El juez Federal Sebastián Casanello ordenó hoy dar curso a las medidas de prueba sugeridas por el titular de la fiscalía criminal y correccional federal 7, Ramiro González, quien imputó hoy a Fernando Niembro y al que era su socio en La Usina Producciones SRL, Atilio Alberto Meza, por presunto lavado de activos de origen ilícito por una suma cercana a los 20 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.
El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó varias medidas de prueba para profundizar la investigación, como la solicitud de información a la AFIP y al Banco Central, así como también a otros organismos públicos nacionales.
A la vez, requirió al ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, ARBA, información sobre la deuda que “La Usina Producciones” registraría ante esa agencia, y a los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, que informen si los imputados son titulares registrales de studs o boxes.
La denuncia había sido formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con firma del fiscal general Carlos Gonella, en base a la existencia de contratos entre La Usina Producciones SRL y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por alrededor de 20 millones de pesos.
Según consta en la denuncia presentada por Gonella, a través de estos contratos realizados «usando la excepción como regla, se habría beneficiado económicamente, e ilegalmente, a Fernando Niembro y a Atilio Alberto Meza”, durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2015.
«Se transformó la excepción en la regla», dijo González en su resolución, al hacer referencia a que para la adjudicación se utilizaron ciertos mecanismos excepcionales tales como la contratación directa y/o el régimen establecido por el Decreto 556/2010, en vez de la regla, que es la licitación.
«Necesariamente ese gran caudal de dinero de origen ilícito (que supera holgadamente la condición objetiva de punibilidad impuesta por el art. 303 del C.P) debió haber sido puesto nuevamente en circulación en el mercado, con la consecuencia posible de que adquiera la apariencia de un origen lícito”, expresó Gonella en su denuncia.
La causa quedó radicada en el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello, bajo los autos “Rodríguez Larreta y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.
La investigación preliminar que dio origen a la denuncia se inició el 2 de septiembre luego de la publicación de diversos artículos periodísticos que daban cuenta del “posible hecho de corrupción con trascendencia institucional”.
La Procuraduría consideró la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF).
De esa información surgió que tanto Meza como Niembro “incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama”, marca Mercedes Benz y Audi.
El representante del Ministerio Público Fiscal también destacó que “las contrataciones sospechosas involucrarían la prestación de servicios de publicidad para distintas reparticiones del Poder Ejecutivo porteño”.
En este sentido, señaló que La Usina habría comprado “espacios de publicidad en los medios y luego se los vendería a un precio mayor a diversas dependencias públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Finalmente, apuntó que para perfeccionar esta operatoria se habrían invocado forzosamente razones de «urgencia», dejando habilitados -de este modo- los mecanismos previstos para la contratación directa.
De acuerdo a la denuncia original, el principal contratante de dicha empresa fue la Secretaría de Comunicación Social porteña, a cargo de Pablo Gaytán, desde diciembre de 2011, indicando que la mayoría de los contratos directos habrían sido otorgados por “servicios de publicidad”.
Allí también se consignó que La Usina ”habría recibido dinero del Ministerio de Desarrollo Social, de la cartera de Salud y de la Jefatura de Gabinete, todos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El fiscal federal indicó que la Procelac había señalado como irregularidades más notorias la adjudicación de contratos a favor de La Usina entre las que figuraban las 164 contrataciones adjudicadas por el gobierno porteño a favor de la productora por un monto total de 19.473.878,80 de pesos.