Autor: Jorge Alfredo Baret

Luego de haber pedido la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el PRO está dispuesto a darle una vida más al funcionario. Por lo pronto, esperarán a que se presente ante el Senado el próximo 2 de julio para dar su informe de gestión y, recién entonces, definirán su postura.

Pero la advertencia quedó sobre la mesa. «Si se llega a esa instancia, vamos a acompañar el pedido de censura o remoción de Adorni», anticipó el titular del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling Lara.

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El PRO pide la renuncia de Manuel Adorni

El senador macrista fue contundente: la permanencia del jefe de Gabinete «no da para más». Según Goerling Lara, Adorni «está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos».

Las críticas no se limitaron al presente. El senador acusó al funcionario de haberle «mentido al Congreso y a toda la Argentina» durante su presentación en la Cámara de Diputados, donde intentó explicar las irregularidades en su declaración patrimonial a través de un pendrive y la compra de criptomonedas.

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El expresidente Mauricio Macri junto al senador nacional del PRO Martín Goerling, quien lo señaló como posible candidato para la cámara alta por la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas. Foto: X (@MARTINGOERLING)

El escándalo de Manuel Adorni complica la gestión del Gobierno

Goerling Lara también apuntó contra el Gobierno por su resistencia a habilitar el debate parlamentario. «Sesionar es riesgoso para el oficialismo en este contexto, porque si se abre el recinto van a suceder cosas», advirtió. Y recordó que fue el propio bloque PRO el que solicitó que Adorni compareciera ante el Senado.

El escándalo, además, está afectando la agenda legislativa. La sesión prevista para este jueves en el Senado estaba destinada a darle media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Si se posterga, será la tercera semana consecutiva en que la iniciativa queda relegada por el caso Adorni.

Mauricio Macri expuso en el evento anual de CAMARCO

«Si no hay sesión es por el tema Adorni. Es un riesgo y le está perjudicando la gobernabilidad y la gestión, día a día. No puede ser que hace tres meses estemos discutiendo este tema», lamentó el senador.

El escándalo tampoco pasa desapercibido en plena fiebre mundialista. «Arrancó el Mundial y seguimos hablando de Adorni. Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado la decisión de correrlo del cargo», señaló Goerling Lara.

En cuanto a los instrumentos parlamentarios disponibles, el senador explicó las diferencias entre la censura y la remoción. «La censura es un acto político fuerte que le dice al presidente que ambas cámaras no quieren que este sea el ministro de Gabinete, pero el presidente puede desoír. La remoción, en cambio, tiene un efecto jurídico: el presidente tiene que correrlo», precisó. Para avanzar con la remoción en el Senado se necesitan 37 votos, es decir, mayoría absoluta de la totalidad de los miembros.

El PRO se quiere diferenciar del kirchnerismo

A pesar de la dureza de sus declaraciones, Goerling Lara se encargó de marcar los límites de la postura de su bloque. «El PRO no es oposición al Gobierno en el sentido kirchnerista», aclaró. Y ratificó que el partido seguirá acompañando las políticas que considere acertadas: «Lo que está bien, acompañaremos; y lo que está mal, nos vamos a oponer con total claridad».

El senador recordó, además, el rol que jugó el PRO en los primeros tramos de la gestión de Javier Milei. «La ley más importante que mandó este Gobierno, que era la herramienta para empezar su gestión, la desempató Villarruel. Si no le daba votos el PRO, esa ley no salía», afirmó, en referencia a la Ley Bases. Pero aclaró que ahora el oficialismo enfrenta una «segunda etapa» en la que «tiene que demostrar cómo quiere gobernar la Argentina».

La conclusión de Goerling Lara fue directa: «Si el Presidente quiere evitar que esto escale, lo tiene que correr. De otra manera, es una grave señal para la Argentina y sobre todo para la economía, porque esto mete ruido».

Fuente: Mendoza online

ÓRDOBA.- “Es un tema que tiene que arreglar el Presidente, que no nos quieran involucrar a nosotros en esto”. Eso le dijo un gobernador de los dialoguistas al ministro del Interior, Diego Santilli, la semana pasada, cuando la oposición liderada por el peronismo duro impulsó una interpelación y posterior moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El mandatario le contó a LA NACION que si bien no hubo ningún pedido en particular por parte de la Casa Rosada, el tema es ineludible.

El titular de Interior es el responsable de las negociaciones con los gobernadores mientras que Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara Baja, se encarga de los senadores. Esa es la división de trabajo habitual para todos los temas que están en el cronograma de trabajo del Senado.

“Si no piden expresamente nada, es porque no les interesa retenerlo. Es una forma de que seamos nosotros los que les resolvamos el problema. Deben tener claro que si no hacen ellos lo que deben hacer, lo hará el Congreso”, reflexionó otro gobernador consultado por LA NACION.

La expectativa del oficialismo está puesta en que el peronismo duro no consiga el número necesario para tratar el proyecto de interpelación y moción de censura sobre tablas. “Una vez que entraste al teatro, nadie te salva”, resumió un aliado en referencia a que, si llega al recinto, la situación se precipitará.

Este martes Santilli continuará con la rueda de reuniones que mantiene por la reforma electoral y las agendas provinciales como temas principales. En su despacho estarán dos aliados, Leandro Zdero (Chaco) y Marcelo Orrego (San Juan), y el fueguino Gustavo Melella, un kirchnerista con el que la Casa Rosada mantiene una relación distante. La semana pasada estuvo con Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

En el conteo de votos en el Senado, los gobernadores juegan un rol clave. Por caso, entre los que suelen jugar con el oficialismo están la salteña Flavia Royón; el catamarqueño Guillermo Andrada; la tucumana Beatriz Ávila; la neuquina Julieta Corroza y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce.

Por Corrientes están los dos radicales, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, además de Carlos Camau Espínola (Provincias Unidas), fuerza por la que se suma la cordobesa Alejandra Vigo. La chubutense Edith Terenzi trabaja en sintonía con el gobernador Ignacio Torres.

LA NACION consultó a varios mandatarios del grupo crucial para el oficialismo. Todos coincidieron en que todavía no tienen una posición tomada respecto a qué harán si, finalmente, el caso Adorni llega a sesión. Insisten en que “acompañan gestión” pero que “lo político y lo judicial se deben resolver por esos carriles”.

Los aliados están ganando tiempo y, a la vez, dándoselo a los libertarios. Esperan a que sea el oficialismo el que resuelva la situación. Es decir, que el presidente Javier Milei remueva al jefe de Gabinete o que presente su renuncia.

“El Presidente debe resolver esto”

En diálogo con LA NACION, Royón -que responde directamente a Sáenz- diijo: “El debido proceso es primero una interpelación para garantizar transparencia y rendición de cuentas. No se puede hablar de moción de censura sin ese paso previo. Acá es el Presidente el que debe resolver esto”.

La semana pasada, después de la entrevista de Adorni con LN+, el peronismo cordobés dio un giro y pidió abiertamente su renuncia. Esa posición adelantaría la que tomaría Vigo si se llega a la interpelación.

Los libertarios tienen experiencia en algunos proyectos, como la emergencia en discapacidad, en la que, cuando quedaron entre la espada y la pared, algunos de sus aliados optaron por tomar distancia. Esta vez también el Pro, incitado por Mauricio Macri, lo está haciendo.

Desde que en marzo empezaron las sospechas en torno a Adorni, los gobernadores dialoguistas vienen siguiendo de cerca la dinámica de los hechos y el impacto en la Casa Rosada. Las encuestas muestran que golpea directamente la imagen de Milei. En paralelo, esperan a que la Justicia avance en la causa. Si hubiera una imputación, podría acelerar los tiempos de una definición, sugirieron en la Casa Rosada.

Por Gabriela Origlia

Fuente: La Nación

Para proteger a Manuel Adorni, la presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), está dispuesta a suspender la sesión prevista para este jueves en la Cámara alta. El jefe de Gabinete atraviesa su peor momento político en medio de su escándalo patrimonial y, si se abre el recinto, la oposición podría aprovechar la ocasión para ponerlo contra las cuerdas y pedirle la renuncia.

En ese contexto, el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), afila sus colmillos y se prepara para insistir de todos modos con una sesión ordinaria, donde apuesta a tratar la moción de censura que tiene por objetivo final la remoción de Adorni del cargo. Para lograrlo, necesita asegurarse el quórum para abrir la sesión, o conformarse con dejar expuestos a los aliados del PRO y la UCR que, en caso de no darlo, quedarían en evidencia por su respaldo al jefe de Gabinete, a pesar de las declaraciones públicas que realizaron en su contra.

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Desde la Casa Rosada dejaron trascender que Adorni irá al Senado, pero recién lo haría el 2 de julio, en el marco de la presentación del informe de gestión que, por mandato constitucional, el jefe de Gabinete está obligado a brindar mensualmente —una exigencia que ningún Gobierno cumple en la práctica.

Presidencia

La presión opositora y la indecisión de los aliados

«Nosotros queremos esperar y ver qué dice Adorni en el Senado para después tomar una decisión con todo el partido», indicó una alta fuente del PRO. El partido de Mauricio Macri será clave para definir el futuro del funcionario. Sus referentes ya emitieron comunicados y mensajes en redes sociales donde pidieron su salida. Ahora deben definir si respaldan esas palabras con votos en el Congreso.

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La sesión en el Senado estaba prevista para tratar el proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre inviolabilidad de la propiedad privada. En caso de postergarse, sería la tercera semana consecutiva en que la iniciativa quedaría relegada por la agenda política de La Libertad Avanza y el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete.

El riesgo de gobernabilidad y la estrategia parlamentaria

«Los propios aliados le están pidiendo al oficialismo que no abra el recinto porque no van a poder controlar la sesión», deslizó ante MDZ una fuente parlamentaria del Senado. El Gobierno no puede garantizar que sus aliados vayan a acompañar a Adorni.

Un indicio de que la situación comienza a complicarse para el oficialismo lo dio el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora: los legisladores que le responden en Diputados firmaron un pedido de sesión para tratar la moción de censura contra Adorni.

Mayans apuesta a que sean cada vez más los gobernadores que empiecen a distanciarse del Gobierno en este tema, con el objetivo de retomar la conducción de la agenda política en la Cámara alta.

Fuente: Mendoza online

l Tribunal Oral Federal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión le advirtió que violó las condiciones de su prisión domiciliaria en San José 1111 por la bandera desplegada este fin de semana entre su balcón y el de un edificio vecino. Le advirtieron a la expresidenta que de repetirse podría implicar que la manden a cumplir su condena a la cárcel.

“Intimase a Fernández de Kirchner a que en lo sucesivo se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta, bajo apercibimiento de ley en caso de verificarse nuevos incumplimientos (art. 34 de la ley 24.660)”, escribió el juez Rodrigo Giménez Uriburu.

El artículo 34 de la ley que regula la ejecución de la pena señala que el juez “revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren o cuando se modificare cualquiera de las condiciones y circunstancias que dieron lugar a la medida”.

Lo que ocurrió fue en el marco de los actos para recordar el primer año de que Cristina Kirchner está presa.

Diversos intendentes del conurbano se turnan para congregarse debajo del balcón de San José 1111 y apoyar a la expresidenta con manifestaciones de respaldo.

El pasado fin de semana fue el turno de Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, que reunió a un grupo de militantes que extendió una gran bandera entre el balcón del departamento de la expresidenta y un edificio de la vereda de enfrente.

La bandera llevaba la leyenda “De San José 1111 a la Rosada” y fue acompañada de otros carteles y mensajes de adhesión. Cristina Kirchner correspondió saludando desde el balcón.

El juez Rodrigo Giménez Uriuburu, a cargo de la ejecución de la pena, firmó hoy un escrito en el que advirtió a la expresidenta que de reiterarse estas manifestaciones podría revocarse su prisión domiciliaria.

En cinco páginas recordó que se le impuso a Cristina Kirchner “abstenerse de adoptar comportamientos que pudiesen perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Señaló el magistrado que en el pasado hubo periódicamente diversas manifestaciones que, a juicio del tribunal, no implicaban la violación de las condiciones de la prisión domiciliaria, a pesar de las quejas de la fiscalía a cargo de Diego Luciani.

Todo esto hasta el domingo pasado, cuando “se verificó un episodio que importa, en principio, un incumplimiento de la regla de conducta referida, y que amerita la intervención del suscripto en su condición de juez a cargo del contralor de la pena de prisión de la condenada”.

Dijo el juez que el domingo “se desplegó una bandera de grandes dimensiones, soportada por una estructura de cables tensores, desde una ventana de un edificio ubicado en una esquina enfrentada al edificio en cuestión, la que fue extendida cruzando la calzada y su espacio aéreo hasta quedar sujeta al balcón de la vivienda donde Fernández de Kirchner cumple su sanción”.

“La conducta descrita no constituyó un episodio ajeno a la condenada; por el contrario, surge de las constancias obrantes en autos que participó activamente en el despliegue de la referida bandera, utilizando el balcón de su propio domicilio de arresto como punto de anclaje y sujeción, y hasta colaborando de propia mano con dicha acción”, relató el magistrado.

Y dijo que, a diferencia de lo sucedido en otras concentraciones, en las que Cristina Kirchner no tuvo “intervención directa”, aquí “el episodio presenta notas cualitativamente distintas: el despliegue de una maniobra riesgosa para el espacio público y perturbadora para los vecinos de la ochava, más la participación personal y activa de la condenada en la concreción de la acción, con empleo del domicilio de cumplimiento a ese fin”.

Riesgos

Por eso dijo que su conducta es reprochable desde tres puntos de vista: por un lado, por el “ostensible riesgo para la integridad física” de la exmandataria y de los transeúntes, conductores, pasajeros del transporte público o peatones. Dijo que los exponía “a un peligro innecesario”, más allá de la responsabilidad que pudiera tener en caso de un accidente.

Por otro lado, mencionó que la instalación de pasacalles, pancartas u objetos similares y de una “bandera sostenida por cables de alta resistencia” debería contar con una autorización municipal. “La realización de tal actividad, de no haber contado con el permiso correspondiente, podría importar la comisión de una contravención”, lo que agrava la conducta de la expresidenta.

Y, por último, dijo el juez que el despliegue de la bandera “perturba objetiva e indefectiblemente la tranquilidad del vecindario y altera la convivencia pacífica de sus habitantes, afectando de manera directa la condición de conducta cuya observancia fue expresamente impuesta a la condenada”.

“La suma de los extremos señalados revela que la conducta verificada el 14 de junio pasado no es compatible con las obligaciones asumidas en el marco de la prisión domiciliaria concedida, ni con el estándar de comportamiento que el tribunal tuvo en miras al imponer las reglas de conducta oportunamente establecidas”, escribió el juez Giménez Uriburu.

Explicó que incumplir las reglas “compromete los fundamentos mismos sobre los que reposa la modalidad de ejecución concedida y torna imperativa la intervención del suscripto en su condición de juez de ejecución actuante”. Y por eso le advirtió que, de repetirse, iba a revocar su prisión domiciliaria.

Por Hernán Cappiello

Fuente: La Nación

Las cuentas públicas de las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires cerraron 2025 con un deterioro significativo respecto del año anterior. Luego de haber registrado superávit en 2024, el consolidado de las jurisdicciones subnacionales terminó el último ejercicio con déficit primario y financiero, como consecuencia de un crecimiento del gasto que duplicó el ritmo de expansión de los ingresos.

Así surge de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), basado en datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del Ministerio de Economía. El estudio analiza la ejecución presupuestaria de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, excluyendo a La Pampa por falta de información completa.

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Según el relevamiento, los ingresos totales provinciales crecieron un 3,4% en términos reales durante 2025 respecto del año anterior. Sin embargo, el gasto público total aumentó un 6,9% y el gasto primario —que excluye el pago de intereses de deuda— avanzó un 6,8% real.

La consecuencia fue un cambio de signo en las cuentas fiscales. El resultado primario pasó de un superávit de $4,8 billones en 2024, medido a valores constantes de mayo de 2026, a un déficit de $380.000 millones en 2025. En tanto, el resultado financiero se deterioró aún más: de un saldo positivo de $2 billones se pasó a un déficit de $3,6 billones.

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El informe señala que la mejora de los recursos provinciales estuvo impulsada principalmente por la recaudación propia y por los aportes a los sistemas previsionales provinciales.

Los ingresos corrientes aumentaron un 3,1% real, mientras que los ingresos de capital se expandieron un 59,4%, aunque representan una porción mucho menor del total. Dentro de los recursos corrientes, la recaudación tributaria de origen provincial avanzó un 3,6% y las contribuciones a la seguridad social crecieron un 9,1%.

Por el contrario, algunos rubros mostraron retrocesos. Las regalías disminuyeron un 2,6% real y las rentas de la propiedad registraron una caída del 23%, lo que limitó la mejora de los ingresos globales.

Al analizar los impuestos provinciales, el IARAF destaca que el mayor crecimiento correspondió al impuesto de Sellos, con una suba real del 28,7%, seguido por el tributo a los automotores (21,8%) y el inmobiliario (11,7%). En contraste, Ingresos Brutos —que representa el 79% de la recaudación propia provincial— permaneció prácticamente estancado, con una leve baja real del 0,3%.

El gasto salarial explicó gran parte de la suba del gasto

Del lado del gasto, cinco de los siete principales rubros registraron aumentos reales durante 2025. Los gastos corrientes crecieron un 7%, impulsados especialmente por salarios, bienes y servicios y prestaciones de la seguridad social.

Los salarios aumentaron un 7,4% real, mientras que las prestaciones previsionales provinciales avanzaron un 11%. También se observó una expansión del 9,7% en bienes y servicios y un incremento del 23% en la inversión real directa, vinculada a obras e infraestructura.

En sentido contrario, algunas partidas de capital registraron recortes. La inversión financiera cayó un 42% y las transferencias de capital disminuyeron un 9,6%, aunque esas reducciones no alcanzaron para compensar el crecimiento de los demás componentes del gasto.

El estudio subraya que el gasto en personal continuó siendo el principal componente de los presupuestos provinciales, al representar el 44,3% del gasto primario. Le siguieron las transferencias corrientes, con el 23%, y las prestaciones de seguridad social, con el 13%.

Además, el gasto salarial fue el principal responsable del aumento global del gasto primario, explicando el 43% de la suba total. A ello se sumaron las prestaciones previsionales, que aportaron el 18%, y la inversión real directa, con otro 19%. En conjunto, salarios y jubilaciones explicaron cerca del 61% del incremento real del gasto provincial durante 2025.

Del superávit al rojo fiscal

El informe concluye que la principal razón del deterioro fiscal fue la diferencia entre el crecimiento de los gastos y el de los ingresos. Mientras los recursos avanzaron un 3,4% real, el gasto primario lo hizo al doble de velocidad, con una expansión del 6,8%.

Como resultado, el conjunto de provincias y la Ciudad de Buenos Aires volvió a registrar números negativos. El déficit primario representó el 0,2% de los ingresos totales, mientras que el déficit financiero alcanzó el 2,1% de los recursos provinciales. Medido en relación con la actividad económica, el rojo fiscal consolidado equivalió al 0,33% del Producto Bruto Interno.

El cambio de escenario marca una diferencia respecto de 2024, cuando las administraciones provinciales habían logrado exhibir superávit en un contexto de fuerte ajuste del gasto. La recuperación de diversas partidas presupuestarias durante 2025, particularmente salarios, jubilaciones e inversión en infraestructura, terminó revirtiendo ese resultado y devolviendo a las provincias a una situación deficitaria.

Fuente: Mendoza online