Autor: Jorge Alfredo Baret

El director del PAMI, Esteban Leguízamo sostuvo en Infobae a las Nueve que la institución que lidera enfrenta un estrés financiero producto de la presión demográfica y las moratorias, pero negó que la entidad esté en crisis o haya alterado su sistema de pagosTe puede interesar:Un argentino en el cementerio más grande del mundo: “Es como una favela de bóvedas, con más de 6 millones de muertos enterrados”

Durante la charla con el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el director ejecutivo del PAMI detalló el alcance del ajuste y defendió la administración actual del organismo.

Y explicó: “El presupuesto nuestro es independiente de lo que se está hablando del recorte que hace el presidente en el sistema de salud o que corresponde al Ministerio de Salud. Por la ley madre que tenemos, nuestro presupuesto tiene que ver con aportes y contribuciones de pasivos y de activos, o sea que nuestro presupuesto es independiente de esto que está ocurriendo”.Te puede interesar:Manuel Quintar, el diputado del Tesla: “Trabajé mucho con Sturzenegger para desregular el ingreso de vehículos”

Leguízamo subrayó que el gran desafío para el instituto es demográfico. “La gente vive más y por suerte vive más, porque eso es logro de la medicina. Pero bueno, eso lleva a un reordenamiento del sistema, a mayores gastos en enfermedades crónicas, en medicamentos, y eso obviamente al instituto le impacta en forma directa”.

Leguízamo analizó la situación actual del PAMI (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario aclaró que el PAMI “atiende únicamente a adultos mayores, a personas mayores de sesenta y cinco años, que es una gran diferencia con otros sectores o prepagos, obras sociales, donde atienden mucha gente joven, tienen niños también. Entonces, eso tiene menos gasto. Lo nuestro es un gasto creciente”.Te puede interesar:El giro de Milei con Jorge Macri: del “Roma no paga traidores” a una posible negociación

Consultado sobre si la situación representa una crisis, Leguízamo fue terminante: “El instituto no está en una crisis profunda, no está en un colapso. Está en esta crisis y en este estrés, como yo le llamo financiero, pero en base a eso nosotros estamos ordenando el instituto”.

La cadena de pagos y los conflictos con prestadores

Respecto a los atrasos en los pagos a odontólogos y la viralización de reclamos de afiliados, aclaró: “El pago fue realizado ayer, o sea que no habría motivo para que haya corte. El único que realmente hoy alguien, y sobre todo un profesional, un médico, tiene una certeza que va a cobrar es el pago del PAMI”.

También puntualizó que la operatoria de pagos no se modificó: “No cambió la forma de pagar el PAMI. Lo que yo estoy pagando hoy, en mayo, son prestaciones de sesenta días. Eso es tradicional en el instituto, viene desde hace muchísimos años. Los vencimientos no son todos iguales el mismo día, son a lo largo del mes. Eso sigue igual”.

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Frente a la pregunta sobre los aportes del Estado nacional, admitió: “Vienen cumpliéndose, por ahí tienen algún atraso. Por ahí tenemos algún atraso de quince días, te diría que más o menos es el promedio. Pero vuelvo a repetir, también esto lo aclaro, no es de ahora. El instituto en muchas situaciones tuvo asistencia del Tesoro y a lo largo de estos tres años hemos tenido los aportes del Tesoro que el instituto fue necesitando”.El titular del PAMI también habló sobre la cadena de pagos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Auditorías, control y cobertura oncológica

El director ejecutivo remarcó la importancia de las auditorías y del control en las prestaciones: “Desde que nosotros tomamos la gestión hemos dado de baja a mil quinientos prestadores. Con médicos de cabecera y especialistas hemos sido estrictos porque estamos auditando. Encontramos un montón de prestaciones que no se daban, sobrefacturación, un montón de desvíos. Estamos haciendo ruido por eso, pero creemos que es lo que nos corresponde, porque si no, primero creo que no hacemos lo que corresponde y segundo, no cuidamos nuestro presupuesto”.

El funcionario argumentó el impacto de las moratorias previsionales en la estructura financiera: “El instituto recibió dos millones de personas que no hicieron los aportes correspondientes y hoy les tiene que dar una cobertura del cien por ciento. El aporte de estos nuevos afiliados es mucho menor al de los pasivos”.

Sobre la extensión de la cobertura, detalló: “Cuando el instituto fue creado allá por el año setenta y uno, el promedio era diez años que el instituto iba a tener la responsabilidad de ese afiliado. Y hoy ya estamos prácticamente en treinta años”.

Leguízamo cerró la entrevista con una definición sobre el momento: “Dada la coyuntura que el instituto está en este momento, yo creo que es mejor. PAMI lo estamos ordenando y lo estamos haciendo eficiente y eficiente el gasto”.

a fiscalía amplió la investigación contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y las autoridades del organismo, al acusarlos de utilizar una red de empresas apócrifas con facturas truchas para desviar más de 300 millones de pesos entre 2023 y 2025.

Entre los ítems facturados hay obras que se encargan a una empresa hotelera y no a una constructora, trabajos de producción de contenidos digitales contratados a un grupo de changarines de Mar del Tuyú, que nunca supieron de ese contrato, y otros proveedores que cobraron dinero para aparecer como tales.

La ampliación de la investigación contra Tapia y la AFA corrió por cuenta del fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, que impulsó esta nueva acusación ante el juez Diego Amarante, tras una denuncia de la ARCA. El fiscal pidió ampliar el requerimiento de instrucción tras detectar una maniobra sistemática de simulación de operaciones destinadas a generar “efectos fiscales indebidos”.

Según la denuncia presentada por ARCA, la AFA habría evadido el impuesto a las Salidas No Documentadas durante los períodos 2024 y 2025 por una suma de $289.336.519,66. Sin embargo, el análisis integral de las erogaciones realizadas entre enero de 2023 y marzo de 2025 revela una cifra mayor.

El requerimiento detalla que, sobre una base imponible de más de 916 millones de pesos, el monto total a favor del fisco asciende a $320.784.664,61, a lo que se deben sumar $341.890.220,76 en intereses resarcitorios y una multa de $125.792.579,86.

La fiscalía sostiene que la AFA utilizó un patrón de comportamiento caracterizado por la “ausencia de sustancia económica real” en las firmas usadas como proveedores, algunas de ellas ya registradas en las bases de datos de empresas sospechadas.

Tras fiscalizaciones y visitas presenciales de agentes de ARCA, las autoridades descubrieron algunas particularidades insólitas en los proveedores, como por ejemplo el uso de domicilios inexistentes o los pagos a personas de escasos recursos para aparecer como proveedores.

La denuncia -menciona el requerimiento- señala que la empresa Central Hotel SRL, facturó 9.600.000 pesos por “obras en el predio de Ezeiza” de la AFA. Pero lo llamativo es que la firma está inscripta exclusivamente en actividades de hotelería, lo que el fiscal calificó como “incompatible con lo facturado”.

Además, tras seguir la ruta del dinero, se descubrió que los cheques emitidos por la AFA para pagar esas supuestas obras se usaron para pagar operaciones de compra y venta de ganado, sin vínculo alguno con las supuestas obras.

Otra empresa, Capadoccia SRL, emitió facturas por 56.700.000 pesos por subcontratación de obras y materiales. Pero cuando los inspectores fiscales fueron a la firma, la socia que figuraba en los papeles, la señora Tessitore, “manifestó ante la ARCA desconocer a la empresa y a los demás miembros”.

Otra cotitular de las cuentas bancarias, la señora Medina, confesó que “percibió dinero a cambio de suscribir documentación vinculada a la proveedora”, al confirmar que la empresa era “fantasma” y que solo existía en los papeles.

La empresa declara domicilio fiscal en el Partido de San Martín, domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires y la socia Tessitore, en Mar del Tuyú, Partido de La Costa.

La señora Tessitore le dijo a los inspectores de ARCA que no conocía a la empresa y a los demás miembros que la conforman. Y la señora Medina, supuestamente de la empresa, contó que cobró dinero por firmar papeles vinculados a la proveedora, y además dijo no conocer a la señora Tessitore, su aparente socia.

Su domicilio legal coincide con la sede de la firma Ultrecht SRL., también incluida en la base de contribuyentes no confiables. Tiene además una facturación elevada que no tiene correlato en acreditaciones bancarias y no tiene bienes registrables, como vehículos o maquinaria.

Registra operaciones de compra y venta con ULTRECHT S.R.L. y PRUSSIAN BLUE S.R.L., ambas también investigadas. La firma Prussian Blue SRL le facturó a la AFA 19.171.491 pesos por realizar un “Plan estratégico, contenidos digitales nacionales e internacionales Etapa 1”, “Actualización de software ET. 1”, entre otros servicios.

Sin embargo, cuando los inspectores se presentaron en el domicilio de los socios en Mar del Tuyú, el padre de los supuestos empresarios reveló la verdad: sus hijos eran changarines que no tenían el más mínimo conocimiento técnico en diseño web, cartelería, marketing digital o programación.

Los inspectores hablaron con Mario Orlando Russo, quien les dijo que no conocía a la empresa y que sus hijos, Brandon Ariel y Hernán Ariel, supuestos socio y socio gerente de la inexistente firma proveedora, en realidad se dedican únicamente a realizar trabajos ocasionales o “changas” que les van saliendo. Ninguno sabe nada de computación, lo que demuestra “una carencia de capacidad operativa para realizar los servicios facturados”.

La fiscalía señaló que “las operaciones observadas constituyen maniobras instrumentales de simulación, destinadas a generar efectos fiscales indebidos» e indicó que las firmas “carecen de capacidad operativa, económica y financiera»;

“No realizaron las prestaciones facturadas, integran estructuras carentes de sustancia económica y que, por ende, las operaciones cuestionadas resultan inexistentes desde el punto de vista fáctico y económico», señaló la fiscalía.

Navas Rial señaló a Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA; Pablo Toviggino, tesorero, a Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo. Indicó que detentaban la “capacidad de administración y toma de decisiones organizacionales” durante el período investigado que va entre 2023 y 2025.

El dictamen concluyó que existe mérito suficiente para impulsar la acción penal por el delito de evasión agravada mediante el uso de facturas ideológica o materialmente falsas. Y el fiscal pidió requerir al ARCA los legajos vinculados a los proveedores truchos, los cheques endosados, los documentos enviados a entidades financieras y todo aquel expediente que sea de interés.

Asimismo, pidió al juez que los bancos involucrados en la emisión de los cheques que respaldaron los pagos cuestionados envíen copias del registro de firmas y la documentación que avala a los apoderados.

Por Hernán Cappiello

Fuente: La Nación

La Libertad Avanza intentará constituir una sesión propia en Diputados este miércoles desde las 10 para avanzar con la Ley Hojarasca, la reforma al régimen de Zonas Frías y una batería de tratados internacionales. A las 11, si la sesión oficialista no prospera o cierra rápido, la oposición tiene su propia convocatoria para ir por la interpelación a Manuel Adorni, la citación a Sandra Pettovello y Luis Caputo por el financiamiento universitario, y una agenda social que incluye licencias parentales, PAMI y Remediar. Antes de todo eso, a las 8:30 hay una reunión de labor parlamentaria donde pueden definirse los últimos detalles.

El oficialismo llega al miércoles con el quorum no garantizado y con las negociaciones por Zonas Frías todavía abiertas. El Gobierno no alcanzaba los 129 votos necesarios y salió a buscar apoyos entre gobernadores con una oferta concreta: compensaciones por «zona cálida» —exenciones impositivas sobre la tarifa eléctrica— para Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca y Santa Fe. La medida se implementaría por fuera del proyecto de ley, a través de resoluciones del Poder Ejecutivo, según informó La Nación.

La gran excluida de las compensaciones es Córdoba. El gobernador Martín Llaryora publicó ayer en X su rechazo explícito y pidió a sus diputados votar en contra: el cambio «pone en riesgo a unos 688 mil hogares y a más de 2,2 millones de vecinos», escribió, y advirtió que las tarifas de gas podrían subir entre 42% y 100% durante el invierno. El gobernador salteño Gustavo Sáenz también había cuestionado el proyecto. Los diputados vinculados a Maximiliano Pullaro en Santa Fe no habían definido postura al cierre de esta edición.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

El Gobierno envió el proyecto de Zonas Frías y tensa su relación con los gobernadores aliados

Qué dice el proyecto de Zonas Frías y por qué incomoda a los aliados

El proyecto de modificación reemplaza el subsidio automático del 30% en la «zona ampliada» —incorporada en 2021 por iniciativa de Máximo Kirchner— por un esquema focalizado según nivel de ingresos. Cerca de 3,5 millones de hogares dejarían de acceder al beneficio automáticamente. El distrito más golpeado sería la provincia de Buenos Aires: según la diputada de UxP Jimena López, 1,3 millones de bonaerenses perderían el subsidio. Además, incluso en las zonas de «efectiva severidad climática» —Patagonia, Malargüe y la Puna— el beneficio se reduciría porque se calcularía únicamente sobre el precio del gas en origen, dejando afuera los costos de transporte y distribución. Eso explica parte del malestar entre los legisladores patagónicos, que de otro modo apoyarían al Gobierno.

El timing político es llamativo. Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego —gobernadores hoy aliados del oficialismo— habían votado a favor de la ampliación de Zonas Frías en 2021 cuando eran diputados. Luis Petri también. Ahora apoyan la marcha atrás. Ese dato no pasó desapercibido en la oposición.

La estrategia libertaria para blindar a Adorni

Si la sesión de las 10 se constituye y los diputados permanecen en el recinto, la de las 11 no puede abrirse. Para que eso funcione, el oficialismo necesita que sus aliados no solo bajen sino que se queden. Tiene herramientas para estirar los tiempos —pedidos de cuarto intermedio, debates extensos— pero también tiene un proyecto que incomoda a varios de sus propios aliados. Si el quorum no se constituye o se rompe antes de que se vote Zonas Frías, la sesión opositora tiene su oportunidad.

Con UxP adentro del pedido —Germán Martínez firmó el nuevo temario junto a Cecilia Moreau y Vanesa Siley— la oposición llega mejor parada que en el intento caído del 14 de mayo. El temario también se amplió con la citación a Pettovello y Caputo por el financiamiento universitario, proyectos de licencias parentales, PAMI y Remediar. Cada uno de esos puntos hace más costoso el ausentismo para los bloques que no quieren quedar pegados al blindaje de Adorni.

Diputados: habrá sesión el próximo miércoles, pero LLA intentará bloquear la interpelación a Adorni

Un oficialismo que llega golpeado

El escándalo patrimonial de Adorni lleva más de dos meses dominando la agenda. La interna explotó el fin de semana cuando Santiago Caputo expuso públicamente el vínculo entre la cuenta anónima @PeriodistaRufus y el entorno de Martín Menem, quien el lunes intentó apagarlo con un mensaje al bloque que no convenció a todos. Milei tuvo que salir a forzar un reencuentro entre Menem y Caputo. Es el mismo Menem quien preside la Cámara hoy y tiene que garantizar que la sesión oficialista funcione como escudo para Adorni.

Desde que arrancó el período ordinario en marzo, la Cámara Baja solo sesionó para sancionar la Ley de Glaciares y para recibir el informe de gestión de Adorni. Hoy es la primera vez que el oficialismo convoca una sesión propia con proyectos de su agenda. Necesita que salga. No solo por las leyes en juego, sino porque un quorum que no cierra sería la señal política más costosa de todas y además dejaría expuesto a su jefe de Gabinete.

Fuente: Perfil.com

“Yo la quiero presentar lo antes posible”, le dice el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quienes le consultan sobre su declaración jurada de bienes, la cual configura un material clave en el marco de la causa judicial que tiene en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito. Es que el funcionario debe dar indicios de dónde provinieron los fondos y cómo se produjo el crecimiento patrimonial que le permitieron realizar las transacciones y movimientos de dinero que se recabaron en la investigación de los últimos meses.Te puede interesar:El Gordo Dan habló de la interna libertaria: “Le mintieron al Presidente, no es algo prefabricado”

Luego de una modificación administrativa, el jefe de la administración nacional tiene hasta el 31 de julio para presentar su Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) correspondiente al período de 2025. Antes el límite que regía era el 31 de mayo. Es en base a esos dos datos que en el fuero íntimo de Adorni indican que la fecha de entrega de ese documento se hará en el comienzo de junio.

“Siempre se dijo que se iba a presentar antes del vencimiento y eso va a ser así. Y como el vencimiento original era a fines de mayo, supongo que irá más o menos por esa fecha”, afirma una fuente inobjetable. En la Casa Rosada hay quienes creen que será más tendiente a hacerlo en los primeros días de junio que hacia el final de mayo. “Antes del Mundial”, afirman.Te puede interesar:Un argentino en el cementerio más grande del mundo: “Es como una favela de bóvedas, con más de 6 millones de muertos enterrados”

A Infobae le consta que tanto el entorno de Adorni como los operadores judiciales del Gobierno venían diciendo en privado que la entrega de la DJPI iba a ser por ese período.

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Lo que descompaginó todo fueron las declaraciones del presidente Javier Milei en el reportaje que dio para aclarar la situación de su vocero, quien había sido apurado por Patricia Bullrich para que trasparentara su situación patrimonial lo antes posible. Sin haberle consultado antes a Adorni, aseguró ante LN+ que había visto los papeles y que la presentación iba a ser de manera inmediata.Te puede interesar:El giro de Milei con Jorge Macri: del “Roma no paga traidores” a una posible negociación

“Nunca se dijo que se iba a presentar de un día para el otro, hubo un error que después fue repetido por los medios”, afirmó una fuente de alto rango al interior del Gobierno. Minutos antes de que Milei concediera esa entrevista, este medio había escuchado de un importante funcionario que el plazo de presentación iba a darse entre 25 a 30 días después de esa fecha (la declaración de Bullrich fue el 6 de mayo).

Patricia Bullrich y Manuel Adorni

En el círculo del jefe de Gabinete marcan que sigue estando el condicionante de la investigación. “Depende del tema judicial. No es tan lineal”, explican, sin argumentar cuál sería el impedimento aparente. Quienes han conversado con Adorni confiesan que les ha dicho: “De cualquier manera, la voy a presentar bastante antes del vencimiento. De hecho, voy a ser la primera persona en el país que presente la declaración jurada porque lo voy a hacer con bastante tiempo de anticipación”.

Se prevé que Adorni declare fondos pertenecientes a su esposa, Bettina Angeletti, e incluya una herencia de su padre, fallecido en 2002, que habría atravesado un proceso sucesorio extenso finalizado recientemente. El documento también deberá detallar los gastos realizados en la refacción de propiedades, especialmente una casa en el country Indio Cua Golf Club, así como un préstamo de 65.000 dólares de un amigo para remodelaciones en un departamento de Caballito.

La declaración patrimonial será revisada por peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DATIF), quienes cotejarán los datos presentados con la evidencia reunida en la causa judicial. La filosofía que impera en la fiscalía de Gerardo Pollicita -quien lleva la investigación de la causa- es que la prioridad de Adorni es que los números cierren desde el punto de vista legal, independientemente de la percepción pública sobre el volumen y destino de sus gastos.

En el Gobierno tienen temor de que la dilatación de la presentación continue generando expectativa en la agenda mediática. “Se va a hablar de eso antes y después. Sobre todo después, porque todos van a estar analizando los datos que presentó. Da para varias semanas”, afirman un integrante del oficialismo.

PLa declaración jurada actualizada de Francisco Adorni, ante la Oficina Anticorrupción

Con mucha más celeridad actuó Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, que rectificó en cuestión de días su declaración jurada tras la apertura de una causa judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En la nueva presentación, declaró la existencia de una herencia de 21 millones de pesos que no había informado previamente a la Oficina Anticorrupción. Además, actualizó la valuación de su casa en City Bell, que ahora figura por 67,5 millones de pesos, y precisó los montos pendientes de un crédito hipotecario con el Banco Provincia, cuyo pago y justificación están bajo investigación.

El fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas, a cargo de la causa, ordenaron diversas medidas como el levantamiento del secreto fiscal y bancario, y la solicitud de informes detallados al Banco Provincia sobre el crédito hipotecario.

La investigación también abarca informes de otros organismos y entidades públicas y privadas, centrándose en inconsistencias patrimoniales y posibles inversiones en el mercado de capitales. Fuentes judiciales señalan que la corrección de la declaración no disipa las sospechas, sino que refuerza la hipótesis de irregularidades en el patrimonio del legislador.

Fuente: Infobae.com