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  • Firme respaldo de los Ministros de Energía de la región a la cuestión Malvinas

    Los ministros de Energía de los Estados Miembros de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) apoyaron hoy la cuestión de las Islas Malvinas en el encuentro que mantuvieron en Tarija, Bolivia, al aprobar la Decisión Ministerial XLV/D/507 referida a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en las zonas circundantes de las islas.

    También reiteraron el firme respaldo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC a los derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur; y los espacios marítimos circundantes; así como la facultad de emprender acciones legales contra actividades no autorizadas de exploración y explotación de hidrocarburos.

    Durante todo este año, el apoyo a las acciones legales que desarrolla el Estado Nacional contra estas actividades, fue expresada en diferentes foros -incluyendo el Grupo de los 77 y China -actualmente integrado por 134 países-; y en su última Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Nueva York el pasado 26 de septiembre.

    En tanto, en el encuentro de Tarija, los ministros expresaron que estas acciones no autorizadas por el gobierno argentino contravienen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y el Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras la disputa de soberanía sobre las Islas permanezca no haya sido resuelta.

    Y en este sentido, los funcionarios evaluaron que a pesar de lo dispuesto por la Resolución 31/49, el Reino Unido ha continuado realizando esas actividades, lo que no contribuye a encontrar una solución pacífica y definitiva de la disputa de soberanía, informó la Cancillería. También manifestaron que los países de América Latina y del Caribe tienen pleno derecho de defender y proteger los recursos naturales en pleno ejercicio de sus derechos soberanos.

    Por último, los ministros tomaron conocimiento de las acciones legales emprendidas por nuestro país respecto de las empresas involucradas en actividades no autorizadas de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios circundantes a las Islas Malvinas.

    El 9 de abril de 2015 el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Cancillería presentaron ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) una denuncia penal contra las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA, y sus directores, gerentes, síndicos o representantes, por llevar adelante actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin haber obtenido la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía, en violación de la Ley N°26.915.

    Actualmente, se tramita en el ámbito de la Justicia Federal (Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego) el proceso penal contra las referidas empresas.

  • El Gobierno declaró ilegales y clandestinas las actividades petroleras inglesas en Malvinas

    El gobierno nacional declaró hoy “ilegales” y «clandestinas» las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental argentina, en una zona próxima a las Islas Malvinas, por la empresa Noble Falklands Limited, «sin estar habilitada por las autoridades competentes» del país.

    En una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía comunicó la medida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a la Procuración del Tesoro y al Ministerio Público Fiscal, “a fin de que realicen las acciones legales que entiendan oportunas en el ámbito de su competencia”.

    En el mes de junio, la jueza federal de Río Grande en Tierra del Fuego, Lilian Herráez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a empresas petroleras que operan ilegalmente en aguas cercanas a Malvinas.

    En tanto, la resolución 859 de la Secretaría -publicada hoy- recuerda que en agosto de 2012 la Cancillería brindó información relacionada con empresas que estarían operando ilegítimamente en la plataforma continental, próxima a las Islas Malvinas. Esa información se enmarcó en las gestiones impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional “en relación al ejercicio de la soberanía nacional sobre los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos” situados en dicha plataforma.

    La compañía Falkland Oil and Gas -cuya actuación fue declarada ilegal en mayo de 2012- había anunciado la celebración de un acuerdo “Farm Out” con la empresa Noble Energy Falklands Limited, para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la misma zona. Posteriormente, en agosto de 2013 la Secretaría de Energía inhabilitó a Falkland Oil and Gas por el término de 20 años para desarrollar actividades en el país.

    La resolución agrega que Noble Energy Falklands no se encuentra inscripta en los registros de la Secretaría de Energía, que en octubre pasado remitió una nota intimatoria a través de la Cancillería, para que la diligencia mediante la embajada argentina en el Reino Unido, lo cual se efectivizó en el mes de diciembre. La ausencia de respuesta por parte de la empresa motivó las sanciones impuestas, concluye la resolución, que firma la secretaria Mariana Matranga y se publica en el Boletín Oficial.

    Al respecto, el titular de la secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes, Daniel Filmus, recordó hoy que las Naciones Unidas, a través de la resolución 3.149, «plantea que en el lugar donde hay un diferendo territorial, en este caso en el Atlántico Sur, ninguno de los dos países puede hacer acciones unilaterales».

    «Sin embargo, el Reino Unido insiste en sus intentos de llevarse el petróleo de los 40 millones de argentinos violando esta resolución» explicó en diálogo con radio Télam, al tiempo que también se refirió a las expresiones vertidas por ministro de Relaciones Exteriores británico, Philip Hammond, quien aseguró que su gobierno «nunca venderá» a los habitantes de las islas. En este sentido, Filmus le respondió al afirmar: “que estén muy tranquilos porque Argentina no va a comprar las Malvinas porque estamos hablando de soberanía”.

    “Hay una diferencia entre considerarlas como parte de un negocio o de una operación comercial y lo que es soberanía sobre las islas, que fueron usurpadas militarmente hace 182 años», indicó Filmus y señaló que «Argentina lo que reivindica es la posibilidad de dialogar en el contexto de lo que plantean las Naciones Unidas».

  • Malvinas: la Justicia argentina ordenó embargos millonarios a petroleras

    La jueza federal de Río Grande en Tierra del Fuego, Lilian Herráez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a empresas petroleras que operan en las Islas Malvinas. La medida judicial solicitada por el Ministerio Público Fiscal fue dictada el 25 de junio pasado y revelada hoy en el marco de la causa penal iniciada por el Gobierno argentino por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental de nuestro país.

    La magistrada fueguina dispuso también, como medida de no innovar, el “cese inmediato de la comisión del delito”, que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios. La denuncia involucra -en principio- a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.

    El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputaron a las empresas la presunta comisión de «actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas». El fundamento de los fiscales es que las operaciones se realizan sin “autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina».

    Por su parte el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, junto con la titular de la recientemente creada Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena, precisaron los pedidos de medidas cautelares patrimoniales para “asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados”. La URA logró identificar los activos de las compañías en el exterior y descubrió que una de las firmas imputadas, la estadounidense Noble Energy, registra una sucursal local en la Argentina, por lo que también impulsaron el embargo de sus bienes.

    La fiscalía y la URA solicitaron el secuestro y embargo preventivo de tres buques dedicados a tareas de relevamiento de datos estratégicos en el Atlántico Sur. La medida abarca, también, a la plataforma semisumergible “Eirik Raude” utilizada para hacer perforaciones en el lecho submarino, y al dique flotante “Noble frontier”, afectado a un programa de perforación petrolera en la zona, señala el escrito judicial.

    La jueza Herráez ordenó la “interdicción de navegar” de todos los barcos, con el argumento de que “no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Buques”, y explicó que la restricción “impide la salida (de los buques) de los puertos donde se encuentren”. La magistrada también dio por demostrado, en esta instancia de la causa, que con motivo del anuncio de hallazgo de petróleo y gas en las Islas Malvinas, realizado por la empresa FOGL el 2 de abril pasado, se obtuvo una “ganancia ilícita”. Herraez tuvo en cuenta que el día del anuncio, el valor de las acciones de la firma en el Mercado Alternativo Bursátil de Londres (AIM) aumentó más del 34%, y el volumen de transacciones negociadas más de 400%, alcanzando los mayores valores históricos de los últimos años. Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron el embargo preventivo de esas ganancias, para lo que identificaron cuentas bancarias de FOGL en el extranjero.