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  • Stolbizer pidió apartar al juez Rafecas de la causa Hotesur por considerarlo imparcial

    Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEN y candidata presidencial, recusó hoy al juez federal Daniel Rafecas y pidió que sea apartado de la causa Hotesur, donde se investiga la actividad de los hoteles de la familia presidencial, porque consideró que hay irregularidades en la tramitación del expediente que «afectan la garantía de imparcialidad objetiva».

    Fuentes judiciales informaron a la agencia DyN que Stolbizer hizo la presentación ante el juzgado de Rafecas, quien ahora debe responder la recusación y elevarla a la Cámara Federal para que resuelva si lo aparta o lo confirma en el expediente.

    La Sala I de la Cámara ya apartó de la causa al juez Claudio Bonadio a pedido de las defensas de los acusados y en su lugar salió sorteado Rafecas.

    Stolbizer, quien hizo la denuncia que dio inicio a la causa y busca ser querellante en el expediente, destacó «las arbitrariedades en las cuales incurrió el magistrado en el manejo de la prueba secuestrada en los procedimientos del 13 de julio», en referencia a que le permitió al empresario Lázaro Báez copiar archivos de una computadora que que secuestrada en una serie de procedimientos que había ordenado Bonadio.

    También criticó a Rafecas por «la falta de apego y aplicación a la normativa vigente» porque sostuvo que el juez fue designado para reemplazar a Bonadio pero dispuso que la causa cambie hacia su juzgado cuando eso contradice la nueva ley de subrogancias y la resolución 194/2015 del Consejo de la Magistratura de la Nación.

    Otro motivo de recusación fueron las demoras en las notificaciones que hace el juez y que en distintas resoluciones sostuvo que Stolbizer planteaba «construidos» para «captar la atención de los medios de comunicación», lo que la diputada sostuvo que le genera «una fuerte sensación de intranquilidad».

    «Existe un claro desvío del poder jurisdiccional conferido al juez, que genera temor de parcialidad durante la tramitación de la causa», sostuvo Stolbizer y agregó: «No basta con que el juez actúe imparcialmente, sino que es preciso que no exista apariencia de parcialidad en tanto lo que se encuentra en juego es la confianza de los ciudadanos en los tribunales de una sociedad democrática».

    En la causa Hotesur se investiga si la familia de la presidenta Cristina Kirchner y empresarios cercanos, como Báez, cometieron el delito de lavado de dinero en sus emprendimientos hoteleros.

    La Cámara Federal rechazó esta semana un pedido de las defensas de los acusados, entre ellas de Romina Mercado, titular de Hotesur y sobrina de la Presidenta, y de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria, para que la causa sea investigada en la Justicia de Santa Cruz, y confirmó el expediente a cargo de Rafecas.

    En tanto, Stolbizer también presentó hoy un informe ante la Cámara para fundamentar su pedido de ser aceptada como querellante en la causa, lo que le permitirá ser parte del expediente y solicitar medidas de prueba y declaración de testigos, lo que ya fue rechazado por el juez Rafecas.

     

  • Rechazan el pedido de Lázaro Báez de trasladar a Río Gallegos la causa Hotesur

    La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resolvió que la investigación por supuestas contrataciones irregulares de hotelería de la empresa Hotesur debe tramitarse en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.

    Lo hizo al dictaminar sobre un planteo de competencia a raíz de una autodenuncia hecha por el empresario Lázaro Báez tras la publicación periodística de las supuestas irregularidades.

    En el fallo, el tribunal de apelaciones consideró que «corresponde» que el juzgado federal 11 porteño continúe tramitando la causa Hotesur. La causa seguirá a cargo del juez federal Daniel Rafecas, luego de que Claudio Bonadio fue desplazado por la Cámara Federal porteña.

    Los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez rechazaron así un planteo de la defensa de Báez para que la causa se tramite en la justicia federal de Río Gallegos, Santa Cruz. El Tribunal de Apelaciones entendió que si bien la autodenuncia de Báez fue anterior a la denuncia presentada en la Capital Federal, esta última causa está más avanzada y su «objeto procesal es idéntico».

    «Puestos a determinar entonces el tribunal competente en los presentes actuados a partir de los criterios expuestos consideramos que ante la existencia de la investigación que tal como expusimos supra, lleva a cabo el Juzgado Nacional y Criminal Nro. 11 de Capital Federal, corresponde que el mismo continúe con la tramitación de la causa», agregaron los camaristas.

    Por eso confirmaron parcialmente la declaración de incompetencia del juzgado federal de primera instancia de Río Gallegos para entender en la causa iniciada el 16 de diciembre de 2013 y atribuyeron la competencia a la Justicia Federal porteña.

    En la causa se investigan supuestos delitos cometidos por la firma Hotesur, propiedad de la familia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en relación a contrataciones hechas con las firmas de Báez, entre ellas Austral Construcciones.

  • Un juez exigió información al gobierno en el caso Hotesur

    Desde hace varios meses se abrió esta causa llamada Hotesur, por el inmueble que posee la familia presidencial. Hoy el juez Pablo Cayssials hizo lugar a un amparo de la diputada Margarita Stolbizer y ordenó que el Ministerio de Justicia le entregue información sobre los estados contables de la sociedad.

    El magistrado aceptó el amparo y obligó al organismo a informar sobre «los estados contables presentados por la sociedad mencionada (Hotesur) y a facilitar copias de todas las actuaciones» que sobre la firma existan en la IGJ.

    La causa genera un gran revuelo ya que se trata del círculo íntimo familiar de la Presidenta. La empresa familiar comenzó a ser investigada en medio de un gran bloque de acceso a la información pública.

    En el mes de Julio, el juez Claudio Bonadío, en un operativo polémico (arribó a Santa Cruz con la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires), consiguió documentos delicados y anes de poder obtener la información fue removido de la investigación que actualmente está a cargo del juez Daniel Rafecas.

  • El juez Rafecas reemplazará al desplazado Bonadio en la causa Hotesur

    El juez federal Daniel Rafecas resultó sorteado hoy para quedar a cargo de la causa Hotesur, tras el apartamiento del magistrado Claudio Bonadio resuelto ayer por la Cámara Federal porteña.

    El sorteo se realizó a primera hora de la mañana, luego de que la Sala I del Tribunal de apelaciones apartara ayer a Bonadio por entender que violó el derecho a defensa de los imputados y perdió la imparcialidad, entre otras razones, luego del operativo que ordenó realizar en la provincia de Santa Cruz con personal de la Policía Metropolitana.

    Esta decisión del juez fue considerada por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero motivo para apartar a Bonadio porque dijeron que no avisó a la defensa para que presentara sus peritos y, además, porque luego encargó a los mismos peritos oficiales que asesoraron sobre las preguntas a hacer que fueran también los encargados del peritaje contable para dar las respuestas.

    En noviembre pasado, Bonadio ordenó el allanamiento de la sede de Hotesur en la Capital. La empresa administra el Hotel Alto Calafate, que tras la muerte de Néstor Kirchner quedó en parte en manos de sus hijos y de la Presidenta. El juez se encontró una oficina vacía. En la causa se investiga si hubo un incumplimiento de las normas registrales y si hubo lavado de dinero.

  • Apartan a Bonadío de la causa Hotesur

    Tras la polémica despertada por el escandaloso operativo ordenados por el juez Claudio Bonadio en Santa Cruz en la causa Hotesur, la Sala I de la Cámara Federal desplazó al magistrado del frente de la investigación.

    La decisión de la Sala I se tomó con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler por el desplazamiento y Eduardo Farah por la disidencia. El pedido de nulidad fue realizado por la defensa de Romina Mercado, titular de la sociedad Hotesur y sobrina de la presidente Cristina de Kirchner.

    La defensa de Mercado había presentado un recurso contra una convocatoria que hizo Bonadio hace unos meses de contadores de la Corte Suprema de Justicia. En caso de dictar la nulidad de lo actuado, no se descartaba que la Sala I aparte a Bonadio.

    El hecho de que el Gobierno porteño haya pagado el desplazamiento de los efectivos de la Metropolitana, encierra una serie de irregularidades. Si un juez federal o nacional tiene que realizar un procedimiento en otra jurisdicción que requiera de gastos, debe pedir fondos al Administrador General del Poder Judicial, que es un órgano del Consejo de la Magistratura de la Nación.

    El Administrador General es quien administra el Presupuesto del Poder Judicial, de acuerdo a la ley de creación, Nº 24.937, y por lo tanto dispone de las sumas requeridas por los Juzgados para esta clase de situaciones especiales.

    El Consejo de la Magistratura tiene un reglamento de viáticos, en donde están tabulados expresamente los montos diarios que corresponden asignar a los funcionarios judiciales que se trasladan a otra jurisdicción, de acuerdo a la distancia y la jerarquía de los funcionarios.

    Sólo se otorgan viáticos a funcionarios judiciales. El Consejo de la Magistratura no solventa gastos o viáticos de las fuerzas de seguridad que acompañan a los funcionarios judiciales.

    Para casos de urgencia, en los que no es posible gestionar con carácter previo los viáticos, los funcionarios judiciales realizan el procedimiento y luego presentan la rendición de cuentas requiriendo la restitución de las sumas de dinero correspondientes.

    En este caso, el juez Claudio Bonadio no solicitó estos gastos. Entonces, se produce la primera irregularidad porque no se sabe con qué fondos viajaron los funcionarios judiciales.

    Las fuerzas de seguridad que concurren en auxilio de la Justicia destinan recursos y movilizan a su tropa. Es decir, es la propia fuerza con sus recursos la que debe pagar el traslado, y no un Ejecutivo como lo hizo el Gobierno porteño de Mauricio Macri.

    En este caso hay un desplazamiento irregular ya que la Metropolitana no tiene dentro de sus funciones la potestad de intervenir en Santa Cruz. Además el gasto salió de la administración central del Gobierno porteño, es decir un gasto irregular que podría configurar el delito de malversación de fondos públicos.