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  • Héctor Recalde es el nuevo presidente interino del Consejo de la Magistratura

    El Consejo de la Magistratura, reunido en plenario, designó hoy al diputado Héctor Recalde, actual consejero representante de la Cámara baja en el cuerpo, para ejercer interinamente la presidencia hasta la integración plena del organismo por los nuevos consejeros.

    Así lo informó hoy el Consejo de la Magistratura en un comunicado en el que detalló que la decisión se tomó en el marco de un plenario que tuvo lugar esta mañana en el salón Lino Palacio, del edificio de la calle Libertad 731, por consenso.

    Participaron del plenario los consejeros Héctor Recalde, Luis María Cabral, Jorge Daniel Candis, Adriana Donato, Anabell Fernández Sagasti, Leónidas Moldes, Miguel Alberto Piedecasas, Ángel Rozas, Miguel Ángel Soler, Gustavo Adolfo Valdés y Gabriela Vázquez, y también del Administrador General del Poder Judicial Claudio Cholakian y de la Secretaria General María Susana Berterreix.

    La decisión de que sea Recalde el presidente interino del Consejo hasta la integración del cuerpo por los nuevos consejeros, se basó en que es «el consejero decano», es decir el de mayor edad.
    Hasta ahora, la presidencia de este órgano del Poder Ejecutivo encargado de seleccionar, controlar y sancionar a los jueces, la ejercía la jueza Gabriela Vázquez, en tanto que la vicepresidencia la tenía Daniel Candis (académico).
    Ambos terminaron su mandato de un año, y por ese motivo es que el Consejo tuvo que elegir un presidente interino hasta tanto se vuelva a reunir con todos sus integrantes para elegir a sus nuevas autoridades.

    A partir del 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo presidente, el Poder Ejecutivo deberá designar a su nuevo representante ante este organismo, tal como lo indica su reglamento.

    Asimismo, se informó que se mantendrán por ese mismo período las autoridades de las Comisiones, resaltándose que durante la transición se resolverán temas urgentes y de mero trámite con la anuencia de los consejeros

    Por otra parte, se informó que el Claudio Cholakian presentó su renuncia indeclinable al cargo de Administrador General del Poder Judicial, la que fue aceptada a partir del día 27 de noviembre, y que en su reemplazo ejercerá como Administrador General (interino) el Dr. Juan Carlos Cubría, actual titular de la Secretaría de la Comisión de Administración y Financiera.
    Asimismo, la Dra. Victoria Cossentino ejercerá interínamente la Secretaría de la Comisión de Administración y Financiera.

  • La justicia declaró inconstitucional la reforma del consejo de la Magistratura y Aníbal Fernández argumentó en contra

    El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que «no tienen sentido” apelar la decisión de los miembros de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró inconstitucional la actual composición de 13 miembros del Consejo de la Magistratura. Recordó que en «una causa que se llama Mill de Pereyra, la Corte Suprema de Justicia dijo que hacía el control de inconstitucionalidad de oficio».

    Asimismo, argumentó que cuando el actual Gobierno dictó varias leyes «tratando de democratizar el Poder Judicial, la Corte declaró inconstitucional algunas de esas leyes, pero no la del Consejo de la Magistratura». Fernández agregó que «no tiene seriedad que nueve años después declaren la inconstitucionalidad» del Consejo, órgano que tiene rango constitucional.

    Lo expresó en su habitual encuentro con periodistas al ingresar a la Casa de Gobierno, donde dijo que la decisión sobre el Consejo «fue por dos razones: que no mantiene el equilibrio que exige la Constitución, y el otro que no cumpliría con las garantías de imparcialidad que tiene que tener el Consejo».

    Indicó que «dos de los que firman esta sentencia fueron designados por este Consejo de la Magistratura; segundo, uno de ellos fue denunciado por su propia mujer porque le dijo que le hicieron el examen». Asimismo, el funcionario añadió que «la causa (sobre la que falló la Cámara) es de 2006» y reiteró que «hubo una denuncia que la Corte desechó».

  • La Asociación de Magistrados presentó un amparo contra la ley de subrogancias

    La Asociación de Magistrados presentó hoy una acción de amparo contra la ley de subrogancias aprobada en el Congreso por el kirchnerismo. La máxima agrupación de jueces planteó la inconstitucionalidad del mecanismo para nombrar jueces suplentes, se trata de la ley mediante la cual el Gobierno logró desplazar al juez Luis María Cabral de la Cámara de Casación Penal y designar en su lugar a Claudio Marcelo Vázquez.

    La máxima agrupación de jueces presentó su demanda contra el nuevo mecanismo para nombrar jueces suplentes un día después de que la Sala II de la Cámara Federal porteña considerara que el artículo 1 y 2 de la ley de subrogancias eran «inconstitucionales».

    En el marco de una causa penal en la que apartó al juez Daniel Rafecas, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah entendieron que la ley es contraria a la Constitución porque afecta la independencia judicial, establece un mecanismo poco transparente de designación de magistrados y afecta la garantía de que se comporten con imparcialidad.

  • El Consejo de la Magistratura busca designar varios jueces

    El Consejo de la Magistratura se reúne hoy en plenario para avanzar en el proceso de selección de magistrados para cubrir cargos vacantes en juzgados y cámaras, entre los que figura el concurso 281/2015 para cuatro vocalías en la Cámara Federal de Casación Penal, una de cuyas subrogancias ejercía hasta la semana pasada el juez Luis María Cabral.

    De acuerdo con lo previsto en el orden del día del Consejo de la Magistratura, al plenario convocado a las 11 concurrirán los quince concursantes para esos cargos, lo que constituye una suerte de presentación formal ante el cuerpo, dado que todos ellos ya pasaron por la instancia de las entrevistas personales.

    Se trata de Guillermo Jorge Yacobucci, Pablo Daniel Vega, Marcelo Ferrante, Gustavo Barroetaveña, Fernando Luis Rodolfo Poviña, Fernando Javier Arnedo, Daniel Antonio Petrone, Pablo Fernando Morán, Pamela Bisserier Díaz, Daniel Horacio Obligado, Daniel Emilio Vandermberg, Santiago Martínez, Karina Rosario Perilli, Roberto José Boico y Carlos Javier Carbajo.

    Si bien las audiencias de hoy son parte de un proceso de selección que no se definirá inmediatamente, el tema cobra importancia luego de las presentaciones judiciales que generó la decisión del Consejo de separar de la subrogancia de la Sala I de la Cámara al juez Cabral, definida por siete votos a favor y cuatro en contra, y la posterior designación del conjuez abogado Claudio Vázquez para su reemplazo.

    El plenario tendrá lugar a partir de las 11 en la sala Lino Palacio del segundo piso del edificio donde funciona el Consejo, en Libertad 731, para dar un paso más para una solución definitiva de la situación de la Cámara Federal de Casación Penal, cubierta con las subrogancias de Claudio Vázquez, Roberto Boico y Norberto Frontini, y en otras cámaras, juzgados y tribunales.

  • Miembros de la oposición se pronunciaron en contra de la destitución del juez Cabral

    Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño y candidato presidencial de Pro, convocó esta mañana a la «sociedad a movilizarse» contra el desplazamiento del juez Luis María Cabral de la Cámara Federal de Casación Penal, al sostener que el Gobierno no puede estar «permanentemente hostigando a la Justicia». «Me parece que la sociedad se tiene que movilizar a oponerse a este tipo de arbitrariedad y me parece bien que se estén barajando amparos que impida que esto suceda», remarcó Macri en diálogo con Radio Mitre.

    Ricardo Alfonsín, diputado nacional y presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires de la UCR, también se refirió a la maniobra por la cual el Consejo de la Magistratura logró apartar de la Cámara al juez Cabral. «Se necesita un gran desvergüenza republicana para atreverse a tomar una decisión como la que impulsó el oficialismo en el Concejo de la Magistratura», aseguró Alfonsín. “Solo la voluntad ciudadana, democráticamente expresada en las urnas, puede ponerle fin a tanta falta de escrúpulos cívicos y a la creciente degradación de valores republicanos”.

    El ex vicepresidente Julio Cobos advirtió hoy que la remoción de Cabral configura «otro ejemplo bochornoso del avance contra las instituciones y la intromisión del Gobierno en otros poderes» del Estado. «Excede todos los límites constitucionales y políticos y debilita los principios republicanos», dijo el radical.

    El kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación dio por concluida el jueves la subrogancia de Cabral en Casación y, en su lugar, nombró al juez suplente Claudio Vázquez, ex asesor del ministro de Justicia, Julio Alak, y allegado al oficialismo. Ayer, Cabral denunció: «[mi] remoción es ilegal e inconstitucional» y «lo que hace [la mayoría kirchnerista en el cuerpo] es manipular el funcionamiento de la Justicia».

    Diputados nacionales de Pro anunciaron que presentarán el lunes una medida cautelar para reponer a Cabral en la sala I de Casación Penal y denunciarán penalmente a los consejeros del Consejo de la Magistratura que lo separaron del cargo. La presentación llevará la firma de los diputados Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich y en su denunció contra los consejeros los acusa por los delitos de impedimento y obstrucción de justicia, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. La denuncia también se extenderá hacia el nuevo juez subrogante Vázquez.

    «No está nada bien que permanentemente el Gobierno siga hostigando a la Justicia, que tiene que ser un poder independiente», afirmó Macri. El precandidato presidencial respaldó la marcha convocada por profesionales del derecho y funcionarios de la Justicia para el martes 14 de julio a las 19 en la Plaza de Mayo, en repudio al desplazamiento de Cabral. «Nos parece bien la marcha del 14 de julio. Nosotros vamos a adherir», añadió.

  • El Consejo de la Magistratura removió al juez Cabral

    El juez subrogante de la Cámara de Casación Luis María Cabral fue removido de su puesto por el Consejo de la Magistratura. El tribunal del cual formaba parte estaba por expedirse sobre la constitucionalidad del pacto con Iran.

    En declaraciones radiales a Radio Mitre el juez aseguro que ««Mi remoción es ilegal e inconstitucional». A su vez agregó que «el Consejo no tiene las atribuciones para remover a un subrogante. La Magistratura tiene ciertas atribuciones para designar subrogantes pero no para removerlos».

    Con siete votos a favor y cuatro en contra, el órgano encargado de designar y sancionar jueces determinó que no se prorrogue la subrogancia que Cabral cumplía en la Cámara de alzada, que define las causas por hechos de corrupción de los funcionarios públicos, de narcotráfico y por delitos de lesa humanidad.

    En su lugar fue nombrado el abogado cercano al Gobierno Claudio Marcelo Vázquez. Ahora seguramente será postergada la definición sobre el memoranudm con Iran con la nueva integración. El Gobierno tenía un gran apuro en realizar este cambio que anoche, con el edificio casi vacío, le tomaron juramento a Vázquez en los tribunales de Comodoro Py 2002.

    «Estoy sorprendido con la forma en la que se conduce el Consejo de la Magistratura, que está a cargo degarantizarle la independencia a los jueces, de asegurarles su jurisdicción, y lejos de ello lo que hace es manipular el funcionamiento de la Justicia», sentenció. «Lo que ha hecho es una remoción que la propia ley le prohíbe expresamente, porque mi designación fue hecha a condición de que se nombre al titular de la vacante que estoy cubriendo y sin embargo ayer en una decisión adaptada por los representantes del oficialismo, hicieron una interpretación en particular de la ley para disponer mi remoción», explicó Cabral.

    Para finalizar el magistrado aseguró «tengo la obligación de defender la jurisdicción que legalmente se me atribuyó».

  • Diputados aprobó un polémico paquete de proyectos judiciales acusado de «blindaje»

    Durante una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados convirtió en ley un polémico paquete de proyectos judiciales para implementar el nuevo Código Procesal Penal, avanzar con un régimen de designación de jueces subrogantes y crear una Cámara Federal de Apelaciones en Santa Cruz. Los legisladores opositores lo consideraron una “búsqueda de impunidad” y «blindaje judicial» para los funcionarios del Gobierno.

    Estas iniciativas le permitirían al oficialismo nombrar conjueces y jueces subrogantes afines sin la necesidad del acuerdo de la Cámara de Senadores no sólo en los juzgados que están vacantes sino también en los que fueron creados por ley pero que todavía no están en funcionamiento. Esto, gracias a su mayoría en el Consejo de la Magistratura, que mantendrá hasta diciembre próximo. Además, por la nueva ley de Ministerio Público, se le conferirán facultades discrecionales al titular de la Procuración General, además de la potestad de nombrar a 2300 agentes. Hoy este organismo está a cargo de Alejandra Gils Carbó, cercana al Gobierno.

    Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura, advirtió en declaraciones a Radio Mitre que la sanción definitiva del paquete de leyes que permiten implementarlo desde el 1º de marzo de 2016 busca «la impunidad de los funcionarios».

    “Si sumamos las atribuciones al titular del Ministerio Público y la designación arbitraria de jueces y fiscales, el resultado de estos proyectos será buscar la impunidad de la Presidenta, sus funcionarios y su familia”, dijo Pablo Tonelli (Pro).

    “El Gobierno viene usando la administración pública para reclutar militantes, la proliferación de cargos públicos produce la destrucción de la carrera judicial”, dijo Margarita Stolbizer (GEN) al referirse en su discurso a los más de 2300 cargos que se abrirán con el paquete de proyectos.

    «No tiene lógica que los fiscales de distrito sean designados a dedo por la Procuración; son fiscales que tienen un gran poder en la asignación de causas y en la facultad de decidir cuándo se desestima una acción penal», dijo el diputado Juan Carlos Zabalza (FAP).

    Además, el «blindaje judicial» incluye la postergación de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal en la justicia federal. En cambio, éste comenzará por aplicarse en la justicia nacional de la Capital a partir de marzo del año que viene. La diputada Patricia Bullrich (Unión Pro) advirtió que esto obedecería a un «pacto» entre el Gobierno y los jueces federales –que no quieren ceder poder frente a los fiscales con el nuevo Código Procesal Penal– lo que implicaría una parálisis en las causas por corrupción que pudieran afectar al Gobierno.

    También se aprobó la creación de una Cámara de Apelaciones en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, un pueblo de 6000 habitantes en la provincia de Santa Cruz. Las causas que tramiten en los juzgados federales de Tierra del Fuego y Santa Cruz no irán a parar en apelación a la Cámara de Comodoro Rivadavia, en Chubut, sino a este tribunal en la provincia natal de Néstor Kirchner. La oposición sospecha que esta nueva cámara tiene como objetivo garantizar que las causas contra el empresario Lázaro Báez y los funcionarios kirchneristas de la provincia puedan ser desviadas para garantizarse impunidad en las distintas causas de corrupción y lavado de dinero.

  • Fue apartado uno de los jueces que benefició a un abusador

    Fue apartado uno de los jueces que benefició a un abusador

    El Consejo de la Magistratura bonaerense finalmente apartó de su cargo al juez Benjamín Sal Llargués, quien junto con Horacio Pombo, redujeron la pena a un hombre que abusó de un nene de seis años.

    Sal Llargués es el más perjudicado por el momento ya que la Universidad de Mar del Plata, en donde desarrollaba actividades como profesor, decidió apartarlo como docente y con esta medida también quedó fuera del Consejo de la Magistratura.

    Este ocurre luego de un amplio repudio a la decisión tomada por los camaristas. El vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, pidió el urgente apartamiento de los jueces de Casación Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués por haber firmado el controvertido fallo.

    También integrantes de la Federación Universitaria de La Plata tomaron el decanato de la Facultad de Derecho para exigir que se lleve adelante un juicio académico contra Piombo. Las autoridades de la universidad platense analizan separarlo de las cátedras que tiene a su cargo. El área de Derechos Humanos de la UNLP manifestó que el fallo de Sal Llargués y Piombo «resulta de una gravedad mayúscula, y violatorio de principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos, por su contenido homofóbico y discriminatorio».

    Hubo también, una manifestación de estudiantes de Derecho de la Universidad de La Plata, quienes protestaron por el desempeño de los jueces cuestionados. En tanto, todos los bloques de diputados bonaerenses declararon, en la última sesión, su rechazo absoluto a la medida tomada por los camaristas.

    Además de esta situación, ambos jueces enfrentan un jury abierto por otro fallo polémico -le bajaron a la mitad la pena a un pastor evangélico por violar a dos chicas menores- de 2011. Los pedidos de juicio político se acumulan en su contra: ya son cinco los expedientes iniciados en la Secretaría de Enjuiciamiento a Magistrados.