{"id":87253,"date":"2023-08-28T10:45:23","date_gmt":"2023-08-28T13:45:23","guid":{"rendered":"https:\/\/100xd.com.ar\/?p=87253"},"modified":"2023-08-28T10:45:23","modified_gmt":"2023-08-28T13:45:23","slug":"javier-milei-el-aborto-y-los-limites-de-la-consulta-popular","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/100xd.com.ar\/en\/javier-milei-el-aborto-y-los-limites-de-la-consulta-popular\/","title":{"rendered":"Javier Milei, el aborto y los l\u00edmites de la consulta popular"},"content":{"rendered":"

La Constituci\u00f3n Argentina de 1853 estableci\u00f3 como regla un sistema representativo traducido en el mandato expresado por el art. 22 mediante el cual \u201cel pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes y autoridades\u201d creadas por la Constituci\u00f3n, castig\u00e1ndose con el delito de sedici\u00f3n<\/strong> a toda fuerza armada o reuni\u00f3n de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a su nombre.<\/p>\n\n\n\n

La reforma constitucional de 1994 incorpor\u00f3 como excepci\u00f3n a la regla representativa<\/strong> dos institutos de democracia semidirecta o participativa: la iniciativa legislativa popular<\/strong> (art. 39) y la consulta popular<\/strong> (art. 40). La primera le otorga a los ciudadanos el derecho de presentar proyectos de ley en la C\u00e1mara de Diputados debiendo el Congreso darles expreso tratamiento dentro del t\u00e9rmino de doce meses. La ley reglamentaria (ley 24.747) establece que se requiere la firma de un n\u00famero de ciudadanos no inferior 1,5% del padr\u00f3n electoral utilizado para la \u00faltima elecci\u00f3n de diputados nacionales y que en ese porcentaje deber\u00e1n estar representados por lo menos seis distritos electorales (art. 4).<\/p>\n\n\n\n

La segunda presenta dos variantes: la vinculante y la no vinculante. La vinculante le otorga a la C\u00e1mara de Diputados la potestad de someter un proyecto de ley a consulta popular, y en caso de recibir el voto afirmativo por parte del pueblo de la Naci\u00f3n, el mismo se convertir\u00e1 en ley siendo su promulgaci\u00f3n autom\u00e1tica. La no vinculante la otorga al Congreso o al Presidente de la Naci\u00f3n, en el \u00e1mbito exclusivo de sus competencias, consultar la opini\u00f3n del pueblo sobre todo asunto de inter\u00e9s general para la Naci\u00f3n y a diferencia de lo que sucede con la anterior tipolog\u00eda, el voto no es obligatorio. La ley reglamentaria (ley 25.432) sostiene que la consulta popular vinculante ser\u00e1 v\u00e1lida y eficaz cuando haya emitido su voto no menos del 35% de los ciudadanos inscriptos en el padr\u00f3n electoral nacional (art. 4).<\/p>\n\n\n\n

Cada una de las distintas variantes de democracia participativa incorporadas a la Constituci\u00f3n tiene un grado de intensidad distinto en torno a la regla general determinada por la democracia representativa. En este sentido, la consulta popular vinculante es la que mayor \u00e9nfasis representa puesto que permite sustituir totalmente el procedimiento para la formaci\u00f3n y sanci\u00f3n de las leyes previsto por la Constituci\u00f3n argentina<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n

Mientras que el art. 39 enumera expresamente un conjunto de materias (reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal) prohibidas para ser sometidas a la iniciativa legislativa popular, el art. 40 remite dicha cuesti\u00f3n a la ley reglamentaria en torno a las materias habilitadas y prohibidas para ser sometidas a la consulta popular. La ley 25.432 proh\u00edbe que pueda ser sometida a consulta popular vinculante y no vinculante todo proyecto de ley cuyo procedimiento de sanci\u00f3n se encuentre especialmente reglado por la Constituci\u00f3n Nacional, mediante la determinaci\u00f3n de la c\u00e1mara de origen o por la exigencia de una mayor\u00eda calificada para su aprobaci\u00f3n (arts. 1 y 6). De esta manera, de las cinco materias prohibidas por el art. 39 quedar\u00edan excluidas de la consulta popular vinculante y no vinculante las siguientes: a) el proceso de reforma constitucional; b) el otorgamiento de jerarqu\u00eda constitucional a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; c) la denuncia de instrumentos internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarqu\u00eda constitucional; d) el establecimiento de tributos; e) la aprobaci\u00f3n o rechazo de tratados de integraci\u00f3n. A estas cabr\u00eda agregar las siguientes materias: a) leyes reglamentarias de la consulta popular y la iniciativa popular; b) ley convenio de coparticipaci\u00f3n federal; c) leyes de partidos pol\u00edticos y r\u00e9gimen electoral; d) funcionamiento de la Auditor\u00eda General de la Naci\u00f3n; e) establecimiento y modificaci\u00f3n de asignaciones espec\u00edficas de recursos provenientes de la coparticipaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Si el art. 40 y la ley 25.432 nada dicen sobre la materia penal \u00bfC\u00f3mo interpretar dicha laguna en t\u00e9rminos constitucionalmente razonables?<\/mark> La primera opci\u00f3n que aparece es apegarnos al texto constitucional y a la reglamentaci\u00f3n legal argumentando que si la prohibici\u00f3n no est\u00e1 expresamente prevista entonces la materia penal est\u00e1 habilitada. Es una interpretaci\u00f3n posible pero d\u00e9bil desde la \u00f3ptica de la razonabilidad argumental. La segunda posibilidad es realizar una lectura integral de la Constituci\u00f3n argentina y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarqu\u00eda constitucional sumando a las interpretaciones convencionales que realizan sus \u00f3rganos de aplicaci\u00f3n respecto de la materia penal, en general, pero particularmente de la penalizaci\u00f3n de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo<\/strong> de las personas gestantes.<\/p>\n\n\n\n

La Constituci\u00f3n argentina desde 1853 establece en el art. 18 como una de las garant\u00edas fundamentales el principio de legalidad penal o de reserva de ley penal seg\u00fan el cual nadie puede ser juzgado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. En id\u00e9nticos t\u00e9rminos se expresa la Convenci\u00f3n Americana sobre derechos humanos en el art. 9 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarroll\u00f3 una pac\u00edfica postura sobre que debe entenderse sobre la expresi\u00f3n \u201cley\u201d dentro del contexto de un r\u00e9gimen de protecci\u00f3n a los derechos humanos concluyendo que toda limitaci\u00f3n debe establecerse por una ley adoptada por el Poder Legislativo conforme al mecanismo previsto por la Constituci\u00f3n. De esta manera, queda suficientemente evidenciado que en materia penal no es posible sustituir la intervenci\u00f3n del Congreso mediante el uso de la consulta popular.<\/mark><\/p>\n\n\n\n

Si la ley 25.432 es constitucionalmente v\u00e1lida entonces ser\u00eda desproporcionado que la consulta popular puede ser utilizada respecto de la Auditor\u00eda General de la Naci\u00f3n en cuanto se requiere para la sanci\u00f3n de una ley que regule su creaci\u00f3n y funcionamiento de la mayor\u00eda absoluta de cada C\u00e1mara, y a la vez, argumentar que s\u00ed est\u00e1 habilitada para someter un proyecto de ley en materia penal. M\u00e1s absurdo a\u00fan ser\u00eda sostener que la ley que regula la consulta popular no podr\u00eda ser sometida a dicho mecanismo (ya que exige para su sanci\u00f3n una mayor\u00eda especial), pero que la materia penal si est\u00e1 habilitada.<\/p>\n\n\n\n

Desde otra \u00f3ptica, ser\u00eda una contradicci\u00f3n insalvable que la materia penal no est\u00e9 habilitada para un mecanismo como la iniciativa legislativa popular que depende en \u00faltima instancia del cumplimiento del procedimiento de formaci\u00f3n y sanci\u00f3n de las leyes previsto por la Constituci\u00f3n, pero que s\u00ed lo estuviese respecto de la consulta popular que en la variable vinculante implica la total sustituci\u00f3n del Congreso.<\/mark><\/p>\n\n\n\n

En lo referido a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo varios \u00f3rganos de aplicaci\u00f3n de los IIDH que tienen jerarqu\u00eda constitucional le manifestaron m\u00e1s de una vez al Estado argentino que deb\u00eda eliminar del ordenamiento interno la penalizaci\u00f3n del aborto voluntario puesto que de lo contario se violaban los derechos de las mujeres, las adolescentes y la ni\u00f1as. Dicho mandato fue cumplido de forma progresiva sin regresi\u00f3n posible con la sanci\u00f3n de la ley de acceso a la interrupci\u00f3n del embarazo (ley 27.610) de forma conjunta con la sanci\u00f3n del ley de atenci\u00f3n y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia (ley 27.611), lo cual inhibe al Estado argentino de la utilizaci\u00f3n del derecho penal mediante el mecanismo de la consulta popular.<\/p>\n\n\n\n

Entender los l\u00edmites de la consulta popular posibilita comprender el funcionamiento del sistema democr\u00e1tico argentino, y a la vez, impide que se introduzca el decisionismo de principios de siglo 20, que tanto da\u00f1o le hizo a la dignidad humana disfrazado de moderna deliberaci\u00f3n democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

El autor es abogado constitucionalista<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Andr\u00e9s Gil Dom\u00ednguez<\/a><\/p>\n\n\n\n

Fuente: La Naci\u00f3n<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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