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  • Comenzó el censo de las familias que ocupan el predio en Merlo

    El gobierno bonaerense y la municipalidad de Merlo realizan hoy, a partir de las 10, un censo para resolver la situación de las familias que ocuparon y levantaron precarias carpas el predio del barrio Nuevo, con el objetivo de encontrar respuestas a las demandas planteadas.

    Fuentes policiales indicaron esta mañana a Télam que el censo se realizará por fuera del espacio de 60 hectáreas, sobre la ruta 1003, en un lugar designado por la Fiscalía General de Morón, y advirtieron que luego de contabilizados los ocupantes no podrán reingresar al lugar.

    «Estamos desde el día de ayer con el ministro (Eduardo) Aparicio, de Desarrollo Social, el ministro (Alejandro) Granados, de Seguridad, con instrucción precisa del gobernador (Daniel) Scioli de generar una solución pacífica y sin violencia», indicó hoy la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez. «Repudio absoluto a cualquier tipo de toma de predios, no es la solución para un problema que existe que son las familias con necesidades habitacionales, también hay vivos que se aprovechan y el uso político», comentó en declaraciones a Radio 10. «Esto está judicializado; en el mientras tanto, la decisión de Scioli es realizar junto a Eduardo Aparicio un censo sujeto a la ley de hábitat provincial», añadió.

    El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Eduardo Aparicio, aseguró que «los vecinos dejarán los terrenos tras el censo» a las 3 mil familias que ocuparon el predio. «Vamos a empezar a hacer este censo social para implementar la ley de hábitat social», dijo en referencia a la norma prevé la construcción de nuevos proyectos habitacionales y la mejora de los barrios informales. «Una vez que hagamos las fichas censales los vecinos van a dejar una guardia y van a empezar a desalojar porque esto no es solamente hacer el censo y dar el terreno, hay que ver el impacto ambiental, cuáles de los lotes son habitables y cuáles no», aseguró.

    Anticipó que una vez que los terrenos sean desalojados «la Justicia va a poder actuar más fuerte con los que están actuando fuera de la ley, que son los que tomaron las propiedades que ya tienen dueños». Sostuvo que ayer tuvieron «una buena reunión» con los vecinos, quienes además «reconocieron que habían usado un mecanismo fuera de la ley que fue esta toma».

    En sintonía, el subsecretario de Urbanismo Social bonaerense, Ricardo Spalletti, indicó hoy que “se determinará la necesidad de la gente a partir del estudio censal”. “Se expropiaría el predio y se haría el análisis del censo en función a las necesidades sociales”, sostuvo al canal TN.

    Detrás de la ocupación hay un trasfondo político, según denunció el intendente electo de Merlo por el Frente para la Victoria, Gustavo Menéndez, que responsabilizó a Othacehé de «la utilización de los más humildes mediante la toma de terrenos en forma simultánea con el fin de generar caos social». Aclaró que «no se puede infringir la ley» y reconoció que «hay vecinos que tienen necesidades reales después de 24 años donde no hubo una política habitacional fuerte» del actual jefe comunal Raúl Othacehé.

    A su vez resaltó que “ha empezado a funcionar la maquinaria del Estado y eso es alentador. Hemos tomado contacto con vecinos circundantes que se sienten amenazados e invadidos, también con vecinos que participan de la toma que tienen necesidades reales después de 24 años donde no hubo una política habitacional fuerte, pero está claro que no se puede infringir la ley”, explicó el Intendente electo a Radio Provincia. Y agregó que «Se han desplegado 600 efectivos de la Policía Bonaerense, lo que actuó como disuasorio de la toma y muchas personas salieron pacíficamente, y el ministro de Desarrollo Social bonaerernse, Eduardo Aparicio, se reunió con las autoridades municipales actuales y después se hizo presente en la toma y habló con quienes la lideran llegando al acuerdo de realizar un censo y la gente estaría dispuesta a dejar la toma», destacó.

    Por último y en sintonía con su crítica al actual mandatario Othacehé, Menéndez remarcó que las autoridades municipales actuales “estaban desaparecidas”, ya que “tienen un encono con nosotros por haber perdido, pero a la gente no le importa lo que opine un político del otro sino que podamos tener una solución”.

  • Después de 11 años condenan a 10 policías por la «Masacre de Quilmes»

    Diez policías, entre ellos el ex jefe de una comisaría de Quilmes, fueron condenados esta mañana a penas de entre tres y 19 años de prisión, todas de cumplimiento efectivo, acusados por la denominada «Masacre de Quilmes», en la que cuatro detenidos murieron en 2004 durante un motín.

    Fuentes judiciales confirmaron que el veredicto fue dictado esta mañana por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 quilmeño, en el edificio situado en avenida Hipólito Yrigoyen 475, y todos los policías, que habían llegado en libertad al debate oral, salieron detenidos: cuatro de ellos a una cárcel común y los otros seis con arresto domiciliario. La sentencia fue recibida con satisfacción por los familiares de las víctimas Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).

    Los jueces Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Portunato condenaron al inspector Fernando Pedreira a 19 años de prisión por «apremios ilegales reiterados en concurso real con tormentos»; al entonces jefe de la comisaría de Quilmes, Juan Pedro Soria a 10 años por «estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar tormentos»; al cabo Hugo D’Elía, a 10 años, y al agente Juan Carlos Guzmán, a 9 años, por los «apremios ilegales». Tanto por Soria, como por Pedreira, D’Elía y Guzmán, los jueces pidieron la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y ordenaron la inmediata detención de los cuatro. En tanto, el subcomisario Basilio Vujovich fue condenado a 4 años de prisión; los inspectores Jorge Gómez y Humberto Ávila, a 3 años; los agentes Gustavo Altamirano y Franco Góngora, a 3 años y cuatro meses; y la agente Elizabeth Grosso, a 3 años y medio. Todos ellos por el delito de apremios ilegales.

    Para estos seis policías, los jueces ordenaron el arresto domiciliario con monitoreo electrónico hasta tanto se confirme la sentencia en instancias superiores y, en ese caso, sí deberán ser trasladados a una cárcel común. Durante los alegatos, el fiscal de juicio Claudio Pelayo había solicitado que el ex comisario Soria sea condenado a 8 años de prisión, 22 años de cárcel para Pedreira, para D’Elía había solicitado 15 años, 13 para Ávila, 11 para y finalmente 9 años para Vujovich, Grosso, Góngora y Altamirano; y 5 para Gómez.

    El hecho ventilado en el debate ocurrió la noche del 20 de octubre de 2004, cerca de las 23.30, cuando los detenidos iniciaron una quema de colchones en sus celdas de la comisaría 1ra. de Quilmes, situada en la esquina de Alem y Sarmiento, en pleno centro de esa ciudad.  Según la investigación, al momento de iniciarse el conflicto había 17 adolescentes detenidos en la dependencia, siete de ellos en un calabozo y los restantes 10 en otro. Durante la tarde, los policías ingresaron a las celdas, los hicieron desnudarse y los golpearon, lo cual era una «práctica sistemática», según declararon varios testigos, quienes añadieron que los detenidos eran obligados a pelearse entre sí y los uniformados «apostaban» a ver quién ganaba.

    Esa noche, un oficial le dijo a Maldonado que su hermanita de dos años había muerto -lo cual era falso- por lo que el joven empezó a gritar para que lo dejaran salir e ir con su familia.

  • La reestructuración de la Policía Bonaerense busca una «mayor especialización», aseguran en la Provincia

    La reestructuración de la Policía Bonaerense dispuesta esta semana busca una «mayor especialización» de la fuerza en las «problemáticas específicas» de cada jurisdicción, afirmó el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Raúl Fernández.
    Además, el funcionario aseguró que a partir de la gestión de Alejandro Granados al frente de la cartera desde agosto de 2013 «se puso en marcha un proceso de presencia policial muy fuerte» en la provincia de Buenos Aires, que considera que «tiene que seguir» a partir de diciembre, cuando finalice el mandato del gobernador Daniel Scioli.
    En una resolución dada a conocer el jueves de esta semana, Granados dispuso la disolución de las Jefaturas Departamentales y la creación de 74 Coordinaciones que articularán las fuerzas comunales, locales, distritales, rurales y de seguridad vial.
    «Es un cambio de instrumentación progresiva», manifestó Fernández, aunque resaltó que con el cambio «prácticamente se duplicó el número de Departamentales (ahora llamadas Coordinaciones) y se puso el énfasis en la descentralización y en la coordinación territorial».
    De acuerdo con el funcionario, la «especialización» de las distintas fuerzas policiales en cada jurisdicción suponía «una tensión», para la que se hizo necesaria la figura de «un coordinador operativo que, si bien no se mete en la especialidad de cada una, tiene la misión de articularlas en un hecho determinado».
    Así, el coordinador de Policía ejercerá la función de acoplar el Comando de Prevención Comunitaria (CPC), el Comando de Prevención Rural (CPR) con la Policía Distrital y Comunal, la Policía de Seguridad Vial y la nueva Policía Local.
    Las 74 Coordinaciones se corresponderán cada una con uno -en los casos de los partidos bonaerenses más densamente poblados y del conurbano bonaerense- o más municipios, y estarán divididas en tres clases: «A», «B» y «C».
    «Los categoría `A` son más importantes, tienen una mayor población y problemáticas específicas por esa densidad territorial», explicó Fernández, en referencia a las Coordinaciones de La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata (partido de General Pueyrredón) y Quilmes, y añadió que «la complejidad de la jurisdicción requerirá una capacitación especial de los coordinadores y también del personal policial».
    Además, el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad señaló que los coordinadores de las reparticiones clase «A», son quienes «tienen más antigüedad, más jerarquía y experiencia», acorde a las dificultades que suponen esas jurisdicciones.
    Las Coordinaciones clase «B» serán las de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Azul (que incluye los municipios de Azul, Las Flores y Benito Juárez), Bahía Blanca, Berazategui, Tigre, San Isidro, Vicente López, Florencio Varela, Lanús, Avellaneda, Malvinas Argentinas, San Miguel, Merlo, Morón, Pilar, Moreno, José C. Paz, San Martín, Tres de Febrero y Escobar.
    Finalmente, el resto de la provincia de Buenos Aires estará repartido en otras 47 Coordinaciones de Policía de clase «C», que en la mayoría de los casos incluirán más de un municipio.
    En tanto, a poco más de una semana de los comicios que definirán la elección de un nuevo gobernador para la provincia, Fernández analizó positivamente la política en materia de seguridad de la gestión Scioli – Granados y consideró que «ha cambiado totalmente» la presencia policial en el ámbito bonaerense.
    «El entrelazamiento entre la policía y la gente estaba muy deteriorado», reconoció el funcionario, y manifestó que si bien «el proceso para que la gente confíe en la policía llevará años», ahora «hay una prevención mucho mayor y una respuesta mucho más rápida», gracias a la incorporación de «miles de nuevos efectivos» y tecnología a la fuerza.
    «En el área rural, donde antes había 600 agentes y ahora son 2.800 y se han dotado de 350 nuevos vehículos, camionetas todo terreno necesarias por las características de la zona», ejemplificó el funcionario.

  • Scioli: «No hay promesas ni fórmulas mágicas para combatir la inseguridad»

    Daniel Scioli, gobernador bonaerense y candidato a presidente por el Frente para la Victoria (FpV), aseguró hoy que «no hay promesas ni fórmulas mágicas para combatir la inseguridad” y sostuvo que su gobierno hizo “la mayor campaña de reclutamiento y renovación de todos los tiempos” de la policía de la provincia de Buenos Aires.

    “Estoy convencido y los resultados lo demuestran que no hay promesas ni fórmulas mágicas para combatir la inseguridad”, dijo Scioli al presidir el egreso de 4.000 policías durante un acto que encabezo en la escuela “Juan Vucetich” y en el que estuvo acompañado por el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.

    Scioli reiteró que la seguridad “fue, es y será mi prioridad” y destacó que hizo “la mayor inversión en seguridad de todos los tiempos en la provincia de Buenos Aires ,donde en este año aumentamos un 66 por ciento”.

    “Esto nos dio herramientas para prevención, para anticiparnos al delito, con la incorporación de mayor tecnología, 3800 nuevos patrulleros y casi cien mil agentes en ejercicio de su función”. graficó.

    En su discurso, Scioli aseguró que desde que decretó la emergencia en seguridad en abril de 2014 “los homicidios en ocasión de robo bajaron a la mitad” según datos de la Procuración de la Suprema Corte.

    “Desde que asumí la gobernación, la policía de la provincia lleva realizados casi 170 mil procedimientos contra el narcotráfico en las que se incautaron 11 toneladas de cocaína y 97 de marihuana”, precisó.

    Sostuvo que si bien “falta mucho, es importante considerar esta información” y dijo que “nos obliga a redoblar esfuerzos”.

    “Estamos transformando la policía de la provincia de Buenos Aires pero Argentina necesita también que el Poder Judicial se involucre cada vez más como parte de la solución de esta preocupación ciudadana que es la seguridad”, detalló.

    Scioli resaltó también el rol del secretario de Seguridad, Sergio Berni, porque aseguró que «es un hombre de acción con el que trabajamos como indica nuestra Presidenta en conjunto con la Nación para desarticular e crimen organizado».

    “Unir esfuerzos, integrar, que la seguridad no se limite sólo al accionar policial, sino que también tenga que ver con la educación, la salud, el deporte y la juventud es lo que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires”, precisó.

    En ese sentido, aseguró que Argentina “necesita seguir construyendo de abajo para arriba para seguir levantando todo y no de arriba para abajo aplastando todo. Ese es el verdadero desarrollo social, económico y humano de un país”.

    El candidato presidencial del FpV dijo además que “la gran victoria es construir sobre lo construido” y les aseguró a los efectivos que “ser policía implica gran sentido del compromiso y la responsabilidad social».

    “Como servidores públicos deben sentirse orgullosos porque el pueblo les encomienda lo más sagrado, la vida, incluso poniendo en riesgo su vida», puntualizó. Además agradeció a los intendentes que se comprometieron a apoyar la creación de los Comandos de Patrulla Comunitaria y la de la Policía Local.

    En tanto, en su breve discurso, el ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados, dio la bienvenida a los nuevos oficiales a los que les dijo: «No entran a la Bonaerense a la que hemos enterrado. Entran a la policía de la provincia de Buenos Aires”.

    Del acto, participaron además el vicegobernador, Gabriel Mariotto y los intendentes de Berazategui, Patricio Mussi; de La Matanza, Fernando Espinoza y de La Plata, Pablo Bruera, entre otros.

  • Policía circuló a contramano por el Camino del Buen Ayre y mató a una mujer y a su hija

    Un subteniente bonaerense provocó una tragedia en Camino del Buen Ayre. «Me peleé con mi mujer y tomé de más», argumentó. La abuela de la niña había perdido un hijo en Cromañón

    Una mujer y su hija de cuatro años murieron al ser embestidas por un subteniente de la Policía provincial, quien conducia un utilitario a contramano y a alta velocidad.

    Ocurrió el domingo por la madrugada en la mano hacia le norte de la autopista. Un utilitario Peugeot Partner chocó de frente contra un Honda City. En el auto circulaba un matrimonio con sus dos hijos pequeños y producto del brutal impacto el utilitario se elevó y termino en la mano contraria tras saltar el guardarrail.

    El choque provocó la muerte inmediata de la mujer, mientras que la pequeña fue trasladada al Hospital Posadas, de Haedo, donde su vida lentamente se apagó. En tanto, el esposo y padre de las víctimas -de 35 años- terminó internado en estado de shock, aunque se encuentra fuera de peligro.