{"id":114654,"date":"2025-02-06T12:03:25","date_gmt":"2025-02-06T15:03:25","guid":{"rendered":"https:\/\/100xd.com.ar\/?p=114654"},"modified":"2025-02-06T12:03:25","modified_gmt":"2025-02-06T15:03:25","slug":"traspaso-de-los-tribunales-ordinarios-el-putsch-de-la-corte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/100xd.com.ar\/en\/traspaso-de-los-tribunales-ordinarios-el-putsch-de-la-corte\/","title":{"rendered":"Traspaso de los tribunales ordinarios: el putsch de la Corte"},"content":{"rendered":"

En algunos casos en que debi\u00f3 resolver planteos de inconstitucionalidad de alguna ley, el sabio exjuez de la Corte Suprema de los Estados Unidos Antonin Scalia<\/strong> llam\u00f3 \u201cputsch<\/em> judicial\u201d a la idea de que \u201cnueve abogados, todos egresados de Harvard o de Yale, que nadie ha votado y que no son pol\u00edticamente responsables por lo que resuelven\u201d se arroguen facultades que corresponden a las legislaturas de cada estado. \u00c9l pensaba que cuando no exist\u00eda una clara disposici\u00f3n constitucional en alg\u00fan sentido, o una indudable tradici\u00f3n jur\u00eddica, hab\u00eda que permitir que los representantes elegidos por el voto popular finalizaran la discusi\u00f3n pol\u00edtica y la resolvieran democr\u00e1ticamente. \u00bfPero qu\u00e9 pasa cuando los pol\u00edticos no hacen lo suyo<\/mark>?<\/p>\n\n\n\n

Hace casi un a\u00f1o, en este mismo espacio, se\u00f1alamos la anomal\u00eda institucional de que permanecieran en el Poder Judicial de la Naci\u00f3n<\/strong>, como a\u00fan ocurre, los tribunales nacionales llamados \u201cordinarios\u201d, que son los que existen en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires<\/strong> y que pertenecen al Poder Judicial de la Naci\u00f3n, pero que, salvo respecto de unas pocas cuestiones, no tienen competencia en una materia federal, sino que resuelven asuntos regidos por el derecho com\u00fan<\/mark>. Es el caso de los civiles, los laborales y los comerciales. Entre otras razones, se\u00f1alamos que una provincia paga con sus impuestos nacionales el servicio de justicia que utiliza un porte\u00f1o cuando, por ejemplo, se divorcia o quiere desalojar un inmueble.<\/p>\n\n\n\n

Desde entonces se sucedieron hechos que no hicieron sino agravar la situaci\u00f3n de esa deuda constitucional. Cuando terminaba 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n resolvi\u00f3 en el caso Levinas<\/mark> que, en los asuntos que tramitan ante los tribunales ordinarios, es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires<\/strong> (TSJ) el que debe considerarse \u201csuperior tribunal de la causa<\/mark>\u201d, por el que entonces deben pasar antes de que puedan llegar a la Corte nacional por la v\u00eda del recurso extraordinario federal. Equipar\u00f3 as\u00ed al TSJ a los tribunales superiores de las provincias, atribuy\u00e9ndole una funci\u00f3n que no sale de la ley de ninguna de las jurisdicciones involucradas, y lo hizo al resolver una cuesti\u00f3n de competencia que se hab\u00eda planteado en un asunto civil entre dos particulares.<\/p>\n\n\n\n

Con raz\u00f3n, la Corte reproch\u00f3 a las autoridades legislativas no haber cumplido, 30 a\u00f1os despu\u00e9s de la reforma constitucional, la obligaci\u00f3n de implementar el traspaso de la Justicia ordinaria a la ciudad, que, seg\u00fan el texto de la Constituci\u00f3n, tiene facultades propias de jurisdicci\u00f3n. Tambi\u00e9n reconoci\u00f3 que implementar el traspaso exced\u00eda sus \u201cposibilidades materiales<\/mark>\u201d, pero la mayor\u00eda de los jueces consideraron que s\u00ed le correspond\u00eda \u201cadecuar su actuaci\u00f3n<\/mark>\u201d. Intent\u00f3 as\u00ed el tribunal remediar la inacci\u00f3n legislativa con una atribuci\u00f3n de competencia que, de hecho, modifica la organizaci\u00f3n judicial del pa\u00eds. Lo hizo, cabe aclarar, sin declarar inconstitucional la norma vigente conocida como \u201cley Cafiero<\/mark>\u201d, que estableci\u00f3 que la Justicia de la ciudad solamente ser\u00eda competente en materias de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativas y tributarias de naturaleza local, y sin que los Estados nacional y porte\u00f1o hubieran participado del pleito cuya resoluci\u00f3n modific\u00f3 de hecho su organizaci\u00f3n y su funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n

Tiene raz\u00f3n la Corte Suprema cuando reprocha la inacci\u00f3n de los cuerpos pol\u00edticos<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

La posici\u00f3n del m\u00e1ximo tribunal en cuanto a considerar que las facultades de jurisdicci\u00f3n de la ciudad son plenas, propias y totales, es decir, que no dependen de una delegaci\u00f3n que pueda hacer el Estado nacional cuando y en la medida en que lo quiera decidir, resuelve acertadamente un punto que motiv\u00f3 discrepancias durante los debates de la asamblea reformadora de 1994<\/mark>, pero que tambi\u00e9n se hab\u00eda reflejado en fallos anteriores sobre la cuesti\u00f3n que dict\u00f3 la propia Corte. Antes hab\u00eda exhortado a la pol\u00edtica a ocuparse del tema. Ahora decidi\u00f3 zanjar la cuesti\u00f3n con un fallo que, en cuanto tiene de positivo, pone fin a esas controversias y \u201cempuja\u201d a los poderes pol\u00edticos a ocuparse del tema<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n

Lamentablemente, ese empuj\u00f3n vino acompa\u00f1ado de hechos tan in\u00e9ditos como graves. Eduardo Casal<\/strong>, procurador general de la Naci\u00f3n, pidi\u00f3 a la Corte postergar la vigencia de la doctrina Levinas<\/mark>, porque, si el TSJ debe revisar casos tramitados ante tribunales nacionales, los fiscales de la Justicia porte\u00f1a pueden no compartir la posici\u00f3n de sus pares nacionales, y eso har\u00eda perder la unidad de actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, por ejemplo en materia de acusaci\u00f3n penal. Por su parte, en un precipitado e inconcebible \u201calzamiento judicial\u201d<\/mark>, los presidentes de las c\u00e1maras de apelaciones de los tribunales ordinarios del Poder Judicial de la Naci\u00f3n (cuya cabeza es, obviamente, la Corte) manifestaron un ins\u00f3lito \u201crechazo<\/mark>\u201d a lo resuelto en Levinas, en l\u00ednea con la cerril oposici\u00f3n de tipo gremial que esos jueces vienen manifestando a ser transferidos a la Justicia de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n

Si, por un lado, los fundamentos que esos jueces dan para oponerse al traspaso no han convencido a los constitucionalistas, las consecuencias pr\u00e1cticas de lo resuelto ahora por la Corte no ser\u00e1n menores y estar\u00e1n llenas de complicaciones y disputas entre litigantes y, lo peor, entre jueces.<\/mark> Entre otras, puede mencionarse la rareza \u2013cuando menos\u2013de que un tribunal ahora considerado \u201cprovincial\u201d (el TSJ) revisar\u00e1 la constitucionalidad de sentencias de jueces que integran otro Poder Judicial, el de la Naci\u00f3n, sobre los que no tienen facultades disciplinarias, y aplicar\u00e1 normas de procedimiento distintas de las que reg\u00edan en esas causas. Si el TSJ entendiera que lo que tiene en sus manos es el recurso de inconstitucionalidad establecido por las normas de la ciudad que aplica, y no el que regula el C\u00f3digo Procesal de la Naci\u00f3n<\/strong>, podr\u00eda encontrar que una decisi\u00f3n infringe la Constituci\u00f3n porte\u00f1a, que no puede dejar de aplicar, aunque no contradiga a la Constituci\u00f3n nacional.<\/p>\n\n\n\n

Tiene raz\u00f3n la Corte cuando reprocha la inacci\u00f3n de los cuerpos pol\u00edticos, pero su decisi\u00f3n caus\u00f3 un verdadero estropicio institucional con ribetes de esc\u00e1ndalo. Sorprende el espect\u00e1culo de jueces que, no ya como integrantes de una asociaci\u00f3n gremial, sino en ejercicio de sus funciones, se creen con derecho a manifestar \u201crechazo\u201d a una doctrina de la Corte<\/mark> que est\u00e1n obligados a aceptar a menos que expresen nuevos fundamentos para apartarse de ella en casos concretos, y el de un Ministerio P\u00fablico que se\u00f1ala los inconvenientes pr\u00e1cticos de su cumplimiento. La Corte parece no haber previsto todos los problemas que pueden sobrevenir.<\/p>\n\n\n\n

Las soluciones heterodoxas y los \u201cmanotazos\u201d institucionales como el que ha dado la Corte dif\u00edcilmente sirvan como est\u00edmulo para que los legisladores tomen cartas en el asunto prontamente, menos para que lo hagan de una manera reflexiva, ordenada y eficiente. Las pruebas ya son evidentes<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n

No debe perderse de vista que mientras las altas esferas del poder desatienden una obligaci\u00f3n constitucional o si se ocupan del asunto es para confrontar con teor\u00edas constitucionales o posturas gremiales, los ciudadanos que esperan la soluci\u00f3n a un conflicto tramitado en los tribunales ordinarios la ver\u00e1n demorada irrazonablemente<\/mark>. Una vez m\u00e1s, falta en el Gobierno y en la gesti\u00f3n de los poderes judiciales la perspectiva del ciudadano que se ve obligado a recurrir a ellos y sostiene con los impuestos su funcionamiento. Tal vez sirva como prueba de esa tendencia endog\u00e1mica que el propio caso Levinas, una simple disputa civil sobre rendici\u00f3n de cuentas sin mayor complejidad jur\u00eddica, lleva una d\u00e9cada de tr\u00e1mite, cierto que por innumerables incidencias plantadas por las partes, pero tambi\u00e9n porque la Corte demor\u00f3 casi cuatro a\u00f1os en resolver el conflicto de competencia. Parad\u00f3jicamente, y luego de haber \u201cavanzado\u201d hasta alcanzar el m\u00e1s alto nivel de la pir\u00e1mide judicial, ese pleito est\u00e1 mucho m\u00e1s lejos de ser resuelto que cuando se dict\u00f3 la sentencia sobre el fondo del asunto. Lo mismo ocurrir\u00e1 con miles de otros casos, en cada uno de los cuales, cabe recordar, se debe resolver un conflicto humano<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n

El pron\u00f3stico sobre este asunto eminentemente pol\u00edtico es incierto, y al respecto no cabe prescindir de consideraciones tambi\u00e9n pol\u00edticas: el fallo Levinas fue dictado por una mayor\u00eda de tres jueces sobre cuatro que integraban entonces la Corte, con la s\u00f3lida disidencia del juez Rosenkrantz<\/strong>. Esa mayor\u00eda, luego de la jubilaci\u00f3n del juez Maqueda<\/strong>, ya no existe. De modo que, en 2025, la Corte ya no ser\u00e1 la misma, ya sea que pueda completarse el trabajoso y pol\u00e9mico proceso de cobertura de las dos vacantes que hay, sea que el tribunal deba integrarse por conjueces que, si hiciera falta algo m\u00e1s para contribuir a la estupefacci\u00f3n, deber\u00e1n ser seleccionados entre los mismos presidentes de las c\u00e1maras nacionales que han liderado la rebeli\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Es de esperar que tanto entre jueces como entre legisladores primen la sensatez y el di\u00e1logo, para ordenar lo que fue confusamente dise\u00f1ado, negligentemente postergado y que en ning\u00fan caso parece posible arreglar de verdad mediante una sentencia.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: La Naci\u00f3n<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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