\u201cSe encuentra en juego el alcance de los atributos constitucionales de independencia y autonom\u00eda del Ministerio P\u00fablico Fiscal. El debilitamiento de esta instituci\u00f3n no solo afecta a quien actualmente ocupa el cargo de procurador general de la Naci\u00f3n, sino que perjudica a todos los futuros procuradores generales, a todos los actuales y futuros fiscales, a todos los actuales y futuros defensores y, en definitiva, a todos los ciudadanos, que son los verdaderos destinatarios de la independencia judicial y la divisi\u00f3n de poderes del Estado.\u201d Con este argumento, la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n reclam\u00f3 ser tenida como parte en la causa que iniciaron el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo y su ONG Ser\u00e1 Justicia con el objetivo de que Alejandra Gils Carb\u00f3 sea removida por decreto u otro procedimiento distinto al que establece la ley, que es el de juicio pol\u00edtico. Tal como inform\u00f3 a principios de mes P\u00e1ginaI12, la demanda se hizo contra el Poder Ejecutivo y fue respondida por el Ministerio de Justicia, que les dio la raz\u00f3n a los denunciantes. As\u00ed, el caso se encaminaba a quedar cerrado, ya que al juez no le quedaba otra que fallar a favor del reclamo. Ahora el Ministerio P\u00fablico present\u00f3 sus argumentos para oponerse y para solicitar poder intervenir en el caso, lo que hasta el momento le hab\u00eda sido negado.<\/p>\n
La ONG Ser\u00e1 Justicia y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo est\u00e1n vinculados al PRO y a la Sociedad Rural, con una historia que incluye la reivindicaci\u00f3n del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Ambas organizaciones promovieron una \u201cdemanda contra el Estado Nacional, Poder Ejecutivo de la Naci\u00f3n, a fin de que declare la inconstitucionalidad del art\u00edculo 76 de la ley 27.148 (org\u00e1nica del Ministerio P\u00fablico Fiscal), por medio del cual se establece el procedimiento del juicio pol\u00edtico como mecanismo para remover al titular del Ministerio P\u00fablico Fiscal\u201d. El planteo fue respondido por el Ministerio de Justicia, que en t\u00e9rminos jur\u00eddicos \u201cse allan\u00f3\u201d, es decir, \u201creconoci\u00f3\u201d que el demandante ten\u00eda raz\u00f3n y se uni\u00f3 al pedido de declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad. Esto fue rechazado por distintos especialistas que explicaron a P\u00e1ginaI12 que el Ejecutivo, por principio, tiene que defender la constitucionalidad de las leyes. Al fundamentar su posici\u00f3n, el Gobierno cit\u00f3 el antecedente del fiscal nacional de investigaciones administrativas Ricardo Molinas, a quien Carlos Menem sac\u00f3 de su cargo por decreto en 1991. Fue un episodio cuestionado, ya que lo echaron para impedir que avanzara en sus investigaciones por corrupci\u00f3n, y el caso fue resuelto por la mayor\u00eda autom\u00e1tica menemista de la Corte Suprema. Por otro lado, se produjo antes de la reforma de 1994, que convirti\u00f3 al Ministerio P\u00fablico en un \u00f3rgano extrapoder.<\/p>\n
Al contestar la demanda, el Ministerio de Justicia record\u00f3 tambi\u00e9n que en abril de 2016 el Poder Ejecutivo hab\u00eda presentado un proyecto de reforma de la Ley Org\u00e1nica del Ministerio P\u00fablico Fiscal que ten\u00eda como objetivo, seg\u00fan sus fundamentos, \u201cdejar atr\u00e1s la desnaturalizaci\u00f3n que la ley org\u00e1nica del MPF ha realizo al disponer el juicio pol\u00edtico, de car\u00e1cter constitucional conforme a los art\u00edculos 53 y 59 de la Carta Magna, como procedimiento de remoci\u00f3n del procurador General de la Naci\u00f3n\u201d. Pero ese proyecto fracas\u00f3 en el Congreso, debido a cuestionamientos de distintos sectores, incluido el propio oficialismo. Con esta denuncia, los abogados de la calle Montevideo y el Ministerio de Justicia quieren lograr lo que no pudieron hacer por la v\u00eda legislativa, es decir, allanar el camino para que Gils Carb\u00f3 sea removida sin juicio pol\u00edtico.<\/p>\n
El juez Ernesto Marinelli, que qued\u00f3 a cargo de la causa, dijo que la Procuraci\u00f3n, como instituci\u00f3n, carec\u00eda \u201cde un inter\u00e9s jur\u00eddico propio y tutelable\u201d que la habilitara para ser parte del expediente. Admiti\u00f3 solamente que Gils Carb\u00f3 intervenga de forma particular como \u201ctercera interesada\u201d.<\/p>\n
La semana pasada, el secretario letrado de la procuraci\u00f3n, Carlos Salerno, se present\u00f3 ante el magistrado y reclam\u00f3 que se habilite la defensa institucional del Ministerio P\u00fablico Fiscal. Se\u00f1al\u00f3 que, como el Poder Ejecutivo casualmente hab\u00eda presentado un proyecto que coincid\u00eda con el planteo de los demandantes, se encontraba en un \u201cevidente conflicto de intereses\u201d.<\/p>\n
El representante del Ministerio Publico Fiscal argument\u00f3 que \u201cla remoci\u00f3n por juicio pol\u00edtico del procurador general de la Naci\u00f3n es el modo de asegurar la independencia y autonom\u00eda y la independencia judicial\u201d del organismo. Y garantiza que \u201csea fruto de una decisi\u00f3n adecuadamente deliberada y de un especial consenso pol\u00edtico adoptado por las diversas fuerzas que integran el Congreso\u201d.<\/p>\n
La Procuraci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que se trata de un conflicto institucional, m\u00e1s all\u00e1 de la afectaci\u00f3n que pueda tener personalmente Gils Carb\u00f3. Porque se trata de un asunto que involucra a quienes est\u00e9n en el futuro en ese cargo, as\u00ed como a todos los fiscales y defensores oficiales (la otra \u201cpata\u201d del Ministerio P\u00fablico es la Defensa).<\/p>\n
La estrategia oficial es mostrar esta maniobra como dirigida exclusivamente contra Gils Carb\u00f3, a la vez que motoriza un expediente en el que est\u00e1 involucrado un funcionario de la Procuraci\u00f3n por la compra de un edificio en el que la titular del Ministerio P\u00fablico fue citada a indagatoria.<\/p>\n
Desde la Procuraci\u00f3n sostienen que no se trata de un problema personal, sino que si se modifica el mecanismo para sacar al titular del Ministerio P\u00fablico no s\u00f3lo quedar\u00e1n debilitados quienes ocupen ese cargo en el futuro, sino todos los actuales fiscales. \u201cSi se concluye que la separaci\u00f3n del cargo del procurador general de la Naci\u00f3n no debe ser equivalente a la remoci\u00f3n de los jueces de la Corte Suprema (que se hace por juicio pol\u00edtico) la remoci\u00f3n de fiscales, funcionarios y empleados tampoco deber\u00eda tener garant\u00edas similares a las que rigen la separaci\u00f3n de los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial. No es posible socavar la garant\u00eda de independencia que consagra la existencia de juicio pol\u00edtico para el Procurador General de la Naci\u00f3n sin afectar al mismo tiempo las garant\u00edas funcionales de todos los fiscales\u201d, asegur\u00f3 Salerno. Para el representante letrado de la Procuraci\u00f3n, el hecho de que el Ministerio de Justicia citara el caso Molinas \u201cpone de manifiesto que se pretende usar esta acci\u00f3n para avasallar los atributos esenciales de todos los integrantes del Ministerio P\u00fablico Fiscal\u201d.<\/p>\n
Ante la preocupaci\u00f3n que este escenario genera en algunos c\u00edrculos judiciales, incluso los que no simpatizan con la actual procuradora, fiscales y operadores de Cambiemos se limitan a prometer que no es con ellos la pelea del Gobierno.<\/p>\n
Marinelli tiene que definir ahora si la Procuraci\u00f3n puede ser parte en el expediente y luego resolver los reclamos de la ONG Ser\u00e1 Justicia y del Ministerio de Justicia, que, aunque se supone que son dos partes del proceso, act\u00faan como una sola.<\/p>\n