La Suprema Corte de Justicia de México, por cuatro votos a favor y uno en contra, ha abierto las puertas a la legalización de la marihuana con fines lúdicos y sin ánimo de lucro. La histórica decisión supone un paso de gigante para un país que durante años ha combatido a sangre y fuego el narcotráfico. Nuevamente, como ya ocurriera con el matrimonio gay, han sido los jueces los que han tomado la iniciativa frente a una opinión pública mayoritariamente en contra y unos partidos titubeantes.
En este caso, los magistrados han primado la libertad personal sobre los daños a la salud. Y aunque el fallo circunscribe la autorización para el consumo, cultivo y posesión a los pleiteantes, en la práctica pone en marcha el mecanismo para una legalización más amplia. “No estamos ante una cuestión penal, sino de modelo de vida y libertad de la persona”, afirmó la magistrada María del Carmen Sánchez Cordero. Un giro copernicano en el que han sido determinantes los avances registrado en Estados Unidos, pero también una estrategia jurídica diseñada para este fin.
El fallo de la Sala Primera de la Suprema Corte es fruto de un recurso presentado por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, una entidad fundada en 2013 por cuatro abogados y empresarios con el objetivo de forzar el debate por la vía jurídica. El primer paso fue pedir autorización a la Secretaría de Salud.
Dado que el consumo está técnicamente despenalizado en México, este colectivo centró su solicitud en las actividades correlacionadas: desde el sembrado hasta la preparación, el transporte y la posesión. Todo ello con fines lúdicos y sin ningún ánimo de lucro. La propuesta fue rechazada por la Administración, alegando que vulneraba la legislación sanitaria. Fue entonces cuando la pelota pasó al campo judicial y los litigantes encadenaron recursos de amparo hasta llegar a la Suprema Corte.
En su escalada blandieron como principal argumento el derecho al desarrollo libre de la personalidad, protegido por la Constitución mexicana. Las negativas se sucedieron hasta que el caso cayó en manos del magistrado Arturo Zaldívar. Considerado uno de los jueces más progresistas de la Suprema Corte, este antiguo abogado y catedrático hizo suya la petición y decidió defender la legalización de la marihuana ante sus otros cuatro compañeros de la Sala Primera, conocida por haber avalado el matrimonio homosexual.
Su propuesta, a grandes rasgos, se sustenta en que el riesgo para la salud de la marihuana es menor o similar al tabaco, y su prohibición, por tanto, resulta desproporcionada respecto al derecho constitucional a la autonomía individual. “La prohibición absoluta es inconstitucional, ahora hay que avanzar.
Esta sentencia es exclusivamente para el autoconsumo y no permite el comercio. Tampoco se sostiene que la marihuana sea una sustancia inocua, sino que el veto que hay ahora es excesivo”, recalcó Zaldívar. El proyecto fue respaldado por los ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el juez ponente. Jorge Mario Pardo Rebolledo fue el único que votó en contra.
La autorización no supone un cheque en blanco. Los beneficios de la decisión se circunscriben a los peticionarios. Pero allana el camino para que otros ciudadanos puedan hacer lo mismo. Y esta apertura introduce, en la práctica, un elemento liberador en la restrictiva legislación mexicana.
“A todo aquel que lo pida, se le tendrá que conceder el derecho al consumo con fines lúdicos y sin ánimo de lucro”, señala uno de los promotores. Desde esa válvula de escape, según los expertos, es difícil que en pocos años no se derriben las restricciones y, al igual que ha ocurrido en cuatro estados de EEUU, se amplíe el perímetro legal del consumo.
México, el segundo productor mundial de marihuana, entrará entonces en un nuevo ciclo y tendrá que revisar un régimen punitivo extremadamente duro con todo lo relacionado con la marihuana. “La lucha contra las drogas ha fracasado. Se requiere un amplio debate social”, afirmó el prestigioso magistrado José Ramón Cossio, quien votó a favor, pero se reservó un voto particular.
En un terreno inmediato, la reacción de los partidos aún está por ver. Ninguno se ha opuesto con claridad a la legalización. Pero el rechazo que muestran las encuestas, con negativas del 70%, les han llevado a ser muy cautelosos en sus planteamientos. Solo el PRD, la fuerza hegemónica de la izquierda, ha defendido que se ponga fin al “paradigma punitivo” y ha apostado por una liberalización inmediata.
El PRI (gubernamental) y Morena han abogado por una consulta pública, y el PAN, la derecha, se ha limitado a proponer un debate. En esta zona gris, incluso la Iglesia ha mostrado una inusual tibieza y, sin declararse a favor o en contra, ha pedido un análisis desapasionado del caso.
En esta aparente frialdad influye la constatación de que años de lucha contra el crimen organizado no han logrado avances significativos. Por el contrario, la locura de la narcoviolencia y la extenuante guerra contra los cárteles, con 80.000 muertos y 20.000 desaparecidos a sus espaldas, han debilitado los argumentos de los opositores a la regulación. Conscientes de ello, durante los debates, los partidarios no han dejado de recordar que la legalización supone un golpe a las finanzas del narco y una posible reducción de la violencia del narcomenudeo, la más cercana al ciudadano.
El empresario Armando Santacruz, uno de los pleiteantes, lo resumió así: “Lo peor que puede ocurrir con una sustancia peligrosa, es que el Estado abdique de su responsabilidad y deje en manos del crimen organizado su control”. La histórica sentencia de la Suprema Corte de México abre la vía para el cambio.