Autor: Jorge Alfredo Baret

Quinta de Pilar y los fondos de la AFA: Tofoni se sumó a Carrió y pide que aparten a dos jueces

La batalla judicial por quién se queda con la causa que investiga si la quinta de Pilar pertenece a jerarcas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el flujo de fondos de la entidad presidida por Claudio Tapia sumó una nueva disputa. Primero fue Elisa Carrió y, luego, Guillermo Tofoni. Ambos apuntaron contra los jueces que deben decidir si el expediente continúa en el fuero federal o en Penal Económico.

El empresario Tofoni, quien impulsó recursos judiciales contra la AFA en Estados Unidos, presentó un pedido de recusación contra dos jueces de la Cámara de Casación Penal: Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Ambos integran este tribunal clave junto a Alejandro Slokar.

El empresario Guillermo Tofoni

Según el escrito de Tofoni, existen “circunstancias objetivas que fundan el temor de parcialidad”. En el caso de Barroetaveña, argumentó que el juez “integró durante años el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino”, al que renunció en diciembre del año pasado.

“Mientras se habrían ejecutado las operaciones de desvío y lavado de fondos de la AFA que hoy se investigan, el magistrado llamado a decidir sobre esta causa integraba y presidía uno de los órganos de gobierno interno de esta entidad”, sintetizó.

Diego Barroetaveña y Elisa Carrió

El escrito de Carrió indicó sobre el caso de Barroetaveña: “Lejos de tratarse de un vínculo circunstancial, una coincidencia social o una relación académica con alguno de los involucrados, documentos emanados de la propia Asociación del Fútbol Argentino acreditan una vinculación institucional directa, estable y reciente”.

La exdiputada también solicitó que, en caso de que su pedido sea rechazado, se le corra vista al fiscal de la Casación, Mario Villar, para que opine sobre la participación Barroetaveña en el expediente de la quinta y que, además, se requiera la elaboración de un informe sobre el camarista acerca de “su presencia en actividades sociales en la estancia de Villa Rosa adquirida en 2024 por Real Central S.R.L. que se encuentra en el objeto de la causa”.

El juez Mariano BorinskyNicolás Suárez

Tofoni, además, pidió recusar al juez Borinsky. Citó una opinión del magistrado que data de mayo de este año. En ella había manifestado: “Si bien el Alto Tribunal ha admitido excepcionar esta regla cuando hubiera denegatoria del fuero federal (…), lo cierto es que este supuesto no se aprecia en el caso. Por el contrario, en las presentes actuaciones, la competencia se mantiene en el fuero federal”.

¿Por qué la disputa por donde tramita la causa es tan relevante para las partes? El expediente pasó por cuatro jueces: Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y ahora Verónica Straccia, del fuero Penal Económico.

21 01 26 Mansión de Villa Rosa atribuida a la AFA en PilarNicolas Suarez

González Charvay, juez de Campana, del fuero federal, fue foco de una de las últimas decisiones sobre el destino de este expediente. Durante meses engordó el expediente con no sólo la quinta de Pilar bajo investigación, sino también el flujo de fondos de TourProdEnter, contratada por la AFA para recaudar su dinero en el exterior. Pero en junio, sin mayores avances y con cuestionamientos por parte de denunciantes, la Cámara en lo Penal Económico le sacó la causa, y ahora la disputa entre ambas competencias se volvió la próxima gran decisión que la Justicia deberá dirimir.

De hecho, este miércoles se produce una audiencia de la que no se espera que salga inmediatamente una definición, aunque tampoco se dilatará demasiado. Presentarán escritos el fiscal ante la Casación, Mario Villar, y también los abogados de Luciano Pantano, titular junto a su madre, Ana Lucía Conte, de Real Central, sociedad a nombre de la quinta.

Mientras la Coalición Cívica presentó la denuncia sobre la denominada “mansión de Pilar”, Tofoni es el empresario que impulsó en Estados Unidos los recursos de discovery, mediante los que se conocieron los movimientos de dinero de TourProdEnter. Esta firma, encabezada por Érica Gillette y el empresario teatral y exlegislador bonaerense por el Frente Renovador Javier Faroni, recaudó al menos US$300 millones de la AFA.

Según una investigación de LA NACION, al menos US$57 millones fueron transferidos a sociedades radicadas en Miami sin empleados ni actividad verificada, y con titulares que percibían asignaciones sociales en Argentina.

Bolso encontrado en la Mansión de Pilar

“Se denuncia la circulación posterior de los bienes, incluyendo la conversión de remesas en efectivo y la realización de actos concretos de lavado de activos como la compra de propiedades”, agrega la acusación de Tofoni sobre el movimiento del dinero en el exterior. Su escrito alude a la quinta en cuestión, vehículos y caballos.

La AFA y TourProdEnter siempre negaron los cargos en su contra. En paralelo, los titulares de las sociedades receptoras de esos US$57 millones permanecen en silencio.

Por Ignacio Grimaldi

Fuente: La Nación

12 agosto, 2026
Otro revés para Federico Sturzenegger: el Gobierno da marcha atrás y no presentará la reforma de la Ley del Libro
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sufrió otra derrota política. Luego del traspié en el Senado, donde se cayeron dos capítulos claves en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el funcionario no podrá avanzar con el paquete de reformas que tenía previsto lanzar en las próximas semanas y todas sus iniciativas serán revisadas hasta el detalle por sus compañeros de gabinete.

De acuerdo con fuentes oficiales que consultó MDZ, uno de los proyectos que no será prioridad en el corto plazo para la agenda parlamentaria es la reforma a la Ley del Libro. Se trata de una legislación que regula el mercado editorial. La iniciativa apunta a derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, sancionada en 2001, que establece que cada libro debe venderse al mismo precio en librerías, supermercados y plataformas digitales. El anteproyecto también contempla cambios sobre la normativa de fomento del libro y la lectura.
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El planteo de Federico Sturzenegger con la Ley del Libro

Sturzenegger había salido públicamente a defender la propuesta y planteó que la norma vigente funciona como una prohibición para que los comercios puedan vender libros más baratos. “La ley que proponemos derogar solo prohíbe que se ofrezcan descuentos sobre los libros. En Argentina existe una ley que no te permite vender libros baratos, te obliga a venderlos a un precio uniforme en todo el país”, denunció. Como ejemplo, contó el caso de un librero que durante la última Feria del Libro porteña quiso vender Las Crónicas de Narnia a $40.000, pero debió elevar el precio a $99.000 porque era el valor establecido por la normativa.

El Gobierno no avanzará con la ley de LibrosMatías Moyano

A partir de ese argumento, el ministro cuestionó que la defensa de la actividad cultural pueda hacerse a través de una ley que, según su interpretación, encarece los ejemplares. “Me pregunto en qué planeta de qué universo podría uno oponerse a que los libros lleguen más baratos a los consumidores ”, afirmó Sturzenegger. Y agregó: “Me pregunto cómo puede ser que alguien piense que se defiende la cultura con libros caros e inaccesibles”. Para el ministro, la eliminación del precio único permitiría que los comercios compitan entre sí y ofrezcan mejores condiciones a los lectores. “La competencia simplemente los obligaría a ofrecer más productos y a mejores precios”, sostuvo.
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Los cuestionamientos a la Ley del Libro

El planteo oficial abrió un fuerte debate dentro de la industria editorial. Editoriales, librerías y escritores sostienen que el precio uniforme no busca impedir la competencia, sino evitar que las grandes cadenas y plataformas puedan concentrar la venta de los títulos más populares mediante descuentos que las librerías independientes no están en condiciones de igualar. El sector también advierte que una eventual liberalización podría provocar el cierre de comercios pequeños y reducir la diversidad de títulos disponibles. Según datos citados por El País, Argentina cuenta actualmente con unas 1.500 librerías y más de 500 editoriales pequeñas y medianas.

La gestión libertaria ya había intentado avanzar con la eliminación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera en dos oportunidades. La primera fue a través del DNU 70/2023, publicado al inicio de la gestión, que incluyó entre sus medidas de desregulación la derogación de esa misma ley. Sin embargo, ese capítulo del decreto no llegó a efectivizarse, el DNU fue cuestionado judicialmente y el Congreso rechazó ese capítulo.

El segundo intento se produjo durante el tratamiento de la Ley Bases en 2024. El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso incluía nuevamente la derogación de la Ley 25.542. La iniciativa formaba parte del paquete de reformas y desregulaciones impulsado por el Gobierno, pero durante la negociación con los bloques opositores dialoguistas el capítulo fue retirado para conseguir respaldo parlamentario.

Fuente: Mendoza online
12 agosto, 2026
Golpe a Hugo Moyano: empresarios del interior pidieron a la Justicia que suspenda un decreto que consensuaron el Gobierno y la CGT

La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE) presentó un amparo colectivo para que la Justicia Federal de la Capital Federal suspenda la aplicación del Decreto 612/2026, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en julio pasado, que corrigió los alcances de la reglamentación de la reforma laboral y así puso a salvo los fondos de la caja sindical.Te puede interesar:Los candidatos de Kicillof para sucederlo aumentan el ritmo electoral y promocionan su candidatura nacional en las provincias

Esa norma,como anticipó Infobae,fue consensuada entre el Gobierno y la CGT para aclarar la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, a través del Decreto 407, que había restringido aún más las cuotas solidarias y las contribuciones patronales, vía el convenio colectivo de trabajo, que financian a los sindicatos.

CATSE, que reúne a pymes de transporte de cargas y logística de aquella provincia, señala en su presentación que el último decreto aumenta de manera inmediata un 18,87% el costo mensual por trabajador al modificar la base de cálculo de aportes y contribuciones laborales.Te puede interesar:Agustín Rossi cuestionó al Gobierno tras el revés en el Senado: “Perdió retorno con la sociedad y está aislado”Federico Lo Bruno, presidente de la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE)

Según la demanda judicial, el cambio impone una carga insostenible para las pequeñas y medianas empresas del sector y viola derechos consagrados por la Constitución Nacional y leyes federales. Si la Justicia accede a su pedido, será un golpe para la estructura del Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano.

La presentación de CATSE, encabezada por su presidente, Federico Lo Bruno, apunta a frenar los efectos del Decreto 612/2026, que, según la entidad, aumentó los costos sin una modificación de la ley ni de los convenios colectivos vigentes.Te puede interesar:“Fuerza capitán”: el presidente Javier Milei le envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi

Lo que está en juego es la manera en que se calcula el límite legal para sumar aportes y cargas económicas a los salarios, según lo fija el artículo 9° de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, que fue reformada por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

PUBLICIDADUna movilización del Sindicato de Camioneros en Capital (Foto: NA/Juan Vargas)

Hasta junio de 2026, la base de cálculo era el salario básico convencional de cada trabajador, según había dispuesto el anterior Decreto 407. Sin embargo, el nuevo decreto agregó “las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual” a esa base.

En términos concretos, para el convenio de los camioneros, un chofer de primera categoría tenía un salario básico de $1.060.010,29 y con la nueva fórmula, la base sube a $1.260.010,29. El resultado: $200.000 extra por trabajador cada mes, lo que representa, según el escrito de CATSE, un incremento del 18,87%.

La cámara que preside Lo Bruno sostiene que este aumento no proviene ni de la ley ni de los acuerdos colectivos, sino sólo de la decisión administrativa del Poder Ejecutivo, y que su aplicación automática afecta al flujo de caja de las empresas, sobre todo en un sector donde la mano de obra representa el mayor costo.La CGT acordó con el Gobierno un decreto que puso a salvo el financiamiento de los sindicatos

Plantea que el decreto no sólo eleva los costos, sino que lo hace vulnerando la previsibilidad y la seguridad jurídica para las empresas, al modificar “de la noche a la mañana” un sistema que regía desde principios de junio.

CATSE detalla que el Decreto 612 entró a regir “desde su dictado” el 17 de julio, pero recién fue publicado el 20. Por eso, solicita que la Justicia declare que no puede exigirse su cumplimiento en ese lapso, dado que “las normas sólo obligan una vez que son publicadas”.

En el amparo presentado se reclama que se reconozca el derecho de las empresas a que los pagos hechos entre el 1° de junio y el 20 de julio sean considerados “intangibles”, es decir, que la nueva norma no pueda ser usada para reclamar diferencias retroactivas.Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y Julio Cordero, tres impulsores de la reforma laboral

Uno de los puntos centrales es la acusación de que el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó facultades que corresponden al Congreso. Según la presentación, sólo el Parlamento puede fijar los límites y sus bases de cálculo para este tipo de obligaciones, y la alteración por decreto constituye un “exceso reglamentario”.

La entidad señala que el propio Estado nacional había fijado primero una base y después la cambió sin que medie una ley. “Las empresas de la clase ajustaron presupuestos, tarifas, estructuras y decisiones de contratación sobre la base del régimen que el propio Estado fijó y publicó el 1° de junio de 2026. Cuarenta y siete días después, el mismo Estado, sin cambio legal alguno, agravó ese régimen con pretensión retroactiva”, afirma la demanda.

Además, la CATSE advierte que actualmente “tres fuentes superpuestas e incompatibles” generan una situación de “indefinición casi total”: el Decreto 407 (que fijaba la base anterior), el Decreto 612 (que la amplió) y una medida judicial dictada en el fuero laboral que suspendió parcialmente el primero.Los choferes de camiones recibirán un aumento de casi el 19% si se aplica el Decreto 612 del Poder Ejecutivo (Foto: Shutterstock)

Por eso pidió de forma urgente una medida cautelar de no innovar para que el Poder Ejecutivo no aplique el Decreto 612 a las empresas representadas, manteniendo transitoriamente el sistema anterior hasta que haya una sentencia definitiva.

El escrito sostiene que el daño que causará la norma es “inminente, mensual, acumulativo y de imposible reparación ulterior”. Cada liquidación salarial, advierte la cámara, implica un nuevo costo extra que para muchas pymes puede significar embargos bancarios y la parálisis de la operatoria habitual.

De todas formas, enfatiza que los montos discutidos por el decreto no afectan el sueldo que perciben los choferes de camiones ni ningún otro ingreso alimentario, ya que se trata sólo de cargas patronales a favor del sindicato. “Los trabajadores continuarán percibiendo la totalidad de sus remuneraciones convencionales, con todos sus adicionales -dice-, exactamente igual que antes de la medida, lo único que la cautelar alcanza es el flujo de cargas patronales dirigido a las estructuras colectivas”.El Gobierno logró un éxito político con la sanción de la reforma laboral en el Congreso (Foto: Charly Díaz Azcue/Comunicación Senado)

En apoyo de su pedido, la cámara acompañó informes contables sobre tres empresas modelo (pequeña, mediana y grande), donde se cuantifica el impacto mensual y anual de la medida, además del porcentaje que representa sobre el margen operativo.

CATSE basa su legitimación para reclamar ante la Justicia en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que habilita a las asociaciones a presentar amparos cuando defienden derechos “de incidencia colectiva”. Además, cita la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, especialmente el fallo “Halabi” sobre protección colectiva de derechos.

Las empresas representadas, según el escrito, son “en su inmensa mayoría, pequeñas y medianas empresas dedicadas al transporte de cargas”. Todas ellas, asegura la cámara santiagueña, adhirieron expresamente a la acción, y su nómina fue presentada como anexo.Hugo Moyano, en una marcha de Camioneros, junto con su hijo Jerónimo y Octavio Argüello

Según CATSE, la vía del reclamo individual sería “económicamente inviable” para cada empresa, por lo que la acción colectiva es la única forma de tutela judicial real frente a un sobrecosto que se multiplica en el tiempo.

La demanda aclara que el universo alcanzado por la acción son “empresas de transporte de cargas y logística asociadas a CATSE”, que emplean trabajadores comprendidos dentro de convenios colectivos afectados.

En ese sentido, señala que no existe otro proceso colectivo con igual objeto y clase en trámite. Aclara, además, que hay una causa en el fuero laboral iniciada por el sindicato de la actividad, que lidera Hugo Moyano, pero que allí los intereses y la parte actora son “frontalmente opuestos” (trabajadores vs. empresas).

Fuente: Infobae.com

12 agosto, 2026
Sin dueño, sin bandera y sin seguro: el petrolero de la flota fantasma rusa sigue derramando crudo en Omán y crece la alerta ambiental

Un petrolero sin propietario activo, sin bandera reconocida y sin seguro verificable derrama crudo ruso frente a las costas de Omán desde hace semanas, con una mancha que ya cubre unos 390 kilómetros cuadrados en una zona marina protegida y que continúa expandiéndose a un ritmo que alarma a organismos internacionales y grupos ambientales.Te puede interesar:La serpiente que eliminó casi todas las aves de Guam y disparó la población de arañas a 733 millones

El barco es el Caroline Bezengi, un petrolero de 274 metros que transportaba unos 800.000 barriles de crudo ruso bajo sanciones internacionales. Encalló el 30 de junio cerca de las islas Hallaniyat, frente a la gobernación meridional de Dhofar, en un área que forma parte de una reserva natural marina.

Según informó la agencia de noticias Reuters, la tripulación había reportado dificultades por primera vez el 8 de junio frente al puerto yemení de Mukalla, y fuentes de seguridad marítima señalaron que las primeras evaluaciones apuntaban a una explosión a bordo, aunque la causa exacta del daño no está aclarada.Te puede interesar:Cientos de drones ucranianos golpearon la base rusa de Novorossiysk, el último gran bastión naval de Putin en el mar NegroEl Caroline Bezengi (REUTERS/Yoruk Isik)

La mancha se extiende al noreste de las islas Hallaniyat y, en su punto más cercano, queda a unos siete kilómetros de la costa. El seguimiento oficial recogido por Oman Daily indicó que la extensión observada a lo largo de la trayectoria de la contaminación alcanzó aproximadamente 449 kilómetros, con un desplazamiento previsto de unos 121 kilómetros adicionales en las siguientes 48 horas, sujeto a variaciones por vientos, corrientes y estado del mar.

Las partes más densas de la contaminación podrían dirigirse hacia las entradas de Ras Madrakah, una zona con arrecifes de coral, áreas de anidación de tortugas y hábitats marinos considerados prioritarios.Te puede interesar:Putin amenazó con confiscar barcos europeos en cualquier parte del mundo si se persigue a la flota fantasma rusa

Haneen Keskes, responsable de campañas políticas de Greenpeace para Medio Oriente y Norte de África, describió el escenario como una emergencia sin precedentes legales claros. “Llevamos semanas con un petrolero dañado que transporta una carga muy sustancial de crudo, varado en un área marina protegida y ecológicamente sensible, y ahora pierde petróleo al mar a un ritmo exponencial”, afirmó.Imagen satelital que muestra el buque dañado Caroline Bezengi y una mancha de petróleo frente a las islas Hallaniyat, en la costa de la gobernación de Dhofar, Omán (DS/entrega vía Reuters)

Lo que complica aún más la situación es la cadena de responsabilidades rota. En un incidente marítimo convencional, la cadena de responsabilidad recorre tres eslabones: el propietario del buque, el club de protección e indemnización (P&I) que lo asegura y el Estado de bandera bajo el que está registrado.

En el caso del Caroline Bezengi, los tres eslabones están cortados o directamente ausentes. El barco perdió su registro en Camerún a finales de mayo, y la Organización Marítima Internacional (OMI) lo lista actualmente con bandera desconocida.

El propietario, con sede reportada en Shanghái, no habría respondido a los requerimientos de las autoridades omaníes para mover la nave. Y no hay constancia de que el buque esté asegurado bajo ningún club P&I reconocido.Una imagen satelital muestra el buque dañado Caroline Bezengi y una mancha de petróleo frente a las islas Hallaniyat, en la costa de la gobernación de Dhofar, Omán (Distribución Airbus DS/Handout vía REUTERS)

“No queda claro quién va a pagar por esto, ni qué mecanismo legal podría utilizar el gobierno omaní para obligar a alguien a hacerlo”, advirtió Keskes a Reuters. La activista señaló que esa situación podría dejar al gobierno de Omán como único responsable de costear la respuesta, y reclamó apoyo internacional para acelerar las tareas de contención.

La respuesta oficial omaní se apoya en un sistema de monitoreo con imágenes satelitales, modelos ambientales y operaciones de buceo. Mohammed bin Abdullah Al-Rawahi, director general de Asuntos Marítimos del Ministerio de Transporte, reconoció según Oman Daily que las condiciones meteorológicas dificultaron las operaciones técnicas. El ministerio trabaja con una empresa especializada para inspeccionar el casco, localizar las fuentes de las fugas y preparar el traslado seguro de la carga.

Abdullah bin Ali Al-Amri, presidente de la Autoridad de Medio Ambiente de Omán, sostuvo que “no existe absolutamente ningún motivo de preocupación” respecto de plantas desalinizadoras, el proyecto de piscicultura y los sistemas económicos y turísticos en la costa, y que las aeronaves rastrean a diario el movimiento de las manchas.

PUBLICIDADHaneen Keskes, responsable de campañas políticas de Greenpeace para Medio Oriente y Norte de África, describió el escenario como una emergencia sin precedentes legales claros (2026 Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS)

Aun así, el análisis de Reuters sobre imágenes satelitales consultadas con especialistas marítimos confirmó que el derrame continuaba expandiéndose a finales del mes pasado.

El incidente se produce en un momento de máxima tensión diplomática en torno a la llamada flota fantasma rusa. El presidente Vladimir Putin aprovechó una visita al crucero portamisiles Variag en la isla de Sajalín para advertir que Moscú respondería de forma “simétrica” si gobiernos europeos confiscan buques mercantes rusos, y que esa respuesta no se limitaría a los mismos mares donde se produjera la incautación.

El almirante Víktor Líina, comandante de la Flota del Pacífico, respondió al mandatario que sus fuerzas “cuentan con los medios para detener buques de los países inamistosos”.

PUBLICIDADEl buque petrolero Caroline Bezengi

La advertencia llegó mientras la Unión Europea (UE) endurece la presión sobre centenares de barcos sospechosos de evadir sanciones, con retenciones de naves y tripulaciones para inspecciones. Putin calificó esas medidas de violatorias del derecho marítimo internacional y equiparó la posibilidad de requisar cargamentos rusos con “piratería y saqueo”.

El Caroline Bezengi navegaba entre dos zonas de conflicto activo, Rusia y Yemen, antes de encallar. Ninguna parte ha reclamado un eventual ataque contra el buque. Con la nave aún varada, la fuga sin detener y la cadena de responsabilidades legales rota, la Autoridad de Medio Ambiente de Omán reiteró que seguirá publicando actualizaciones oficiales y pidió no difundir cifras o estimaciones no autorizadas.

Fuente: Infobae.com

12 agosto, 2026
Sony tomó una decisión histórica con PlayStation y no hay vuelta atrás: “Es irreversible”
Frente a una ola de reclamos de consumidores y comerciantes, Sony Interactive Entertainment (SIE) redobló su apuesta. La multinacional japonesa ratificó que mantendrá sin modificaciones su plan de cesar la fabricación de discos físicos para sus videojuegos a partir de enero de 2028, una medida que marca un fuerte cambio de época en el entretenimiento digital.

Durante una presentación de resultados financieros de la compañía, la directora financiera (CFO) de SIE, Lin Tao, rompió el silencio corporativo para responder al descontento, el cual ya acumula más de 350.000 firmas en Change.org: “Anunciamos esta decisión con un año y medio de anticipación. Entendemos esas emociones y respetamos que la comunidad tenga opiniones firmes, pero la digitalización de los contenidos es un proceso progresivo e irreversible en todas las industrias. Reflexionamos detenidamente durante mucho tiempo y vamos a avanzar cautelosamente con este plan”.

Lin Tao es la primera mujer CFO en la historia de la compañíaSony Interactive Entertainment

Detrás de la posición ejecutiva hay una razón contable: reducir costos de producción. Es que para Sony, fabricar discos de Blu-ray, moldear cajas de plástico, imprimir carátulas, gestionar la logística de distribución y ceder márgenes a supermercados y comercios especializados se transformó en una caída innecesaria de la rentabilidad.

En ese marco, una estimación de Bloomberg señala que Sony obtiene ingresos netos hasta un 54% más altos cuando la venta de un videojuego de US$70 es digital e involucra un título de su propio estudio (first-party). Para el caso de videojuegos desarrollados por terceros (third-party), la transacción en la tienda digital oficial incrementa los ingresos de SIE por comisión en un 40%.

Una señal de que los dichos de Tao ya no tienen vuelta atrás es un cambio en la propia infraestructura de Sony: el sitio ORF.at reportó que su mayor planta de producción de discos en Thalgau, Austria, ya comenzó a desmantelar su producción e invirtió 30 millones de euros en reorientarla a la fabricación de microlentes ópticas, al tiempo que está recapacitando a su personal.

El nuevo Grand Theft Auto saldrá en noviembre, valdrá US$79,99 y no tendrá disco físico

Además, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive —empresa matriz de Rockstar Games—, defendió la decisión de su compañía de no incluir un disco físico para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) en noviembre de este año, ya que la caja del juego vendrá con un código de descarga (code in a box). Aunque Zelnick no opinó sobre la medida de SIE, remarcó que para el caso de las superproducciones de videojuegos (se estima que el presupuesto del GTA está entre los 1.000 y los 1.500 millones de dólares), el disco tradicional “simplemente ya no tiene sentido para el consumidor”.

“Nuestro negocio es en más de un 90% distribuido digitalmente; ya es un negocio digital. Por ende, en ciertas instancias, especialmente si se trata de un gran juego, los discos —y nótese que digo discos— no tienen sentido”, sostuvo el CEO en un informe financiero al responder a consultas de inversores. En esa línea, el ejecutivo agregó que en casi todos los casos se requiere conexión a Internet para jugar, por lo que “si ya estás conectado, ¿qué importa si lo descargás digitalmente? Es lo mismo y mucho más conveniente. Hacia allí va el mundo y creo que Sony entiende eso. Ciertamente nosotros lo entendemos”.

Reclamos de los revendedores

En un intento por amortiguar el golpe en el mercado minorista, Tao reveló que Sony negocia con distribuidores para masificar el modelo de code in a box. Sin embargo, Kim Bayley, de la Entertainment Retailers Association (ERA) del Reino Unido, apuntó sobre la decisión de SIE: “Es un triunfo de la conveniencia corporativa por sobre la libertad de elección. Los juegos en disco dinamizan el comercio local, sostienen puestos de trabajo y aportan valor a través del regalo, el coleccionismo y la reventa”.

Una petición de Change.org acumula más de 350.000 firmas y pretende que Sony revierta una decisión corporativaArchivo

Paradójicamente, además de los revendedores, los compradores también resultarían afectados por la decisión de Sony. Un estudio del medio neerlandés Tweakers analizó la evolución de los valores de 16 juegos para PlayStation 5 a lo largo de cuatro años y comprobó las brechas entre las versiones físicas y las digitales:
- En tiendas tradicionales: La competencia entre los minoristas hace que se realicen descuentos progresivos para liquidar inventario, por lo que el precio de un juego físico disminuye con el tiempo.
- En la PlayStation Store: Los videojuegos mantienen su precio oficial de lanzamiento (US$70 u €80) durante años, solo aplicando descuentos durante temporadas de ofertas. Títulos insignia como Ratchet & Clank: Rift Apart mantienen su mismo valor original desde 2021, siendo Horizon Forbidden West (2022) la única excepción que ajustó su precio.
La conclusión del reporte destaca que, estadísticamente, un consumidor tiene muchas más probabilidades de encontrar un juego más barato en una tienda física que en la tienda virtual exclusiva de Sony. Al eliminar el disco físico, la firma consolidaría un mercado cautivo al relegar la competencia con terceros.

“Seguirá habiendo ediciones físicas marginales como ocurre con el vinilo en el rubro de la música, pero en la mayoría de los casos simplemente no tendrá sentido económico”, opinó por otro lado Zelnick, confiado en que la partida del disco no impactará negativamente en la comercialización de juegos, al anticipar que las ediciones físicas de videojuegos sobrevivirán como productos coleccionables, pero no seguirán siendo el estándar comercial.

Interrogantes a futuro

Durante la teleconferencia de Tao, la analista Minami Hase, de Goldman Sachs preguntó si prescindir del lector de discos a futuro no desdibuja la frontera entre una consola y una computadora. La CFO rechazó la premisa al argumentar que PlayStation mantiene tres ventajas: el sistema cerrado de Sony, los videojuegos exclusivos y un precio de entrada menor al de armar una PC gamer con tarjetas gráficas y memorias de última generación, cuyos insumos atraviesan fuertes aumentos a nivel internacional.

Una caída de PlayStation Network reavivó un largo debate en la comunidad de videojuegosAP

Por otra parte, la migración al formato digital tuvo un tropiezo reciente. El 24 de julio, una falla masiva de la red PlayStation Network (PSN) dejó sin servicio a todo el mundo durante horas. La caída le impidió a millones de jugadores acceder tanto a partidas multijugador como verificar las licencias digitales de los videojuegos que ya habían comprado e instalado en sus consolas.

El incidente le dio un nuevo aire al movimiento “Save Physical Media”, bajo el argumento de que en un modelo 100% digital y sin soporte físico, los usuarios dejarían de poseer el producto para pasar a depender de una licencia condicionada a la disponibilidad ininterrumpida de los servidores de la compañía. No obstante, Sony Interactive Entertainment se mantiene a la vanguardia de un cambio histórico en la industria de los videojuegos.

Por Lautaro Castillo

Fuente: La Nación
12 agosto, 2026
Provincia de Formosa: Herradura disfrutó de la segunda edición de la Fiesta de la Empanada de Pescado de Río

Este sábado 8 de agosto, la localidad de Herradura fue sede de una noche llena de sabor, alegría y encuentro, que tuvo como protagonistas a la gastronomía local, los shows en vivo y los bailes tradicionales en el marco de la segunda edición de la Fiesta de la Empanada de Pescado de Río.

El evento, como cada año, reunió a familias, vecinos y visitantes en una jornada que puso en valor las costumbres y tradiciones formoseñas con la combinacióndel talento de cocineros locales.

La pareja ganadora del concurso, en esta ocasión, fueron Natalia Servín y Enrique Núñez, quienes lograron conquistar al jurado con sus empanadas de Dorado.

Además, el municipio destacó a todos los participantes por compartir su dedicación, creatividad y pasión por esta propuesta que continúa creciendo año tras año.

“Seguiremos promoviendo nuestras tradiciones y disfrutando todos unidos de estos encuentros que fortalecen nuestra identidad”, sostuvo el intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder.

En esa línea, María Ángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, quien participó del evento a través del Mercado Comunitario de Emprendedores de Herradura, indicó que esta actividad, que forma parte de una política pública, pone de resalto “la gastronomía, la cultura, el turismo que tenemos en Herradura”.

“Para que todos los formoseños y formoseñas puedan venir, recorrer, Herradura es una localidad que nos queda cerquita, así que realmente nos encontramos en una noche donde podemos conjugar y vivir diferentes espacios de lo que es la Formosa tan linda que tenemos”, expresó.

De esta manera, la funcionaria aseguró que el Festival buscó “no sólo incentivar la gastronomía formoseña, sino también resaltar el valor de lo propio, del río tan lindo que tenemos” y, además, que “los gastronómicos, a través de un concurso, puedan mostrar las diferentes variedades que tenemos y el formoseño puedadegustar de una gastronomía de otro nivel”.

Respecto al Mercado Comunitario de Emprendedores de la localidad, detalló que lo conforman más de 20 comerciantes organizados en diversos grupos y, del concurso en sí, participaron seis equipos con sus diversas propuestas que fueron evaluadas por un jurado.

Por último, Vicentín reiteró la invitación a la comunidad formoseña a acercarse a Herradura, “el jardín de la provincia” y “encontrarse con una propuesta de diferentes actividades cada mes”.

12 agosto, 2026
El largo viaje de José Luis Manzano

José Luis Manzano pasó a la historia por haber pronunciado en los años 90 la frase “Yo robo para la corona”, que seguramente lo sobrevivirá. Pocas expresiones resumieron con semejante brutalidad una determinada concepción del poder. Tal vez pase a la historia, además, por haber demostrado que en la Argentina el desempeño de cargos públicos puede ser el capital inicial de algunas de las mayores fortunas privadas.

Aquella frase no solo inmortalizó a su autor. Terminó convirtiéndose en el símbolo de una época en la que una parte de la dirigencia política dejó de ocultar la corrupción para empezar a justificarla. Ya no se trataba simplemente de admitir un acto ilícito. Se pretendía conferirle una suerte de legitimidad política. La corrupción dejaba de presentarse como una desviación individual para transformarse en un instrumento al servicio de un proyecto de poder.

Sin embargo, el interés que hoy despierta Manzano no reside ahora en aquella declaración, sino en el extraordinario recorrido posterior de su vida pública, demostrativo de cómo la política, en la Argentina, se ha convertido, demasiadas veces, en una extraordinariamente productiva fábrica de empresarios.

El joven dirigente que encabezó la renovación peronista y fue ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem, el político que decidió alejarse del país cuando su imagen pública se había deteriorado profundamente, reapareció años después convertido en un empresario de enorme gravitación en sectores estratégicos de la economía argentina: medios de comunicación, energía, petróleo, minería e infraestructura. Horas atrás, se conoció que, a través de Edenor, empresa de la cual es accionista junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti, Manzano pasará a controlar Metrogas, la principal distribuidora de gas del país, tras su venta por YPF.

¿Qué nos dice sobre la Argentina el hecho de que uno de los protagonistas más controvertidos de la política de los años 90 haya llegado a convertirse, tres décadas después, en uno de los empresarios más influyentes del país?

La respuesta excede ampliamente la figura de Manzano. Su trayectoria constituye el reflejo de una característica persistente de la vida pública argentina: la extraordinaria capacidad del poder político para transformarse, con el paso del tiempo, en poder económico.

Cada tanto, la vida económica argentina ofrece imágenes que deberían invitarnos a reflexionar. No es la primera vez que un antiguo dirigente político aparece asociado a una gran operación empresarial; que años después participa en otra y más tarde interviene en un nuevo negocio estratégico.

La reacción habitual consiste en discutir a esas personas, a poner los sucesivos y reiterados José Luis Manzanos de nuestra historia en la picota. Se recuerda su trayectoria política, las controversias que acompañaron su paso por la función pública o las sospechas de corrupción que gravitaron sobre ellas. Pero esa discusión suele dejar intacta la cuestión verdaderamente importante. ¿Por qué la política argentina produce tantos empresarios exitosos?

En las economías desarrolladas suele hablarse de la llamada “puerta giratoria”. Funcionarios públicos pasan al sector privado y empresarios ingresan transitoriamente al Estado para regresar luego a sus actividades. El fenómeno plantea legítimos interrogantes éticos, pero normalmente supone el desplazamiento entre dos carreras previamente consolidadas.

La experiencia argentina parece responder a una lógica diferente y opaca, bastante menos saludable.

Aquí no son pocos los dirigentes cuya gravitación económica comienza precisamente cuando concluye su carrera política. No se trata simplemente de un cambio de profesión. Se trata de la transformación de un tipo de capital en otro. Porque el ejercicio del poder también produce patrimonio. A veces se trata de un patrimonio visible (que a veces aparece navegando en el Mediterráneo en barcos de nombre premonitorio, como Bandido): dinero que cambia de manos, cuentas abiertas lejos del país, sociedades opacas o patrimonios cuya titularidad se vuelve deliberadamente confusa. Otras veces, en cambio, se trata de un patrimonio mucho más sofisticado y, con frecuencia, mucho más valioso: relaciones personales, capacidad de influencia, conocimiento de los mecanismos del Estado, comprensión de los procesos regulatorios y una red de contactos, lealtades, afinidades y complicidades construida durante años de favores y prebendas otorgados en el ejercicio del poder.

Ese capital no figura en ningún balance, pero abre oportunidades que muy pocos actores económicos poseen. Y, sobre todo, no desaparece cuando termina un mandato. Permanece y, con frecuencia, constituye el activo más valioso que un funcionario conserva al abandonar el poder.

Ninguna de estas observaciones implica sospechar de la legalidad de las actividades desarrolladas por antiguos funcionarios. Sería absurdo sostener que quien ha ejercido un cargo público pierde, por ese solo hecho, el derecho a emprender actividades empresariales.

Mientras la política siga siendo, para algunos, el camino más corto hacia las grandes fortunas, los argentinos seguirán sospechando que el verdadero negocio no consiste en competir en el mercado, sino en conquistar el poder

El problema no reside en las personas. Reside en el sistema. Porque cuanto mayor es la presencia del Estado en la economía; cuanto más decisivas son las autorizaciones administrativas, las concesiones, las regulaciones, los subsidios, las tarifas o los permisos públicos, mayor es también el valor económico del conocimiento acumulado acerca del funcionamiento del propio Estado y de la capacidad de influir sobre él.

No es casual, entonces, que muchos de los empresarios surgidos de la política desarrollen sus actividades precisamente en sectores intensamente regulados. Allí donde las decisiones públicas tienen mayor incidencia sobre la rentabilidad de las inversiones, el conocimiento del aparato estatal adquiere un valor comparable al del capital financiero, la tecnología o la innovación.

Las instituciones no solo limitan el poder. También distribuyen incentivos. Un diseño institucional que convierte el conocimiento del Estado y la proximidad con el poder en uno de los activos económicos más valiosos termina estimulando la búsqueda de influencias antes que la creación de riqueza.

Cuando ello ocurre, la política deja de ser exclusivamente un servicio público para transformarse, al menos para algunos, en una etapa particularmente rentable de la vida empresarial.

Es esa una característica que debería preocuparnos. No porque impida el éxito de quienes recorrieron ese camino, sino porque altera la percepción social acerca del origen de la riqueza. En una economía competitiva, el éxito empresarial debería asociarse principalmente con la capacidad de innovar, producir mejor, administrar con mayor eficiencia o descubrir nuevas oportunidades de mercado.

Cuando la sociedad comienza a creer que las grandes fortunas nacen, sobre todo, de la proximidad con el poder, de su manipulación o de su uso en propio beneficio, deja de confiar plenamente en el funcionamiento de las instituciones.

Y esa desconfianza termina debilitando tanto al capitalismo como a la propia democracia y reforzando las prácticas corruptas. Manzano no constituye una excepción. Constituye un símbolo, pues su trayectoria resume mejor que muchas teorías la sorprendente facilidad con la que, en la Argentina, el poder político puede transformarse en poder económico.

Pero el fenómeno no empieza ni termina en un solo nombre. Se repite, con distintas intensidades y bajo gobiernos de muy diverso signo político, desde hace décadas. Precisamente por eso, reducir el debate a una persona significaría perder de vista el verdadero problema.

La pregunta relevante no es cómo determinados dirigentes llegaron a convertirse en importantes empresarios. La pregunta es por qué nuestro sistema institucional sigue ofreciendo incentivos para que el camino más corto hacia ciertos negocios estratégicos pase, con tanta frecuencia, por el ejercicio previo del poder político.

Una democracia precisa políticos honestos y empresarios exitosos. Pero necesita, sobre todo, que unos y otros lleguen a serlo por caminos diferentes. Mientras la política siga siendo, para algunos, el camino más corto hacia las grandes fortunas, los argentinos seguirán sospechando que el verdadero negocio no consiste en competir en el mercado, sino en conquistar el poder.

Fuente: La Nación

12 agosto, 2026
Sacudidos

El vecindario tiembla. Y no es metáfora. Aunque también lo es. En menos de dos meses (47 días, para ser precisos) dos devastadores terremotos causaron miles de muertos (tal vez nunca sepamos cuántos) en dos países vecinos del continente. Venezuela y Colombia, que alguna vez fueron una sola nación, están desgarrados desde las vísceras. Cuando todavía siguen desvelándonos las imágenes de uno nos golpean las que siguen y seguirán llegando desde un poco más abajo en el mapa.

Los geólogos explican que los sismos no están relacionados. Pero la ciencia nunca basta para ahuyentar los miedos. El temor a que lleguen pronto acá es inevitable. Como preguntarnos si estamos en condiciones de enfrentar catástrofes. Los paralelismos cuentan. En un caso, un Estado con sus instituciones cooptadas y destruidas expuso su incapacidad de respuesta. En el otro, un país con una guerra interna eterna y en medio de un cambio (democrático) de gobierno muestra capacidades estatales eficaces para enfrentar el desastre. Para tener en cuenta. Aunque hablar de secuencias sea ilógico. E inverosímil. Como dice Pirandello, “la vida está llena de infinitos absurdos, que, descaradamente, ni siquiera tienen necesidad de parecer verosímiles, porque son verdaderos”. La verdad siempre encuentra su hora para llegar. El dolor también. Y la solidaridad nunca es suficiente.publicidad

Por Claudio Jacquelin

Fuente: La Nación

12 agosto, 2026
Municipio de San Nicolás: Continúa el proceso de participación ciudadana para definir el futuro de las playas de San Nicolás

La Municipalidad de San Nicolás recordó que continúa abierto el proceso de participación ciudadana para que vecinos, instituciones y organizaciones puedan realizar aportes al proyecto de ordenanza que busca regular el uso del Eco Parque y recuperar las playas Barranquitas y El Arenal. La instancia permanecerá habilitada hasta el 29 de julio.

La iniciativa tiene como objetivo establecer un marco normativo para el uso de estos espacios naturales, promoviendo la protección de la flora y la fauna autóctonas y garantizando, al mismo tiempo, un uso recreativo, turístico, educativo y científico bajo criterios de conservación ambiental.

Durante este período, cualquier vecino o institución interesada puede presentar opiniones, propuestas y sugerencias, que serán analizadas antes de que el proyecto sea tratado por el Honorable Concejo Deliberante.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el procedimiento participativo busca incorporar la mirada de la comunidad en la elaboración de la normativa que definirá el futuro del Eco Parque y de las playas Barranquitas y El Arenal.

Quienes deseen participar pueden hacerlo ingresando a la plataforma oficial habilitada por el Municipio antes del cierre de la convocatoria, previsto para el 29 de julio.

12 agosto, 2026
Fondos de Asistencia Laboral: en qué podrá invertirse el dinero y qué límites fijó el Gobierno

El Ministerio de Economía avanzó este miércoles con una nueva reglamentación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y definió en qué instrumentos podrán invertirse sus recursos, qué límites deberán respetar las administradoras y cuánto dinero tendrá que mantenerse disponible para afrontar los pagos del sistema.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1276/2026, publicada en el Boletín Oficial, y apunta a establecer un esquema de inversión que permita preservar el valor de los aportes efectuados por los empleadores y, al mismo tiempo, asegurar liquidez suficiente para hacer frente a las prestaciones.

Caputo y Sturzenegger crean un fondo para indemnizar y “ganar” sindicatos aliados

Los FAL fueron creados en el marco de la reforma laboral y posteriormente reglamentados por el Decreto 408/2026. Su administración estará a cargo de entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que podrán operar los recursos mediante Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros constituidos en el país.https://drive.google.com/file/d/1YzAqWgF7j9YWbOeN1IhE6vBp1kQwIJkg/preview

La resolución establece que las carteras deberán regirse por principios de seguridad, liquidez, diversificación, transparencia y preservación del capital.

En qué podrán invertir los Fondos de Asistencia Laboral

La norma habilita una serie acotada de instrumentos para conformar las carteras de los FAL. Todos deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos, además de emitirse y negociarse en mercados locales habilitados.

Entre las alternativas autorizadas se encuentran los títulos de deuda del Estado Nacional, bonos emitidos por provincias y la Ciudad de Buenos Aires, depósitos bancarios y obligaciones negociables (ON) de empresas privadas.

Para la deuda provincial y las ON privadas, Economía fijó condiciones adicionales. Los instrumentos deberán contar con autorización de oferta pública, negociarse en mercados reconocidos por la CNV y tener una calificación de riesgo AAA en escala nacional otorgada por al menos dos agencias calificadoras registradas.

También se definieron los mecanismos de rendimiento que podrán incorporar las inversiones. Las carteras podrán contener activos a tasa fija, ajustados por la TAMAR, por el CER o vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial.

Además, estarán permitidos los Bonos Duales, siempre que combinen alguno de esos parámetros.

La normativa también impuso límites para evitar que los fondos queden excesivamente expuestos a un mismo activo, emisor o jurisdicción.

Los depósitos bancarios podrán representar hasta 15% de la cartera en una misma entidad financiera y sus vinculadas.

En el caso de la deuda provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, el máximo será de 15% del patrimonio total, con un límite adicional de 5% por jurisdicción.

Las obligaciones negociables privadas podrán alcanzar hasta 20% del total de la cartera, pero ningún emisor (junto con sus empresas vinculadas) podrá concentrar más de 10%.

Los instrumentos atados al tipo de cambio oficial (incluida la parte correspondiente de los Bonos Duales) tendrán un tope agregado de 10%.

Un piso de liquidez y controles para reducir riesgos

Uno de los puntos centrales de la resolución es la obligación de mantener una parte de los fondos disponible para afrontar pagos.

Cada FAL deberá conservar como mínimo 10% de su patrimonio en activos de alta liquidez y bajo riesgo.

Dentro de esa categoría podrán computarse depósitos a la vista, plazos fijos precancelables o con vencimientos inferiores a 30 días y letras del Tesoro Nacional en pesos con un plazo remanente menor a 90 días.

Si como consecuencia del pago de prestaciones ese colchón cae por debajo del 10%, la entidad administradora tendrá 90 días corridos para recomponerlo.

La norma también prohíbe que las administradoras utilicen los recursos del FAL para invertir en depósitos o instrumentos emitidos por ellas mismas, sus controlantes, controladas o sociedades vinculadas. La única excepción serán los depósitos a la vista utilizados transitoriamente para cuestiones operativas.

También se estableció qué ocurrirá si un activo pierde la calificación exigida. Si una obligación negociable o título provincial deja de tener nota AAA, la entidad contará con hasta 180 días corridos para venderlo ordenadamente o mantenerlo hasta su vencimiento, pero no podrá realizar nuevas compras de ese emisor.

El esquema terminará de definirse bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, que tendrá 45 días corridos desde la entrada en vigencia de la resolución para emitir las normas complementarias y aclaratorias necesarias para su implementación.

Fuente: Perfil.com

12 agosto, 2026