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<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n La confirmaci\u00f3n de las condenas judiciales por corrupci\u00f3n contra Cristina Kirchner<\/strong> y, previamente, contra Amado Boudou<\/strong>, lleva a realizarnos la siguiente pregunta: \u00bfdebe el Estado sostener con fondos p\u00fablicos beneficios de privilegio para quienes precisamente han delinquido en ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica?<\/mark> Un sistema institucional que se precie de honrar los valores del bien com\u00fan y la igualdad ante la ley no admite dobles lecturas.<\/p>\n\n\n\n Las asignaciones vitalicias previstas en la ley 24.018, de diciembre de 1991, para expresidentes y exvicepresidentes, fueron concebidas como una forma excepcional de reconocimiento institucional. Pero esa excepcionalidad, sustentada en la confianza y el decoro, se torna un contrasentido cuando beneficia a funcionarios que traicionaron ese mandato, incurriendo en graves delitos contra el erario p\u00fablico que deb\u00edan administrar<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n Ambos casos revisten especial gravedad. Amado Boudou, condenado en 2018 por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la funci\u00f3n p\u00fablica en la causa Ciccone<\/mark> \u2013condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia<\/strong> dos a\u00f1os despu\u00e9s\u2013, percibi\u00f3 m\u00e1s de 236 millones de pesos en concepto de jubilaci\u00f3n de privilegio desde 2020 y pese a tener sentencia firme condenatoria. En noviembre de 2024, la Anses<\/strong> revoc\u00f3 \u2013no meramente suspendi\u00f3\u2013 su prestaci\u00f3n. Esa diferencia t\u00e9cnica es importante: la revocaci\u00f3n implica que el beneficio nunca debi\u00f3 haberse concedido y habilita al Estado a reclamar la restituci\u00f3n del total de lo cobrado m\u00e1s lo que corresponda por actualizaci\u00f3n. De hecho, d\u00edas atr\u00e1s, el gobierno nacional inici\u00f3 una demanda judicial para recuperar lo indebidamente percibido por el exvicepresidente.<\/p>\n\n\n\n Cristina Kirchner, por su parte, fue doblemente condenada a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n perpetua para ocupar cargos p\u00fablicos por fraude a la administraci\u00f3n p\u00fablica en la causa Vialidad<\/mark>, penas que tambi\u00e9n fueron confirmadas por la Corte Suprema en un reciente fallo con certeros argumentos. Se trata de un perjuicio para el Estado de 85.000 millones de pesos, siendo esta cifra solo la punta de un gigantesco iceberg. En su caso, la Anses hab\u00eda resuelto en noviembre pasado dar de baja las dos prestaciones que cobraba: una por su calidad de expresidenta y otra por haber sido c\u00f3nyuge del expresidente N\u00e9stor Kirchner<\/strong>. El monto que percibi\u00f3 en noviembre \u00faltimo \u2013m\u00e1s de 21 millones de pesos en mano, 35 millones en bruto\u2013 equival\u00eda entonces a 89 jubilaciones m\u00ednimas.<\/p>\n\n\n\n El monto que percibi\u00f3 en noviembre \u00faltimo Cristina Kirchner \u2013m\u00e1s de 21 millones de pesos en mano, 35 millones en bruto\u2013 equival\u00eda entonces a 89 jubilaciones m\u00ednimas<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Aun con sentencia firme en su contra, reclama en la Justicia que se le restablezcan ambos beneficios. El Gobierno eval\u00faa presentar ahora, como \u201checho nuevo\u201d, la ratificaci\u00f3n de su condena para fundamentar el rechazo a su pretensi\u00f3n. La diferencia con el caso de Boudou \u2013tambi\u00e9n inhabilitado de por vida para ejercer cargos p\u00fablicos\u2013 es de forma; en el fondo, los elementos que justificaron la revocaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n en uno son id\u00e9nticos a los que concurren en el otro.<\/p>\n\n\n\n Las pretensiones de restituci\u00f3n planteadas por la expresidenta incluyen adicionales de unos 6 millones de pesos en concepto de residencia en zona austral, pues hab\u00eda declarado domicilio en Santa Cruz, aunque era conocido que viv\u00eda en la Capital Federal<\/mark>. Por la percepci\u00f3n de ese plus, la Anses present\u00f3 el a\u00f1o pasado una demanda penal contra la exfuncionaria \u201cpor presuntos delitos de estafa, defraudaci\u00f3n a la administraci\u00f3n p\u00fablica y falsedad ideol\u00f3gica\u201d. Seguramente, el recorte de este adicional jubilatorio derivar\u00e1 en una nueva presentaci\u00f3n judicial que se ver\u00e1 si no colisiona con la residencia propuesta por Cristina Kirchner y aceptada por la Justicia para cumplir prisi\u00f3n domiciliaria en el barrio porte\u00f1o de Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La argumentaci\u00f3n jur\u00eddica es clara. La ley 24.018 excluye del derecho al beneficio a quienes sean removidos por mal desempe\u00f1o. Aunque no menciona expresamente a los condenados por delitos, la interpretaci\u00f3n que ha prevalecido asimila la condena penal a una forma superior de inhabilidad \u00e9tica y funcional. As\u00ed lo entendi\u00f3 la Anses al aplicar el criterio de \u201cindignidad sobreviniente\u201d. Adem\u00e1s, el C\u00f3digo Penal establece que quienes reciben condenas mayores a tres a\u00f1os quedan suspendidos en su derecho a jubilaciones y pensiones mientras dure la pena. La propia Constituci\u00f3n, en su art\u00edculo 36, sanciona con p\u00e9rdida de derechos pol\u00edticos a quienes cometan delitos contra el orden institucional y en el final del p\u00e1rrafo extiende esa sanci\u00f3n a quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos p\u00fablicos<\/p>\n\n\n\n Quienes invocan supuestos derechos adquiridos u objetan que no ha mediado juicio pol\u00edtico olvidan que no hay derecho adquirido a lo ileg\u00edtimo. La asignaci\u00f3n vitalicia no es un derecho alimentario ni previsional ni contributivo: es una gracia del Estado y, en ese sentido, puede ser denegada o revocada si se vulneran las condiciones \u00e9ticas que la legitiman. M\u00e1s a\u00fan cuando la percepci\u00f3n simult\u00e1nea de dos beneficios \u2013como en el caso de la expresidenta\u2013 contraviene expresamente el art\u00edculo 5 de la propia ley, que dispone que tal percepci\u00f3n de la asignaci\u00f3n de privilegio \u201ces incompatible con el goce de toda jubilaci\u00f3n, pensi\u00f3n, retiro o prestaci\u00f3n graciable nacional, provincial o municipal\u201d.<\/p>\n\n\n\n Resulta impostergable que el Estado revoque formalmente las asignaciones de privilegio a todos los condenados en ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica e inicie las acciones legales pertinentes para la devoluci\u00f3n de lo indebidamente cobrado<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Algunos especialistas en derecho critican que estas decisiones hayan emanado de una autoridad administrativa como la Anses y no del Poder Judicial. Sin embargo, cabe recordar que la legalidad en la funci\u00f3n p\u00fablica exige interpretar las normas a la luz del inter\u00e9s general y que, de existir una falta de acci\u00f3n judicial, eso no inhibe el deber de prevenir el dispendio de recursos p\u00fablicos. Si un funcionario condenado por robar al Estado contin\u00faa cobrando una asignaci\u00f3n millonaria del mismo Estado, am\u00e9n de la flagrante contradicci\u00f3n, se suma el descr\u00e9dito institucional, que es autom\u00e1tico y devastador.<\/p>\n\n\n\n Frente a esta situaci\u00f3n, el contraste entre ambos casos evidencia una inadmisible dualidad de criterios. Mientras al exvicepresidente se le revoc\u00f3 el beneficio y se le exige la devoluci\u00f3n de lo cobrado, a la expresidenta solo se le dio de baja la asignaci\u00f3n, manteni\u00e9ndose as\u00ed abierta la posibilidad de su restituci\u00f3n, incluso retroactiva, si los tribunales no intervienen. Tal escenario no solo ofende el sentido com\u00fan de millones de argentinos que cumplen la ley y reciben jubilaciones que no alcanzan a cubrir necesidades m\u00ednimas, sino que adem\u00e1s erosiona la legitimidad del propio sistema.<\/p>\n\n\n\n Resulta impostergable que el Estado unifique criterios, revoque formalmente las asignaciones de privilegio a todos los condenados por corrupci\u00f3n en ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica e inicie las acciones legales pertinentes para la devoluci\u00f3n de lo indebidamente cobrado.<\/p>\n\n\n\n No puede haber honor donde hubo delito. El sistema democr\u00e1tico, con sus mecanismos de separaci\u00f3n de poderes y controles institucionales, busca prevenir y castigar la corrupci\u00f3n. Es hora de que nuestras instituciones honren esos principios y que los reacios a cumplir las leyes y a respetar los fallos internalicen que no puede haber privilegios cuando hay una condena.<\/p>\n\n\n\n