{"id":112201,"date":"2024-12-16T12:51:31","date_gmt":"2024-12-16T15:51:31","guid":{"rendered":"https:\/\/100xd.com.ar\/?p=112201"},"modified":"2024-12-16T12:51:31","modified_gmt":"2024-12-16T15:51:31","slug":"garantizar-el-plazo-razonable-de-juzgamiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/100xd.com.ar\/en\/garantizar-el-plazo-razonable-de-juzgamiento\/","title":{"rendered":"Garantizar el plazo razonable de juzgamiento"},"content":{"rendered":"

La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n<\/strong> declar\u00f3 extinguida la acci\u00f3n penal contra el exministro de Econom\u00eda Domingo Cavallo<\/strong> en la causa en la que se lo hab\u00eda condenado por pago de sobresueldos. El alto tribunal entendi\u00f3 que la duraci\u00f3n del proceso, que se extendi\u00f3 por dos d\u00e9cadas, vulner\u00f3 la garant\u00eda del plazo razonable de juzgamiento<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n

Utiliz\u00f3 para ello una elogiable doctrina que tiene la particularidad de ser una creaci\u00f3n propia de nuestra Corte. Naci\u00f3 hace m\u00e1s de medio siglo a trav\u00e9s del fallo \u201cMattei \u00c1ngel\u201d, muchos a\u00f1os antes de que el derecho a una \u201cjusticia pronta\u201d rigiera normativamente en nuestro pa\u00eds a trav\u00e9s de la adhesi\u00f3n a tratados humanitarios internacionales. Desde aquellas \u00e9pocas, la Corte Suprema de Justicia no ha dejado de reiterarla mediante numerosos fallos fundados en la necesidad de que todo individuo cuente con un pronunciamiento que defina su situaci\u00f3n frente a la ley y la sociedad, poniendo t\u00e9rmino del modo m\u00e1s r\u00e1pido posible a la situaci\u00f3n de incertidumbre y aflicci\u00f3n que provoca el tener abierto durante d\u00e9cadas un proceso penal<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n

Entre otros destacados conceptos, el supremo tribunal ha se\u00f1alado que la excesiva duraci\u00f3n de un proceso distorsiona todos los fines de una eventual pena<\/mark>. Para ser eficaz, agrega, requiere la menor distancia temporal entre el hecho y la condena. La inutilidad de la sanci\u00f3n aparece en los casos en los que el tiempo transcurrido entre el hecho y el juicio, o entre la condena y su ejecuci\u00f3n, hace que la persona imputada no sea la misma.<\/p>\n\n\n\n

No existe explicaci\u00f3n, ni l\u00f3gica ni legal, para que dicha valiosa doctrina no se haya aplicada hasta ahora a los procesos judiciales ligados a los enfrentamientos armados que vivi\u00f3 el pa\u00eds en los a\u00f1os 70. Tanto la Corte Suprema como la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal <\/strong>han dejado establecido en sendas acordadas firmadas por todos sus miembros, que la garant\u00eda del plazo razonable de juzgamiento es tambi\u00e9n de aplicaci\u00f3n a las causas por los llamados delitos de lesa humanidad<\/mark>. En el mismo sentido se ha expedido oportunamente la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n<\/strong>, mientras que el propio Estatuto de Roma<\/strong>, que es el que tipifica esa clase de delitos y los declara imprescriptibles, contempla precisamente la garant\u00eda de ser juzgado sin indebidas dilaciones.<\/p>\n\n\n\n

Destacados autores, la Corte Suprema de Justicia y altos tribunales provinciales han reconocido que la garant\u00eda del plazo razonable de juzgamiento aplica aun a casos en los que todav\u00eda no se haya cumplido legalmente el plazo de prescripci\u00f3n<\/mark>. Se trata de dos institutos diferentes. La prescripci\u00f3n se funda en el cumplimiento de plazos procesales, as\u00ed como en la p\u00e9rdida del af\u00e1n punitivo del Estado y del inter\u00e9s de la sociedad cuando ha transcurrido un tiempo establecido por la ley. El plazo razonable de juzgamiento, en cambio, no tiene l\u00edmites temporales fijados por la ley. Se trata de una garant\u00eda superior, nacida de nuestra Corte Suprema y hoy contenida en los tratados humanitarios que se incorporaron a nuestra Constituci\u00f3n, mediante la cual la Naci\u00f3n se obliga a garantizarle a toda persona un plazo razonable para su juzgamiento, o que le ser\u00e1n determinados sus derechos de cualquier tipo en un plazo razonable.<\/p>\n\n\n\n

La aplicaci\u00f3n de esta doctrina a las causas formadas por los hechos de la d\u00e9cada del \u201870 constituye la puerta para que los tribunales pongan fin a estos procesos tard\u00edos e interminables.<\/mark> Ofrece una herramienta eficaz para comenzar a sanar heridas <\/mark>sociales que se reabren permanentemente ante la imposibilidad de juzgar los cr\u00edmenes de la guerrilla. Juzgar solo a los agentes estatales de menor jerarqu\u00eda como est\u00e1 ocurriendo, por cr\u00edmenes de hace medio siglo, mientras se encuentran libres e indemnizados los l\u00edderes guerrilleros, es signo inequ\u00edvoco de falta de equidad y demora estatal que refuerza la percepci\u00f3n de inseguridad jur\u00eddica. Solo se est\u00e1 juzgando a oficiales por entonces subalternos y a decenas de agentes de polic\u00eda, de Gendarmer\u00eda<\/strong> o del Servicio Penitenciario<\/strong>, con prisiones preventivas que triplican el tiempo promedio que padece en ese estado un delincuente com\u00fan.<\/mark> El comportamiento actual de los agentes de seguridad y de las Fuerzas Armadas<\/strong> a la hora de cumplir \u00f3rdenes emanadas del poder pol\u00edtico en situaciones graves se ve inevitablemente condicionado por esta injustificable situaci\u00f3n<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n

La inagotable apertura de nuevas causas y el mantenimiento de centenares de otras por hechos acaecidos hace m\u00e1s de 50 a\u00f1os atiborran las agendas de los tribunales orales federales que no llegan a dar respuesta eficiente a los delitos actuales de corrupci\u00f3n o narcotr\u00e1fico<\/mark>. La herramienta propuesta no requiere la anulaci\u00f3n de las condenas firmes impuestas para delitos de lesa humanidad; como tampoco modificar\u00eda la doctrina de la imprescriptibilidad de lo ocurrido en los 70 seg\u00fan la doctrina sentada por la mayor\u00eda de la Corte en los fallos \u201cSim\u00f3n\u201d y \u201cArancibia Clavel\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Que una persona deba esperar medio siglo para que el Estado argentino lo enjuicie penalmente, o que se tarden 15 o 20 a\u00f1os para arribar a una sentencia definitiva es un absoluto sinsentido que violenta el marco jur\u00eddico. Aplicar la garant\u00eda del plazo razonable a esta clase de delitos permitir\u00e1 que nuestro Estado\u00a0limite su af\u00e1n punitivo tal y como prev\u00e9n las reglas que establece la Constituci\u00f3n<\/mark>. A la paz y la concordia, como lo ha expresado reiteradamente la Iglesia, no se llega sin Justicia. Se trata de cumplir y hacer cumplir el camino de la ley; una ley infectada por motivaciones ideol\u00f3gicas que hace tiempo abandon\u00f3 toda razonabilidad y que\u00a0debe volver a ser pareja para todos.<\/mark><\/p>\n\n\n\n

Fuente: La Naci\u00f3n<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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