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  • Imputan a autoridades de la UBA por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

    El fiscal federal Franco Picardi imputó a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

    Se trata de una causa abierta por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos Procelac en la que uno de los principales acusados es Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda y Administración de la UBA y actual titular de la Unión Cívica Radical (UCR).

    Además, las Fiscalía federal 5 imputó al ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, José Luis Giusti, y al ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la FCE-UBA, Sergio Gastón Ricardo, pero el total de denunciados llegan a cuarenta.

    La denuncia se originó en una investigación periodística del programa Minuto Uno, de C5N, y los tres integrarían el equipo de asesores del ex candidato de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio Eco de Martín Lousteau, recuerda hoy el sitio www.fiscales.gob.ar .

    En su requerimiento de instrucción, el fiscal les imputó haber utilizado el alto cargo jerárquico que desempeñaban en la casa de estudios para realizar “numerosos negocios espurios” a partir del desvío de millonarias contrataciones entre el Hospital de Clínicas y diversas proveedoras de insumos y medicamentos de su propiedad.

    Para ello habrían contado con la complicidad clave de quienes sucesivamente se desempañaron al frente de la Dirección de Administración del hospital escuela dependiente de la UBA: Marcos Coy, Omar Quiroga y Leopoldo Bordoli, quienes habrían sido especialmente designados para cumplir ese rol.

    La investigación preliminar de Procelac corroboró que la firma Medipack S.A., constituida por un cuñado del denunciado Sergio Ricardo, fue proveedora del Hospital de Clínicas desde el 9 de abril de 2009 hasta el 19 de marzo de 2014, a través de 69 contrataciones y por un monto total de $11.229.168.

    Otra firma que habría participado de las maniobras sería American Salud S.A. fue proveedora del mismo hospital, con nueve contrataciones por $872.576.

    Dentro del reglamento de la UBA, el secretario de Hacienda y Administración tiene la función clave de autorizar y aprobar todas las contrataciones de hasta $1.000.000, tanto de la Universidad como de los organismos que dependen de ella, como es el caso del Hospital de Clínicas “José de San Martín”.

    La acusación llegaría hasta la administración infiel en caso de comprobarse la existencia de sobreprecios denunciada por la Procelac.

  • Imputan a Fernando Niembro y su socio en La Usina por presunto lavado de dinero

    El juez Federal Sebastián Casanello ordenó hoy dar curso a las medidas de prueba sugeridas por el titular de la fiscalía criminal y correccional federal 7, Ramiro González, quien imputó hoy a Fernando Niembro y al que era su socio en La Usina Producciones SRL, Atilio Alberto Meza, por presunto lavado de activos de origen ilícito por una suma cercana a los 20 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.

    El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó varias medidas de prueba para profundizar la investigación, como la solicitud de información a la AFIP y al Banco Central, así como también a otros organismos públicos nacionales.

    A la vez, requirió al ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, ARBA, información sobre la deuda que “La Usina Producciones” registraría ante esa agencia, y a los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, que informen si los imputados son titulares registrales de studs o boxes.

    La denuncia había sido formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con firma del fiscal general Carlos Gonella, en base a la existencia de contratos entre La Usina Producciones SRL y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por alrededor de 20 millones de pesos.

    Según consta en la denuncia presentada por Gonella, a través de estos contratos realizados «usando la excepción como regla, se habría beneficiado económicamente, e ilegalmente, a Fernando Niembro y a Atilio Alberto Meza”, durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2015.

    «Se transformó la excepción en la regla», dijo González en su resolución, al hacer referencia a que para la adjudicación se utilizaron ciertos mecanismos excepcionales tales como la contratación directa y/o el régimen establecido por el Decreto 556/2010, en vez de la regla, que es la licitación.

    «Necesariamente ese gran caudal de dinero de origen ilícito (que supera holgadamente la condición objetiva de punibilidad impuesta por el art. 303 del C.P) debió haber sido puesto nuevamente en circulación en el mercado, con la consecuencia posible de que adquiera la apariencia de un origen lícito”, expresó Gonella en su denuncia.

    La causa quedó radicada en el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello, bajo los autos “Rodríguez Larreta y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.

    La investigación preliminar que dio origen a la denuncia se inició el 2 de septiembre luego de la publicación de diversos artículos periodísticos que daban cuenta del “posible hecho de corrupción con trascendencia institucional”.

    La Procuraduría consideró la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF).

    De esa información surgió que tanto Meza como Niembro “incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama”, marca Mercedes Benz y Audi.

    El representante del Ministerio Público Fiscal también destacó que “las contrataciones sospechosas involucrarían la prestación de servicios de publicidad para distintas reparticiones del Poder Ejecutivo porteño”.

    En este sentido, señaló que La Usina habría comprado “espacios de publicidad en los medios y luego se los vendería a un precio mayor a diversas dependencias públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

    Finalmente, apuntó que para perfeccionar esta operatoria se habrían invocado forzosamente razones de «urgencia», dejando habilitados -de este modo- los mecanismos previstos para la contratación directa.

    De acuerdo a la denuncia original, el principal contratante de dicha empresa fue la Secretaría de Comunicación Social porteña, a cargo de Pablo Gaytán, desde diciembre de 2011, indicando que la mayoría de los contratos directos habrían sido otorgados por “servicios de publicidad”.

    Allí también se consignó que La Usina ”habría recibido dinero del Ministerio de Desarrollo Social, de la cartera de Salud y de la Jefatura de Gabinete, todos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    El fiscal federal indicó que la Procelac había señalado como irregularidades más notorias la adjudicación de contratos a favor de La Usina entre las que figuraban las 164 contrataciones adjudicadas por el gobierno porteño a favor de la productora por un monto total de 19.473.878,80 de pesos.

  • Elevan a juicio oral la causa contra Fariña por el delito de evasión fiscal agravada

    El titular del juzgado Federal número 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, decidió elevar a juicio oral la causa que enfrenta Leonardo Fariña por el delito de evasión fiscal agravada. El juez Kreplak declaró clausurada la etapa instructoria y elevó la causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal del circuito. Tras el sorteo correspondiente, quedó definido que el juicio quedará en manos del Tribunal Oral Federal N° 1.

    El pronunciamiento del magistrado se concretó luego de que la fiscal federal de La Plata, Ana Miriam Russo, pidiera que se eleve a juicio la causa que enfrenta Fariña. En su momento, la fiscal también solicitó que continúe la instrucción por el delito de insolvencia fiscal fraudulenta, petición que fue aceptada por el juez Kreplak.

    Fariña, quien se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, está acusado de omitir en las declaraciones juradas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los ingresos que, en su alegada calidad de empresario y asesor financiero, le permitieron adquirir el 16 de diciembre de 2010 cinco fracciones de campo en Mendoza por un total de 5 millones de dólares.

    Según pudo detectar la autoridad impositiva, en la operación Fariña se hizo pasar por comisionista –es decir, que realizaba la maniobra a nombre de otra persona– cuando en realidad era el verdadero comprador.

    La maniobra le permitió que «tan importante incorporación a su patrimonio» permaneciera «en la penumbra y disimulada», puntualizó la fiscal, quien contó para esta presentación con la asistencia técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a través de su Área de Delitos Tributarios y Contrabandos, a cargo de Mariela Palese.

    En ese sentido, Russo explicó que «mediante la declaración engañosa de que compraba ‘en comisión’, Fariña ocultó maliciosamente la disposición de 5.000.000 dólares y la aplicación de ese importe a la adquisición de fracciones de campo.

    En virtud de ese ardid, la materia imponible sujeta a tributación quedó oculta, conduciendo a la evasión total del pago de los tributos pertinentes».
    Esos inmuebles, luego, fueron escriturados a su nombre el 21 de diciembre de 2012 y, en la misma jornada, vendidos en 1,8 millones de dólares.

    «La AFIP advirtió la falta de justificación al incremento patrimonial que significó para el imputado Fariña la adquisición de los cinco inmuebles mencionados, por lo cual infirió, en los términos del artículo 18 inciso f) de la ley 11.683, que los fondos con los cuales efectuó esas adquisiciones provenían de ingresos no declarados por el nombrado», describió la fiscal Russo.

    Tras la detección de las operaciones inmobiliarias, la AFIP determinó de oficio la deuda -es decir, realizó el «ajuste», tal el concepto utilizado por la autoridad fiscal- de Fariña con relación a los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado «derivado de los ingresos no declarados con los cuales adquirió los inmuebles».

    Por otro lado, la fiscal Russo consideró que aún no se encontraba cerrada la investigación respecto del delito de insolvencia fiscal fraudulenta, que pena a quienes habiendo tomado conocimiento de la iniciación del procedimiento administrativo o judicial tendiente al cobro de las obligaciones tributarias provocare o agravare su insolvencia para frustrar su cumplimiento.

    Por este delito, estaba siendo investigado no solamente Fariña, sino también Roberto Erusalimsky, quien figura como comprador de los cinco inmuebles en la provincia de Mendoza en 1,8 millones de dólares.

    La causa que fue requerida a juicio fue iniciada a raíz de una denuncia de la AFIP por la presunta comisión de los delitos de evasión fiscal y evasión fiscal agravada por el monto respecto del Impuesto a las Ganancias por los períodos 2010-2011, Impuesto al Valor Agregado por el período 2011 e Impuesto sobre los Bienes Personales del período 2010.

  • Malvinas: la Justicia argentina ordenó embargos millonarios a petroleras

    La jueza federal de Río Grande en Tierra del Fuego, Lilian Herráez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a empresas petroleras que operan en las Islas Malvinas. La medida judicial solicitada por el Ministerio Público Fiscal fue dictada el 25 de junio pasado y revelada hoy en el marco de la causa penal iniciada por el Gobierno argentino por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental de nuestro país.

    La magistrada fueguina dispuso también, como medida de no innovar, el “cese inmediato de la comisión del delito”, que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios. La denuncia involucra -en principio- a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.

    El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputaron a las empresas la presunta comisión de «actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas». El fundamento de los fiscales es que las operaciones se realizan sin “autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina».

    Por su parte el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, junto con la titular de la recientemente creada Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena, precisaron los pedidos de medidas cautelares patrimoniales para “asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados”. La URA logró identificar los activos de las compañías en el exterior y descubrió que una de las firmas imputadas, la estadounidense Noble Energy, registra una sucursal local en la Argentina, por lo que también impulsaron el embargo de sus bienes.

    La fiscalía y la URA solicitaron el secuestro y embargo preventivo de tres buques dedicados a tareas de relevamiento de datos estratégicos en el Atlántico Sur. La medida abarca, también, a la plataforma semisumergible “Eirik Raude” utilizada para hacer perforaciones en el lecho submarino, y al dique flotante “Noble frontier”, afectado a un programa de perforación petrolera en la zona, señala el escrito judicial.

    La jueza Herráez ordenó la “interdicción de navegar” de todos los barcos, con el argumento de que “no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Buques”, y explicó que la restricción “impide la salida (de los buques) de los puertos donde se encuentren”. La magistrada también dio por demostrado, en esta instancia de la causa, que con motivo del anuncio de hallazgo de petróleo y gas en las Islas Malvinas, realizado por la empresa FOGL el 2 de abril pasado, se obtuvo una “ganancia ilícita”. Herraez tuvo en cuenta que el día del anuncio, el valor de las acciones de la firma en el Mercado Alternativo Bursátil de Londres (AIM) aumentó más del 34%, y el volumen de transacciones negociadas más de 400%, alcanzando los mayores valores históricos de los últimos años. Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron el embargo preventivo de esas ganancias, para lo que identificaron cuentas bancarias de FOGL en el extranjero.