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Categoría: Política

  • Debaten proyecto para crear la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Fiscales

    Un plenario de comisiones de Energía y Presupuesto de Diputados emitirá mañana dictamen del proyecto que crea la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado (YCF), a cuyo cargo estará la administración de los complejos de explotación de ese mineral ubicados en Río Turbio, Santa Cruz.

    La intención del bloque de diputados del Frente para la Victoria, que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio, es tener el dictamen habilitado para discutir en la próxima sesión, pero el frente Cambiemos pide consensuar la agenda legislativa que se debatirá hasta el 10 de diciembre.

    Si bien el oficialismo emitirá dictamen, recién se podrá determinar mañana si confirma la sesión que el FPV buscaba realizar este jueves y se incluirá este tema en la última deliberación del pleno del cuerpo legislativo.

    Por lo pronto, el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda se efectuará mañana a las 16 en la sala número 1 del Edificio Anexo, y será conducido por los presidentes de esos cuerpos asesores, el santacruceño Mario Metaza (FpV) y Roberto Feletti (FpV).

    El proyecto declara “de interés nacional el desarrollo de la exploración y explotación del carbón mineral y sus derivados, como recurso para la generación de energía eléctrica”.

    La empresa creada a partir de esta ley absorberá el control del yacimiento, el complejo ferroportuario y la Central Termoeléctrica a Carbón (CTRT), todos en Santa Cruz, que deberá adherir a la ley nacional.

    Se dispone en el articulado que se transfieren al Estado los bienes y el personal dependiente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, así como los pasivos registrados.

    La nueva empresa gozará de los derechos exclusivos de “exploración, explotación, comercialización y exportación del carbón y sus derivados directos e indirectos y de generación de la energía producida a través de la Central Termoeléctrica”.

    El directorio de la compañía estaría compuesto por un presidente, un vicepresidente, tres directores ejecutivos, dos directores en representación del Estado Nacional, dos en representación de Santa Cruz y uno por los trabajadores.

    Yacimientos Carboníferos Fiscales había sido creada en 1958, y fue privatizada en la década de los 90′ en el marco de la Ley de Reforma del Estado.

    La concesión se le adjudicó a la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio Sociedad Anónima, que finalizó su actividad en 2002 cuando el Estado le rescindió el contrato por diversos incumplimientos.

  • Macri aseguró que gobernará «para todos» y confirmó que mañana se reúne con Cristina

    El presidente electo Mauricio Macri (Cambiemos) se comprometió hoy a gobernar para «absolutamente todos los argentinos», al tiempo que confirmó que mañana a las 19 mantendrá una reunión con la mandataria saliente Cristina Fernández de Kirchner en la residencia de Olivos y anunció la conformación de un gabinete económico con seis ministros.

    «La idea es gobernar para absolutamente todos, tuvimos demasiados años enfrentados, queriendo focalizar en las disidencias, pero es mucho más lo que nos une que lo que nos separa», dijo Macri en una conferencia de prensa en la Usina del Arte, en el barrio de Barracas.

    En ese marco, el mandatario electo y saliente jefe de Gobierno porteño confirmó la conversación telefónica que mantuvo ayer con la Presidenta, quien lo felicitó por el resultado del balotaje, y lo invitó mañana a Olivos para «tener una primera conversación».

    Al mismo tiempo, en esta primera conferencia como presidente electo, Macri anunció que «habrá un ministro de Hacienda y Finanzas» y «seis ministros» que serán parte del «gabinete económico», que ya se pondrán a trabajar para tomar contacto con los actuales funcionarios de esa cartera y tener un panorama de la situación de las cuentas públicas y otros datos económicos de relevancia.

    Por ello, pidió «paciencia» a los argentinos porque en los próximos días de transición hasta el 10 de diciembre, este equipo económico «deberá reunirse con los actuales ministros como para saber cuál es la verdadera situación de las reservas del Banco Central, de la inflación y de las cuentas públicas», teniendo en cuenta que «Argentina no tiene un sistema confiable de medición».

    «La verdad de la situación la conoceremos a partir del 10 de diciembre. Hasta ese momento, pido un poco de paciencia a los argentinos», dijo Macri.

    El presidente electo dijo también que «en los próximos días» avanzará en temas como el cepo cambiario, las estadísticas oficiales y el Banco Central, y confirmó que le gustaría que su primer viaje oficial sea a Brasil, el «principal socio a futuro» de la Argentina, al tiempo que ratificó que su intención es «construir buenas relaciones con los hermanos latinoamericanos y el mundo».

    «El gran problema de la Argentina es que hace cuatro años que no crece, que no se genera empleo. Hay que poner el país en marcha y corregir las cosas que haya que corregir. El cepo era un error, no tenemos acceso a estadísticas oficiales confiables, el Banco Central no es independiente. Son cosas que las vamos a corregir y en los próximos días iremos avanzando en eso», dijo Macri.

  • Estela de Carlotto: es una «acción muy cobarde» lo que ha dicho Aguinis

    La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó hoy de «acción muy cobarde» el ataque verbal del escritor Marcos Aguinis, quien declaró que tanto ella como la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, «son mujeres despreciables», y sostuvo que si continúa con los agravios «corresponde investigar qué está escondiendo y preguntarse qué hizo para que esta democracia existiera». «Un insulto de un hombre hacia una mujer lo pinta de cuerpo entero, pero yo no me enojo, trato de entender los por qué y digo: ‘ladran Sancho, están preocupados empiezan por nosotras y los derechos humanos’», dijo la referente de Abuelas.

    En declaraciones a Gustavo Sylvestre en radio Del Plata, se refirió a dichos del escritor -que apoya al candidato de Cambiemos, Mauricio Macri-, quien en una nota televisiva dijo que Bonafini «es una mujer despreciable que debería ser enjuiciada», y definió de la misma manera a Carlotto por no haber brindado su apoyo a Hilda Molina cuando vino a la Argentina por disidencias con el régimen cubano. «Hay que preguntarle qué hacía, qué hizo para que esta democracia existiera. No sólo hay que escribir, hay que jugarse, estar y cuando uno tiene que decir algo contra alguien porque piensa que tiene la verdad, debe buscarla, mirar de frente y decirlo (pero) no por la espalda, cobardemente», remarcó la presidenta de Abuelas, que recibió la noticia estando en la provincia de Córdoba donde presentó un libro.

    Sobre los dichos de Aguinis acerca de que cuando el genocida Jorge Rafael Videla violó la Constitución el 24 de marzo de 1976, «gran parte de la sociedad argentina respiró casi aliviada», Carlotto señaló que los organismos de derechos humanos continuarán con el «respeto por la Constitución Nacional, la voluntad popular y la lucha por mejorar lo que no está resuelto como saber dónde están las 30.000 personas que la dictadura segó sus vidas y seguir buscando los nietos que faltan». «El que conspira contra eso, hay que preguntarse por qué hace esa apología de defender lo que está aprobado por todo el universo (con los juicios de lesa humanidad), porque es casi un delito», afirmó Carlotto.

  • La justicia declaró inconstitucional la reforma del consejo de la Magistratura y Aníbal Fernández argumentó en contra

    El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que «no tienen sentido” apelar la decisión de los miembros de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró inconstitucional la actual composición de 13 miembros del Consejo de la Magistratura. Recordó que en «una causa que se llama Mill de Pereyra, la Corte Suprema de Justicia dijo que hacía el control de inconstitucionalidad de oficio».

    Asimismo, argumentó que cuando el actual Gobierno dictó varias leyes «tratando de democratizar el Poder Judicial, la Corte declaró inconstitucional algunas de esas leyes, pero no la del Consejo de la Magistratura». Fernández agregó que «no tiene seriedad que nueve años después declaren la inconstitucionalidad» del Consejo, órgano que tiene rango constitucional.

    Lo expresó en su habitual encuentro con periodistas al ingresar a la Casa de Gobierno, donde dijo que la decisión sobre el Consejo «fue por dos razones: que no mantiene el equilibrio que exige la Constitución, y el otro que no cumpliría con las garantías de imparcialidad que tiene que tener el Consejo».

    Indicó que «dos de los que firman esta sentencia fueron designados por este Consejo de la Magistratura; segundo, uno de ellos fue denunciado por su propia mujer porque le dijo que le hicieron el examen». Asimismo, el funcionario añadió que «la causa (sobre la que falló la Cámara) es de 2006» y reiteró que «hubo una denuncia que la Corte desechó».

  • Maria Eugenia Vidal: «Hay que hacer una reforma política en la Provincia de Buenos Aires»

    La gobernadora electa de la Provincia de Buenos Aires por Cambiemos, María Eugenia Vidal, dijo hoy que apuntará a una «reforma política» que incluiría la limitación a las reelecciones de los intendentes bonaerenses y que va «más allá de la boleta electrónica».

    En diálogo con Luis Novaresio por radio La Red, Vidal indicó que «la forma de votar tiene que ser modificada» y calificó el cronograma electoral del 2015 como «agotador» y «ridículo», y destacó el dato que indica que sólo 18 días separarán el balotaje y el 10 de diciembre, día previsto para el traspaso del mando.

    Además, confirmó que enviará «un paquete inicial» de proyectos de ley para ser tratados en los primeros días de su gestión y que analiza una reforma a la ley de ministerios bonaerenses.

    Reiteró también su vocación para convocar a dirigentes «valiosos» de diversos orígenes ideológicos y señaló que el único funcionario confirmado para su gabinete es peronista, en alusión a Cristian Ritondo, futuro ministro de Seguridad de la Provincia. «Estoy segura que nos van a acompañar muchos peronistas porque hay una deuda en justicia social. No creo que esos ideales (del justicialismo) solo los pueda representar un sector de la política», concluyó la saliente vicejefa de Gobierno porteño.

  • La Corte rechazó apelación del Afsca y continua medida cautelar que favorece a Clarin

    La Corte Suprema de Justicia rechazó una apelación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) contra la medida cautelar que suspendió el «procedimiento de transferencia de oficio» para que el Grupo Clarín se adecue a la nueva Ley de Medios. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda consideraron que los recursos de la Afsca y el Estado Nacional “no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, por lo que seguirá vigente la medida cautelar dictada por el juez en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso, ratificada el 5 de febrero de 2015 por la Cámara.

    Luego de la declaración de constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Grupo Clarín presentó una propuesta de adecuación mediante la cual transfería las licencias a firmas que estaban vinculadas con el conglomerado empresarial, lo que fue rechazado por el organismo que conduce Martín Sabbatella, que intentó la «adecuación de oficio». Ante ello, los abogados del holding presentaron una acción de amparo y obtuvieron una medida cautelar que dispuso “la suspensión de los efectos de la resolución Afsca1121/14 y del procedimiento de transferencia de oficio por el plazo de seis meses, bajo caución real de un millón de pesos”.

    La Afsca apeló la medida y pidió que el recurso fuera concedido con “efecto suspensivo”, de modo de poder continuar con el proceso de adecuación forzosa, pero la Cámara, con la firma de los jueces María Susana Najurieta y Ricardo Víctor Guarinoni, rechazó el planteo y mantuvo la suspensión de la adecuación. Contra ese nuevo fallo, la Afsca, a través de los abogados Mariano Przybylski, Sergio Zurano y Dalila Seoane, y el Estado nacional, a través de Damián Garat y Martín Monea, recurrieron a la Corte Suprema, que en su último acuerdo rehusó su tratamiento afirmando que la resolución recurrida «no es una sentencia firme» lo que habilitaría su tratamiento.

  • Firmaron acuerdo para reincorporar a los cesanteados en Concepción

    El vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado y el intendente de Concepción, Roberto Sánchez, junto a otros funcionarios, firmaron un acta acuerdo que permitió destrabar el conflicto desatado por el despido de 470 empleados de la municipalidad.

    “Queremos trasmitirles a todos los ciudadanos de la provincia y fundamentalmente a los de Concepción que gracias al gran esfuerzo de las partes involucradas hemos llegado a un acuerdo que ha permitido resolver el conflicto, a través del diálogo, el consenso y el respeto”, sostuvo el vicegobernador Jaldo.

    El acuerdo establece incorporar en planta permanente a 110 trabajadores y garantizar que otros 210 trabajadores continuarán prestando servicios en idéntica modalidad con la que se encontraban con anterioridad al dictado de los Decretos 14 y 15 en el 2015, que dieron origen al conflicto.

    El Ejecutivo provincial asumirá un compromiso en relación con los 110 trabajadores cesanteados restantes. El acuerdo se sostendrá durante los 4 años de mandato de dicha gestión municipal siempre y cuando los trabajadores presten efectivo servicio, aclara el acuerdo.

    “Este acuerdo nos permite preservar la totalidad de los trabajadores de la municipalidad y a su vez estamos respetando la gobernabilidad del municipio de Concepción del intendente Roberto Sánchez que fue elegido por voluntad popular”, agregó el vicegobernador.

    “Las instrucciones del gobernador (Juan Manzur) desde el primer momento, fue estar al lado del intendente acompañándolo y apoyándolo para llegar a un acuerdo lo antes posible y que los trabajadores no salgan perjudicados”, sostuvo.

    El flamante intendente Sánchez sostuvo: “Llegamos a un acuerdo gracias a la ayuda del gobernador que puso a disposición sus ministros para resolver el conflicto de nuestra ciudad. Lo importante ahora es que todos los trabajadores van a recuperar su trabajo”.

    Por su parte, el gobernador Manzur expresó su satisfacción por el acuerdo antes de la firma del convenio y destacó: «Logramos preservar las fuentes de trabajo a través del consenso, sin usos electoralistas o ambiciones personales». Además repudio nuevamente los hechos de violencia y afirmó que «la Justicia está trabajando para esclarecerlos y castigar a los responsables».

    El conflicto se originó por el pase a planta permanente de 470 empleados dispuesto por el intendente saliente Osvaldo Morelli días antes de dejar el cargo, medida que fue dejada sin efecto por Sánchez apenas asumió, lo que desencadenó una fuerte protesta frente a la sede municipal.

    Sánchez y varios funcionarios que secundan su gestión pasaron la noche del lunes en su despacho debido a la protesta de empleados del municipio que quemaron cubiertas y arrojaron bombas de estruendo frente al edificio, generando un clima de tensión.

    El intendente que llegó al cargo tras ganar las elecciones como candidato del frente opositor Acuerdo para el Bicentenario aceptó las sugerencias de no abandonar su oficina para evitar inconvenientes y permaneció en el lugar hasta anoche, cuando luego de arduas negociaciones se llegó al acuerdo que fue rubricado hoy en la Casa de Gobierno.

    De a poco, en Concepción todo vuelve a la normalidad y la calma ha retornado a la ciudad del sur provincial, donde se vivieron momentos de tensión entre la noche del lunes y las últimas horas de ayer. El servicio de recolección de residuos se reanudó esta mañana y las dependencias municipales comenzaron a funcionar nuevamente. Además, muchos de los comerciantes que ayer prefirieron mantener cerrados sus negocios por cuestiones de seguridad, hoy ya atienden al público. Concepción es una de las principales ciudades del interior de la provincia, está ubicada a 65 kilómetros al sur de la capital y tiene 70.000 habitantes.


  • Aníbal Fernández: «Es un atentado a la seguridad jurídica» que se hagan públicas las cláusulas YPF Chevron

    El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó hoy que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena a la estatal YPF hacer públicas las cláusulas secretas del acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron por el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta «es un atentado a la seguridad jurídica en nuestro país» y tiene «una clara intencionalidad política». «Lo que ha dicho la Corte en este caso es una locura, que lo que hace es desnudar información de convenios confidenciales como se hace en cualquier situación industrial en el mundo. Y vemos que de esta forma se le impide al Estado tener sociedades administradas también con el derecho privado», dijo el funcionario en su habitual contacto matutino con la prensa en Casa de Gobierno.

    Para el ministro coordinador, la Corte Suprema «se entromete en cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, un hecho que no debiera hacerlo nunca, específicamente se entromete en esto. La verdad es que esta decisión es un atentado a la seguridad jurídica en nuestro país».

    En ese sentido, Fernández subrayó que el mismo máximo tribunal «que ha insistido tantas veces con la seguridad jurídica» comete «un atentado a la seguridad jurídica, porque impide que empresas que quieran invertir en la Argentina lo hagan en los términos establecidos». «Pero además -añadió el jefe de Gabinete en su análisis con la prensa acreditada en la Casa Rosada- esta acordada es una decisión que deja al país en pésimas condiciones y va a complicar a nuestro país en situaciones complicadísimas desde el punto de vista judicial cuando empresas que han firmado acuerdos de confidencialidad se le solicite información y haya que darla».

    No obstante, dejó en claro que «por supuesto que YPF va a aportar la información que se le solicitó y va a cumplir con la sentencia». «La verdad es que esta acordada da mucha bronca y ¿qué tiene que hacer este fallo en el medio de una decisión electoral como la que estamos llevando a la práctica los argentinos? ¿O en realidad lo que están buscando que ésto pueda incidir en la decisión electoral?», se preguntó.

    Preguntado por uno de los cronistas sobre si hubo intencionalidad en el fallo, el funcionario nacional afirmó: «Estoy pensando que eso es así, estoy pensando que lo que usted dice es lo cierto. ¿Dígame qué hace esta discusión hoy y si no se podía esperar 12 días y haberla sacado después del 22 de noviembre ¿Para qué se saca en este momento?.

    La Corte Suprema ordenó ayer a YPF hacer públicas las cláusulas secretas del acuerdo entre la petrolera argentina y la estadounidense Chevron para la explotación de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta, de Neuquén, suscripto el 16 de julio del 2013. El máximo tribunal remarcó en su fallo que «las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos».

  • Infantería a la espera de la orden judicial para desalojar el predio tomado en Merlo

    El ministro de seguridad bonaerense, Alejandro Granados, explicó hoy que se están desplazando unos 600 efectivos de la infantería de la policía de la provincia de Buenos Aires, a la espera de una orden judicial para desalojar el predio sobre la ruta 1003, en la localidad de Merlo, que fue tomado por unas 600 familias.
    «Son unas 600 familias y en este momento, el 90 por ciento del lugar esta vacío porque la gente está cocinando en sus casas, yendo a buscar los chicos al colegio o trabajando», indicó Granados en declaraciones a radio Mitre.
    El ministro bonaerense precisó que se están desplazando 300 infantes al lugar en el día de hoy y otros 300 en el día de mañana y «en pocas horas, el lugar estará rodeado por la infantería a la espera de la instrucción de la justicia que seguramente nos dará la orden de que desalojemos».
    «Cuando la justicia nos ordene desalojar, desalojamos», dijo Granados, quien explicó que se trata de «gente que vive en el mismo barrio» y que la situación de ocupación se originó a partir de «un vivo que quiso perjudicar a alguien y que hizo correr la voz de que se podían tomar esos terrenos».
    Granados, quien acababa de sobrevolar la zona, indicó que «no va a haber ningún problema en que la gente se retire ya que no están afincados».

    El intendente electo de Merlo por el FPV, Gustavo Menéndez, insistió hoy en que el intendente saliente Raúl Othacehé continúa «con la utilización de los más humildes mediante la toma de terrenos en forma simultánea con el fin de generar caos social».
    «Estoy absolutamente convencido que está impulsado por él», dijo Menéndez en relación a Othacehé en declaraciones formuladas al Canal 26, donde precisó que «hay punteros políticos que actúan con el fin de generar caos social».
    Explicó que se trata de dos lugares puntuales: uno abarca unas 60 hectáreas; y el otro, que está al lado, corresponde a unos terrenos donde se estaba construyendo un Plan Federal de Viviendas.
    Respecto de este último espacio Menéndez explicó que «habría habido una sobrefacturación que no pueden explicar» en lo vinculado a las certificaciones de avances de obras que estaban a cargo del municipio.
    Y analizó que «eso aclararía también por qué cuando tomaron las casas muchas fueron quemadas, cuando uno toma una vivienda por necesidad no la quema», argumentó.
    No obstante, destacó que esta motivación la aduce en forma «potencial porque está hecha la denuncia correspondiente y ahora investiga la Justicia».
    Cuando le consultaron como futuro intendente cuál será su forma de resolver el conflicto, confió que «lo primero es reconocer la realidad de la gente» pero destacó que «el límite es la ley».
    «Estamos intentando hablar con los dueños de la tierra, los ocupantes, los vecinos, hablamos en la justicia, quienes pretendamos ejercer liderazgos tenemos que ser los primeros esclavos de la ley», definió Menéndez.

     

  • La Corte Suprema ordenó que se hagan públicas las cláusulas secretas del contrato entre YPF y Chevron

    Este martes, la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén.

    La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

    La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

    El fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

    Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad YPF se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

    El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

    Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

    Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani. Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

    La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

    Fallo Completo

    (CIJ)