Expertos y legisladores criticaron que se fijen mecanismos de control por decreto. Tambi\u00e9n advirtieron sobre la falta de autonom\u00eda de los \u00f3rganos y la vaguedad de los m\u00e9todos previstos.<\/p>\n
Con una promesa de autolimitaci\u00f3n tard\u00eda, consecuencia de los esc\u00e1ndalos de la condonaci\u00f3n de la deuda al Correo Argentino y de la cesi\u00f3n de rutas a\u00e9reas a Avianca, el Gobierno public\u00f3 ayer en el Bolet\u00edn Oficial dos decretos que regulan los conflictos de inter\u00e9s en las contrataciones p\u00fablicas: uno de ellos fija mecanismos de control que se ponen en marcha en los juicios en tr\u00e1mite donde el Estado es parte y puede haber acuerdos en puerta con empresas vinculadas a funcionarios; el otro fija reglas para la fiscalizaci\u00f3n de las licitaciones y contrataciones, con el fin \u2013en teor\u00eda\u2013 de evitar favoritismos, as\u00ed como beneficios privados o personales. En el Congreso la oposici\u00f3n cuestion\u00f3 que se implemente esta reforma por decreto en lugar de modificar la Ley de \u00c9tica P\u00fablica. Si bien la Oficina Anticorrupci\u00f3n (OA) abri\u00f3 un proceso de consulta, el texto final de los decretos no contempl\u00f3 las principales cr\u00edticas de especialistas, como la falta de autonom\u00eda de los organismos de control (que dependen del Poder Ejecutivo) que, adem\u00e1s, ser\u00e1n observadores sin obligaci\u00f3n de dictaminar, y la imprecisi\u00f3n sobre los m\u00e9todos de control de las contrataciones.<\/p>\n
Una de las cr\u00edticas de base, planteada tanto desde el PJ y el kirchnerismo como desde sectores del radicalismo, estuvo dirigida a la reacci\u00f3n del Gobierno de salir a poner un parche con dos decretos que se montan sobre la Ley de \u00c9tica P\u00fablica, en lugar de modificar la norma. La redacci\u00f3n de decretos, como es evidente, la decide el Poder Ejecutivo y una reforma legislativa puede escapar a su control. \u201cEs un mamarracho institucional pretender modificar una ley con un decreto. Es inconstitucional. A la vez, si vamos a modificar la ley habr\u00eda que adaptarla a la modalidad que adquiere la gesti\u00f3n gubernamental hoy en los pa\u00edses capitalistas, a la que el nuestro no escapa, donde son los CEO empresarios quienes gobiernan. Es imprescindible que por v\u00eda de ley y no de los propios CEO se establezcan incompatibilidades que apunten a conflictos de intereses que provienen de grandes empresas y se vinculan con las grandes contrataciones con el Estado\u201d, evalu\u00f3 Jos\u00e9 Massoni, ex titular de la Oficina Anticorrupci\u00f3n, consultado por P\u00e1ginaI12.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 dicen los decretos de Macri sobre incompatibilidades? \u00bfPueden tener efectos concretos?<\/p>\n
El decreto 201\/2017 establece un esquema de control ante procesos donde sea parte o est\u00e9 implicado un organismo o entidad del sector p\u00fablico y que est\u00e9n comprometidos con alguna de las partes o sus representantes legales el Presidente de la Naci\u00f3n, el vice, el jefe de Gabinete o alguno de los ministros o autoridades de igual rango. Ser\u00eda el camino a seguir ante un caso como el del Correo Argentino, de la familia Macri, previo a que se llegue a un acuerdo como el que en esta ocasi\u00f3n admiti\u00f3 el Estado para condonarle el 98,87 por ciento de su deuda y que fue frenado por la reacci\u00f3n de la fiscal Gabriela Boqu\u00edn. Las relaciones conflictivas previstas son \u201cparentesco o consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, sociedad o comunidad, pleito pendiente, ser deudor o acreedor, haber recibido beneficios de importancia, amistad p\u00fablica\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan el decreto, el Estado estar\u00e1 siempre representado por la Procuraci\u00f3n del Tesoro (en el asunto del Correo intervino un funcionario transitorio del Ministerio de Comunicaciones), que tendr\u00e1 que hacer p\u00fablicos siempre los juicios en tr\u00e1mite de este tenor. Exige que previo a firmar acuerdos, quitas, convenios, conciliaciones o desestimientos, la Procuraci\u00f3n haga p\u00fablica su postura y comunique su voluntad con diez d\u00edas de antelaci\u00f3n a la OA, la Sindicatura General de la Naci\u00f3n (Sigen) y la Comisi\u00f3n Parlamentaria Mixta revisora de Cuentas. No les exige dictamen.<\/p>\n
El decreto 202\/2017 estipula que toda persona que se presente para una contrataci\u00f3n p\u00fablica, otorgamiento de licencia, permiso, habilitaci\u00f3n o derecho sobre un bien del Estado, debe presentar una declaraci\u00f3n jurada que especifique sus vinculaciones y posibles conflictos (los mismos del decreto 201) respecto del Presidente, el vice, el jefe de Gabinete, los ministros y funcionarios equiparables. \u201cQuedan afuera de las incompatibilidades, por ejemplo, los directores de las empresas p\u00fablicas y titulares de fideicomisos, pese a lo que pedimos algunas organizaciones\u201d, advirti\u00f3 Renzo Lavin, codirector de la Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia. La declaraci\u00f3n jurada se comunica a la OA y la Sigen. La OA aplicar\u00e1 como control \u201cpactos de integridad, participaci\u00f3n de testigos sociales, veedur\u00eda especial o audiencias p\u00fablicas\u201d. Tendr\u00e1 que dise\u00f1ar las normas para implementarlos. \u201cNosotros ped\u00edamos la intervenci\u00f3n de un \u00f3rgano parlamentario. Las veedur\u00edas y dem\u00e1s procedimientos quedan imprecisos en el decreto, no son garant\u00eda. Una audiencia p\u00fablica s\u00ed podr\u00eda ser \u00fatil para la objeci\u00f3n de oferentes. De todos modos, es un problema estructural, solo modificable por ley, que el \u00f3rgano de control sea la OA, que carece de autonom\u00eda\u201d, agreg\u00f3 Lavin. \u201cTodo mecanismo de control suma, pero en este caso los decretos se quedan cortos. No solucionan ni cambian tampoco el r\u00e9gimen de contrataciones\u201d, remarc\u00f3.<\/p>\n
\u201cQuiz\u00e1 ser\u00eda ir demasiado lejos impedir que se contrate cuando hay conflicto, pero siempre que se lo haga con una empresa o persona jur\u00eddica o particular que est\u00e9 vinculado con cualquier miembro del Gabinete, ese acto administrativo tendr\u00eda que, como en la Ley de lavado de activos, ser monitoreada por una comisi\u00f3n del Congreso espec\u00edfica, de contrataciones. No puede ser el mismo Poder Ejecutivo\u201d, sostuvo Massoni. \u201cQue los mismos CEO se controlen y establezcan qui\u00e9n suple al CEO conflictuado es una hipocres\u00eda\u201d, dijo.<\/p>\n
Seg\u00fan Manuel Garrido, tambi\u00e9n ex titular de la OA y ex diputado de la UCR, \u201cexisten problemas derivados de legislar por decreto y de la falta de independencia de los \u00f3rganos de control, por lo que es necesario volver a legislar sobre la Ley de \u00c9tica y el dise\u00f1o de los \u00f3rganos\u201d. Del texto de los decretos cuestiona que \u201clas sanciones por omitir la declaraci\u00f3n jurada son d\u00e9biles (\u201cpuede ser\u201d, dice el texto, causal de exclusi\u00f3n) y subsiste el problema de la detecci\u00f3n de los conflictos de inter\u00e9s no declarados; se enumeran sujetos vinculados a sociedades pero no se menciona a los beneficiarios finales; se da intervenci\u00f3n a \u00f3rganos del Poder Ejecutivo (Procuraci\u00f3n, OA, Sigen) o absolutamente pol\u00edticos como la comisi\u00f3n parlamentaria, lo que mantiene suspicacias. Al legislar por decreto no se aplica a otros poderes del Estado; se deja mucho librado a la reglamentaci\u00f3n posterior\u201d.<\/p>\n