4<\/p>\n\n\n\n
<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em>Seguir<\/em><\/p>\n\n\n\n \u201cLos muertos que vos mat\u00e1is gozan de buena salud\u201d, se\u00f1ala el ir\u00f3nico refr\u00e1n atribuido, tras mucho debate, a Juan Ruiz de Alarc\u00f3n<\/strong>, en su obra La verdad sospechosa<\/em>, all\u00e1 por el siglo XVII. El Gobierno comienza a destapar una verdad al menos sospechosa respecto de unas 178.000 personas fallecidas que figuran activas en la percepci\u00f3n de asistencia como titulares de certificados de discapacidad (CUD)<\/mark>. La informaci\u00f3n surge del entrecruzamiento de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad<\/strong> (Andis<\/strong>) y del Registro Nacional de las Personas<\/strong> (Renaper<\/strong>). Fueron los comprometedores audios del extitular de la agencia Diego Spagnuolo<\/strong> los que obligaron a una auditor\u00eda integral del organismo. Un segundo cruce de datos permitir\u00e1 identificar a los profesionales y las entidades que podr\u00edan estar involucrados en la presunta estafa.<\/p>\n\n\n\n No son pocos quienes sostienen que las revisiones en la Andis debieron haber comenzado antes. Los audios, que sugieren la potencial existencia de un circuito de pedido de coimas, fueron desestimados por Spagnuolo luego de presentar los resultados de un peritaje que aseguran que fueron manipulados mediante inteligencia artificial. La causa judicial avanza. Hasta el momento, los planteos de nulidad no prosperaron.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, el Foro Permanente de Discapacidad<\/strong> acus\u00f3 al Gobierno de buscar confundir a la opini\u00f3n p\u00fablica con las denuncias. El intento oficial de derogar la ley de emergencia en discapacidad fue duramente resistido por la oposici\u00f3n e incluso por varios aliados del oficialismo. Ante el rechazo de la C\u00e1mara de Diputados<\/strong>, denuncian que el Gobierno pretende instalar la idea distractiva de un \u201ccurro masivo\u201d que sirva como excusa para los ajustes que, se dec\u00eda, pretend\u00edan realizar en esa \u00e1rea. Entre otras cuestiones, aclaran que contar con un Certificado \u00danico de Discapacidad (CUD), un documento gratuito que acredita una condici\u00f3n, no implica necesariamente un cobro, por lo que estiman que no corresponde afirmar que habr\u00eda 178.000 pensiones cobradas de manera irregular y que, si tanto tiempo el sistema funcion\u00f3 de manera an\u00f3mala, el Estado tiene mucho para decir sobre su responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n Para acceder a una pensi\u00f3n no contributiva no se exige el CUD sino el Certificado M\u00e9dico Obligatorio (CMO) expedido por hospitales p\u00fablicos. Voceros del Foro critican que, en dos a\u00f1os de gesti\u00f3n, reci\u00e9n ahora se conforme un padr\u00f3n actualizado y rechazan las acusaciones respecto de facturaciones irregulares de prestadores cuando el PAMI, Incluir Salud y dem\u00e1s obras sociales deben autorizar mes tras mes las prestaciones. \u201cSe busca instalar sospechas generalizadas para ensuciar a todo el sector\u201d, alertan. Exigen que los funcionarios brinden las aclaraciones pertinentes para resguardar la reputaci\u00f3n de las personas con discapacidad y de los prestadores que act\u00faan correctamente.<\/p>\n\n\n\n Cabe recordar que auditorias m\u00e9dicas realizadas en varias regiones del pa\u00eds -tambi\u00e9n cuestionadas por algunos sectores-, con una muestra de 2559 casos sobre un universo de unos 400.000 beneficiarios, detectaron que apenas el 7% reun\u00eda los requisitos exigidos para el cobro de pensiones no contributivas. El golpe econ\u00f3mico al Estado se estim\u00f3 entonces en 3400 millones de d\u00f3lares por fondos mal asignados. El reparto de manga ancha que prim\u00f3 a lo largo de varias gestiones habla de la falta de sensibilidad de quienes las otorgaban y del perjuicio econ\u00f3mico que ello signific\u00f3 para las arcas p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n Fue el sucesor de Spagnuolo, el m\u00e9dico Alejandro Vilches<\/strong>, quien destap\u00f3 las \u00faltimas irregularidades denunciadas frente a las cuales pidi\u00f3 la baja inmediata de los CUD observados. De momento, se analiza judicializar tanto a los que podr\u00edan haber estado haciendo uso de los beneficios como a los prestadores involucrados que habr\u00edan continuado facturando para beneficiarios fantasmas. En la mira est\u00e1n los cobros efectuados, en particular aquellos ligados al uso de medicamentos de alto costo, como los indicados para la leucemia linfobl\u00e1stica que experimentaron un incremento del 27%.<\/p>\n\n\n\n El Gobierno anunci\u00f3 a fines de a\u00f1o que, finalmente, la Andis deja de existir y ser\u00e1 absorbida por el Ministerio de Salud, convertida en secretar\u00eda<\/mark>. Manuel Adorni<\/strong> describi\u00f3 que el organismo sum\u00f3 \u201ctoneladas de capas burocr\u00e1ticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una pol\u00edtica transparente\u201d lo cual provoc\u00f3 irregularidades. De aqu\u00ed en adelante prometen que las pol\u00edticas de discapacidad se administrar\u00e1n con mecanismos de control y sin discrecionalidades, reduciendo en un 45% la estructura jer\u00e1rquica, pero sin aplicar recortes en las pensiones o prestaciones.<\/p>\n\n\n\n En la pol\u00edtica del \u201cno hay plata\u201d, la prioridad sigue siendo que cierren las cuentas, para lo cual el Presidente se ha propuesto terminar con mecanismos sostenidos por qui\u00e9n sabe cu\u00e1nto tiempo generando millonarias sangr\u00edas a las arcas p\u00fablicas. Mientras muchas personas con aut\u00e9nticos problemas de salud deben demostrar anualmente su discapacidad permanente, otras que no necesitar\u00edan ning\u00fan beneficio pudieron haber estado usufructu\u00e1ndolo. Cierto es que dichas pr\u00e1cticas deben terminar, pero tampoco corresponde confundir a la poblaci\u00f3n en un af\u00e1n por sacar alg\u00fan r\u00e9dito pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n