Frente a la avanzada de los grupos econ\u00f3micos en la incorporaci\u00f3n de altos directivos como funcionarios en distintos estratos del gobierno, diputados del bloque FpV-PJ impulsan un proyecto de ley para limitar el acceso de CEOs a la administraci\u00f3n p\u00fablica. Un grupo de legisladores encabezado por el mendocino Guillermo Carmona elev\u00f3 una propuesta para modificar la ley 25.188 de Etica en el Ejercicio de la Funci\u00f3n P\u00fablica, con el objetivo de regular situaciones en las que hubiese presunci\u00f3n de conflicto de intereses e incompatibilidades para la asunci\u00f3n, permanencia y egreso. La iniciativa estipula que todo funcionario con rango de jefe de Gabinete, ministro, secretario o subsecretario que se haya desempe\u00f1ado previamente en la direcci\u00f3n o gesti\u00f3n privada o tenga participaci\u00f3n accionaria en empresas relacionadas con sus nuevas funciones deber\u00e1 esperar al menos tres a\u00f1os para la posesi\u00f3n del cargo. Para funcionarios de menor rango el plazo propuesto es de dos a\u00f1os. La prohibici\u00f3n alcanzar\u00e1 al c\u00f3nyuge, conviviente y familiares. Adem\u00e1s se definen criterios para un funcionario que vuelve a la actividad privada en la misma actividad en la que se desempe\u00f1\u00f3 en la esfera p\u00fablica. En este caso, tambi\u00e9n deber\u00e1n aguardar tres a\u00f1os para ingresar a una empresa.<\/p>\n
En esencia, el proyecto de Carmona, que acompa\u00f1an once diputados del mismo bloque, es volver a establecer las condiciones que exist\u00edan en la ley 25.188 de Etica previo a las modificaciones que se implementaron en los \u201890 de la mano del ex ministro de Econom\u00eda Domingo Cavallo. En esa normativa hab\u00eda criterios claros para el desempe\u00f1o de todo particular en el \u00e1mbito p\u00fablico, sea cual fuere el medio de acceso a dicha funci\u00f3n. Sin embargo, a trav\u00e9s del decreto 862, en 2001, en pleno gobierno de la Alianza, se modificaron dos art\u00edculos que relajaron esas condiciones sobre una ley que ya era bastante flexible. De esta manera, el nuevo marco jur\u00eddico redujo el tema del conflicto de inter\u00e9s a la mera incompatibilidad patrimonial o de cargos. Se minimizan los intereses del funcionario por superposici\u00f3n de cargos o participaci\u00f3n accionaria, lo cual fue aprovechado por los CEO-funcionarios del macrismo que ocupan \u00e1reas clave. \u201cDe encontrarse vigente la ley 25.188 en su redacci\u00f3n original, la mitad del gabinete no hubiese podido asumir\u201d, dijo Carmona a P\u00e1gina\/12.<\/p>\n
La idea que justific\u00f3 los cambios de Cavallo y la fuerte incorporaci\u00f3n de CEOs en el gabinete de Mauricio Macri es una supuesta superioridad de la actividad privada empresarial sobre la tarea estatal. \u201cLo \u00fanico que queda en evidencia es que estamos en un gobierno que hace del conflicto de intereses la nueva forma de corrupci\u00f3n\u201d, asegur\u00f3 el diputado. El proyecto forma parte de un paquete que incluye una iniciativa complementaria para crear una comisi\u00f3n bicameral que controle a la Oficina Anticorrupci\u00f3n actualmente dirigida por Laura Alonso, quien de acuerdo a los legisladores se ha mostrado proclive a cubrir y dejar pasar los conflictos de intereses y las incompatibilidades que presenta una gran parte del gabinete de Mauricio Macri.<\/p>\n
Adem\u00e1s de los plazos previstos para el ingreso a la funci\u00f3n p\u00fablica desde la actividad privada y viceversa \u2013cuando se trate de un mismo sector\u2013, se incluye un art\u00edculo que establece que todo funcionario que haya tenido intervenci\u00f3n decisoria en la planificaci\u00f3n, desarrollo y concreci\u00f3n de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios p\u00fablicos, tendr\u00e1n vedada su actuaci\u00f3n en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios. Tal incompatibilidad se extiende a c\u00f3nyuges, convivientes o familiares.<\/p>\n
Con los cambios propuestos, la declaraci\u00f3n jurada patrimonial que se obliga a presentar a los funcionarios p\u00fablicos ser\u00e1 mucho m\u00e1s estricta y deber\u00e1 incluir participaci\u00f3n en empresas offshore, en t\u00edtulos, acciones y dem\u00e1s valores cotizables o no en bolsa, y en empresas radicadas en el pa\u00eds o el exterior, aun cuando la legislaci\u00f3n extranjera prevea el secreto bancario. Adem\u00e1s deber\u00e1 presentarse una declaraci\u00f3n jurada que deber\u00e1 contener todas las actividades profesionales o de gesti\u00f3n, direcci\u00f3n, consultor\u00eda, asesoramiento o cualquier otro tipo de participaci\u00f3n en empresas u organizaciones de la sociedad civil, remuneradas o no, desarrolladas durante los \u00faltimos cuatro a\u00f1os anteriores a la asunci\u00f3n del cargo p\u00fablico.<\/p>\n
Pese a que el oficialismo buscar\u00e1 evitar su tratamiento, Carmona sostuvo que se transitar\u00e1 todo el camino legal para cumplir con su tratamiento en comisi\u00f3n. El proyecto ya fue presentado en las comisiones de Legislaci\u00f3n General y Asuntos Constitucionales de la C\u00e1mara baja, donde el bloque FpV-PJ cuenta con la cantidad de diputados necesarios para darle tr\u00e1mite a la iniciativa. El autor del proyecto sostuvo que, si no se debate en comisi\u00f3n, se pedir\u00e1 tratamiento sobre tablas.<\/p>\n
Si bien es poco probable que el gobierno d\u00e9 marcha atr\u00e1s respecto a la enorme cantidad de CEOs en puestos clave (ver aparte), ser\u00e1 importante definir criterios para cuando vuelvan a la funci\u00f3n privada. Esos criterios buscar\u00e1n establecer condiciones de reinserci\u00f3n de quienes hayan sido funcionarios, de \u201cmanera de preservar los intereses p\u00fablicos frente al posible aprovechamiento por parte de actores del sector privado de la informaci\u00f3n y relaciones que brinda la funci\u00f3n p\u00fablica\u201d. Tambi\u00e9n permite evitar la compensaci\u00f3n de decisiones adoptadas en favor de determinados grupos de inter\u00e9s mediante la garant\u00eda de empleos u otros beneficios por parte de los favorecidos por aquellas decisiones.<\/p>\n