El juez Sergio Moro, a cargo de la investigación de corrupción en Petrobras, afirmó hoy que no existen pruebas de que el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva haya participado en delitos que se investigan en la causa, luego de que hoy la Policía detuviera al empresario José Carlos Bumlai, a quien la prensa vincula con el fundador del Partido de los Trabajadores (PT).
Esta mañana fue detenido el empresario José Carlos Bumlai, que según medios locales es amigo personal del ex presidente y sospechoso de haber intermediado contratos entre empresarios y la petrolera.
Moro tiene a su cargo la investigación del Lava Jato, apodo con el cual se conoce a la causa de cobro de sobornos en Petrobras, cuyos beneficiarios, fueron empresas y partidos políticos. En el fallo que determinó la prisión de Bumlai, Moro enfatizó que no existen pruebas contra Lula en los ilícitos investigados.
«No existe ninguna prueba de que el ex Presidente de la República haya estado envuelto en estos ilícitos, pero el comportamiento recurrente del investigado José Carlos Bumlai despierta el natural recelo de que el mismo nombre sea de alguna manera, pero indebidamente, invocado para obstruir o para interferir en la investigación o en la instrucción», señaló Moro en la sentencia citada por la agencia Brasil247.
Para el magistrado, «hechos de la especie tendrían el potencial de causar daños no sólo al proceso, sino también a la reputación del ex presidente, siendo necesaria la prisión preventiva para prevenir ambos riesgos».
Bumlai es sospechoso de haber tomado un crédito de 12 millones de reales en el Banco Schahin, recursos que según los investigadores habrían sido transferidos al oficialista PT.
Según fuentes vinculadas al caso y medios, Bumlai hacía uso del nombre de Lula en sus negocios ilícitos.
El testimonio que más involucra a Bumlai, según la policía, fue dado por el empresario Fernando Soares, condenado a 16 años de cárcel por su participación en el caso.
Según declaró Soares en el marco de un proceso de colaboración judicial que permitió la reducción de su pena, en 2011 se reunió con Bumlai y le entregó dos millones de reales (hoy unos 540 mil dólares), con los que habría pagado su intermediación en un negocio con la petrolera estatal.
Algunas versiones sostienen que Soares dijo que, en realidad, ese dinero sería destinado a pagar parte de unas deudas que una nuera de Lula tendría por la compra de un departamento, lo cual ha sido negado tajantemente por el ex mandatario.
La Policía denunció que en los últimos años operó en Petrobras una red de corrupción que adjudicaba contratos a empresas privadas de forma fraudulenta, inflaba sus valores y repartía las diferencias entre ex directivos de la propia estatal y políticos que facilitaban esas maniobras.
La propia Petrobras ha reconocido en sus balances que los fraudes le causaron perjuicios financieros por 2.000 millones de dólares en la última década.
Por este asunto, que generó una crisis política, se investiga a medio centenar de dirigentes de partidos que, en su mayoría, pertenecen a la base parlamentaria que apoya al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, sucesora de Lula.
Entre los políticos investigados están los actuales presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros, ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer.