El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó este jueves una nueva jornada de trabajo junto a su gabinete e intendentes de casi 40 municipios de la provincia. El encuentro, realizado en el Club del Río de San Ignacio, formó parte de la decisión política del Gobierno de Misiones de sostener un trabajo articulado y permanente con los municipios, fortaleciendo el vínculo directo con los gobiernos locales para coordinar políticas, atender demandas de vecinos y vecinas y avanzar en una agenda común de trabajo.
Se trató de la cuarta jornada del año bajo esta modalidad y de la primera realizada tras la reciente reestructuración del gabinete provincial. En ese marco, participaron por primera vez como flamantes funcionarios del Gobierno provincial: el ministro de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, Matías Vilchez, y el presidente de Energía de Misiones, Julio César Barreto.
Durante la jornada, el gobernador Hugo Passalacqua puso en valor el rol de los intendentes como nexo entre el Gobierno provincial y cada comunidad, y destacó que la cercanía con el territorio forma parte de la forma de gestión impulsada desde el inicio de su gestión.
“Desde el primer día nos comprometimos a estar lo más cerca posible de la gente, ese fue el mandato que recibimos de los misioneros. Como es imposible estar cerca de más de un millón y medio de personas de manera individual, existe un vehículo muy directo para lograrlo, y son ustedes, los intendentes”, manifestó,
“Quiero destacar la voluntad y las ganas que le ponen todos los días los intendentes, trabajando al servicio de toda su comunidad. Por eso hoy estamos acá con los ministros y funcionarios. Sin ustedes sería imposible saber de primera mano qué pasa en la trama social de cada municipio. Con ustedes es posible llegar a ese millón y medio de misioneros”, aseguró.
UN ESPACIO PARA COORDINAR ACCIONES Y DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE CADA LOCALIDAD
La jornada tuvo como objetivo profundizar la articulación entre las distintas áreas del Gobierno provincial y los municipios, mediante un espacio de intercambio directo para abordar proyectos, demandas y problemáticas específicas de cada localidad.
La dinámica de trabajo se organizó en cinco mesas temáticas, donde funcionarios provinciales e intendentes mantuvieron reuniones durante 45 minutos. Luego se realizó una rotación para que cada municipio pudiera intercambiar con todas las áreas participantes, favoreciendo una visión integral de las necesidades planteadas y una coordinación más ágil entre los equipos técnicos y las autoridades locales.
En el encuentro estuvieron presentes el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán; el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; el ministro de Industria, Federico Fachinello; el ministro de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, Matías Vilchez; el ministro de Cultura, José Martín Schuap; el ministro de Turismo, José María Arrúa; el ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza; el ministro de Salud Pública, Héctor Javier González; el ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Roberto Samuel Padilla; el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Nicolás Mazal; el presidente de Energía de Misiones, Julio César “Chun” Barreto; el presidente del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), Joaquín Sánchez; la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Daniela López; el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), Juan Carlos Pereira; además de subsecretarios, funcionarios de las distintas áreas del Gobierno provincial e intendentes de los casi 40 municipios participantes.
DISTRIBUCIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO
Mesa 1: Mártires, San Martín, Caá Yarí, Almafuerte, Jardín América, Corpus, Santo Pipó y Gobernador Roca.
Mesa 2: San Ignacio, Hipólito Irigoyen, Urquiza, Colonia Polana, Guaraní, Oberá, Alem y Dos Arroyos.
Mesa 3: Arroyo del Medio, San Javier, Itacaruaré, Santa María, Tres Capones, Concepción de la Sierra, Azara y Gobernador López.
Mesa 4: Apóstoles, Fachinal, Profundidad, Garupá, Candelaria, Loreto, Santa Ana y Ameghino.
Mesa 5: Bonpland, Mojón Grande, Cerro Azul, Cerro Corá, Andrade, San José y Campo Ramón.
Las fotomultas nacieron como una herramienta para prevenir accidentes, ordenar el tránsito y promover una conducción responsable. En la provincia de Buenos Aires, aunque no es la única, hace tiempo que dejaron de cumplir ese objetivo. Lo que debía ser un instrumento de seguridad vial derivó en un sistema nefasto, exclusivamente recaudatorio y plagado de incentivos perversos, en el que la prioridad de evitar siniestros ha quedado claramente relegada. Cuando una estructura se sostiene sobre intermediarios innecesarios, ausencia de controles, repartos de dinero imposibles de justificar y sospechas judiciales de enorme gravedad, ya no alcanza con hablar de irregularidades. Funciona como una mafia.
La investigación judicial que involucra al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, cuyo procesamiento fue recientemente ratificado por la Cámara Federal de Casación, avala lo que afirmamos. A D’Onofrio, allegado a Sergio Massa, se lo acusa de lavado de activos vinculado con las fotomultas y a la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Además, junto con él aparecen denunciados en la causa exfuncionarios y hasta exjueces. Se trata de una red de gestores que se presume que contactaban a infractores para ofrecerles dar de baja sus multas mediante el pago de entre el 30 y el 50 por ciento del valor original.
Nadie discute que exceder los límites de velocidad debe ser castigado. Lo inadmisible es que detrás de semejante flujo de recursos no aparezcan ni el debido control estatal ni una política consistente de prevención y educación vial
También se sospecha con fundamento si el entramado de las fotomultas pudo haber tenido conexiones con otras estructuras de poder político. En ese contexto aparecen menciones al exintendente y exjefe de Gabinete provincial Martín Insaurralde en distintos expedientes que buscan determinar el alcance del negociado. La Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales, pero el funcionamiento del esquema aparece ya largamente extendido.
La provincia recauda hoy un porcentaje por cada multa y otro es para cada municipio. Hasta allí, el esquema podría parecer razonable. Lo escandaloso comienza después. En numerosas comunas, ese ingreso no permanece íntegramente en las arcas del distrito. Mediante convenios de asistencia técnica con universidades se arma una triangulación que permite evitar licitaciones públicas y trasladar la contratación efectiva a esas casas de estudio eligiendo así al proveedor que se quiere beneficiar. Es la universidad la que acuerda con la empresa privada proveedora del sistema. Todo ello bajo contratos que, en muchos casos, resultan extraordinariamente favorables para los privados.
La utilización de universidades como intermediarias desnaturaliza completamente el sistema. Instituciones creadas para enseñar, investigar y formar profesionales terminan integrando un circuito de recaudación escandaloso. Al mismo tiempo, ese mecanismo evita procedimientos competitivos de contratación y reduce costos impositivos que deberían afrontar los municipios si llamaran directamente a licitación.
Por otro lado, la legislación es terminante en cuanto a quién debe controlar. Dice que las acciones vinculadas con el contralor directo de las infracciones no pueden privatizarse ni concesionarse. Deben quedar exclusivamente en manos de la autoridad pública. La propia norma establece que el incumplimiento de ese requisito provoca la nulidad absoluta de las actas y las priva de todo vínculo jurídico exigible. Sin embargo, el corazón del sistema funciona exactamente al revés. La cámara pertenece a un privado. El software pertenece a un privado y el procesamiento inicial de las imágenes queda en manos de privados. En muchos casos ni siquiera existe una constatación efectiva realizada por un agente estatal al momento de labrar el acta. Esa ausencia es el requisito central que la ley exige precisamente para impedir que la potestad sancionatoria del Estado termine delegada en empresas cuyo negocio depende de hacer cada vez más multas. Perversos incentivos.
El Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, en su capítulo sobre control de velocidades, también resulta clave. Establece que “cuando las autoridades jurisdiccionales no operen en forma directa los sistemas de registro fotográfico, contratando con empresas privadas ese servicio, la contraprestación a cargo de los entes públicos contratantes no podrá consistir, total o parcialmente, en porcentajes del producido de las multas aplicadas ni en ningún otro parámetro vinculado al rendimiento económico del equipamiento aportado”. Es decir, el servicio debería ser pagado por su prestación y no por la cantidad de multas que genera. No obstante, en buena parte de la provincia la retribución termina ligada al volumen de infracciones y, por ende, a la recaudación, conformando un círculo tan vicioso como insaciable.
En el caso bonaerense las fotomultas terminaron convirtiéndose en una verdadera trampa cazabobos
Por lo demás, en el caso bonaerense las fotomultas terminaron convirtiéndose en una verdadera trampa cazabobos. Las cámaras aparecen muchas veces ubicadas en puntos donde resulta materialmente imposible adecuar la velocidad en tramos brevísimos. A ello se suma el constante incremento del valor de las sanciones. Hoy, una multa por exceso de velocidad puede oscilar entre 340.000 y 2.300.000 pesos. Nadie discute que exceder los límites de velocidad debe ser castigado. Lo inadmisible es que detrás de semejante flujo de recursos no aparezcan ni el debido control estatal ni una política consistente de prevención y educación vial.
La decisión del municipio de San Isidro de suspender el sistema tras detectar inconsistencias en los convenios con universidades demuestra, precisamente, que el problema existe y que puede revisarse. La medida se adoptó hasta adecuar el esquema a la normativa vigente y garantizar que las fotomultas respondan exclusivamente a criterios de seguridad vial.
No es ni inocente ni casual el silencio de muchos municipios y de la propia provincia sobre estos despropósitos. Si un conductor comienza a cuestionar judicialmente multas emitidas sin la intervención efectiva del agente estatal, podría abrirse una discusión de enormes consecuencias. Si los jueces concluyeran que esas actas fueron confeccionadas violando los requisitos legales, no solo podrían declararse nulas las futuras infracciones, sino que podrían multiplicarse los reclamos de quienes ya las pagaron. Eso ayuda a comprender por qué casi nadie quiere discutir el fondo del problema. Si se cae una pieza de ese andamiaje mafioso, puede tambalear la totalidad de un sistema que jamás debió funcionar de esa forma.
Mientras la provincia y los municipios sigan tolerando un sistema basado en incentivos económicos prohibidos, convenios opacos, ausencia del contralor estatal que exige la ley y una recaudación que desnaturaliza el verdadero sentido, las fotomultas dejarán de ser percibidas como una política de seguridad vial. Serán siendo vistas por los ciudadanos como una maquinaria de recaudación organizada y funcional a intereses ajenos al bien común. Por eso ya no alcanza con corregir algunos excesos, sino que es imprescindible desmantelar de raíz este apañamiento delictivo y reconstruir un sistema de control que vuelva a responder al único fin que la ley admite: prevenir accidentes, proteger la vida y hacer cumplir las normas con transparencia. Todo lo demás es mafia.
Las elecciones presidenciales brasileñas, que se celebrarán el próximo 4 de octubre, han adquirido un significado global. Fuera de ese marco es imposible comprender la agresiva incursión de Javier Milei en la competencia entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro. Milei sigue una línea trazada por Donald Trump en los Estados Unidos. Ese alineamiento se verifica en los insultos a Lula da Silva. Pero mucho más en la agresión contra el juez Alexandre de Moraes. El ministro del Superior Tribunal Federal no es un magistrado intrascendente: entre el 18 de julio y el 12 de diciembre de 2025, Moraes tuvo suspendida su visa para ingresar a los Estados Unidos. Fue una decisión del Departamento de Estado, adoptada para sancionar varios pronunciamientos del juez por la actividad política que tenían en Brasil redes sociales radicadas en los Estados Unidos. Entre ellas, X, de Elon Musk y Truth Social, del propio Trump.
Las sanciones contra el juez Moraes se dictaron al mismo tiempo que Trump elevaba los aranceles a las importaciones brasileñas del 10 al 50%. Fue una represalia explícita por las sanciones que la Corte de Brasil impuso al expresidente Jair Bolsonaro por haber participado en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Negociaciones diplomáticas consiguieron flexibilizar ese “castigo” comercial de Trump, que en el terreno electoral hizo subir la popularidad de Lula. La clásica torpeza del magnate inmobiliario. A pesar de ese efecto contraproducente, anteayer la Casa Blanca renovó las sanciones, cuya vigencia vencía hoy. Los argumentos para esa prórroga son llamativos: la persecución judicial a Bolsonaro y su familia, la violación de derechos humanos y las restricciones a la libertad de expresión de ciudadanos norteamericanos, que ponen en emergencia los intereses de los Estados Unidos en Brasi
Al mantener las sanciones comerciales a Brasil, como si Lula liderara una dictadura de tipo cubano, nicaragüense o aun venezolano, Trump consolida una política: la de intervenir en los procesos electorales de países de la región con auxilios o sanciones destinados a producir un resultado favorable a la estrategia exterior de su gobierno. En esta línea estuvo la ayuda de 20.000 millones de dólares que recibió Milei el año pasado, cuando peligraba el resultado de los comicios legislativos, sobre todo después de la derrota bonaerense. En aquella oportunidad, cuando el presidente de los Estados Unidos anunció el salvataje, aclaró que sólo se haría efectivo si las elecciones las ganaba su amigo Milei. Como en el caso de las restricciones comerciales a Brasil, Trump desea que quede claro que son operaciones económicas con un propósito de intervención electoral.
Estos antecedentes permiten imaginar escenarios similares para las elecciones presidenciales argentinas del año próximo, cuando Milei ponga en juego su continuidad en la Casa Rosada. Esa vocación intervencionista otorga una relevancia singular para la región a los comicios que se celebrarán en noviembre en los Estados Unidos. Es posible que un Trump debilitado en el Congreso de su país pierda capacidad para inmiscuirse en la rutina electoral de las democracias latinoamericanas.
La raíz del problema que está en juego aparece con claridad en un par de mapas. Uno fue publicado por el sitio El Orden Mundial. Es un planisferio pintado de azul y colorado. Azules son los países que comercian más con los Estados Unidos. Colorados los que comercian más con China. El mapa es casi todo colorado. Si se revisa la misma cartografía, pero del año 2000, tal como aparece en la web de Vonoroi, se verá que era casi toda azul. El impresionante avance chino es el motivo principal de la reacción norteamericana, sobre todo bajo el poder de Trump: un conflicto abierto con Pekin y un regreso a la doctrina de las “zonas de influencia” en la que cada potencia se enseñorea de una parte del mundo. Washington se ha fijado el objetivo de volver a ejercer un predominio sobre América. Desde el punto de vista de los intercambios de bienes y servicios, América del Norte reconoce la hegemonía estadounidense, gracias al T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). Aun cuando México y Canadá son gobernados por Claudia Sheinbaum y Mark Carney, dirigentes con un signo político contrario al de Trump. En cambio, América del Sur fue “conquistada” por China. Allí es clave Brasil, que concentra alrededor del 50% del PBI de la región.
Cómo cambió el comercio, entre 2000 y 2024: los que tienen a China (rojo) o o Estados Unidos (azul) como principal socio comercial
Además de ser un aliado comercial de China, Brasil es el principal destino de las inversiones que ese país distribuye por el mundo: en 2025 representaron 6.100 millones de dólares. Los sectores en los que se vuelcan esos fondos son estratégicos, lo que explica mejor la inquietud de los Estados Unidos. Se trata de energías renovables, minería, automóviles eléctricos, puertos y logística, telecomunicaciones y centros de datos. Quiere decir que Brasil es mucho más que un socio comercial de China, como lo podrían ser Chile o la Argentina.
La evidencia más elocuente de que la batalla electoral brasileña tiene una magnitud mundial es que Xi Jinping intervino en la polémica con Milei con una declaración a favor de Lula. Xi aprovechó el ataque de Milei para decir que Brasil tiene derecho a resistir intervenciones externas en su política doméstica. No hablaba de Milei. Hablaba de Trump. Hubo un episodio que encendió todas las alarmas de Pekín en relación con América latina. Fue la presión de los Estados Unidos para que la empresa CK Hutchinson, radicada en Hong Kong, vendiera su operación en los puertos Balboa y Cristóbal del canal de Panamá al grupo Blackrock. China presiona con éxito para que la operación no se realice. La disputa sigue abierta. Trump declaró hace 20 días que “los Estados Unidos recuperarán el control del Canal”. Esta disputa podría ser vista como la primera aplicación fáctica de la “Doctrina Donroe”, “América para los americanos”, la consigna de James Monroe reinterpretada por Donald Trump.
La intervención de Milei en la campaña brasileña es parte de la estrategia general de Trump. No sólo en los ataques a Lula al que, sin nombrarlo, denominó “ladrón”, “presidiario”, “basura socialista” y “zurdo de mierda”. Llamó más la atención el insulto al juez Moraes. Este magistrado ha sido un protagonista central del conflicto con Trump. Por la situación penal de Bolsonaro, que está a cargo de él dentro del Superior Tribunal Federal. Pero también porque Moraes tomó decisiones severísimas sobre redes sociales a las que había acusado de difundir información falsa o inducir a conductas que terminaron en el intento de golpe de Estado de enero de 2023. El juez ordenó el cierre de cuentas de X, la red social de Elon Musk, a la que impuso sanciones pecuniarias. Para que esas sanciones se cumplieran, embargó activos de Starlink, otra empresa de Musk. Algo similar ocurrió con Rumble, red de origen estadounidense que decidió acusar a Moraes en los tribunales norteamericanos. A esa querella contra el juez se sumó Trump Media & Technology Group, la compañía de Trump que controla la red Truth Social.
Los conflictos con estas compañías se trasladaron al terreno diplomático. En julio de 2025 el secretario de Estado Marco Rubio anunció que a Moraes y a sus familiares más cercanos se les había suspendido la visa de ingreso a los Estados Unidos. A los pocos días la Secretaría del Tesoro comunicó que el juez brasileño había sido sancionado bajo la Ley Global Magnitsky por violaciones a los derechos humanos y por haber cancelado cuentas de redes sociales pertenecientes a ciudadanos estadounidenses. Estas condenas a Moraes fueron levantadas en el marco de las negociaciones que permitieron aquel retroceso de Trump en la aplicación de aranceles especiales a los productos brasileños. A la luz de estos antecedentes se puede calibrar mejor la agresión de Milei conta Moraes, que fue un ataque quirúrgico, alineado con una estrategia general de Trump frente a Brasil en plena campaña electoral.
La incursión de Milei en la competencia brasileña es parte de un movimiento más amplio, estimulado por Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. Consiste en asignar al Presidente un rol central en el armado de una liga latinoamericana de asociación con Trump. Una tarea con la que están colaborando los electorados de la región consagrando a candidatos de derecha y extrema derecha. La expresión más reciente de ese propósito acaba de ocurrir: es la participación con altísimo perfil del Presidente en la asunción de Keiko Fujimori.
Las relaciones de La Libertad Avanza con la nueva presidenta de Perú tienen varios pliegues. Un estratega crucial de la campaña de Fujimori fue el argentino Federico Falco. A Falco se sumó después el talentoso Esteban “Cuco” Apellaniz. Ambos prestaron servicios profesionales ajenos al gobierno argentino. Sin embargo, después del triunfo de Fujimori se produjo una conexión. Falco es un duranbarbista que integró en su momento, igual que el “Mago”, la consultora Move. Ahora esa trama permite que la Casa Rosada aproxime a peruanos, como sucedió hace pocos días con el vicepresidente Luis Galarreta.
Los libertarios argentinos celebran el ascenso de Fujimori con la consigna TMAP. Es una apropiación indebida. ¿Ignoran cómo fue la competencia en Perú? Allí ganó la versión más moderada de la derecha, superando al radicalizado Rafael López Aliaga, a quien llaman “el Bolsonaro de Perú”. Por eso se vio tan contento a Alberto Núñez Feijóo en la fiesta de Fujimori. Es la primera vez en años que en América latina se impone un aliado del PP, que él lidera en España. Para traducirlo al argentino: en Perú triunfó Mauricio Macri, no Milei.
Vale la pena aclarar dos detalles: no es que, con Falco y Apellaniz, Milei haya enviado asesores suyos a Fujimori. Así como tampoco la presencia de Fátima Florez en Lima tuvo que ver con la de su exnovio Milei. La nueva presidenta de Perú es una vieja admiradora de la actriz, a la que invitó con independencia de cualquier vínculo político. Minucias.
El ímpetu con que Milei lleva adelante estas operaciones externas hizo que el gobierno brasileño reaccionara ante los insultos llamando en consulta a su embajador, Julio Bitelli. Sin embargo, en Brasilia están lejos de considerar una ruptura de relaciones, lo que obligaría a dar otro paso: que Bitelli no regrese. En auxilio de esa estrategia pacifista salió ayer el canciller argentino Pablo Quirno, fijando dos posiciones. La primera: el conflicto de Milei con Lula pertenece al campo ideológico y político. “Nosotros no lo llevamos al terreno institucional”, dijo. Y agregó: “Esperamos que el embajador Bitelli regrese”.
Sin embargo, Quirno admitió con total sinceridad lo que resulta evidente aunque, para la ortodoxia diplomática, incorrecto: “Nosotros queremos que las elecciones de Brasil tengan un resultado y ellos quieren otro”. Quirno está obligado a hacer malabares para mantener las relaciones exteriores dentro de los límites de la diplomacia sin por eso contrariar los impulsos de su jefe. Aunque es probable que sus amigables afirmaciones obedezcan a otro factor: el impacto negativo que tuvieron los exabruptos de Milei en la opinión pública argentina.
Pocas veces un funcionario admitió con tanta franqueza como Quirno lo que sucede cada vez más a menudo: que la política exterior está dominada por un espíritu faccioso que no se priva de intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Cuando Lula recorría el conurbano acompañando a Daniel Scioli, cuando recibió en su despacho a Sergio Massa pocos días antes del ballotage, o cuando le dijo a Joe Biden que si ganaba Milei peligraba la democracia en la Argentina, hacía lo que Quirno le atribuye, sin complejo alguno, al oficialismo argentino: intentar intervenir en el resultado de las elecciones de otro país. De nuevo, son antecedentes que tal vez estén sembrando el camino que conduce a los comicios presidenciales en los que Milei buscará la reelección. ¿Volverá a irrumpir Trump en el escenario?
Otras aclaraciones en un terreno minado por las ambigüedades. Que Cristina Kirchner haya contratado para denunciar una persecución judicial ante la ONU a Rafael Valim, expatrocinante y amigo de Lula, no obliga a pensar que el presidente brasileño haya estado involucrado en la gestión. Que Quirno haya levantado una bandera blanca, diciendo que el Gobierno espera el regreso del embajador Bitelli, tampoco significa que haya habido en Lima un contacto con autoridades de Brasil. A pesar de que el canciller Mauro Vieira viajó a la toma de posesión del mando de Fujimori en representación de Lula. No hay indicio alguno de que Quirno y Vieira se hayan reunido en las últimas horas. Aunque resulte raro que no lo hayan hecho. Vieira sí se había encontrado, en Brasilia, con el embajador argentino Guillermo Raimondi.
Quirno tal vez esté dentro de poco en otra encrucijada en relación con los Estados Unidos. Hoy declarará el primer testigo ante el Gran Jurado que se constituyó en La Florida para investigar movimientos sospechosos con cientos de millones de dólares derivados de contratos de la AFA con la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Faroni y Érica Gillette. Ese testigo sería Leandro Petersen, responsable del marketing de la AFA durante años, a las órdenes de Pablo Toviggino.
Si a partir de muchos testimonios como el de Petersen, además de las pruebas documentales, se determina que hay motivo para imputar a Claudio “Chiqui” Tapia, Toviggino y sus secuaces, la Cancillería puede recibir un pedido de extradición que deberá responder Quirno.
El tratado de extradición con los Estados Unidos establece que si alguien está imputado en los dos países por el mismo delito, puede elegir en cuál jurisdicción quiere ser juzgado. Por eso para los sospechosos de AFA se volvería imprescindible que un juez amigable abra una causa local con el mismo objeto procesal que se definió en la corte de La Florida.
Ante esta encrucijada es crucial el auxilio que puedan prestar los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, flamante expresidente del Tribunal de Ética (sic) de la AFA. Ambos tienen que decidir, el próximo 12 de agosto, si la causa principal que se sigue contra Tapia y Toviggino se mantiene en el fuero Penal-Económico o se remite al juzgado federal de Campana, de Adrián González Charvay, que es donde quieren ser investigados los sospechosos.
También se vuelve vital la ayuda del ministro de Justicia y ex funcionario de AFA Juan Bautista Mahiques. Él está en condiciones de cubrir con magistrados complacientes algunas vacantes en tribunales por los que pasarían los expedientes. Una de esas sedes es la Sala C de la Cámara Comercial del fuero nacional, que debe resolver la apelación de Guillermo Tofoni por un embargo multimillonario contra Tapia. Allí se desempeña como subrogante Matilde Ballerini, que necesita que Mahiques logre que el Senado le otorgue un nuevo acuerdo antes del 6 de septiembre, cuando cumple 75 años. Si no se alcanza ese objetivo, el ministro debería tener lista la designación de Valeria Pérez Casado: con un curriculum que no deslumbra, logró quedar quinta en la terna del concurso 478. En Tribunales aseguran que fue gracias a que el Consejo castigó a una competidora con muchos más antecedentes, a través de la clásica discrecionalidad de las entrevistas. Fue una de esas entrevistas, de 13 minutos, la que permitió que Jorge Djivaris ingresara a la terna respectiva después de ocupar el puesto 12 del concurso. Djivaris, cercanísimo a Pro, fue, como Mahiques, funcionario del área de Justicia del gobierno porteño. Sería el subrogante en la vacante que pudiera presentarse en la Sala C, donde se decide parte del futuro patrimonial de Tapia.
La asombrosa capacidad de Mahiques como manipulador judicial terminará, es lo más probable, rindiendo homenaje al Moreno del Martín Fierro en nombre de Tapia y Toviggino: “La ley es como el cuchillo, no ofende al que lo maneja”.
El intendente Santiago Passaglia encabezó la entrega de 126 escrituras tramitadas a través de la Ley Pierri, un paso que brinda seguridad jurídica a familias que esperaban regularizar la situación de sus viviendas.
Durante el acto, el jefe comunal destacó el trabajo realizado para concretar cada trámite y remarcó la importancia de que los vecinos puedan contar con la escritura definitiva de sus hogares.
Además, en la misma jornada se realizó la firma y entrega de 95 boletos de compraventa para vecinos del barrio Alto Verde, cuyas viviendas habían sido adjudicadas por el Municipio en 2013.
Desde el Municipio señalaron que estas acciones buscan brindar mayor tranquilidad a las familias, garantizando la documentación que acredita la propiedad de sus viviendas.
En medio del debate por la cantidad de estudiantes extranjeros en universidad públicas en Argentina, la discusión dejó expuesta la falta de claridad en las estadísticas del sistema universitario, dado que funcionarios y autoridades cuentan con números diferentes que impiden realizar una comparación al respecto.
El debate inició ante la posibilidad de arancelar el estudio para los extranjeros a través de la reforma migratoria, cuando ya el Gobierno de Javier Milei habilitó el cobró en la universidades a los extranjeros residentes no permanentes. Sin embargo, no se cuenta con el número exacto de estos alumnos en el sistema.
La carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicasde la Universidad de Buenos Aires (UBA) es la que cuenta con mayor proporción de estudiantes extranjeros. No obstante, según los datos del Anuario Estadístico 2023 señalados por La Nación, los alumnos extranjeros de pregrado y grado solo representan un 3,22% del total de estudiantes.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite
En este contexto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, indicó este martes que un 39% de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicasde la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros. Posteriormente, se sumó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien puso el foco en la carrera de Medicina, y luego el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien aportó datos de los ingresantes en 2026. Sin embargo, los números no eran comparables.
Álvarez expuso a través de su cuenta de X que «el problema que tenemos con los estudiantes extranjeros es con aquellos que mienten para aprovecharse de nuestras leyes» y amplió: «Dicen que van a tener una residencia permanente en el país, cuando en realidad solo tienen la intención de robarse una carrera universitaria y volver a su país». No obstante, en diálogo con A24 no pudo especificar cuál es el porcentaje de alumnos que egresan y se van del país.
Otro caso similar al de la UBA ocurre en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde, según La Nación, fuentes de la Facultad de Ciencias Médicas indicaron que en 2024 tenían un 31% de extranjeros en Medicina, aunque los estudiantes sin residencia permanente, los que eventualmente pagarían por estudiar, eran solo 2,9%.
En cuanto al 39% de estudiantes mencionado por el portavoz presidencial, según indicó luego Álvarez, hace referencia a estudiantes de grado de la carrera de Medicina de 2024 y no de toda la Facultad de Ciencias Médicas como señaló el funcionario.
En este contexto también se aclaró que el número incrementa a 56% de extranjeros al analizar la composición de los alumnos regulares, que son quienes aprobaron dos o más materias durante ese año. Según el subsecretario de Políticas Universitarias, se llega a unos 41.957 estudiantes totales de Medicina si se suma a los 27.755 alumnos de grado y los 14.202 estudiantes (ingresantes y recursantes) del Ciclo Básico Común (CBC).
No obstante, en los datos difundidos por la UBA en 2024 no se identifica cuántos estudiantes del total son extranjeros, ya que muestran el nivel total de la facultad, lo que involucra otras carreras. De todas formas, se indicó que los alumnos de grado extranjeros (13.403) y los estudiantes extranjeros del CBC (7.289) conforman unos 20.692 extranjeros en la Facultad contra los 44.290 señalados por el vocero.
Desde la UBA indicaron a La Nación que en 2025 la Facultad de Ciencias Médicas contó con un total de 69.057 estudiantes, de los cuales 17.979 (26%) son extranjeros independientemente de si su residencia es temporal, transitoria o permanente. Asimismo, destacaron que en el CBC y en el primer año de carrera cerca del 50% de los extranjeros no tienen residencia permanente, por lo que quedarían dentro del universo a los que el Gobierno podría cobrarles.
El Gran Jurado convocó a un número reservado de testigos para las 9AM (hora del este), y su objetivo procesal quedó explicitado en una subpoena que se emitió a pedido de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
–“Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter, todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni».
Es decir: la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia ordenan a los testigos que presenten la evidencia en su poder que vinculan a las principales autoridades de la AFA con la compañía TourProdEnter y su propietario Faroni.Te puede interesar:El abogado brasileño que defiende a Cristina Kirchner afirmó que las decisiones de la ONU son vinculantes para el paísWilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, adonde sesionará el Gran Jurado para tomar declaración a los testigos citados para determinar la responsabilidad penal de las autoridades de la AFA y sus socios comerciales
Michael Berger, desde la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, en representación del Departamento de Justicia, buscan determinar si Tapia. Toviggino, Lucero y Faroni cometieron ciertos delitos bajo la normas penales de Estados Unidos.
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Esos supuestos delitos serían:
Lavado de activos.
Fraude bancario.
La investigación está centrada en TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que pertenece a Faroni y su esposa Erica Gillette.
Desde 2021,TourProdEnter habría recaudado y administrado cerca de 300 millones de dólares, que surgieron de contratos por partidos amistosos o vínculos comerciales con empresas como Adidas y Warner.
PUBLICIDADJavier Faroni, presidente deTourProdEnter LLC
La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia trata de certificar la ruta del dinero para tener avalada su presunción de lavado de activos y fraude bancario.
En este contexto, la investigación preliminar tiene probada que Faroni y Gillette operaron a través de los bancos JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
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Esta evidencia es básica para tener bajo investigación a Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni. Y por eso no se descarta que los responsables de las cuentas de los cinco bancos de Estados Unidos que se usaron para mover los fondos de la AFA, también sean convocados ante el Gran Jurado de Miami.
La estrategia para recoger la evidencia es sencilla de explicar: todas las piezas que sirvieron para distribuir los fondos de la AFA en Estados Unidos, serán convocados sin importar si trabajan o trabajaron para un banco americano, la Asociación de Fútbol Argentino, o las empresas que publicitaron en la Selección Nacional.
PUBLICIDADPablo Toviggino, tesorero de la AFA
Se trata de armar el rompecabezas antes de la decisión del Gran Jurado respecto a las supuestas responsabilidades penales de Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni.
La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia tratan de determinar los montos desviados, a través de qué cuentas, y finalmente, quienes fueron los destinatarios.
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Será un proceso largo, que incluye una investigación preliminar sobre 10 empresas fantasmas que se usaron desde TourProdEnter para mover cerca de 300 millones de dólares.
Y a medida que la pesquisa se profundiza, Michael Berger -fiscalía federal-, y Patrick Gushue -Departamento de Justicia- apelarán a su experiencia de años para forzar un efecto dominó sobre la exhaustiva nómina de testigos que pondrán ante el Gran Jurado.
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Un testigo de cargo se puede convertir en un imputado, y ese eventual imputado podría transformarse en un colaborador de Berger y Gushue. Sólo tiene que aportar información clasificada para evitar una larga condena en los Estados Unidos.
Todos los protagonistas claves del caso conocen el sistema de testigos protegidos de los Estados Unidos. Y algunos ya cavila con sus abogados respecto a los beneficios de una institución legal que puede permutar la cárcel por un dorado exilio en el Caribe.
El Gran Jurado delibera a puertas cerradas y no tiene plazo para definir si Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni son responsables de haber cometido los delitos de lavado de dinero y fraude bancario.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó este miércoles a un paro docente en todo el país para el próximo lunes 3 de agosto, fecha en que reiniciarán las clases en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires después de las vacaciones de invierno.
“La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la paritaria nacional docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, expresó el gremio en un comunicado.
El gremio denunció que “mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”.
Las clases en el AMBA reiniciarán el 3 de agostoMauro V. Rizzi
La organización que conduce Sonia Alessio reclama una “convocatoria urgente a la paritaria nacional docente; aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios; restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales destinados a la educación y la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.
También rechaza “toda reforma jubilatoria” y el proyecto de Ley de Libertad Educativa por “constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos”.
Ctera solicita además “mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos”.
En medio del enfrentamiento de parte del arco sindical con el Gobierno, CTERA convocó a los trabajadores de la educación de todo el país a “construir una masiva jornada de lucha, junto a las organizaciones sindicales, estudiantiles y la comunidad educativa, para defender la escuela pública, los derechos los docentes, los estudiantes y los jubilados”.
Protesta conjunta con ATE
La fecha coincide con el paro al que ya habían convocado los estatales de ATE, en una protesta que incluirá una movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial y denunciar el vaciamiento del Estado.
El paro de ATE
ATE ya había señalado el martes último que como la movilización al Palacio de Hacienda “coincidirá con el inicio del ciclo lectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunos otros distritos del país, se evalúa la posibilidad de marchar junto a CTERA”.
La intención oficial es modificar las funciones, las restricciones y la gobernanza de la autoridad monetaria para impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar la emisión como una fuente de financiamiento del déficit fiscal.
Según explicó el vocero presidencial Adrián Ravier, la reforma se apoyará en cuatro pilares: establecer la estabilidad de precios como único mandato del Banco Central, prohibir el financiamiento monetario al Tesoro, fortalecer la independencia y la estabilidad de sus autoridades y limitar el giro de utilidades contables al Estado.
Qué es la carta orgánica del BCRA y uno de los cambios que se perfilan
La Carta Orgánica es la norma que define cómo funciona el Banco Central, cuáles son sus atribuciones y cómo se organiza.
Su contenido resulta determinante para la política monetaria, ya que establece hasta dónde puede emitir para asistir al Tesoro, qué objetivos debe priorizar y qué grado de autonomía tendrá frente al Poder Ejecutivo.
El primer cambio apunta a reemplazar el mandato amplio que actualmente tiene el BCRA por un objetivo único vinculado con la preservación del valor de la moneda.
La Carta Orgánica vigente establece que el organismo debe promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, dentro del marco de las políticas definidas por el Gobierno nacional.
Ese esquema fue incorporado en la reforma de 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Milei considera que la coexistencia de múltiples objetivos permite utilizar la política monetaria con criterios discrecionales y diluye la responsabilidad del Banco Central frente a la inflación.
El proyecto buscará que la estabilidad de precios quede como misión exclusiva de la entidad. En términos prácticos, el BCRA dejaría de tener entre sus finalidades expresas la promoción del empleo y el desarrollo económico.
Para el Gobierno, el cambio permitiría establecer una regla más clara para evaluar la gestión de sus autoridades: el desempeño del organismo debería medirse principalmente por su capacidad para preservar el poder adquisitivo de la moneda.
Prohibición de financiar al Tesoro
El segundo eje será la eliminación o restricción del mecanismo mediante el cual el Banco Central puede asistir financieramente al Tesoro.
En particular, el Gobierno busca modificar el régimen de adelantos transitorios, utilizado históricamente para cubrir necesidades fiscales mediante la emisión de pesos. La propuesta apunta a derogar o reformular el artículo 21 de la Carta Orgánica, que regula esas transferencias.
La intención es impedir que el Poder Ejecutivo pueda recurrir al BCRA para financiar el déficit, incluso ante dificultades para acceder al mercado de deuda.
Milei sostiene que la emisión destinada a cubrir el desequilibrio fiscal fue una de las principales causas de la inflación argentina. La reforma, por lo tanto, intenta convertir la actual política de equilibrio fiscal en una limitación institucional para las próximas administraciones.
El proyecto también podría endurecer las responsabilidades y sanciones aplicables a los funcionarios que utilicen de manera directa o indirecta al Banco Central para financiar al Estado.
Más independencia para sus autoridades
Otro posible punto de cambio estaría dirigido a fortalecer la gobernanza del organismo y reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre sus decisiones.
La reforma buscaría otorgar mayor estabilidad a los integrantes del directorio y establecer condiciones más estrictas para su nombramiento, permanencia y remoción.
El objetivo oficial es que los mandatos de las autoridades del Banco Central no queden completamente atados a los ciclos políticos ni puedan ser interrumpidos por diferencias coyunturales con el Gobierno.
Este punto podría ser uno de los más sensibles durante el debate legislativo. La independencia formal de un banco central no depende solamente de la duración de los cargos, sino también del procedimiento de designación, las causales de remoción, el control del Congreso y la coordinación con la política económica.
Límites al giro de utilidades
Otro cambio que se propondría apunta a restringir la distribución de las utilidades contables del Banco Central al Tesoro.
Parte de esas ganancias puede originarse en la modificación del valor en pesos de los activos en moneda extranjera de la entidad, sin que exista necesariamente un ingreso efectivo de recursos. Para el Gobierno, transferir esos resultados permite financiar gasto público a partir de ganancias que no representan una mejora genuina de la capacidad financiera del BCRA.
La propuesta establecería que las utilidades no puedan ser giradas al Tesoro, salvo ante circunstancias excepcionales previstas expresamente por una ley. Entre los casos analizados aparece un eventual escenario de deflación.
Con esta limitación, el Ejecutivo busca cerrar otra vía de financiamiento monetario indirecto y reforzar el patrimonio de la entidad.
Las advertencias sobre un Banco Central más débil
Los objetivos de disciplina monetaria encuentran respaldo entre los economistas que consideran necesario impedir el financiamiento sistemático del déficit. Sin embargo, también aparecieron dudas sobre el alcance concreto de los cambios y sobre la posibilidad de que el organismo pierda herramientas para actuar ante una crisis.
El economista Federico Glustein advirtió que, si avanzaran algunas de las modificaciones analizadas, “el Banco Central quedaría muy débil”. La preocupación se concentra en el equilibrio entre limitar la discrecionalidad política y conservar la capacidad de la autoridad monetaria para responder frente a situaciones excepcionales.
Un mandato concentrado exclusivamente en la estabilidad de precios podría restringir la actuación del BCRA ante una corrida bancaria, una crisis financiera o una disrupción del sistema de pagos. El debate será, por lo tanto, qué mecanismos de emergencia conservará la entidad y bajo qué condiciones podrá utilizarlos.
La independencia institucional también dependerá de la redacción final. Una mayor duración de los mandatos no garantiza por sí sola autonomía si no se establecen procedimientos transparentes de selección, control y remoción de las autoridades.
Desde una posición diferente, Horacio Liendo, uno de los arquitectos de la Convertibilidad, cuestionó la iniciativa por considerar que no avanza lo suficiente.
El economista calificó la reforma como “timorata” y sostuvo que las modificaciones analizadas resultan insuficientes frente a las transformaciones estructurales que, a su entender, necesita el sistema monetario argentino.
Liendo reconoció como positivo que se limite la capacidad del Banco Central para financiar al Estado, pero reclamó una reforma más amplia, vinculada con la eliminación de las restricciones cambiarias y la reducción de la intervención oficial en el mercado de divisas.
El exfuncionario propuso avanzar hacia un régimen de libertad cambiaria total, en el cual el BCRA deje de intervenir en la compra y venta de dólares y concentre su actividad en la regulación monetaria y financiera. También cuestionó la permanencia de normas que obligan a liquidar divisas y mantienen distintos controles sobre el mercado cambiario.
Desde esa perspectiva, la reforma de la Carta Orgánica no sería suficiente si continúa vigente un esquema cambiario regulado por el propio Banco Central.
Finalmente, vale considerar que el anuncio presidencial abrirá una nueva etapa, ya que los cambios requerirán la aprobación del Congreso. El Gobierno deberá negociar el articulado en un escenario en el que la reforma combina cuestiones monetarias, fiscales e institucionales.
La discusión no estará limitada a si el Banco Central debe financiar o no al Tesoro. También incluirá qué grado de autonomía tendrá, cuáles serán sus herramientas ante una crisis financiera y cómo se designará y controlará a sus autoridades.
Tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial, se generó una “campaña antiargentina” que trascendió el ámbito futbolístico y tuvo su impacto en la política internacional. En ese contexto, el Presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece como nueva causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a cualquier extranjero que promueva o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios, según informó la Oficina del Presidente.Te puede interesar:El abogado brasileño que defiende a Cristina Kirchner afirmó que las decisiones de la ONU son vinculantes para el país
La normativa responde a recientes manifestaciones consideradas hostiles hacia la República Argentina y sus habitantes. El decreto enfatiza que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus símbolos constituye un principio innegociable para el Gobierno Nacional. “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó Milei en el comunicado oficial.
El Decreto 681/2026 fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina e incorpora formalmente como causa de inadmisión y expulsión del país a los extranjeros que dirijan o inciten expresiones de odio, discriminación y violencia por razones de nacionalidad, y a quienes realicen actos de ultraje contra los símbolos nacionales. La disposición abarca tanto la incitación pública como cualquier manifestación directa que implique un agravio a la identidad nacional.Te puede interesar:Qué establece el decreto de Milei para expulsar extranjeros y cuáles son las dudas sobre su aplicación
En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostuvo que la Argentina mantuvo históricamente una política de apertura y hospitalidad hacia los extranjeros, pero remarcó que la soberanía estatal permite fijar condiciones de admisión, permanencia y expulsión para resguardar el orden público, la seguridad interior y la cohesión social.
La norma se dictó como decreto de necesidad y urgencia y, según el texto oficial, deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene un plazo de 10 días hábiles para expedirse sobre su validez o invalidez y elevar dictamen a cada Cámara.
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Contexto de la decisión y alcance
La medida surge en un contexto de tensión por recientes expresiones públicas consideradas agravios hacia la Argentina y sus ciudadanos. El Gobierno Nacional sostuvo que la soberanía y el respeto a los símbolos patrios son elementos esenciales que no admiten negociación.
En el artículo 1 del decreto se establece que la disposición alcanza a extranjeros que hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”, o bien, hayan “realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”.
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El decreto responde de manera directa a su objetivo central: desde su entrada en vigor, un extranjero comprendido en esas conductas no podrá ingresar al país y, si ya reside en la República Argentina, podrá perder su residencia y ser intimado a abandonar el territorio o ser expulsado.
De hecho, en el artículo 3 se remarca que “la cancelación de la residencia conforme lo previsto en los incisos f) y h) del artículo 62 de la presente ley conlleva la conminación a hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o bien la expulsión del territorio nacional, teniendo en consideración las circunstancias fácticas y personales del interesado;”.
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Con este decreto, el Ejecutivo argentino refuerzó su posición respecto a quiénes pueden permanecer en el territorio nacional, advirtiendo que cualquier acto percibido como ataque a la República será motivo suficiente para la denegación de ingreso o la expulsión inmediata, de acuerdo con la nueva normativa. La Oficina del Presidente subrayó que la defensa de la Nación y sus principios es prioritaria ante cualquier circunstancia
Apenas ocho días después de la última derrota de Los Pumas ante Inglaterra en Santiago del Estero, el entrenador Felipe Contepomi sorprendió con una convocatoria para los amistosos ante Sudáfrica y Australia que incluye 10 jugadores sin experiencia en el Seleccionado y el regreso de Tomás Lavanini, un histórico que hasta aquí solo había sido convocado en una solo una ventana durante su ciclo.
El saldo de etapa de local del Nations Championship es negativo para el Seleccionado. Dan cuenta de ello las dos derrotas en tres partidos, pero principalmente la falta de cohesión entre el rendimiento alcanzado en 2025 y el inicio de 2026: los casi siete meses de inactividad para Los Pumas repercutieron negativamente en su rendimiento. Entre el descanso obligado y alguna licencia estratégica, son muchas las ausencias que presentará el equipo ante dos pesos pesados.
Tanto como resuena Lavanini en su regreso, las ausencias de otros apellidos retumban por su peso. No estará Julián Montoya, titular en 13 de los 15 partidos del ciclo Contepomi, pero tampoco Matías Alemanno, Mateo Carreras, Marcos Kremer, Tomás Albornoz ni Gonzalo García, entre otros habituales titulares.
Los 4 y 5 no serán Franco Molina – Pedro Rubiolo ni Matías Alemanno – Guido Petti, las duplas más recurrentes en la segunda línea. La pareja de medios que se erige como la titular -Cepillo Albornoz y Gonchi García-, tampoco: Contepomi podrá reeditar la de Bertranou y Carreras, aunque el Negro viene rindiendo como full back, de manera queSimón Benítez Cruz y Gerónimo Prisciantelli volverían a mostrarse como alternativa.
De los últimos convocados, repiten 22 y el resto, una camada de jugadores variopinto que quieren demostrarle a Contepomi que también pueden meterse en la consideración.Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas.
Con nombres nuevos, Contepomi intentará sostener un funcionamiento que en la primera etapa de Nations Championship dio sus frutos esporádicamente. No se trata únicamente de los resultados, sino de lo dispar de su desempeño en la cancha. El staff debió corregir los errores partido a partido, tuvo más urgencias en lo inmediato que le hicieron retroceder algunos casilleros en su camino al Mundial 2027, el gran objetivo.
“La salud física y mental es crucial para nosotros y es por eso que varios tendrán descanso, lo que nos permitirá agrandar la base y trabajar con nuevos jugadores. Como siempre remarcamos, nuestro objetivo es preparar jugadores para que sean exitosos en Los Pumas”, explicó Contepomi en el portal de la Unión de Rugby Argentina (UAR).
La frase «Argentino con pasaporte al día, es convocable», que Contepomi le dijo a Clarín al comienzo de su ciclo, más de dos años después cobra mayor valor: sin Domingo Miotti que al parecer utilizará el italiano, el entrenador convocó a 10 jugadores intentarán debutar en el Seleccionado y a Lavanini, que parecía lejos del radar. Se acoplan a un equipo que, al margen de nombres de peso que se repiten, parece un intento por sostener un funcionamiento más allá de los jugadores habituales.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=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%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=2081819245281767626&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fpumas-contepomi-recupero-historico-cito-10-jugadores-podrian-tener-debut_0_3f1Z0Zjcf0.html&sessionId=ba211dcb5df9cd6f9341460ae7a0ffe17821cd76&theme=light&widgetsVersion=6a3ad42b224df%3A1778106238597&width=550px
De los 34 jugadores que entrenan en Cardales para los partidos ante Sudáfrica (el 8 de agosto en la cancha de Vélez) y Australia (el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza) disponibles, dos no podrán formar parte de los 23 de cada partido, ya que únicamente adquieren experiencia en los entrenamientos.
Lavanini reaparece sin necesidad de demostrar nada, más que su entrega para demostrar su vigencia. La última vez con los Pumas fue en 2024: presente en el camp de Londres de enero, y en el Rugby Championship: suplente los dos juegos ante Nueva Zelanda y luego titular ante Sudáfrica en septiembre de aquel año. Luego de 20 meses, Contepomi volvió a sumarlo.
Con sus 91 caps anclados en 2024, se sumará al grupo histórico que lidera Pablo Matera, récord de presencias con 125 partidos, Guido Petti (101), Matías Moroni (97) y del que también forman parte aquellos con quienes compartió el último Mundial, como Gonzalo Bertranou (68), Santiago Carreras (62), Lucio Cinti y Mayco Vivas (ambos 42), Ignacio Ruiz (30) y Rodrigo Isgró (17).
El resto, cuenta sus participaciones con los dedos. Simón Benítez Cruz y Pedro Delgado, con 12 y 11 partidos respectivamente, terminan de completar un grupo que no alcanza los dos dígitos de experiencia.
Al margen de los forwards mencionados, el resto escalona su experiencia detrás de Boris Wenger (8) Tomás Rapetti (6), Efraín Elías, Rodrigo Martínez (3), Benjamín Grondona (2) y los que aún no debutaron: Franco Carrera, Francisco Moreno, Leonel Oviedo, Juan Penoucos y Juan Martín Scelzo.
Entre los backs, sucede algo parecido. Agustín Moyano (9), Ignacio Mendy (5), Gerónimo Prisciantelli (4), Nicolás Roger (3), Faustino Sánchez Valarolo (2), Santiago Pernas (1), Agustín Fraga, Mateo Soler y Tobías Wade están en cero, igual que Facundo Cardozo y Benjamín Ordíz, jugadores de desarrollo.
Como llegan Sudáfrica y Australia
Las formaciones para cada partido serán una incógnita, ya que por la proporción entre experiencia y jugadores noveles Contepomi presentará equipos con muchos debutantes ante las dos potencias, que no vendrán con un equipo B.
El primer rival será en el Amalfitani ante Sudáfrica y los dirigidos por Rassie Erasmus vienen de ganar sus tres compromisos del Nations Championship: 45-21 a Inglaterra, 42-28 a Escocia y 43-0 a Gales. Una aplanadora compacta que pondrá a prueba el sistema de Contepomi.
En los Springboks regresará Sacha Feinberg-Mngomezulu, una de las máximas figuras, quien se perdió la primera parte del Nations Championship por una lesión en el tobillo. También volverá a estar disponible Eben Etzebeth, tras cumplir la suspensión, además de Lood de Jager, Franco Mostert, Siya Kolisi, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Handre Pollard, Ethan Hooker, Canan Moodie, Andre Esterhuizen y Morne van den Berg, aunque todavía no comunicó quienes viajarán a Buenos Aires.
Luego habrá partido y revancha ante Australia, que viene de despedir a su entrenador Joe Schmidt. Lo reemplazó Les Kiss, con quien los Wallabies cosecharon un triunfo y dos derrotas en los primeros compromisos del Nations Championship: 31-33 con Irlanda, 26-42 con Francia y 57-10 con Italia. Antes de viajar a nuestro país, disputarán una serie ante Japón el 8 de agosto en Osaka y el 15 de agosto en Townsville.
Australia llegará a la serie frente a Los Pumas con un plantel de 34 jugadores, integrado por 19 forwards y 15 backs, La base del equipo está sostenida por cinco figuras de primer nivel: el tercera línea Rob Valetini, considerado el forward más determinante del rugby australiano por su potencia para ganar metros y Fraser McReight, uno de los mejores especialistas del mundo en el breakdown y una amenaza constante para recuperar pelotas.
Los nombres no se agotan, también estará el centro Joseph-Aukuso Suaalii, la gran estrella del equipo, con un físico dominante y capacidad para romper defensas; el capitán Harry Wilson, eje del pack por su liderazgo y equilibrio entre ataque y defensa; y el fullback Tom Wright, el back más desequilibrante del plantel gracias a su velocidad, juego aéreo y peligrosidad en el contraataque.
Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, adonde sesionará el Gran Jurado para tomar declaración a los testigos citados para determinar la responsabilidad penal de las autoridades de la AFA y sus socios comerciales
Javier Faroni, presidente deTourProdEnter LLC
Pablo Toviggino, tesorero de la AFA
Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas.
Luciano Bottesi