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  • Denuncian por presunto lavado de dinero al hijo de Bonadio

    El senador nacional neuquino Marcelo Fuentes (FpV) denunció al hijo del juez federal Claudio Bonadio, Mariano Fulvio Bonadio, por “presunto lavado de dinero”, en una presentación en la que solicita además que se investigue la situación patrimonial del magistrado.

    La denuncia fue presentada en el Juzgado Federal número 8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, e interviene en el hecho el fiscal Federico Delgado.

    En su presentación, Fuentes afirma que Mariano Bonadio “habría sido el presidente originario de MANSUE S.A.; de MOUSTACHE MUSIC CORP e integrante de la empresa “Records MCL SRL”.

    De esta manera, el hijo del juez que acumula varias denuncias en el Consejo de la Magistratura posee “un ostentoso estudio de música” ubicado en Tronador 874 de la Ciudad de Buenos Aires, equipado “con instrumentos de un altísimo valor económico”.

    Según el legislador, Records MCL SRL habría sido constituida en el año 2006 con un capital de $ 100.000, pero en la actualidad “contaría con un inmueble en el que funcionan tres salas de ensayo, equipadas con artefactos de última generación”.

    Fuentes consigna también que en la propia página de la empresa (www.mclrecords.com) se pueden observar las fotografías que corroboran sus afirmaciones.

    “Así se ven por ejemplo baterías cuyo valor unitario ronda los $ 20.000, amplificadores que alcanzan cada uno aproximadamente los $ 30.000, paneles acústicos cuyo precio por unidad en el mercado oscila entre los $ 80.000 y $ 100.000, entre otras cosas”, apunta el senador kirchnerista en su denuncia.

    Fuentes sostiene que “de acuerdo a consultas efectuadas a expertos en la materia”, el montaje de cada una de las salas “habría requerido un gasto cercano a los $ 300.000”.

    Esos valores, contrastan con las utilidades que percibiría la firma, puesto que el alquiler de cada una de las salas costaría aproximadamente $ 150 la hora, mientras la sesión de 8 horas de grabación en el estudio profesional rondaría los $ 4.000.

    Para el denunciante, “existe una ausencia de proporcionalidad” entre los ingresos y el patrimonio que Mariano Bonadio declara ante los organismos oficiales.

    El hijo del magistrado se encuentra inscripto en AFIP desde hace algunos años en la categoría III de monotributo, con facturación de hasta apenas $ 15.000 anuales.

    Además, Mariano Bonadio habría declarado deudas con su padre desde el año 2010 por la suma de $ 150.000 cada año, y también mantendría compromisos pendientes con una mujer llamada María Pasquinelli, por cifras similares.
    En tanto, el juez no habría consignado en ninguna de sus declaraciones juradas patrimoniales la existencia de créditos contra su hijo.

    En cuanto a Pasquinelli, quien no figuraría en registro oficial alguno, no sólo le prestó al joven una cuantiosa suma de dinero, sino que además sería cotitular de una de las cuentas bancarias que posee el hijo del funcionario judicial.
    “En virtud de lo señalado, deben investigarse la posibilidad de que Mariano Fulvio Bonadio haya obrado como persona interpuesta –testaferro– en el posible enriquecimiento ilícito en el que podría haber incurrido su padre”, remarca Fuentes en el escrito que presentó ante la Justicia.

    Asimismo, el senador nacional de Neuquén pidió que se investigue si el hijo del magistrado puso a su nombre “bienes adquiridos con fondos obtenidos mediante maniobras no lícitas, lo que significaría una posible incursión en el delito de lavado de dinero”.

  • Un juez exigió información al gobierno en el caso Hotesur

    Desde hace varios meses se abrió esta causa llamada Hotesur, por el inmueble que posee la familia presidencial. Hoy el juez Pablo Cayssials hizo lugar a un amparo de la diputada Margarita Stolbizer y ordenó que el Ministerio de Justicia le entregue información sobre los estados contables de la sociedad.

    El magistrado aceptó el amparo y obligó al organismo a informar sobre «los estados contables presentados por la sociedad mencionada (Hotesur) y a facilitar copias de todas las actuaciones» que sobre la firma existan en la IGJ.

    La causa genera un gran revuelo ya que se trata del círculo íntimo familiar de la Presidenta. La empresa familiar comenzó a ser investigada en medio de un gran bloque de acceso a la información pública.

    En el mes de Julio, el juez Claudio Bonadío, en un operativo polémico (arribó a Santa Cruz con la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires), consiguió documentos delicados y anes de poder obtener la información fue removido de la investigación que actualmente está a cargo del juez Daniel Rafecas.

  • Apartan a Bonadío de la causa Hotesur

    Tras la polémica despertada por el escandaloso operativo ordenados por el juez Claudio Bonadio en Santa Cruz en la causa Hotesur, la Sala I de la Cámara Federal desplazó al magistrado del frente de la investigación.

    La decisión de la Sala I se tomó con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler por el desplazamiento y Eduardo Farah por la disidencia. El pedido de nulidad fue realizado por la defensa de Romina Mercado, titular de la sociedad Hotesur y sobrina de la presidente Cristina de Kirchner.

    La defensa de Mercado había presentado un recurso contra una convocatoria que hizo Bonadio hace unos meses de contadores de la Corte Suprema de Justicia. En caso de dictar la nulidad de lo actuado, no se descartaba que la Sala I aparte a Bonadio.

    El hecho de que el Gobierno porteño haya pagado el desplazamiento de los efectivos de la Metropolitana, encierra una serie de irregularidades. Si un juez federal o nacional tiene que realizar un procedimiento en otra jurisdicción que requiera de gastos, debe pedir fondos al Administrador General del Poder Judicial, que es un órgano del Consejo de la Magistratura de la Nación.

    El Administrador General es quien administra el Presupuesto del Poder Judicial, de acuerdo a la ley de creación, Nº 24.937, y por lo tanto dispone de las sumas requeridas por los Juzgados para esta clase de situaciones especiales.

    El Consejo de la Magistratura tiene un reglamento de viáticos, en donde están tabulados expresamente los montos diarios que corresponden asignar a los funcionarios judiciales que se trasladan a otra jurisdicción, de acuerdo a la distancia y la jerarquía de los funcionarios.

    Sólo se otorgan viáticos a funcionarios judiciales. El Consejo de la Magistratura no solventa gastos o viáticos de las fuerzas de seguridad que acompañan a los funcionarios judiciales.

    Para casos de urgencia, en los que no es posible gestionar con carácter previo los viáticos, los funcionarios judiciales realizan el procedimiento y luego presentan la rendición de cuentas requiriendo la restitución de las sumas de dinero correspondientes.

    En este caso, el juez Claudio Bonadio no solicitó estos gastos. Entonces, se produce la primera irregularidad porque no se sabe con qué fondos viajaron los funcionarios judiciales.

    Las fuerzas de seguridad que concurren en auxilio de la Justicia destinan recursos y movilizan a su tropa. Es decir, es la propia fuerza con sus recursos la que debe pagar el traslado, y no un Ejecutivo como lo hizo el Gobierno porteño de Mauricio Macri.

    En este caso hay un desplazamiento irregular ya que la Metropolitana no tiene dentro de sus funciones la potestad de intervenir en Santa Cruz. Además el gasto salió de la administración central del Gobierno porteño, es decir un gasto irregular que podría configurar el delito de malversación de fondos públicos.

  • La justicia concedió la prisión domiciliaria a los Jinkis con una fianza de 12 millones de pesos

    El juez Bonadio rechazó la excarcelación de los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, pero les otorgó el beneficio de ser arrestados en sus domicilios. Les impuso una fianza de 12 millones de pesos. El fiscal adelantó que no pondrá trabas a la excarcelación de los acusados.

    El juez Claudio Bonadio resolvió hoy rechazar el pedido de excarcelación de Hugo y Mariano Jinkis y les concedió la prisión domiciliaria. Así lo informó el Centro de Información Judicial.

    Ahora para salir de los calabozos de Villa Riachuelo las defensas deberán juntar el dinero o bienes para depositar en un banco a disposición del juzgado, por lo tanto se descuenta que la salida no sería hoy.

    Los empresarios, denunciados por haber pagado sobornos con el objetivo de quedarse con los derechos de transmisión de la Copa América, se encontraban en los tribunales de Comodoro Py junto a sus familias. Fuentes judiciales estimaban que mañana podría cumplirse el trámite que les permitiría continuar sus arrestos en domicilios fijados ante la Justicia. Según consta en el fallo, Mariano Jinkis seguirá detenido en una propiedad en el country Los Cardales de Campana, mientras que Hugo lo hará en San Isidro.

    Ambos tienen un pedido de extradición por parte de la Justicia de los EEUU, cuya investigación fue la que sacó a la luz un entramado de corrupcion que involucra a la FIFA, federaciones de fútbol de distintos países y empresarios. Enfrentan tres cargos por asociación ilícita.