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  • Néstor, Cristina y Alfonsín, los tres presidentes de la democracia más valorados por los argentinos

    Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Raúl Alfonsín son, en ese orden, los presidentes argentinos de la democracia más valorados por los ciudadanos, según una encuesta realizada por la Consultora Prospectiva y publicada hoy por el diario Página 12.

    La presidenta Cristina Kirchner y su esposo son considerados los jefes de Estado con más opiniones positivas sobre su gestión superando con amplitud el 50 por ciento, mientras que el ex presidente radical se ubicó en tercer lugar con un 38 por ciento de opiniones positivas.

    El sondeo, que abarcó la Ciudad de Buenos Aires, conurbano, Córdoba, Rosario y otras 22 localidades del país, reveló además que Néstor Kirchner fue elegido por los encuestados como el presidente con mayor porcentaje de opiniones positivas en el terreno económico, con el 29 por ciento, y Cristina Fernández con el mayor número por sus políticas sociales, con un 28 por ciento.

    El presidente Raúl Alfonsín se llevó un cómodo primer puesto en materia de honestidad: el 50 por ciento de los consultados, sobre un universo de 1582 personas, valoró su gestión como «la más honesta». En las antípodas quedó ubicado al ex presidente Eduardo Duhalde con sólo un 2 por ciento de valoración en esta categoria.

    Ante la pregunta «¿cuál considera usted que ayudó más a los pobres?» un 28 por ciento respondió que fue la presidenta Fernández mientras que un 26 por ciento aseguraron que fue el ex presidente Kirchner.
    En el otro extremo, Fernando de la Rúa fue evaluado con la mayor imagen negativa (8%), seguido por Carlos Menem (15%) y por Eduardo Duhalde (24%).

  • Fiscalía pidió 6 años de prisión para Menem y 5 para Cavallo por el pago de sobresueldos

    Los fiscales Carlos Velazco y Stella Scandura pidieron que el ex presidente Carlos Menem sea condenado a seis años de prisión por el pago de sobresueldos durante sus dos gestiones al frente del Poder Ejecutivo Nacional.
    Asimismo, al término de su alegato ante el Tribunal Oral Federal Cuatro (TOF 4), los fiscales pidieron que el ex ministro de economía Domingo Cavallo, sindicado como “coautor”, sea condenado a cinco años de prisión por el delito de peculado.
    En tanto, para ex ministro de justicia, Raúl Granillo Ocampo y la ex secretaria de Recursos Naturales, María Julia Alsogaray, la fiscalía requirió cuatro años de prisión, como partícipes de ese delito.
    El equipo de fiscales, también integrado por Juan Gasset y Juan García Elorrio, no acusó al resto de los procesados pero pidió la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación para que inicie demanda para recuperar 466.000.000 de pesos que se habrían pagado en concepto de “sobresueldos”.
    Además, pidieron que Menem, Cavallo, Alsogaray y Granillo Ocampo sean condenados a inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos y a los tres últimos el decomiso de 5.400.000, 1.978.000 y 1.350.000 pesos, respectivamente, el dinero que, se estima, cobraron fuera de sus remuneraciones.
    Esta mañana, al comienzo del alegato fiscal, Scandura afirmó que Menem fue el “responsable máximo” de la “sustracción de caudales públicos” mediante el pago de “sobresueldos” durante sus dos gestiones al frente del Ejecutivo.
    Los representantes del Ministerio Público sostuvieron ante el TOF 4 que Cavallo realizó su “aporte técnico” para decidir “cómo se implementaría” el pago de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
    Menem, quien es asistido por su defensa y sigue el juicio por el sistema de videoconferencia, “instauró” y “dio su aval” para la “ejecución” del pago de millonarias sumas de dinero que percibieron ministros y secretarios del Poder Ejecutivo en sus dos gestiones presidenciales, remarcó Scandura.
    Según la fiscalía, Cavallo, además de brindar sus conocimientos técnicos para la implementación de los pagos “ilegales”, cobró sumas que oscilaron entre los 70.000 y 80.000 pesos/dólares durante los primeros años del gobierno de Menem.
    Cuando Menem hizo su descargo dijo que el pago se trataba de una decisión del gobierno que no podía ser revisada por la justicia, mientras que Cavallo expuso que se cobraban “suplementos” porque los salarios de ministros y secretarios eran inferiores a los de otros agentes públicos de menor rango.
    Contra el argumento de las “sumas suplementarias”, los fiscales indicaron que, de acuerdo a las pruebas reunidas, los sobresueldos o pagos “en negro”, con fondos que tenían una finalidad “diametralmente opuesta”,cuadruplicaban los montos de las respectivas remuneraciones.
    Para reforzar sus dichos, Scandura mencionó como “prueba” las declaraciones no solo de Menem y de Cavallo, sino también las de Alsogaray y de quien fuera un estrecho colaborador de Granillo Ocampo, Roberto Martínez Medina.
    Tanto Alsogaray como Martínez Medina dijeron que “era común” el reparto de sobres con “fondos reservados” de la SIDE y la ex funcionaria acotó que eso se decidió en una reunión de gabinete.
    El alegato de los fiscales se produjo luego de que, hace una semana, la Oficina Anticorrupción (OA), que actúa como querellante, formulara su acusación y pedidos de penas.
    La OA pidió cinco años y medio de prisión para Menem, 4 años y medio para Cavallo y 3 años y medio de prisión para Granillo Ocampo y Alsogaray.
    También están procesados Raúl Castellini, ex subsecretario de Ordenamiento Ambiental; Heriberto Baeza, ex secretario de Asuntos Militares, José Torzillo, ex subsecretario de Presupuesto y Administración del Ministerio de Defensa, Enrique Kaplan –segundo de Alsogaray- y José Coronel, ex Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Justicia.
    El ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, está procesado, pero no forma parte del elenco de los ex funcionarios sometidos a juicio porque, por razones de salud, no está en condiciones de asistir a las audiencias.
    En esa oportunidad, también los abogados de la OA, Mariano Cartolano y Claudia Sosa, requirieron que los procesados sean condenados a devolver el dinero que habrían cobrado en concepto de sobresueldos.
    Según constancias del sumario penal los “sobresueldos” fueron administrados por la Secretaria General de la Presidencia y luego en la Jefatura de Gabinete de Ministros.
    El juicio, que se desarrolla en una sala de audiencias de Comodoro Py 2.002, de esta capital, comenzó en marzo último y está a cargo del tribunal presidido por Carlos Bertuzzi e integrado por Néstor Costabel y Patricia Mallo.

  • Prohíben salir del país a los procesados en juicio por encubrimiento por la causa AMIA

    El Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juicio por ilícitos en la investigación por el atentado a la AMIA, prohibió la salida del país de todos los procesados en esa causa.

    Así lo decidió para «contrarrestar eventuales imprevistos» que pudieran llevar a suspender o retrasar el desarrollo del debate oral y público cuyo comienzo está previsto para el próximo 6 de agosto a las 9.30.

    Entre los procesados están el expresidente Carlos Menem; el extitular de la SIDE; Hugo Anzorreguy, el exjefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios; el extitular de la DAIA, Rubén Beraja; y quien durante una década fuera el juez instructor de la causa por el atentado a la mutual judía, Juan José Galeano.

    En agosto, luego de 21 años del peor atentado que sufrió la Argentina en su historia, comenzará finalmente el juicio por encubrimiento en la investigación del ataque a la AMIA.

    Otro de los imputados es el reducidor de autos Carlos Telleldín -quien habría aportado el vehículo que se utilizó para hacer estallar la mutual judía-, acusado de haber recibido u$s 400 mil provenientes de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a cambio de cambiar su declaración involucrando en el atentado al personal de la Policía Bonaerense, en particular de las Brigadas de Investigaciones II de Lanús y XVI de Vicente López. Esos miembros de la fuerza señalados finalmente resultaron absueltos por estos hechos.

    También se encuentran involucrados los exfiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia, el extitular de la DAIA, Rubén Beraja, y el exjefe de la policía metropolitana Jorge «Fino» Palacios, entre otros.

    El procesó que comenzará el próximo 6 de agosto, y que tendrá audiencias semanales, será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 2, presidido por Jorge Gorini, e integrado por los jueces Néstor Costabel y Karina Perilli, con Domingo Altieri, como cuarto juez. Participarán los representantes de la fiscalía, las querellas de familiares y del Estado y las defensas de los acusados. Según se conoció este lunes, el proceso será trasmitido en vivo a través del sitio del Centro de Información Judicial (CIJ).

    Días atrás, el tribunal determinó que los familiares y las víctimas del atentado y los expolicías falsamente involucrados serán los primeros en brindar su testimonio y el cronograma se completará según la sucesión cronológica de los hechos recopilados por Galeano, mientras tuvo a cargo la instrucción de la causa.

    La causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA empezó hace 15 años, cuando uno de los prosecretarios del juzgado federal que llevaba a adelante la causa, Claudio Lifschitz, reveló que el ex juez Galeano y el gobierno de Carlos Menem habrían acordado «plantar» la pista que dirigía hacia los policías bonaerenses como autores del atentado donde murieron 85 personas.

    Luego de que el expediente pasara por las manos de varios jueces de instrucción y camaristas, apartados por propia decisión y otros recusados por las partes, finalmente en 2005 cayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien elevó a juicio una primera parte de esta investigación.

    Se espera que durante el proceso se conozcan nuevos detalles de, por ejemplo, el desvío de la llamada «pista Siria» y del pago a Telleldín para que involucre a los efectivos de la Policía bonaerense.

    El Ministerio de Justicia de la Nación tomó la trama ventilada por Lifschitz para presentar la denuncia, que involucra al gobierno de Carlos Menem, y en especial a la ex SIDE como el brazo ejecutor que «habría ocultado y erradicado pruebas en torno a la presencia de unos ciudadanos iraníes en la Argentina». Una segunda parte del procesamiento indica que, orquestada (o gestionada) por Menem, a través de su hermano Munir, el objetivo era desviar la mira de la llamada «pista siria», que tiene entre sus hacedores al ciudadano argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul. Y a Jorge «Fino» Palacios, como uno de los artífices de la operación.

    Palacios, designado en 1997 frente a la Unidad Antiterrorista, había actuado desde un comienzo en la causa, y es investigado por haber dado aviso a Kanoore Edul de un allanamiento en su domicilio, que finalmente resultó infructuoso para la investigación.

    Mientras tanto, otros tramos de la causa continúan aún en instrucción. Lijo dispuso en dos oportunidades los sobreseimientos del por entonces ministro del Interior del gobierno, Carlos Corach, cuatro secretarios de Galeano, al momento de los hechos, y a otros imputados, entre los que figuran el actual presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Federico Domínguez y abogados y policías de la Bonaerense que habrían colaborado en el encubrimiento. Sin embargo, en diciembre del año pasado, la Cámara del Crimen revirtió los sobreseimientos.