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<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em>Seguir<\/em><\/p>\n\n\n\n Todav\u00eda de modo incipiente, y sin que el tema haya tenido un avance similar o proporcional en la Justicia, una investigaci\u00f3n interna del Banco Central<\/strong> (BCRA<\/strong>) acaba de arrojar luz sobre uno de los puntos m\u00e1s oscuros de la gesti\u00f3n del gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez<\/strong>: las operaciones con el d\u00f3lar oficial autorizadas discrecionalmente por la entidad monetaria mientras reg\u00edan restricciones cambiarias muy duras para la ciudadan\u00eda<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n El relevamiento consta de la apertura de cuatro sumarios ya presentados en la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera<\/strong> (UIF<\/strong>), que los convirti\u00f3 a su vez en una denuncia que cay\u00f3 en el juzgado de Mar\u00eda Romilda Servini<\/strong>, y una investigaci\u00f3n complementaria del ente monetario que podr\u00eda sumarse e involucra a 9 bancos, 90 casas de cambio y 200 personas f\u00edsicas.<\/p>\n\n\n\n La simple mec\u00e1nica del proceso descrito en la causa expone, por lo pronto, un compendio de arbitrariedades quiz\u00e1s solo comparables a las que esa administraci\u00f3n que se fue en diciembre de 2023 ejerci\u00f3 con el aislamiento social durante la pandemia: cuando vastos sectores de la vida econ\u00f3mica, incluido el de la salud, estaban impedidos de importar insumos, y mientras, por ejemplo, las entidades de cardiolog\u00eda difund\u00edan comunicados dando cuenta de falta de contraste para operar en los quir\u00f3fanos, un elenco de empresas, bancos y casas de cambio privilegiadas obten\u00eda lo imposible, acceder a divisas a un valor subsidiado que, a los pocos minutos, y aprovechando una brecha en muchos casos superior al 100%, cambiaba por pesos en el mercado informal<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n La jugada, solo posible gracias al favor arbitrario de funcionarios y miembros del directorio del Banco Central, donde ejerc\u00eda una influencia decisiva el entonces ministro de Econom\u00eda, Sergio Massa<\/strong>, era un negocio millonario que, seg\u00fan c\u00e1lculos preliminares, f\u00e1cilmente super\u00f3 los 1400 millones de d\u00f3lares solo en el lapso comprendido entre 2022 y 2023.<\/p>\n\n\n\n La operatoria en cuesti\u00f3n es escandalosa por varios motivos. En primer lugar porque, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, la mayor\u00eda de esos movimientos no part\u00eda de la necesidad de importaciones, sobre las que se lleg\u00f3 a generar a fines de 2023 una deuda de 45.000 millones de d\u00f3lares que todav\u00eda hoy gravita sobre el dinero circulante y dificulta el combate contra la inflaci\u00f3n, sino de simples compras que bancos y casas de cambio requer\u00edan para tenencia o pago de pr\u00e9stamos mutuos de ahorristas en medio del cepo. Y en segundo lugar, porque parte de esos d\u00f3lares oficiales terminaba en manos de agentes que no solo no contaban con fondos suficientes ni atributos financieros para la compra sino que, de acuerdo con lo recabado preliminarmente por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera<\/strong> (UIF<\/strong>), podr\u00edan haber oficiado de \u201cprestanombres\u201d. El detalle de los relevamientos internos del BCRA habla por s\u00ed solo: hay monotributistas que hicieron compras por hasta 415.000 d\u00f3lares y beneficiarios de la Asignaci\u00f3n Universal por Hijo (AUH) que accedieron a 150.000 d\u00f3lares<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n Llama la atenci\u00f3n que la causa, que se encuentra desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o en el juzgado de Servini, haya tenido desde entonces escasos avances y casi ninguna filtraci\u00f3n hasta que la revel\u00f3 LA NACION, y que lo m\u00e1s relevante haya sido hasta ahora un pedido de requisitoria que el fiscal Carlos Stornelli<\/strong>, que no tiene delegada la investigaci\u00f3n, le hizo al juzgado sobre una lista de due\u00f1os de casas de cambio sospechosas con contactos en la pol\u00edtica -principalmente con el massista Frente Renovador<\/strong>– y cuyo entramado societario muestra claramente una interconexi\u00f3n de lazos empresariales y familiares.<\/p>\n\n\n\n Esta es tal vez la raz\u00f3n por la cual el BCRA analiza presentarse como querellante en la causa para aportar nuevas pruebas que le den un nuevo impulso. Es una condici\u00f3n institucional muy relevante que, lamentablemente, la UIF, \u00e1mbito natural de estas presentaciones, perdi\u00f3 en 2025 mediante el decreto 274, que elimin\u00f3 la facultad de intervenir como parte actuante en causas de lavado de activos y corrupci\u00f3n. Una decisi\u00f3n que se tom\u00f3 en medio de una interna por la relaci\u00f3n que el gobierno de\u00a0Javier Milei<\/strong>\u00a0deb\u00eda tener con los funcionarios investigados en los a\u00f1os del kirchnerismo y que le habr\u00eda costado en enero de este a\u00f1o el cargo a\u00a0Ignacio Yacobucci<\/strong>, reemplazado en abril por\u00a0Paul Starc<\/strong>. Una muestra de que los resortes institucionales no fueron pensados de manera antojadiza y de que removerlos por estrategias partidarias solo conduce al deterioro de la rep\u00fablica. Es de esperar que se activen todos los mecanismos para llegar a la verdad y sancionar a los responsables.<\/p>\n\n\n\n