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<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n \u201cEl sistema acusatorio en la Justicia Federal, una reforma irreversible\u201d, escribi\u00f3 en diciembre pasado en este diario el ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona<\/strong>. Desde hace tiempo que el Gobierno quiere avanzar con el cambio en el procedimiento acusatorio en la Justicia Federal de la Capital, pero parece no actuar en consecuencia<\/mark>. Se trata de poner en marcha en forma plena el proceso acusatorio, que requiere muchas acciones del propio Gobierno con la provisi\u00f3n de cargos judiciales, reformas edilicias y una asistencia presupuestaria que no se vislumbran<\/mark>. Es contradictorio anunciar y dar la orden si no se act\u00faa en la misma direcci\u00f3n: el primer comienzo, anunciado para el 11 de agosto ya se ha postergado y todo indica que, si no hay cambios urgentes \u2013complicados en \u00e9pocas de elecciones\u2013 tampoco llegar\u00e1 en la pr\u00f3xima fecha prevista ahora para noviembre. Un eventual cambio posterior en el gabinete nacional, que, como a todos sus integrantes, podr\u00eda incluir al ministro de Justicia, lo podr\u00eda dejar con una gesti\u00f3n vac\u00eda de contenidos.<\/p>\n\n\n\n Cuando ha pasado ya casi medio siglo de haber comenzado durante el gobierno de Ra\u00fal Alfons\u00edn<\/strong> un proceso de transformaci\u00f3n del sistema penal inquisitivo hacia uno oral acusatorio que se ajusta mejor a la filosof\u00eda de nuestra Constituci\u00f3n, todav\u00eda lo sigue esperando la capital de la Rep\u00fablica. El cambio, en s\u00edntesis, implica que en lugar de un juez penal que investiga y falla con un procedimiento predominantemente escrito (como el que entonces reg\u00eda), comienza uno preferentemente oral, donde hay un fiscal que investiga y acusa, una defensa que act\u00faa y un juez que no se involucra en la investigaci\u00f3n, siendo por ello m\u00e1s imparcial a la hora de juzgar<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n Es bueno aclarar que la reforma no suprime ni sustituye a los magistrados por los fiscales. Los jueces siguen \u201cconociendo en los juicios\u201d como dice la Constituci\u00f3n nacional. El fiscal no suplanta al juez: se suma al expediente como otro funcionario muy importante, pero en una tarea que no empeque\u00f1ece a la otra. Los jueces tendr\u00e1n, quiz\u00e1s, un rol que podr\u00eda ser a\u00fan m\u00e1s relevante porque, al alejarse de muchas tareas que ahora van a recaer en cabeza del fiscal, tendr\u00e1n m\u00e1s tiempo y libertad para analizar la prueba y fallar.<\/p>\n\n\n\n El cambio de aquel juez de instrucci\u00f3n a este esquema es crucial y representa una mejor calidad de justicia, m\u00e1s transparencia y m\u00e1s garant\u00edas para las partes y para la sociedad<\/mark>. Naturalmente, requiere muchos m\u00e1s recursos, por su mayor complejidad. D\u00e9cadas atr\u00e1s hubo un debate conocido como \u2018tinta vs. saliva\u2019 <\/em>en el que el gran procesalista Mario Oderigo <\/strong>comparaba el proceso escrito como una producci\u00f3n industrial en cadena, en tanto que ve\u00eda a la oralidad algo m\u00e1s artesanal, mejor pero m\u00e1s compleja y costosa.<\/p>\n\n\n\n Al sancionarse en 2014 el C\u00f3digo Procesal Penal Federal, la gesti\u00f3n del ministro de Justicia Germ\u00e1n Garavano<\/strong> avanz\u00f3 con el proceso acusatorio en la Justicia Federal en muchas provincias. Con el cambio de gobierno en 2019, a cargo de Alberto Fern\u00e1ndez<\/strong>, la implementaci\u00f3n, que se hab\u00eda proyectado en forma gradual, sufri\u00f3 una pausa, y es lo que el actual ministro quiere corregir en esta gesti\u00f3n y ya lo ha hecho en algunas jurisdicciones.<\/p>\n\n\n\n La implantaci\u00f3n del sistema acusatorio todav\u00eda requiere varias acciones. La incoherencia de requerir la implementaci\u00f3n sin facilitar los elementos es notoria<\/mark>. Respecto de los recursos materiales, podr\u00eda suponerse que la actitud del Gobierno no difiere de otras que se toman en otras \u00e1reas y que se traducen en que \u201cno hay plata<\/mark>\u201d. El aumento del presupuesto no ha sido, por otra parte, bien precisado y justificado. En lo que hace a los recursos humanos, la situaci\u00f3n es cr\u00edtica. Un tercio de los cargos de magistrados est\u00e1 vacante y no se perciben esfuerzos para agilizar los acuerdos de designaci\u00f3n<\/mark>. Esta deuda, que se arrastra de gestiones anteriores, se agrava con el paso del tiempo. Incluso el fuero Penal Econ\u00f3mico, con solo dos de seis magistrados, se ha sumado a la postergaci\u00f3n. Tambi\u00e9n faltan fiscales, seg\u00fan reclamos del Ministerio P\u00fablico. Sin embargo, fuentes especializadas sostienen que esta carencia podr\u00eda paliarse con el uso de auxiliares. Respecto de las reformas edilicias, el Consejo de la Magistratura<\/strong> ha difundido avances interesantes y la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal<\/strong> cre\u00f3 los Colegios de Jueces<\/strong> en la Justicia Federal para la llegada del sistema acusatorio a Comodoro Py<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Fuentes autorizadas afirman con datos emp\u00edricos que no es que falten recursos, sino que falta voluntad<\/mark>. Lo atribuyen a discutibles razones pol\u00edticas por no considerarlo algo prioritario para el Gobierno, pero quiz\u00e1s sea m\u00e1s probable atribuirlo a un cierto desgano para enfrentar el cambio que sin dudas es preciso provocar<\/mark>. A m\u00e1s de diez a\u00f1os de la sanci\u00f3n del C\u00f3digo, no hay excusas para no haber tomado las medidas necesarias. Si el Gobierno desea dejar una marca significativa en su gesti\u00f3n, es imperativo que act\u00fae con coherencia y facilite los recursos correspondientes a las estructuras judiciales.<\/p>\n\n\n\n Para que el sistema acusatorio finalmente se ponga en marcha en la Justicia Federal de la Capital se necesita un esfuerzo decisivo entre el Gobierno, las c\u00e1maras judiciales y el Ministerio P\u00fablico. Solo as\u00ed la Constituci\u00f3n y su esp\u00edritu de justicia imparcial y transparente podr\u00e1n llegar de una vez por todas a Comodoro Py.<\/p>\n\n\n\n