían fallecido, pero un familiar seguía cobrando la transferencia social.https://2c15c5cec0a8ff70e8f9669212e3b171.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

En total, el Estado dejó de abonar 80.080 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral. Solo esas bajas significan un ahorro de más de 23 mil millones de pesos mensuales, exactamente $23.143.120.000.Te puede interesar:Escándalo en Salta: renunció un joven concejal de LLA que le exigía sexo oral a una mujer a cambio de 10 mil pesos

La cifra surge de multiplicar la cantidad de suspensiones y bajas por los $289.000 mensuales que percibían: los $219.000 que representan el 70 % de la jubilación mínima, sumado al bono de $70.000.https://2c15c5cec0a8ff70e8f9669212e3b171.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

En los despachos oficiales especulan que, al finalizar la auditoría, las bajas podrían superar ampliamente los 250.000 beneficiarios como mínimo.Te puede interesar:Javier Milei participa del acto por el 31° aniversario del atentado a la AMIA

Las principales razones detrás de estas suspensiones incluyen el no cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para acceder a la pensión, así como la inasistencia reiterada a las auditorías convocadas sin justificación. Estas suspensiones podrían transformarse en bajas definitivas al finalizar el proceso.

Las autoridades de la ANDIS entienden que “la importancia de estas auditorías es un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada”, y esperan que “este proceso continúe, permitiendo una mayor transparencia y equidad en la distribución de los beneficios”.Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS (Fuente)

La auditoría afecta a todas las personas que reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, otorgada bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, y sus modificaciones. Según se recordó a este medio, la medida “no incluye a menores de edad ni a personas que ya fueron auditadas en 2024”.

Las auditorías son realizadas por profesionales médicos del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los beneficiarios reciben una carta documento con la fecha, hora y lugar donde deben presentarse, según el domicilio declarado cuando accedieron al beneficio. En caso de no responder, se envía una segunda intimación. Si no asisten, se procede a la suspensión. En ese punto llega la tercera instancia: en el banco donde cobran el beneficio se les informa que no percibirán la asistencia si no regularizan su situación, esto es, comunicarse con la ANDIS para acordar una revisión médica. De no hacerlo, se inicia el trámite para la baja definitiva.

En la auditoría se revisan los documentos que acreditan la condición médica del beneficiario. Por esa razón, es indispensable llevar el Documento Nacional de Identidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo posee, y los certificados médicos por los que se accedió a la pensión.

Spagnuolo y los funcionarios del Ministerio de Salud manejan una hipótesis basada en testimonios y causas judiciales en trámite, como por ejemplo en Chaco y Salta. Durante el último gobierno kirchnerista, a cargo de Alberto Fernández, se habrían entregado hasta mil Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral en actos políticos. Lo que representa unos 300 millones de pesos mensuales.En los últimos gobiernos kirchneristas se batieron records en el otorgamiento de pensiones por discapacidad laboral (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

“Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández hicieron una política de subsidios discrecionales, no como producto de una evaluación médica y necesidad social ante una vulnerabilidad manifiesta. Es lo que estamos revirtiendo”, afirman.

Hay casos escandalosos: certificados que indicaban “amputaciones” que no eran tales; una misma radiografía fue utilizada en 150 trámites; diagnósticos por “pie plano”; una mujer que se disfrazó para hacerse pasar por su esposo; presos que se presentaron a la evaluación; y hasta muertos que seguían cobrando el beneficio estatal.

El 12 de febrero pasado, el gobierno de Javier Milei, en el marco del reordenamiento del sistema que está llevando a cabo el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, comenzó a enviar las primeras cartas documento para comenzar a auditar todas las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral activas.

Desde la Casa Rosada sospechan que en las últimas dos décadas los gobiernos —en especial los kirchneristas— utilizaron el otorgamiento de este tipo de beneficios con fines políticos. “Las estadísticas no mienten —sostiene Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS—: entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes, incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, dice, y agrega: “Bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta cifra volvió a ascender, llegando a unas 1.250.000 pensiones entre 2019 y 2023”.ntre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000 Fotografía: Adrián Escandar

El Decreto 842/2024, firmado por el Poder Ejecutivo y publicado el 9 de abril de 2024, establece un nuevo marco normativo para las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en la Argentina. Por ejemplo, crea un nuevo Cuerpo Médico Evaluador bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El decreto también impone la obligatoriedad de actualización de datos y reinscripción de todos los beneficiarios, endurece las condiciones de incompatibilidad (como la percepción de otros ingresos o situaciones judiciales pendientes), y otorga mayores facultades a la ANDIS para auditar, suspender o dar de baja pensiones. Se la autoriza a intercambiar información en tiempo real con otros organismos del Estado, como el Ministerio de Justicia, ANSES, PAMI y AFIP. La ANDIS fue autorizada para “suspender cautelarmente beneficios ante sospechas fundadas de irregularidades”. Entre ellas se detectó, por ejemplo, que:

-212 presos cobraban de manera irregular una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. El 85 % de estas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos kirchneristas.

-331 prófugos de la justicia también estaban recibiendo estas pensiones.

-Un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y, al ser citado para revisión médica, “asistió acompañado de un abogado”.

-Había beneficiarios con documentación incompleta o diagnósticos falsos, quienes argumentaron haber recibido la pensión por estar “respaldados por representantes del Movimiento Evita”.

-En otro caso, en lugar del beneficiario, a la auditoría se presentó su hijo, quien reconoció que su padre “vive en Egipto desde hace meses” y que él cobraba la pensión.

El gobierno también derogó el sistema anterior que permitía evaluaciones más flexibles y que, según las autoridades de la ANDIS, había facilitado la inclusión de beneficiarios que no cumplían con los requisitos médicos.

La nueva legislación impone que: “Todos los beneficiarios deberán revalidar su condición mediante una declaración jurada actualizada y una nueva evaluación médica”, y “se fija un plazo obligatorio para reinscribirse, tras el cual los beneficios podrán suspenderse o darse de baja”.

El decreto también especifica que no podrán acceder ni mantener la pensión aquellas personas que:

-Estén detenidas o prófugas de la justicia.

-Perciban otros ingresos regulares que superen el monto establecido como tope por la legislación.

-Sean beneficiarios de otras prestaciones previsionales o de planes sociales incompatibles.

Entrevistado por Infobae Diego Spagnuolo, ya había expresado que: “Este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de pensiones por invalidez laboral, con el objetivo de garantizar que solo aquellos que realmente lo necesitan puedan acceder a estas prestaciones”. El ex abogado de Javier Milei recordó que su gestión frente a la ANDIS “avanza en pos de la transparencia y justicia en un sistema que, hasta ahora, ha estado marcado por el abuso” y aseguró que “no se le quitará el beneficio a quien verdaderamente le corresponda”, pero que sí lo perderán “aquellas personas a las que le fueron otorgadas de manera fraudulenta durante las últimas gestiones”.

Fuente: Infobae.com

En medio de las disputas en el Poder Ejecutivo entre Victoria Villarruel y Javier Milei, la vicepresidenta difundió este jueves en sus redes sociales un nuevo sitio web que comparte exclusivamente noticias de su agenda, transmisiones en vivo de las sesiones en el Senado y otras noticias vinculadas a su cargo.

Desde su entorno aclararon a LA NACION que la página “Actualidad VEV” [por las siglas de su nombre] no pertenece a la vicepresidenta, sino que fue creado por un grupo de mujeres del interior del país que idearon la aplicación y suben el contenido. En tanto, especificaron que las creadoras no forman parte del equipo de trabajo del Senado ni reciben ningún tipo de remuneración.

En el menú principal, en el cual se resalta el color azul como el predominante, aparece el nombre del sitio web y el sol de la bandera argentina. Más abajo se encuentran noticias sobre la agenda de Villarruel, las cuales están divididas por cinco categorías: últimas entradas, Senado, actividades, interior del país y redes.

La página también está segmentada por otras tres secciones: “En vivo”, para transmisiones en directo de las sesiones en la Cámara alta; “Entrevistas”; y “Fechas y símbolos patrios”, donde se publican ediciones de un blog.

Entre las notas de la página principal se encuentran novedades sobre la visita de la vicepresidenta a Tucumán en el marco de la última celebración del Día de la Independencia, una reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y defensas de Villarruel. Según las fechas de publicación, algunos contenidos fueron subidos a la plataforma a principios de 2024, lo que cuenta con actividad desde momentos cercanos al de su asunción.

La vicepresidenta compartió en sus redes el contenido de Actualidad VEV en medio de las fuertes tensiones que mantiene con Milei. Su vínculo, que ya presentaba asperezas, empeoró después de que la presidenta del Senado diera inicio el jueves pasado una sesión convocada por la oposición, la cual desde el gobierno nacional consideran como nula e irregular.

Tanto el Presidente como la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y otros funcionarios del Gobierno acusaron a Villarruel de “traidora”, a lo que la vicepresidenta respondió defendiéndose. “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE, y listo”, expresó públicamente en sus redes tras la sesión.

Fuente: La Nación

A31 años del atentado más grave en la historia argentina, la AMIA y la DAIA llevarán adelante su tradicional homenaje frente a la sede de la mutual judía, en Pasteur 633. Con la presencia del presidente Javier Milei, acompañado de parte de su gabinete, entre ellos Patricia Bullrich, Luis Petri, Guillermo Francos, Manuel Adorni, Mario Lugones y Karina Milei, sonó el shofar a las 09:53 en punto.

Acto seguido se pidió un minuto de silencio, el cual fue acatado por la multitud presente en la puerta de la AMIA. Se reprodujo un video con locución de Ricardo Darín y luego Mariana Fabbiani, conductora del acto, dio inicio al acto formal.

Los nombres de las 85 víctimas fatales se leyeron en orden alfabético. Cada nombre fue seguido del grito «presente«. Mariana Fabbiani destacó el recuerdo del fiscal Alberto Nisman, la presencia del Presidente y a quienes siguen el acto de manera online. A continuación, le cedió la palabra al presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

Las palabras del presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza

“Pasaron 31 años de una mañana que abrió las puertas a la noche más oscura”, expresó Armoza al iniciar sus palabras frente a la sede de Pasteur 633.

Armoza remarcó que se trató de “31 años de un instante que cambió para siempre nuestras vidas y marcó con sangre inocente la historia de nuestro país”. Señaló que en este tiempo han escuchado “los reclamos de dirigentes comunitarios, los testimonios de sobrevivientes, la memoria viva de los familiares, el acompañamiento de artistas, figuras relevantes de nuestro país y de gran parte de la sociedad”.

“Todos reunidos una y otra vez en este mismo lugar, para que el silencio no se vuelva olvido y la memoria no se arrincone sólo a una ceremonia”, continuó. Y agregó: “En cada acto dijimos claramente que Irán es el máximo responsable por el atentado que asesinó 85 inocentes y dejó más de 300 heridos”.

El titular de la AMIA recordó que “la justicia de nuestro país dictaminó la responsabilidad de las más altas autoridades iraníes en la planificación y ejecución del atentado mediante su brazo armado, la organización terrorista Hezbolá”, y mencionó que ocurrió “de la misma manera que lo hicieron dos años antes contra la embajada de Israel en Buenos Aires”.

“Interpol convalidó las conclusiones de la investigación y estableció las alertas rojas para la captura internacional de los acusados”, añadió Armoza. También destacó que “el año pasado, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo ejemplar en el que volvió a confirmar la responsabilidad de Irán y de Hezbolá en los ataques terroristas de 1992 y 1994”.

“Este veredicto no sólo ratificó los motivos del atentado, sino también por qué Argentina fue el blanco elegido”, sostuvo. En ese sentido, subrayó que “es crucial aprender del pasado y que nuestras autoridades tomen medidas para que nunca más suceda”, ya que “el terrorismo está más activo que nunca”.

Armoza mencionó a dos de los señalados como responsables: “Mohsen Rabbani, exagregado cultural de Irán, y Salman Raouf Salman, miembro de Hezbolá, fueron los principales coordinadores del ataque”.

El presidente de la AMIA llamó al Gobierno argentino a trabajar en conjunto con el de Estados Unidos

“Hacemos un llamado a nuestro Gobierno y al de Estados Unidos para que trabajen juntos y logren que ese asesino enfrente la ley”, dijo. “El mismo pedido le hacemos formalmente a la República del Líbano: si aspira a la paz, debe entregar a sus ciudadanos para que sean juzgados”.

Armoza advirtió sobre “la infiltración iraní en Latinoamérica, que se expande ante la ausencia de una respuesta seria y firme de los gobiernos regionales”, y mencionó como ejemplo “el episodio del avión venezolano iraní en 2022, con su tripulación sospechosa y la presencia de altos oficiales iraníes”. Según dijo, ese hecho “confirmó esas alertas y expuso las falencias de nuestro sistema de seguridad e inteligencia”.

También cuestionó el acuerdo militar firmado entre Irán y Bolivia, al señalar que “exige una inmediata reacción por parte de nuestras autoridades, incluyendo el refuerzo de los controles fronterizos”. Recordó que “ya en su dictamen de mayo de 2013, el fiscal Alberto Nisman, que en paz descanse, documentó con precisión la profundidad de la estructura terrorista montada por Irán y Hezbollah en numerosos países de Latinoamérica”.

“El atentado contra la AMIA no puede ser comprendido como un hecho aislado”, continuó Armoza. “Debe entenderse a nivel regional, en el marco de una política sistemática de penetración cuidadosamente articulada desde Teherán y ejecutada a través de una red clandestina que actúa bajo coberturas diplomáticas, religiosas y culturales”.

Según el presidente de la AMIA, “esa amenaza está viva, activa y se adapta a las condiciones de cada época”. Frente a este escenario, consideró que “sólo una cooperación internacional seria y sostenida, basada en el intercambio de información, la prevención y el compromiso político podrá ofrecer una respuesta a la altura del desafío”.

“Argentina, que ya sufrió dos atentados terroristas, tiene el derecho y la responsabilidad de impulsar esa alianza global contra el terrorismo”, afirmó. “Debe insistir para que toda la región designe a Hezbolá como grupo terrorista, congele sus bienes e impida su crecimiento”.

Armoza reclamó además medidas internas: “En nuestro país necesitamos medidas adicionales. Argentina debe designar a las fuerzas y precisamos leyes modernas para combatir el terrorismo”. Según alertó, “Argentina sigue con herramientas obsoletas y sin contar con una nueva ley específica para prevenir y enfrentar este flagelo”.

Por último, se refirió al estado de la causa judicial: “Respecto a la causa principal, exigimos resultados concretos y respuestas firmes a las incógnitas que aún persisten después de 31 años”.

Armoza exigió avances en la causa, criticó la impunidad y advirtió sobre el antisemitismo global

Osvaldo Armoza, centró su mensaje en los obstáculos judiciales que enfrenta la causa, la impunidad persistente y el contexto global de antisemitismo tras el ataque de Hamás en octubre de 2023.

“Después de 31 años, es preciso conocer el origen y la obtención del explosivo, el lugar de armado de la camioneta bomba, a quién se la entregó, quién ingresó la camioneta al estacionamiento y quién formó el grupo operativo final”, reclamó Armoza. Y agregó: “Después de tanto tiempo, la incertidumbre en estos temas es inaceptable”.

El presidente de la AMIA llamó directamente a los fiscales del caso: “Esperamos que los fiscales Basso y Miranda agoten todos los recursos y exijan lo necesario a las autoridades políticas para esclarecer el caso por completo. No aceptamos más excusas ni dilaciones”.

Apuntó también contra las condiciones materiales de trabajo del equipo judicial. “Es intolerable que toda la documentación que pertenecía a la SIDE, ahora bajo custodia de la Fiscalía, esté guardada en un edificio que no tiene las condiciones estructurales mínimas”, denunció. Y detalló: “Hablamos de contaminación de asbestos, inundaciones, peligros de derrumbe, aire tóxico y falta de ventilación”.

“Exigimos que se pongan todos de una vez por todas a la altura de las circunstancias, que aceleren y concreten su trabajo, que hasta ahora no queda claro cuál es”, sostuvo. También pidió que “si hay trabas para su tarea, realicen las denuncias correspondientes”, y agregó: “Su pasividad frente a la envergadura del trabajo que tienen por delante es inaceptable. Al ritmo que avanza la revisión de esta documentación, pasarán otras tres décadas hasta que esa tarea pueda dar algún resultado”.

Armoza reclamó una definición sobre el recurso contra la absolución de Carlos Telleldín: “Le reclamamos al procurador general de la Nación y a la Corte Suprema que resuelvan el recurso presentado por las querellas. Telleldín fue el último tenedor conocido de la camioneta que voló nuestro edificio. Su absolución fue un golpe duro a nuestras expectativas. Ahora confiamos en que la Corte Suprema resuelva el caso como corresponde”.

También se refirió a la muerte del fiscal Alberto Nisman: “No podemos dejar de señalar otra vergüenza nacional: la impunidad en el asesinato del fiscal Alberto Nisman, cuya valentía y aporte a la investigación destacamos en forma permanente. Su muerte en oscuras circunstancias también es una herida abierta”.

En ese mismo tono, Armoza interpeló: “¿Qué esperan? Si tienen impedimentos, denúncienlos. El silencio es complicidad”.

La opinión del presidente de la AMIA sobre la Ley de juicio en ausencia

Más adelante, valoró el avance del juez federal Daniel Rafecas al solicitar aplicar la Ley de Juicio en Ausencia al caso AMIA: “Hace pocas semanas, el juez Rafecas solicitó aplicar al caso AMIA la Ley de Juicio en Ausencia, sancionada el año pasado por el Congreso Nacional. Apoyamos esta decisión y la observamos con la cautela necesaria por tratarse de un instrumento inédito en nuestro país”.

“La experiencia nos ha enseñado que debemos ser cuidadosos y que todo avance dentro del proceso debe ceñirse a la más estricta legalidad”, advirtió. Y agregó: “Confiamos que en un futuro juicio oral, basado en pruebas concretas, se demostrará al mundo entero la responsabilidad de Irán, de Hezbolá y de quienes son fugitivos de la Justicia argentina”.

Armoza abordó luego el escenario internacional: “Hoy enfrentamos un contexto global que agrava nuestra preocupación, a partir del 7 de octubre de 2023, cuando los salvajes terroristas de Hamás ejecutaron el ataque más brutal e inhumano contra civiles”.

Advirtió sobre un fenómeno creciente: “Hemos visto un aumento alarmante del antisemitismo en todo el mundo. En lugar de provocar una condena unánime por ese crimen atroz que fue filmado y mostrado al mundo por las cámaras de los propios terroristas, éste fue relativizado, negado y hasta justificado en múltiples espacios”.

Señaló que esos discursos se han difundido en “universidades, redes sociales, medios de comunicación e incluso en parlamentos de países democráticos”, donde —según dijo— “se han naturalizado discursos de odio antijudío”. Y aclaró: “No hablamos de críticas a Israel, que son legítimas en cualquier democracia, sino de expresiones que celebran la violencia y que convierten la demonización de los judíos en una bandera ideológica”.

Armoza advirtió: “Esta ola de antisemitismo disfrazada de causa progresista o resistencia geopolítica es una amenaza para todos. Cuando el antisemitismo se normaliza, ninguna sociedad está a salvo”.

Luego recordó a las personas aún retenidas por Hamás: “Cómo pueden olvidar que, después de más de 640 días, todavía quedan 50 personas secuestradas en los túneles infernales de Hamás, en la Franja de Gaza. No ha pasado un solo minuto en que no pensemos en ellos”. Y concluyó: “Exigimos una vez más su liberación para que puedan finalmente regresar a sus hogares”.

Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA: «Celebramos que Argentina se haya parado en el lugar correcto de la Historia»

En la parte final de su intervención durante el acto por los 31 años del atentado a la AMIA, el presidente de la institución, Osvaldo Armoza, apuntó contra la comunidad internacional, valoró la posición de la Argentina frente al conflicto en Medio Oriente y renovó el compromiso con las víctimas, la memoria y la búsqueda de justicia.

“Y en este punto debemos ser muy claros”, comenzó Armoza. “Frente a la pasividad y al silencio cómplice de numerosos países y organismos internacionales que han rifado su prestigio, dignidad y mancillado los valores de los que fueron construidos”.

A continuación, expresó: “Celebramos que la República Argentina haya tomado la decisión de pararse en el lugar correcto de la historia. El apoyo expreso del Gobierno nacional hacia Israel, particularmente en un momento tan dramático, es un ejemplo digno de ser reconocido”.

En tono introspectivo, Armoza repasó el paso del tiempo desde el atentado: “Cuando repasamos estos 31 años, podemos sentir que ya no queda nada por decir. Podemos preguntarnos: ¿qué sentido tiene volver a reunirnos una fría mañana de julio para reiterar este acto? Pero aquí estamos, arropando a los familiares y sobrevivientes para que sepan que no están solos”.

“Cuanto más tiempo pase, estamos más comprometidos con la memoria y la justicia”, subrayó. Y reconoció: “Todavía no pudimos vencer a la impunidad. Pero no nos derrotaron. No lograron callarnos. Seguiremos juntos y de pie”.

Armoza volvió a recordar el ataque: “Porque en este mismo lugar, hace 31 años, mataron 85 personas: judías y no judías, argentinos y extranjeros, chicos, jóvenes, adultos y mayores. Porque el terrorismo no discrimina”.

También evocó los gestos de solidaridad tras la explosión: “Pero también en este mismo lugar, hace 31 años, minutos después de la tragedia, se acercaron a ayudar cientos de voluntarios, rescatistas y profesionales de la salud. Afortunadamente, la solidaridad tampoco discrimina”.

El titular de la AMIA hizo una reflexión sobre la sociedad argentina: “Somos una sociedad con enormes dificultades, es cierto, pero podemos mostrarle al mundo con orgullo nuestro ejemplo de respeto y convivencia pacífica. Nuestra capacidad de transformar el dolor en un motor de acción y resiliencia. Nuestra incansable búsqueda de memoria y justicia”.

“La pérdida de un ser querido de una manera tan brutal como es un acto terrorista es una marca que se lleva en el corazón para siempre”, dijo. Y añadió: “Hoy volvemos a rendir homenaje a quienes debían seguir con sus vidas. Y recordamos también todo el amor que esas 85 personas recibieron de ustedes, sus familiares, amigos y compañeros, y el acompañamiento de una sociedad que decidió no olvidarlos”.

En el cierre, agradeció la presencia del público y renovó el mensaje central del acto: “Una vez más, muchas gracias por estar hoy acá. Gracias por decir ‘presente’. Porque tenemos memoria. Exigimos justicia”.

En desarrollo

Fuente: Perfil.com

Cómo se había anticipado, el gobierno de Estados Unidos formalizó en la Justicia su apoyo a la Argentina en la causa YPF, una demanda que ya lleva 10 años y por la que el Estado local fue condenado en primera instancia, en 2023, a pagar más de USD 16.000 millones por expropiar mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.Te puede interesar:Caso YPF: los beneficiarios del fallo contra la Argentina presentaron sus argumentos para no demorar la ejecución de la sentencia

EEUU se presentó como amicus curiae, o amigo del tribunal, en un escrito que presentó ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. En ese sentido, recomendó que esa corte “debería suspender la orden de transferencia (de las acciones de YPF) a la espera de la resolución definitiva de la apelación de la Argentina”.https://eb3d546f8ad1d23c7fb58b8337515e9b.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

“El Gobierno argentino ha obtenido el respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su solicitud de suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF, dictada por la jueza Preska el pasado 30 de junio”, describió la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo que reúne al cuerpo de abogados del Estado argentino y lleva adelante la defensa.Te puede interesar:Bank of América calculó el precio del dólar en Argentina para fines de 2025 y 2026: por qué no abandona el carry trade

“No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado. Basta recordar que en 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitó al gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad de jurisdicción invocada por Argentina. En esa ocasión, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen contrario a nuestro país”, dijo el ente que encabeza Santiago Castro Videla, el mismo que anunció una purga y el despido de 60 funcionarios, en medio de una investigación oficial de la Casa Rosada por supuestas filtraciones y venta de información que habría terminado en los beneficiarios del fallo que litigan con el país.La jueza de primera instancia, Loretta Preska

“La situación ha cambiado. El gobierno del presidente Milei ha logrado que, en menos de un año, y bajo dos administraciones diferentes (Biden y Trump), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en esta causa. Se trata de un hecho significativo que refleja una política exterior coherente y clara, orientada a la defensa del interés nacional, y que también demuestra la seriedad de las presentaciones y la solidez de los argumentos jurídicos presentados por el Estado argentino”, destacaron.Te puede interesar:Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 18 de julio

La procuración dijo, además, que este nuevo apoyo se suma al que el propio Departamento de Justicia ya había expresado en noviembre de 2024, cuando Joe Biden era presidente, y se presentó una declaración ante Preska en defensa de la posición argentina contraria a la entrega de las acciones.

Conviene aclarar que no se trata de posturas vinculantes y que los jueces pueden analizar estas presentaciones y fallar en otro sentido. Ocurre de manera habitual y la jueza Preska ya falló en contra de la sugerencia del Departamento de Justicia en este mismo tramo de la demanda, la entrega de las acciones de la empresa a Burford Capital, el principal beneficiario del fallo condenatorio de primera instancia.

También, como estaba previsto, hoy los beneficiarios del fallo contra la Argentina presentaron sus argumentos para no demorar la ejecución de la sentencia.

Los argumentos de EEUU

“Este caso pone de manifiesto el firme interés del gobierno en la correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera conforme a la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (“FSIA”) y el derecho consuetudinario federal. Estas cuestiones pueden tener importantes ramificaciones para las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otros países», dicen los escritos de los funcionarios del Departamento de Justicia de EEUU.

También se argumentó que Argentina podría sufrir un daño irreparable sin la suspensión y que si entrega y transfiere las acciones de YPF a los acreedores en Estados Unidos “podría perder la posibilidad de reclamar dicha propiedad, incluso si prevalece en la apelación”.

“Por otro lado, exigir a Argentina que constituya una fianza en espera de la apelación la obligaría a localizar activos en Estados Unidos, que podrían entonces ser objeto de embargo”, destacaron.

Y arriesgan que Argentina prevalecerá en la apelación porque la orden de traspaso del tribunal de distrito es incompatible con los principios mencionados.

“Una suspensión de apelación no perjudicará a los demandantes. Argentina ha señalado que conserva sus acciones en YPF y no puede venderlas sin autorización legislativa”, dice otro de los pasajes que firmaron funcionarios estadounidenses.

Los tres documentos, uno por cada demandante, son similares y los firmaron Jay Clayton, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Sean Buckley, asistente del fiscal.

Fuente: Infobae.com

Desde este miércoles, rige el nuevo cuadro tarifario para los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida establece un boleto mínimo que se acerca a los $500 para los usuarios con la tarjeta SUBE registrada, buscando incentivar la nominalización y penalizando a quienes no lo hagan con tarifas mucho más elevadas.

Basándose en el cuadro publicado por la Secretaría de Transporte, aquellos pasajeros que no hayan registrado su tarjeta SUBE deberán abonar una tarifa diferencial significativamente mayor. En los tramos más largos de la Provincia de Buenos Aires, este valor puede superar los $1.067.

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Cuáles son las nuevas tarifas para el boleto de colectivo

El esquema de precios varía según la jurisdicción. Para las líneas nacionales, el boleto mínimo (primera sección) es de $451,01. En las líneas que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el valor asciende a $488,70. En tanto, para las líneas de la Provincia de Buenos Aires (PBA), el tramo más corto cuesta $489,61.

Una de las novedades más relevantes y que generará impacto es que el gobierno bonaerense de Axel Kicillof no mantuvo el beneficio de la Red SUBE, que ofrecía descuentos progresivos en el segundo y tercer viaje. Sin embargo, este beneficio sí se mantendrá para las líneas de jurisdicción nacional y de CABA.

Por su parte, el Gobierno Nacional confirmó que se sostiene el subsidio directo a los pasajeros a través de la Tarifa Social Federal (TSF). Este beneficio permite a grupos específicos de usuarios viajar con una tarifa reducida, cuyo boleto mínimo arranca en $202,95, aliviando el impacto del aumento para los sectores más vulnerables

Fuente: Mendoza online

El Gobierno implementó un protocolo para regular el despliegue de agentes encubiertos digitales en el ciberespacio.

El gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo protocolo para el despliegue de agentes encubiertos digitales en causas judiciales de delitos complejos, donde los sospechosos utilizan los sitios web y las redes sociales para cometer ilícitos.Te puede interesar:Habilitaron un nuevo trámite digital para acceder a la credencial de legítimo usuario de armas

La medida se publicó ayer en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 828/2025 firmada por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. En concreto, se trata de un nuevo marco normativo para el desarrollo de las tareas de los “agentes encubiertos digitales” y “agentes reveladores digitales” de las fuerzas federales, cuando su intervención es requerida por la Justicia.

“Hoy en día las organizaciones criminales, cada vez con mayor frecuencia, operan a través del ciberespacio, por lo que los agentes encubiertos y los agentes reveladores tienen que intervenir en el espacio digital en innumerables delitos (pornografía infantil, narcotráfico, terrorismo, etc.), por lo que los agentes Encubiertos Digitales constituyen una herramienta poderosísima en la lucha contra el delito complejo”, señalaron en una comunicación oficial desde el Ministerio de Seguridad nacional.Te puede interesar:Los representantes del campo confían en que Milei cumplirá con su promesa de bajar las retenciones

El protocolo regula los criterios para la designación de los agentes, y define las medidas de seguridad para quienes se infiltran cuando tienen que intervenir en la esfera digital. Hasta ayer, la Ley N° 27.319 reglamentaba las pautas para la actuación presencial de los agentes encubiertos, informantes y otras figuras similares, pero faltaban precisiones sobre su intervención en las plataformas virtuales.https://f8e9aa95f0481b36a89d6dc13c0ac8c6.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

La normativa incluye la creación de un «Registro de avatares» destinado a planificar la generación y uso de identidades ficticias para brindar apoyo en las investigaciones penales. De esta manera, los perfiles de usuario que se creen para obtener información de los posibles delincuentes y organizaciones criminales estarán supervisados por la cartera de Bullrich.Te puede interesar:Locomotora Oliveras continúa en terapia intensiva con la parte izquierda de su cuerpo paralizada

Cómo funciona el nuevo protocolo

Según se desprende del protocolo, el procedimiento se inicia con el oficio judicial que ordena la utilización de un agente encubierto digital. La Unidad Especial de Agentes Encubiertos solicita entonces a la fuerza policial o de seguridad interviniente la propuesta de un agente que cumpla con los requisitos de idoneidad y capacitación, fijados en la Ley 27.319.

Luego, otro organismo (la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos) analiza la propuesta y decide su aceptación o rechazo. En caso de rechazo, se solicita una nueva propuesta.

El agente designado elige los datos biográficos ficticios (el “avatar”) que utilizará para cumplir su misión y debe elevar una nota de aceptación del cargo. La Unidad Especial registra la actuación bajo un código de seguridad único y mantiene la documentación bajo custodia reservada.

Además, se prevé que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) pueda cargar los datos ficticios en las bases correspondientes, y emitir la documentación física o digital respaldatoria, en caso de que se necesite.

El resguardo de la identidad ficticia es obligatorio para todos los funcionarios públicos que intervienen en el proceso, y se advierte que filtrarlo puede acarrear sanciones y otras responsabilidades penales.

Por último, se establece que el uso de la identidad ficticia queda limitado exclusivamente a la misión judicialmente encomendada. Al finalizar su tarea, las autoridades deben suprimir la identidad ficticia de todas las bases de datos. Solo de manera excepcional, se permite que el agente continúe utilizando la identidad falsa si se justifica para su seguridad personal o una nueva investigación.

El ciberdelito bajo la mira

En el transcurso de 2024, Bullrich creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), y habilitó a las fuerzas federales a realizar ciberpatrullajes a través de la resolución 428/2024, con el fin de prevenir delitos de amenazas y otras formas de intimidación o coacción; operaciones comerciales con origen en hechos ilícitos, comercialización de instrumentos públicos, entre otras conductas reprochables.

Poco después, la órbita de actuación del ciberpatrullaje se amplió a las estafas piramidales, o aquellos “delitos de intermediación financiera no autorizada, mediante la utilización de criptoactivos”.

El último cambio que se produjo en ese sentido fue la reforma del Estatuto de la Policía Federal (PFA), que incorpora formalmente las tareas de ciberpatrullaje en “espacios públicos digitales” como tarea preventiva, pero sin necesidad de orden judicial, según se publicó en el Decreto 383/2025. Aquella normativa definía que el cuerpo judicial cuenta con estas facultades siempre y cuando existan “circunstancias objetivas” que hagan presumir un delito o “ante la imposibilidad de esperar a que se tramite una orden judicial”.Patricia Bullrich y Javier Milei, tras los cambios en el estatuto de la Policía Federal (REUTERS/Martin Cossarini)

Frente a un presunto ilícito, bajo estas condiciones, la persona podrá ser “conducida a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia de turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de 10 horas”, señala el nuevo estatuto policial, que dispone como derecho que la persona pueda comunicarse “en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza”.

La introducción de esa nueva prerrogativa generó polémica, al coincidir poco antes de las protestas en apoyo a Cristina Kirchner, tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad. La oposición denunció que la reforma “vulnera las garantías de intimidad, libertad de expresión y protección de datos personales”, y trascendía las prerrogativas del Poder Ejecutivo.

Desde el Gobierno, justificaron los cambios al indicar que el objetivo era “profesionalizar” las fuerzas de seguridad para ponerla a la altura de los “estándares internacionales como los del FBI”.

En simultáneo a la implementación del nuevo protocolo, la ministra Bullrich también dispuso la creación de un Consejo Académico Asesor ad honorem para la Unidad de Agentes Encubiertos, que estará integrado por jueces, fiscales, funcionarios del Ministerio de Seguridad y oficiales de alto rango de las fuerzas federales.

El consejo estará presidido por el juez federal Ricardo Basílico y tendrá, entre sus funciones, la elaboración de pautas y contenidos para la capacitación de agentes encubiertos, la optimización de investigaciones judiciales y la minimización de riesgos en operaciones de infiltración.

Fuente: Infobae.com

 the Iranian Supreme Leader542

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WASHINGTON.- El alineamiento del presidente Javier Milei con Israel y Estados Unidos, y su firme respaldo a la ofensiva norteamericana contra tres instalaciones nucleares iraníes el mes pasado, no pasaron desapercibidos en el régimen de los ayatollahs, que hicieron mención al mandatario argentino en un extenso informe presentado ante las Naciones Unidas por la misión iraní en Nueva York.

El informe, titulado “El descarado ataque al derecho internacional por parte del régimen israelí contra la República Islámica de Irán desde el comienzo de la agresión de ese régimen el 13 de junio de 2025”, circuló en las embajadas de distintos países en Londres, enviado por la legación iraní el 26 de junio, y se conoce cuando faltan solo dos días para un nuevo aniversario del atentado a la AMIA.

En dos puntos diferentes hay una referencia a la Argentina y otra a Milei, que en medio del conflicto bélico en Medio Oriente del mes pasado calificó a Irán como “un enemigo de la Argentina”.

En el punto 92 del informe, la misión iraní en la ONU resaltó: “Algunos otros países han declarado igualmente su apoyo a los actos de agresión del régimen sionista contra Irán. Entre ellos se encuentran Canadá, la Argentina, la República Checa y Paraguay”.

Y a continuación, el punto 94, apuntó contra el líder libertario. “El 13 de junio de 2025, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, respaldó las acciones militares del régimen sionista contra Irán y condenó los ataques defensivos iraníes contra el régimen sionista, expresando su apoyo a las anteriores acciones militares de Israel”.

“Este informe contiene documentación y materiales relativos al ataque militar ilegal y a gran escala iniciado por el régimen israelí contra la República Islámica de Irán. Además, incluye una evaluación jurídica de las flagrantes y sistemáticas violaciones del derecho internacional cometidas por dicho régimen en el curso de su conducta agresiva”, señala la nota de la embajada iraní en Londres. El informe remarca el “derecho a la autodefensa” del régimen antes las “agresiones”.

Este martes, en un acto en Washington para recordar el 31° aniversario del atentado a la AMIA en Buenos Aires, el Presidente -a través de un mensaje leído por el embajador Alec Oxenford– reafirmó el compromiso de la Argentina en su apoyo incondicional a Israel, “nuestro aliado estratégico junto con Estados Unidos”, especialmente “en momentos difíciles como estos, cuando Israel defiende su derecho a existir”.

Milei, que justo antes del ataque norteamericano ordenado por Donald Trump a las instalaciones nucleares iraníes estaba de visita en Israel, suele apuntar contra Teherán por los atentados a la AMIA, en 1994, y a la embajada de Israel, en 1992.

El grupo terrorista libanés Hezbollah, aliado de Irán, ha sido apuntado por diversas investigaciones como responsable de ambos atentados, aunque ambas causas siguen abiertas en la Justicia argentina, la cual, además, mantiene órdenes de captura contra varios exfuncionarios iraníes por el ataque de 1994 en Buenos Aires.

“Israel ya nos salvó de Irak en 1981; Israel nos salvó de Siria en 2007; y ahora lo está haciendo de vuelta. Israel, digamos, está salvando la cultura occidental”, aseguró el mes pasado Milei, que además afirmó que el país gobernado por su aliado, el primer ministro Benjamin Netanyahu, “está haciendo el trabajo sucio que no hacen otros”.

“A Israel lo atacan los teocráticos porque lo quieren hacer desaparecer, y lo ataca la izquierda básicamente porque Israel, en el fondo, son las bases del sistema capitalista, la base moral del capitalismo en la cultura judeocristiana”, añadió el Presidente.

Milei, alineado en forma incondicional con la política de Israel y de Estados Unidos, se refirió a Netanyahu como su “queridísimo amigo”, y dijo que “Irán es una teocracia que quiere exterminar a la única democracia libre de Medio Oriente”.

En tanto, en medio del conflicto bélico con Israel del mes pasado, Irán también apuntó contra otro argentino, Rafael Grossi, que dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El diplomático quedó en el centro de acusaciones cruzadas por su rol como inspector de las instalaciones nucleares iraníes.

“Una vez que termine la guerra, nos ocuparemos de Grossi”, advirtió en ese momento Ali Larijani, cercano al ayatollah Ali Khamenei, justo antes del ataque lanzado por Estados Unidos sobre sus plantas.

Líderes iraníes culparon a las declaraciones de Grossi sobre el estado de su programa nuclear como un detonante de la ofensiva de Israel, a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos a las plantas de Natanz, Isfahán y Fordo.

Por Guillermo Idiart

Fuente: La Nación

Al fin de la jornada de ayer quedó claro que el Gobierno, preocupado por la escalada del dólar, intervino para bajar la presión. De esa forma, al cierre de la rueda cayeron las cotizaciones, tanto del dólar oficial como el paralelo.

Desde el ministerio de Economía encontraron rápidamente al culpable: los bancos. El ministro Luis Caputo publicó en su cuenta de la red social X un descargo en el que explicó que las turbulencias financieras de los últimos días tiene que ver con un excedente de pesos por alrededor de $5 billones producto del rechazo de los bancos al canje de las LEFI por Lecaps propuesta por la secretaría de Finanzas.

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Por ello, Caputo anunció que se realizará una nueva licitación este miércoles por fuera del cronograma para que se absorban esos pesos de la base monetaria.

Críticas a los bancos

En palabras del ministro, «se suponía que los bancos las iban a canjear por Lecaps«, pero «temerosos de perder la liquidez diaria, no fueron con todo y prefirieron hacer numerales. Al sobre encajar todos al mismo tiempo, estaba claro que eso iba a derivar en una baja de la tasa corta, por lo cual el Banco Central empezó a absorber esa liquidez excedente».

Por eso, continuó: «Los bancos mismos nos pidieran la lici que anunciamos el lunes. La absorción vía licitación del Tesoro es mejor opción, porque son pesos que van a la 2020. Pero en el mientras tanto, ya que esos pesos liquidan el viernes próximo, el BCRA absorbió 5 billones en los últimos 3 días hábiles, siendo que la prioridad siempre fue, es y será, que no sobren pesos, de manera de consolidar el proceso de desinflación que estamos transitando».

Según señalan en el mercado, la baja de tasas de corto plazo que pasó del 20% a 12% en algunos casos provocó una salida hacia el dólar que llevó a la cotización oficial a $ 1.300. Por ello, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili pagó tasas del 36% a los bancos por las colocaciones a un día y así evitar que los pesos se vuelquen al mercado cambiario, método combinado con intervenciones en el mercado de futuros que se vienen reiterando en los últimos tiempos.

Fuente: Mendoza online

El Gobierno argentino trabajaba para eso en las últimas horas, y lo logró: EEUU apoyará el reclamo de Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en uno de los capítulos del extenso juicio por la expropiación de YPF.Te puede interesar:A pocos días del aniversario al ataque a la AMIA, Irán apuntó a la Argentina y Milei por su apoyo a Israel

Se trata del pedido de Burford Capital de quedarse con el 51% de las acciones que el Estado local tiene en la empresa. En 2023, Burford fue declarado el principal beneficiario del fallo de primera instancia por el cual la jueza Loretta Preska condenó a Argentina a pagar USD 16,000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012.https://671180a93176fe4203d2812435037ec2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Hace pocas horas se conoció oficialmente la decisión del Departamento de Justicia de EEUU de presentar un escrito como amicus curiae (amigo del tribunal) apoyando a la defensa argentina en su reclamo de que se suspenda el fallo de Preska que ordenó entregar las acciones de YPF. En los próximos días presentará un documento con sus argumentos.Te puede interesar:Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 16 de julio

Algo similar ocurrió el año pasado, cuando Joe Biden era presidente de EEUU.La jueza Loretta Preska

“La intervención del Gobierno de EEUU en respaldo a la República Argentina apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska mientras se tramita la apelación. Por el momento, el respaldo del Departamento de Justicia (DOJ) no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco aplica al fallo de los USD 16.100 millones”, destacó en X Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.Te puede interesar:Las tasas de interés se duplicaron a casi 39% anual para desalentar la compra de dólares

Noticias en desarrollo

Fuente: Infobae.com

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó este lunes la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del DNU 340 que reglamentó el derecho de huelga en actividades tales como el transporte, educación y salud. En otro golpe contra el Gobierno, se mantuvo el fallo de primera instancia de la jueza Moira Fullana.

En una sentencia firmada por Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, que trata sobre la apelación presentada por el oficialismo contra el fallo de Fullana, los camaristas convalidaron los argumentos de la falta de cumplimiento de los requisitos constitucionales para la emisión de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Aseguran que, “todas las fichas están puestas en que Milei vete las leyes votadas”Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

La demostración se basó en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, y en la omisión de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de expedirse sobre el DNU, lo que impide considerar vigente la norma.

La Corte Suprema sostuvo que corresponde al Poder Judicial evaluar si las circunstancias invocadas para dictar un DNU son excepcionales o si resultan inexistentes. De la mano con esto, se debe verificar la compatibilidad entre los decretos del Poder Ejecutivo y la Constitución.

La reforma constitucional de 1994 incorporó la regulación de los DNU restringiendo su uso a situaciones excepcionales en las que no sea posible seguir el procedimiento legislativo ordinario. Según el artículo 99, inciso 3, de la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene vedado dictar disposiciones de carácter legislativo, salvo cuando circunstancias excepcionales impidan la tramitación normal de las leyes.

La Corte Suprema adoptó una interpretación restrictiva de esta facultad, estableciendo que la existencia de circunstancias excepcionales debe ser evaluada y comprobada por el Poder Judicial. El fallo reafirma que la Constitución garantiza la división entre los tres poderes del Estado y asigna funciones específicas a cada uno.

Además, recuerda el fallo, la Corte sostuvo que el presidente solo puede dictar normas legislativas si el Congreso no puede reunirse por fuerza mayor o si la urgencia exige una respuesta inmediata incompatible con el trámite ordinario.

Los argumentos de los magistrados

La Cámara de Apelaciones del Trabajo concluyó que no se cumplía el primer requisito, ya que al momento de dictarse el DNU 340/2025 el Congreso estaba en funciones, con sesiones ordinarias en curso y comisiones del Senado reunidas el mismo día de su publicación.

Alerta sobre la constitucionalidad de la reforma votada en el Senado: “El veto presidencial no legitima una ley irregular”

Tampoco se acredita el segundo requisito, señala la Cámara, ya que no se fundamenta por qué era necesario evitar el trámite legislativo para modificar el artículo 24 de la ley 25.877 e incorporar nuevas actividades como “esenciales” o “trascendentes”.

La sentencia advierte que el DNU 340, aunque se presenta como un régimen excepcional para la Marina Mercante, modifica el artículo 24 de la ley 25.877 y extiende su alcance a otras actividades. Para el tribunal, el decreto excede su objeto y usa un instrumento excepcional para alterar una ley sin relación directa con la emergencia.

El Ejecutivo ya había intentado modificar el artículo 24 con el DNU 70/2023, declarado inconstitucional por la Cámara del Trabajo, fallo aún pendiente en la Corte. Ambos decretos presentan similitudes. La Cámara recordó que, según la Corte en Consumidores Argentinos, los DNU no pueden alterar leyes salvo emergencia clara, lo que no se verifica aquí. También rechazó que la jueza Fullana se haya excedido, al considerar que sólo declaró la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del DNU 340.

El pasado 21 de mayo, el Gobierno dispuso mediante el decreto 340 la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud. Esta norma obligó a los sindicatos que protesten a garantizar un servicio mínimo entre el 50% y el 75%.

Fullana, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, ya había declarado inconstitucional el DNU 340. También falló en mayo a favor de ATE y contra el Gobierno por la eliminación del Día del Trabajador del Estado.

Fuente: Perfil.com