La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado brindó hoy dictamen al proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados que crea una bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura cívico militar.
El proyecto, aprobado por 170 votos a favor (disidencias parciales de la UCR, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda y el interbloque FAP), y sólo 14 abstenciones del PRO y sus aliados de Salta y Mendoza, pretende buscar “la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”.
El cuerpo estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores, respetando la representación parlamentaria, y deberá presentar un informe con los aspectos más salientes “así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada” por la última dictadura militar y la “identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron” con ese gobierno de facto.
Además, se creará en el ámbito del Congreso el “Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia” que pondrá a disposición del público el informe al que hayan arribado, así como cualquier otro documento relacionado “con los objetivos perseguidos por la última dictadura militar y sus complicidades económicas”.
El dictamen para la creación de una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura cívico militar. fue firmado hoy sólo por los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales que integran el Frente para la Victoria, ya que el radicalismo cuestionó los alcances de la investigación.
Según el artículo sexto del proyecto, la Bicameral “deberá instar a quienes determine como cómplices económicos y financieros de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y ofrecer mecanismos de reparación de daños”.
“Se trata de una responsabilidad histórica que le toca a este Congreso”, enfatizó el presidente de la Comisión, el kirchnerista Marcelo Fuentes. Según el senador neuquino “hubo una campaña en los medios de comunicación diciendo que esta Comisión pretendía enjuiciar a los responsables” y destacó que el Parlamento “tiene la atribución de analizar la verdad política” y “no avanza en ninguna facultad de otros poderes”.
El radical Mario Cimadevilla había denunciado que los atributos de la Comisión “se apartan de los principios que llevaron al juzgamiento y encarcelamiento de los responsables durante el gobierno de (el ex presidente radical) Raúl Alfonsín” y que “otorga facultades judiciales que usurpan jurisdicciones y garantías”. “Otros partidos deberían hacer un mea culpa y pedirle perdón a sus militantes muertos por la dictadura por apoyar la autoamnistía que querían los militares”, cuestionó Cimadevilla.
En cambio, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, sostuvo que “esto no es un ajuste de cuentas entre los partidos nacionales”. “Desde esta comisión sabemos cuáles son los límites: la elaboración de un informe. Aunque algunos hechos serán, seguramente, análisis de investigación judicial”, conjeturó el legislador rionegrino.