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  • Vanoli: «es una maniobra política al servicio de la oposición» el allanamiento al BCRA

    El presidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, sostuvo esta mañana que el allanamiento de ayer en la sede de la autoridad monetaria, ordenado por el juez Claudio Bonadio, «es una maniobra política al servicio de la oposición, a una semana de las elecciones».

    En conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, Vanoli sostuvo que la medida judicial, enmarcada en una causa por venta de dólar futuro, busca «generar zozobra».

    A su vez afirmó que el allanamiento forma parte de “una maniobra que busca forzar una megadevaluación”, y señaló que “la economía del país está sólida”. “El allanamiento de hoy es parte de una maniobra que busca forzar una megadevaluación. Se busca un ajuste que pretende congelar salarios y reducir el poder adquisitivo de los argentinos”, señaló Vanoli en declaraciones a la señal televisiva C5N.

    El magistrado actúa a raíz de una denuncia que presentaron los diputados Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR), quienes acusan a Vanoli de llevar a cabo maniobras ilegales en la venta del denominado “dólar futuro”. “se busca la salida del directorio para concretar una megadevaluación antes del 10 de diciembre. La situación de la economía es sólida y sería un error buscar mayor competitividad a través de una modificación abrupta del tipo de cambio”, alertó el funcionario.

    En ese sentido, advirtió que si el dólar pasa de $ 9.50 a $15, ese será una incremento que tendrá “severos efectos sobre los ingresos de los argentinos”. “Todas las operaciones de comercio exterior se realizan con un dólar a $9.50, si se pasa a $15 eso se sentirá y mucho. No es cierto que si se unifica el valor de la moneda extranjera en un precio alto no habrá consecuencias para los ciudadanos”, enfatizó.

    Por su parte el juez federal Claudio Bonadio justificó hoy el allanamiento que ordenó ayer en el Banco Central (BCRA), a partir de una denuncia de la oposición, y dijo que es «ilógico» no llevar adelante un proceso de investigación penal por el proceso electoral en curso. «El proceso de investigación penal no lo puedo sujetar a la agenda de otros poderes, sea o no que existan elecciones, sino cada vez que hay un acontecimiento político en curso deberíamos tener un calendario de abstención. Es una cosa ilógica. Tenía los datos, ¿por qué voy a esperar a riesgo de que se pierdan las pruebas? Me pagan para pensar mal y las pruebas las quiero tener siempre yo», dijo Bonadio en declaraciones a radio Uno.

    El magistrado defendió también el uso de los efectivos de la Policía Metropolitana para llevar a cabo el allanamiento, aunque dijo que tiene «un gran respeto» por la Policía Federal, que «trabaja de manera impecable, pero en este caso se dio así».

    Bonadio explicó además que decidió ordenar los allanamientos luego de que los ex presidentes del BCRA Alfonso Prat Gay y Martín Redrado explicaran cuestiones «técnicas» de ese tipo de operaciones y plantearan «una serie de hipótesis posiblemente ligadas a algún tipo de infracción al Código Penal».

    Precisó también que al BCRA «no le pedí nada» y explicó que lo que hizo ayer fue «ir a buscar información porque puedo utilizarla como prueba de descargo» Sobre el balotaje del domingo, el juez Bonadio sostuvo que su voto no es «volátil» y que en la segunda vuelta votará al mismo candidato por el que lo hizo en la primera vuelta del 25 de octubre.

  • La policía metropolitana y funcionarios judiciales realizaron allanamiento al Banco Central

    Efectivos de la Policía  Metropolitana y funcionarios judiciales realizaban esta tarde un  allanamiento en el Banco Central en el marco de la causa por la  denuncia contra su presidente, Alejandro Vanoli, por la venta de  dólares a futuro.

    El allanamiento, en Reconquista 151, en plena city porteña, fue  ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, quien dictó una  medida de prueba.

    La denuncia había sido realizada por integrantes del frente  opositor Cambiemos por las operaciones de venta de dólares en el  mercado de futuros a un precio «muy inferior al del mercado».

    Los denunciantes alertaron que esa medida implicará un «alto  costo para la próxima administración» y acusaron a Vanoli de  «defraudación contra la administración pública».

    La denuncia fue presentada por los diputados nacionales Federico Pinedo y Mario Negri, jefes de los bloques del PRO y UCR,  respectivamente, y recayó en el juzgado federal número 11, a cargo   de Bonadio, el juez que investiga a empresas de la familia presidencial -Hotesur SA- y fue denunciado por el Gobierno en el  Consejo de la Magistratura.

  • Stolbizer pidió apartar al juez Rafecas de la causa Hotesur por considerarlo imparcial

    Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEN y candidata presidencial, recusó hoy al juez federal Daniel Rafecas y pidió que sea apartado de la causa Hotesur, donde se investiga la actividad de los hoteles de la familia presidencial, porque consideró que hay irregularidades en la tramitación del expediente que «afectan la garantía de imparcialidad objetiva».

    Fuentes judiciales informaron a la agencia DyN que Stolbizer hizo la presentación ante el juzgado de Rafecas, quien ahora debe responder la recusación y elevarla a la Cámara Federal para que resuelva si lo aparta o lo confirma en el expediente.

    La Sala I de la Cámara ya apartó de la causa al juez Claudio Bonadio a pedido de las defensas de los acusados y en su lugar salió sorteado Rafecas.

    Stolbizer, quien hizo la denuncia que dio inicio a la causa y busca ser querellante en el expediente, destacó «las arbitrariedades en las cuales incurrió el magistrado en el manejo de la prueba secuestrada en los procedimientos del 13 de julio», en referencia a que le permitió al empresario Lázaro Báez copiar archivos de una computadora que que secuestrada en una serie de procedimientos que había ordenado Bonadio.

    También criticó a Rafecas por «la falta de apego y aplicación a la normativa vigente» porque sostuvo que el juez fue designado para reemplazar a Bonadio pero dispuso que la causa cambie hacia su juzgado cuando eso contradice la nueva ley de subrogancias y la resolución 194/2015 del Consejo de la Magistratura de la Nación.

    Otro motivo de recusación fueron las demoras en las notificaciones que hace el juez y que en distintas resoluciones sostuvo que Stolbizer planteaba «construidos» para «captar la atención de los medios de comunicación», lo que la diputada sostuvo que le genera «una fuerte sensación de intranquilidad».

    «Existe un claro desvío del poder jurisdiccional conferido al juez, que genera temor de parcialidad durante la tramitación de la causa», sostuvo Stolbizer y agregó: «No basta con que el juez actúe imparcialmente, sino que es preciso que no exista apariencia de parcialidad en tanto lo que se encuentra en juego es la confianza de los ciudadanos en los tribunales de una sociedad democrática».

    En la causa Hotesur se investiga si la familia de la presidenta Cristina Kirchner y empresarios cercanos, como Báez, cometieron el delito de lavado de dinero en sus emprendimientos hoteleros.

    La Cámara Federal rechazó esta semana un pedido de las defensas de los acusados, entre ellas de Romina Mercado, titular de Hotesur y sobrina de la Presidenta, y de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria, para que la causa sea investigada en la Justicia de Santa Cruz, y confirmó el expediente a cargo de Rafecas.

    En tanto, Stolbizer también presentó hoy un informe ante la Cámara para fundamentar su pedido de ser aceptada como querellante en la causa, lo que le permitirá ser parte del expediente y solicitar medidas de prueba y declaración de testigos, lo que ya fue rechazado por el juez Rafecas.

     

  • Denuncian por presunto lavado de dinero al hijo de Bonadio

    El senador nacional neuquino Marcelo Fuentes (FpV) denunció al hijo del juez federal Claudio Bonadio, Mariano Fulvio Bonadio, por “presunto lavado de dinero”, en una presentación en la que solicita además que se investigue la situación patrimonial del magistrado.

    La denuncia fue presentada en el Juzgado Federal número 8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, e interviene en el hecho el fiscal Federico Delgado.

    En su presentación, Fuentes afirma que Mariano Bonadio “habría sido el presidente originario de MANSUE S.A.; de MOUSTACHE MUSIC CORP e integrante de la empresa “Records MCL SRL”.

    De esta manera, el hijo del juez que acumula varias denuncias en el Consejo de la Magistratura posee “un ostentoso estudio de música” ubicado en Tronador 874 de la Ciudad de Buenos Aires, equipado “con instrumentos de un altísimo valor económico”.

    Según el legislador, Records MCL SRL habría sido constituida en el año 2006 con un capital de $ 100.000, pero en la actualidad “contaría con un inmueble en el que funcionan tres salas de ensayo, equipadas con artefactos de última generación”.

    Fuentes consigna también que en la propia página de la empresa (www.mclrecords.com) se pueden observar las fotografías que corroboran sus afirmaciones.

    “Así se ven por ejemplo baterías cuyo valor unitario ronda los $ 20.000, amplificadores que alcanzan cada uno aproximadamente los $ 30.000, paneles acústicos cuyo precio por unidad en el mercado oscila entre los $ 80.000 y $ 100.000, entre otras cosas”, apunta el senador kirchnerista en su denuncia.

    Fuentes sostiene que “de acuerdo a consultas efectuadas a expertos en la materia”, el montaje de cada una de las salas “habría requerido un gasto cercano a los $ 300.000”.

    Esos valores, contrastan con las utilidades que percibiría la firma, puesto que el alquiler de cada una de las salas costaría aproximadamente $ 150 la hora, mientras la sesión de 8 horas de grabación en el estudio profesional rondaría los $ 4.000.

    Para el denunciante, “existe una ausencia de proporcionalidad” entre los ingresos y el patrimonio que Mariano Bonadio declara ante los organismos oficiales.

    El hijo del magistrado se encuentra inscripto en AFIP desde hace algunos años en la categoría III de monotributo, con facturación de hasta apenas $ 15.000 anuales.

    Además, Mariano Bonadio habría declarado deudas con su padre desde el año 2010 por la suma de $ 150.000 cada año, y también mantendría compromisos pendientes con una mujer llamada María Pasquinelli, por cifras similares.
    En tanto, el juez no habría consignado en ninguna de sus declaraciones juradas patrimoniales la existencia de créditos contra su hijo.

    En cuanto a Pasquinelli, quien no figuraría en registro oficial alguno, no sólo le prestó al joven una cuantiosa suma de dinero, sino que además sería cotitular de una de las cuentas bancarias que posee el hijo del funcionario judicial.
    “En virtud de lo señalado, deben investigarse la posibilidad de que Mariano Fulvio Bonadio haya obrado como persona interpuesta –testaferro– en el posible enriquecimiento ilícito en el que podría haber incurrido su padre”, remarca Fuentes en el escrito que presentó ante la Justicia.

    Asimismo, el senador nacional de Neuquén pidió que se investigue si el hijo del magistrado puso a su nombre “bienes adquiridos con fondos obtenidos mediante maniobras no lícitas, lo que significaría una posible incursión en el delito de lavado de dinero”.

  • Los Jinkis pidieron la excarcelación

    El juez Bonadío resolvió, de oficio, suspender el trámite del juicio de extradición durante un mes. Por lo tanto la defensa de los empresarios solicitó este beneficio.

    Hugo y Mariano Jinkins pidieron su excarcelación luego de que el juez federal Claudió Bonadio resolviera solicitar más detalles a Estados Unidos. El magistrado solicito información en relación a los delitos de evasión impositiva y asociación ilícita por los que son investigados en la mega causa de corrupción en la FIFA.

    En las próximas horas sería resuelto el pedido de los empresarios ante la ausencia de objeciones por parte de la fiscalía.

    El 18 de julio pasado, los empresarios argentinos, padre e hijo dueños de la empresa Full Play, se entregaron a la Justicia presentándose en los Tribunales de Comodoro Py. Habían estado prófugos por un pedido de captura del FBI de los Estados Unidos.

    Hugo y Mariano Jinkis, junto con su compatriota Alejandro Burzaco -con prisión domiciliaria en Estados Unidos-, son los tres argentinos imputados en el escándalo de corrupción más grande en la historia de la FIFA por el pago de sobornos para la asignación de los mundiales 2018 y 2022, la adjudicación discrecional de los derechos de televisación de competencias oficiales y evasión impositiva..

  • Un juez exigió información al gobierno en el caso Hotesur

    Desde hace varios meses se abrió esta causa llamada Hotesur, por el inmueble que posee la familia presidencial. Hoy el juez Pablo Cayssials hizo lugar a un amparo de la diputada Margarita Stolbizer y ordenó que el Ministerio de Justicia le entregue información sobre los estados contables de la sociedad.

    El magistrado aceptó el amparo y obligó al organismo a informar sobre «los estados contables presentados por la sociedad mencionada (Hotesur) y a facilitar copias de todas las actuaciones» que sobre la firma existan en la IGJ.

    La causa genera un gran revuelo ya que se trata del círculo íntimo familiar de la Presidenta. La empresa familiar comenzó a ser investigada en medio de un gran bloque de acceso a la información pública.

    En el mes de Julio, el juez Claudio Bonadío, en un operativo polémico (arribó a Santa Cruz con la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires), consiguió documentos delicados y anes de poder obtener la información fue removido de la investigación que actualmente está a cargo del juez Daniel Rafecas.

  • El juez Rafecas reemplazará al desplazado Bonadio en la causa Hotesur

    El juez federal Daniel Rafecas resultó sorteado hoy para quedar a cargo de la causa Hotesur, tras el apartamiento del magistrado Claudio Bonadio resuelto ayer por la Cámara Federal porteña.

    El sorteo se realizó a primera hora de la mañana, luego de que la Sala I del Tribunal de apelaciones apartara ayer a Bonadio por entender que violó el derecho a defensa de los imputados y perdió la imparcialidad, entre otras razones, luego del operativo que ordenó realizar en la provincia de Santa Cruz con personal de la Policía Metropolitana.

    Esta decisión del juez fue considerada por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero motivo para apartar a Bonadio porque dijeron que no avisó a la defensa para que presentara sus peritos y, además, porque luego encargó a los mismos peritos oficiales que asesoraron sobre las preguntas a hacer que fueran también los encargados del peritaje contable para dar las respuestas.

    En noviembre pasado, Bonadio ordenó el allanamiento de la sede de Hotesur en la Capital. La empresa administra el Hotel Alto Calafate, que tras la muerte de Néstor Kirchner quedó en parte en manos de sus hijos y de la Presidenta. El juez se encontró una oficina vacía. En la causa se investiga si hubo un incumplimiento de las normas registrales y si hubo lavado de dinero.