Categoría: Política

Este miércoles 10 de junio, a las 17:30, en el hotel Brizo de La Plata, se presentará en sociedad el esquema opositor de centro derecha que tiene como vocación central ser un aglutinador de dirigentes de esa identidad, para converger el año que viene en un gran armado electoral que tenga como columna vertebral al peronismo.Te puede interesar:El cálculo electoral de la Casa Rosada: la verdadera amenaza para Javier Milei es de derecha

Las caras visibles de ese proyecto son Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó (está de viaje y no será de la partida), Carlos Kikuchi (armador de La Libertad Avanza en sus comienzos) y Sergio Vargas. Dos ex Juntos por el Cambio y dos ex libertarios. En diagonal, pero con diálogo abierto, también trabajan cerca de ese armado Nicolás Massot y Diego Bossio. Ninguno de ellos estará presente en el acto.

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Todos son figuras de pasado peronista que se está reacomodando en el mapa político actual y que trabajan en la búsqueda de consensos para entrelazar voluntades opositoras. Todos tienen la intención manifiesta de armar una alternativa al proyecto que lidera Javier Milei y de construir una coalición que contenga a las diversas terminales que sobreviven en Unión por la Patria.Te puede interesar:Los guiños de Patricia Bullrich a dos dirigentes marginados por Karina Milei que abren una incógnita para 2027

El encuentro, que tiene formato de conferencia pero que en los hechos es un lanzamiento de cara a la sociedad, será moderado por Vargas, que es un senador provincial que tiene el sello de “libertario blue” en la rosca política. Expondrán Pichetto, Kikuchi y Eduardo Setti, el ex secretario de Finanzas del gobierno del Frente de Todos. Un economista ligado a Sergio Massa. La presentación llevará en el frente el slogan “Argentina productiva”.

PUBLICIDADhttps://d9770697fb7fc73a5494618f6f179d53.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.htmlLa reunión que mantuvieron los legisladores y dirigentes bonaerenses en Malvinas Argentinas

Los integrantes de la nueva iniciativa política destacan el orden macroeconómico logrado por la presidencia de Milei, pero advierten que el Gobierno ha descuidado completamente el impacto de sus políticas en la economía real. Situación que se ve con claridad en las miles de pymes que cerraron y en la enorme cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en el último año.Te puede interesar:Javier Milei compartió un mensaje que defiende el retiro del pliego de la jueza Michelli

“Nosotros estamos en la derecha y tenemos voluntad de corrernos hacia el centro. Podemos converger en un armado con el peronismo, si los que están en la izquierda se corren hacia el centro, que es el lugar donde todos nos deberíamos encontrar”, se sinceró uno de los principales armadores del espacio político.

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Equilibrio y orden fiscal, inflación controlada, diálogo abierto con el sector empresario y una mirada con base en la producción y la industria. Esa es la idea que empujan los dirigentes de la centro derecha. Idea que creen que es compatible con una gran parte del peronismo. Tal es así que los dirigentes del PJ Federal, como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz o Guillermo Michel, o el precandidato sanjuanino Sergio Uñac tienen coincidencias públicas con esas miradas. Hablan de los mismo, pero cada uno por su lado.

El armado dio su primera señal de participación en la escena política el 18 de marzo, cuando hicieron pública una reunión que mantuvieron en La Plata Pichetto y Monzó con los integrantes del bloque Unión y Libertad en la Legislatura bonaerense. Después hubo otro encuentro el 17 de abril, en Malvinas Argentinas, donde los mismos protagonistas, más Kikuchi, se reunieron con el intendente local Leonardo Nardini, que es parte del sector más afín a Cristina Kirchner.

PUBLICIDADEl afiche promociona el evento «Argentina Productiva» en La Plata este 10 de junio

En todas esas oportunidades la intención fue marcar que estaban dispuestos a entablar relaciones con el peronismo para ser parte de un gran armado. En el PJ saben que nadie sobra de cara a una elección que se avecina compleja, más allá del momento actual que vive el gobierno nacional, plagado de internas y rodeado de la realidad que explicita la economía doméstica. Reuniones cruzadas en las que se tratan de buscar coincidencias sobre el escenario político, económico y social.

En esa dirección fue también la reunión que mantuvieron en la gobernación Axel Kicillof, Emilio Monzó y Nicolás Massot. Para buscar coincidencias hay que alejarse de los extremos. Y eso quedó claro en esa conversación que tuvo lugar en La Plata. La obsesión es el centro, porque un encuentro a mitad de camino permitirá abrazar a más sectores y tejer una convivencia amplia.

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En el nuevo esquema de derecha no ven a la izquierda de Myriam Bregman y Nicolás Del Caño trabajando en conjunto con el peronismo. “No es su negocio. No pueden funcionar en un armado tan diverso”, reflexionó uno de los legisladores que está a cargo del nuevo esquema político. Análisis de coyuntura que hoy se hacen en las mesas de café de la oposición. La historia de la construcción opositora aún tiene muchos capítulos por delante.

Fuente: Infobae.com

El ministro del Interior, Diego Santilli, se sumó este martes por la mañana a una reunión de gobernadores del norte del país que se desarrolló en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y defendió la eliminación de las PASO por el costo económico que tienen, que estimó entre los 220 y los 240 millones de dólares.

Además, se mostró esperanzado en que el Gobierno logrará los votos en el Congreso para hacer avanzar esa intención. Al finalizar el encuentro, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, le restó urgencia al tema al considerar que los cambios electorales no son una prioridad para la población de las provincias norteñas.

Al llegar al CFI, en la calle Azopardo al 750, en el bajo porteño, Santilli se detuvo en la vereda y, en declaraciones a la prensa, sostuvo que “las PASO cuestan entre 220 y 240 millones de dólares” y que se experimenta “una merma de votantes” debido a su realización.

“La gente no quiere ir a votar cuatro o cinco veces”, subrayó Santilli. Consultado sobre las chances de que avance en el Congreso el proyecto de reforma política del Gobierno, con la quita de las PASO incluida, señaló que están “trabajando con Martín Menem [presidente de la Cámara de Diputados] y Patricia Bullrich [jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado]”.

A diferencia de los gobernadores del norte que arribaron a la reunión a bordo de autos oficiales, con vidrios polarizados, y que los depositaron directamente dentro del garaje del CFI, Santilli bajó de una camioneta sobre la calle Azopardo e ingresó a pie.

El ministro del Interior contó que Raúl Jalil, gobernador de Catamarca y aliado del presidente Javier Milei, lo invitó a participar del encuentro, en el que los mandatarios dialogaron sobre la quita de subsidios a las zonas frías que el Gobierno ya hizo avanzar en la Cámara baja y la compensación prometida para las tarifas eléctricas en zonas cálidas. Jalil preside el grupo de gobernadores del norte argentino.

La reunión comenzó alrededor de las diez y finalizó al mediodía, con una presencia de gobernadores más amplia que la que se esperaba (se aguardaba la asistencia de ocho mandatarios y se acercaron diez).

Estuvieron presentes en la reunión, junto a Santilli y al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, los gobernadores de Salta (Sáenz), Jujuy (Carlos Sadir), Tucumán (Osvaldo Jaldo), Formosa (Gildo Insfrán), Misiones (Hugo Passalacqua), Catamarca (Jalil), La Rioja (Ricardo Quintela), Chaco (Leandro Zdero), Corrientes (Juan Pablo Valdés) y Santiago del Estero (Elías Suárez). La nómina de presentes mezcló aliados y opositores al Gobierno. Entre los primeros, se cuentan, con distintos grados de adhesión, Sáenz, Sadir, Jaldo, Passalacqua, Zdero y Valdés; entre los segundos, Insfrán, Quintela y Suárez.

Jalil (presidente pro témpore del grupo de gobernadores del Norte Grande) y Sáenz fueron los voceros de la reunión. El gobernador de Salta le restó urgencia al proyecto de quitar las PASO al que se refirió el ministro del Interior antes de entrar a la reunión. “El tema de las rutas no da para más. Hay que buscarle una solución que tiene que ser inmediata. Entendemos que hay cuestiones en las que el gobierno nacional tiene apuro y quiere tratar rápidamente, como la modificación de la ley electoral, pero no creo que sean los problemas que la gente está esperando que se resuelvan, sobre todo en el norte argentino”, resaltó Sáenz, cuyos diputados, hace dos semanas, acompañaron al Gobierno con el voto para aprobar la reducción del régimen de subsidios al gas por zonas frías (resta la aprobación del Senado para que se convierta en ley).

“La zona fría es la Patagonia. Todo aquel que esté por debajo de tres canastas básicas, en un barrio de emergencia, personas discapacitadas, va a seguir [teniendo el subsidio]. El que tiene una pileta climatizada, no”, remarcó Santilli antes de ingresar a la reunión de gobernadores.

El ministro del Interior afirmó también que, antes de la reunión, los gobernadores habían hecho un planteo “que tenía que ver con el gas para industrias, porque Bolivia no está exportando” y que “un trabajo de Refinor va a proveer el diferencial que venía de Bolivia”.

Desde las provincias del norte se planteó, en el encuentro, la problemática alrededor de la provisión de gas. Uno de esos puntos, según pudo saber LA NACION de fuentes bien informadas sobre lo que se debatió en la cumbre de mandatarios, fue el precio del gas para la industria en las provincias norteñas. “Sería casi el doble del actual y la industria pide que el Estado nacional se haga cargo de la diferencia”, dijeron desde el entorno de uno de los participantes de la reunión. En el encuentro, también se pidió finalizar “la obra de reversión del gas [por el Gasoducto Norte], que llegó hasta Córdoba”, indicaron las mismas fuentes.Controles y penas. Alertan que la ley de lobby de Milei podría perjudicar a organizaciones civiles que monitorean al Estado

Sáenz, al resumir la reunión, afirmó que buscan “garantizar el gas para el Norte”, y pidió “que empiecen la obra ya, para que no tener desabastecimiento”. Y volvió a contrastar con la urgencia por los debates electorales: “Tenemos que ponernos a trabajar entre todos. Falta muchísimo para las elecciones”.

“Los gobernadores también hemos planteado nuestra agenda, que tiene que ver con las rutas, con la microeconomía, que no funcionan motores como el del consumo. Los temas que necesitamos que sean incluidos en la agenda nacional, que veamos un país en su conjunto y no solo con las necesidades del gobierno nacional”, resaltó Sáenz.

Jalil, por su parte, dijo que el recorte de las zonas frías y las posibles compensaciones son subsidios a las tarifas eléctricas para zonas cálidas será un tema de diálogo con el gobierno nacional a través del CFI. “El CFI va a interactuar con el ministro Santilli para mandarle los proyectos”, dijo el gobernador catamarqueño, un alado del Gobierno cuyos diputados se abstuvieron en la votación que dio media sanción al recorte de los subsidios por zonas frías, iniciativa con la que el oficialismo busca un ahorro fiscal de $272.000 millones.

Uno de los puntos del orden del día de la reunión fue la “Hoja de Ruta” que diagramaron las provincias del norte con el CFI, y que se desarrolla desde 2021.

Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto del temario del encuentro, el CFI expuso proyectos trabajados en las áreas de logística, energía y turismo. También se habló se problemáticas aduaneras y de la Hidrovía.

Lamothe afirmó que la “Hoja de Ruta” persigue el objetivo de “articular la mirada federal con las realidades provinciales, promoviendo procesos de planificación que integran capacidades locales, diálogo político y producción técnica”.

El CFI informó que “los gobernadores abordaron una agenda aprobada para trabajar con misiones comerciales, participar de ferias turísticas, tecnológicas y comerciales, que les permita reforzar y potenciar el desarrollo productivo de la región”. La próxima reunión de los gobernadores del norte será en la provincia de Misiones, en agosto, adelantó Jalil

.Por Javier Fuego Simondet

Fuente: La Nación

Un grupo de 16 organizaciones de la sociedad civil, encabezado por el colectivo Infancia en deuda, solicitó a la Justicia que declare nula la conformación actual de la Comisión Bicameral encargada de supervisar la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al considerar que el Senado de la Nación distribuyó los cargos de manera contraria a las reglas de representación política establecidas por la legislación vigente.

La presentación fue realizada ante el juez en Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, bajo la figura de “amicus curiae” (amigo del tribunal) en el marco de la causa iniciada por los legisladores Daniel Bensusán y Anabel Fernández Sagasti contra el Decreto Parlamentario Presidencial 32/2026, mediante el cual se definió la integración de los cinco representantes que corresponden a la cámara alta dentro de la comisión bicameral.

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Las entidades sostienen que el conflicto excede una disputa entre bloques políticos y plantea una cuestión institucional vinculada con la calidad de la representación democrática. Según argumentan, el principio de proporcionalidad previsto en la Ley 26.061 y en el reglamento interno del Senado exige que la composición de la comisión refleje adecuadamente el peso de cada bloque parlamentario.https://46492d7df20875c4b6f694c33a34ba13.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

El conflicto tuvo su inicio por el decreto que asignó dos lugares a La Libertad Avanza y uno a cada uno de los bloques Justicialista, PRO y UCR. Los demandantes cuestionan que el bloque peronista haya recibido solamente un asiento pese a contar con la misma cantidad de integrantes que La Libertad Avanza: 21 senadores cada uno.

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En la presentación, las organizaciones afirman que cualquier método de distribución proporcional utilizado en sistemas parlamentarios y electorales conduce al mismo resultado: «La composición determinada por el Decreto Parlamentario Presidencial n.º 32/2026 no otorgó una representación proporcional a los sectores políticos». A su criterio, el Senado no explicó qué criterio utilizó para apartarse de los resultados que arrojan las fórmulas habituales de distribución de cargos.

El escrito cita antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se admitió la intervención judicial cuando se discuten procedimientos de integración de órganos institucionales y existe la posibilidad de que se haya vulnerado el debido proceso parlamentario.

Las entidades consideraron que el reclamo de los senadores debe ser analizado porque la presunta irregularidad afecta no solo los derechos de los legisladores involucrados, sino también la representación política de los ciudadanos. «Una afectación irrazonable de las mayorías parlamentarias que perjudica a uno u otro espacio político en la conformación de comisiones legislativas no implica otra cosa que una afectación directa a la soberanía popular expresada mediante el voto», afirman.

Otro de los argumentos destacados apunta a la práctica histórica de la propia comisión. Según el relevamiento incluido en la presentación, las integraciones realizadas en períodos anteriores respetaron criterios de proporcionalidad compatibles con el peso parlamentario de cada bloque. Para los firmantes, la decisión adoptada en 2026 constituye una excepción que no encuentra respaldo ni en los antecedentes ni en los métodos de distribución habitualmente aceptados.

Entre las organizaciones que impulsan la presentación figuran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), La Poderosa, Doncel, la Fundación Sur Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), SERPAJ y otras entidades especializadas en derechos humanos, niñez y fortalecimiento institucional.

Como resultado de la demanda, las organizaciones solicitaron que se admita la legitimación de Bensusán y Fernández Sagasti, que se declare la nulidad del decreto cuestionado y que se ordene una nueva distribución de los lugares de la comisión respetando el criterio de proporcionalidad. También pidieron dejar sin efecto las resoluciones adoptadas por la Comisión Bicameral el 14 de mayo de 2026 por entender que fueron dictadas por un órgano cuya integración sería contraria a la ley.

Fuente: Mendoza online

La CGT rechazó este martes la puesta en marcha de la reforma laboral dispuesta el lunes último por el Poder Ejecutivo y afirmó que “la libertad sindical no se reglamenta por decreto” y que “no es facultad de ningún gobierno sustituir el debate democrático”.

“Advertimos con preocupación la reciente reglamentación de la reforma laboral, en especial a los decretos reglamentarios mediante los cuales el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país”, expresó la central obrera en un comunicado.

Para la CGT, “resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”.

Al respecto, afirmó que “lejos de limitarse a instrumentar normas vigentes, el Poder Ejecutivo se arroga facultades que corresponden al Congreso de la Nación, vulnerando el principio de división de poderes que sustenta nuestro sistema democrático”.

Además, planteó que “como si no fuera suficiente, bajo la apariencia de una reglamentación administrativa, se introduce de forma solapada una sobre reglamentación a la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, incorporando disposiciones que alteran el espíritu y el alcance de la ley, modificando aspectos que sólo pueden ser definidos por el Poder Legislativo”.

“No es potestad del Ejecutivo, a través de ningún decreto, sustituir el debate parlamentario ni reformar por vía indirecta normas que garantizan derechos fundamentales de los trabajadores y que atentan directamente contra la libertad sindical”, dijo y añadió: “Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo”.

La central obrera, que conduce el triunvirato compuesto por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Arguello, “la autonomía sindical, la libre organización y el derecho de los trabajadores a darse sus propias formas de representación no pueden quedar sujetas a la discrecionalidad del gobierno de turno”.

La reglamentación del Gobierno

El Gobierno oficializó el lunes último distintos artículos de la ley de modernización laboral e introdujo cambios en materia de convenios colectivos, asociaciones sindicales, las plataformas digitales de reparto y movilidad y las empresas de servicios eventuales.

Entre las novedades más relevantes, aprobó un nuevo modelo de recibo de sueldo que deberá informar el costo laboral total asumido por el empleador y reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a contribuir al pago de indemnizaciones.

Las medidas fueron oficializadas mediante los decretos 406, 407, 408 y 409/2026, publicados en el Boletín Oficial y firmados por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

A través de estas medidas, el Poder Ejecutivo reglamentó modificaciones introducidas por la ley de modernización laboral sobre la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo y la Ley de Asociaciones Sindicales, además de establecer precisiones sobre distintos aspectos de su aplicación.

La CGT venía de un revés judicial a principios de mayo cuando la jueza federal en lo Contencioso Administrativo Macarena Marra Giménez resolvió dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía la vigencia de 81 artículos de la ley vinculados a la antigüedad laboral, indemnizaciones, mediación, subcontratación, régimen de vacaciones y período de pruebas, entre otros puntos.

De todos modos, desde la cúpula de la central aclararon en esa oportunidad ante LA NACION que se espera el fallo del Fuero Laboral sobre el mismo expediente.

Fuente: La Nación

El presidente Javier Milei ratificó a Patricia Bullrich como presidenta del bloque libertario en el Senado, tras una comunicación que existió entre ambos en las últimas horas, precisaron dos fuentes oficiales que consultó MDZ.

La legisladora había puesto en consideración su salida al frente de la conducción del bloque a partir de su decisión de rechazar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. Junto a Carlos Fabián Cuesta, había sido postulada por el Ejecutivo para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, en el marco de los múltiples pliegos judiciales que se están tratando en el Congreso.

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La Casa Rosada cambió de posición con respecto a su pliego a raíz de percatarse el vinculo familiar de la abogada con el periodista Hugo Alconada Mon, quien es su cuñado y autor de diversas investigaciones periodísticas sobre funcionarios y áreas sensibles del Gobierno de Javier Milei, entre ellas las relacionadas con el caso de la criptomoneda $LIBRA.

«Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, había expresado ayer la exministra, quien, en esa comunicación con Milei, fue notificada que sigue al frente del espacio oficialista en la Cámara Alta.

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Pese a esta ratificación del mandatario, existe un enorme malestar con la autonomía de la excandidata presidencial. Si bien son conscientes que ella cuenta con un capital político especial, que le permite diferenciarse en algunos temas con el Gobierno, los ultimátum a Manuel Adorni por su declaración jurada y esta postura pública frente a Milei, «agotó la paciencia» de Karina Milei.

En Balcarce 50 saben del nivel de imagen positiva de Bullrich y prefieren no polemizar con ella. «Hay que bajarle el tono a este episodio. Es un tema delicado. No queremos darle de comer a estas cosas, pero es cierto que Patricia está agotando la paciencia de varios con tantas diferenciaciones», aseguró uno de los miembros de la mesa política.

Algunas fuentes del Ejecutivo creen que la senadora «busca posicionarse para ocupar la vicepresidencia» para un hipotético segundo mandato de Javier Milei, aunque hay quienes suponen que podría especular con una eventual postulación por fuera de La Libertad Avanza en caso que se profundicen los problemas en la gestión económica.

Desde el entorno de la senadora niegan que «exista algún intento de especular con la lealtad de Patricia con Milei» y aseguran que «es coherente con lo que pensó siempre en estos temas de transparencia y republicanismo».

Fuente: Mendoza online

El caso del desmarcamiento de Patricia Bullrich de decisiones tomadas por Javier y Karina Milei incomoda sobremanera al Gabinete. Mientras todos se alinean con las políticas del Presidente y su hermana y evitan todo tipo de cuestionamiento en público, observan impávidos cómo la titular del bloque de Senadores continúa intacta y sin reproches de la cúpula del Gobierno.Te puede interesar:Es abogado, tiene 23 años y su parecido con Néstor Kirchner lo volvió viral

“Acá es saludo uno, saludo dos”, dicen en el equipo de los ministros, donde apenas hablan públicamente por temor a represalias de la Secretaria General. Y, si se expresan por lo bajo, tienen extremos cuidados de que no se note.

Por caso, según revelaron a Infobae, hubo una decisión generalizada de los más altos funcionarios de evitar presentar sus respectivas Declaraciones Juradas antes de que lo haga el cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sobre todo después de que Bullrich no tuviera ese cuidado y la pusiera a disposición de la OA antes que nadie, hace dos semanas.Te puede interesar:Integridad Republicana cuestionó el retiro del pliego de Michelli y advirtió sobre una posible actitud persecutoria

No hubo una bajada clara de parte de Karina Milei en ese sentido, pero en las carteras aplicaron un viejo dicho para ilustrar la medida preventiva: “A buen entendedor, pocas palabras”. “Ni se nos ocurriría”, dijeron en una de las carteras de mejor relación con el Presidente y su hermana. Nadie quería quedar “pegado” a un desmarque del Gobierno.

PUBLICIDADLa mesa política: Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt

En LLA trataron restarle relevancia a la jugada: dijeron que la senadora “siempre adelanta sus presentaciones”. Pero en privado empezaron a sospechar de las intenciones. Y en algunos días en el grupo de karinistas pasaron de la sorpresa al enojo por las diferenciaciones de Bullrich. Mientras, en el PRO, quienes mejor la conocen deslizaron a este medio que no tienen dudas de que son señales de que “está haciendo su propio juego”.Te puede interesar:Neuquén: el kirchnerismo tomó las riendas del peronismo y modificó el escenario de cara a 2027

En el Gabinete, del lado de Santiago Caputo (que no tiene el cargo de ministro pero funciona como tal y en algunos casos, por encima), responsabilizaron al “equipo Rocket” por la jugada que desembocó en la “objeción de conciencia” de Bullrich. Así llaman despectivamente al grupo político que responde de Martín Menem. Están convencidos de que de parte ese sector, que responde a Karina Milei, hubo una “mala praxis”. Que enviaron el pliego de la jueza Verónica Michelli por error, sin tener en cuenta que el Presidente no la aprobaría. Y después quisieron “usar” a Patricia Bullrich para retirarlo.

Patricia Bullrich en el Senado (Comunicación Senado)

Con malestar, también recordaron que se habían producido ruidos con los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, supuestamente ligados a la AFA, y deslizaron que “los mismos que los enviaron ahora plantean que no avancen en el Senado”. Apuntaron hacia el área del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que llegó a ese lugar con el aval y la protección de la hermana del Presidente.

Casualmente, o no, ayer no se hizo, como es habitual, la reunión de la mesa política que lidera Karina Milei y de la que participa desde el año pasado Patricia Bullrich. Mientras, Martín Menem admitió que existe una interna en el Gobierno, aunque para bajarle el tono: “Yo no creo que le cambie la vida a nadie, son cosas normales que pasan en todos los gobiernos, nadie está pensando en eso cuando está yendo a laburar, cuando tiene que producir”, sostuvo en el encuentro de ayer del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Como en el Gabinete, una sensación de descontento corrió ayer también por el bloque libertario. Inquietos, algunos alfiles mileístas en la Cámara alta deslizaron que podrían ellos mismos alegar objeción de conciencia con otros temas.María Verónica Michelli

Mientras tanto, Milei, frenético usuario de X, hizo caso omiso del mensaje a través del cual Patricia Bullrich, el lunes, ventiló su objeción contra el retiro del pliego de Michelli y provocó un tembladeral político en el Gobierno. Pero en la Casa Rosada confirmaron a este medio que no le aceptó la dimisión de la presidencia de la Cámara.

“Es de persona de bien presentar la renuncia”, dijeron por lo bajo en el entorno de la ex PRO. Mientras aumentan los rumores de que tiene planes de ser nuevamente candidata a presidenta el año que viene, o en 2031, ella lo niega en privado y en público (la semana pasada escribió que tal versión era una “fake news”, una noticia falsa).

También en el círculo bullrichista deslizaron que con el primer mandatario “hablaron de otros temas”, una muestra de que la legisladora permanecerá en su lugar.

Ayer, Bullrich participó de un evento sobre ciberseguridad en Mendoza. Horas antes, una funcionaria que había llegado al ministerio de Salud de su mano, Mara Reynoso, del área de Salud Sexual, se sumaba a la lista de funcionarios de su órbita que dejan el Gobierno. La semana pasada le había tocado el turno a Federico Angelini, que dejó el ministerio de Seguridad.

Fuente: Infobae.com

Los nombres que Javier Milei tiene a consideración para cubrir las vacantes en los Tribunales Orales de Comodoro Py son, en su mayoría, una combinación de magistrados nacionales y provinciales, funcionarias de fiscalías especializadas y secretarios que trabajan bajo las órdenes de jueces o camaristas del propio edificio de Retiro.

Surgen de las seis ternas que confeccionó el Consejo de la Magistratura a mediados de abril para repoblar los tribunales 2, 4, 5 y 6. Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, deberán elegir seis de entre 18 nombres para enviar sus pliegos al Senado.

Un tercio de esos candidatos los aporta la propia maquinaria judicial de Comodoro Py. Uno es de ellos es Santiago Schiopetto, secretario del fiscal Ramiro González. Tuvo activa participación en la imputación contra Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez. Otro es Nicolás Pacilio, secretario de la Sala II de la Cámara Federal, en la que ahora se revisan, por ejemplo, los procesamientos de los implicados en el caso por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

También integra la nómina Ivana Quinteros, secretaria de la Sala I de la Cámara, que interviene en otras causas de impacto, como la de la criptomoneda $LIBRA. Tanto ella como Pacilio ya habían sido propuestos por el gobierno de Mauricio Macri para ocupar cargos judiciales, pero sus pliegos fueron retirados durante la gestión de Alberto Fernández.

Ignacio Labadens, en tanto, es desde hace más de quince años secretario del Tribunal Oral 1, que condenó, por caso, al exsecretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por el caso de los bolsos con 9 millones de dólares en el convento.

Otros dos secretarios que buscan convertirse en jueces trabajan bajo las órdenes del juez Daniel Rafecas, en el Juzgado Federal N° 3: son Diego Perone y Albertina Carón. Es el juzgado que ordenó allanamientos y tuvo un rol preponderante en los primeros metros del expediente por la quinta de Pilar atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Del Ministerio Público Fiscal provienen dos funcionarias con recorrido en áreas especializadas: Agustina Inés Rodríguez y Vanesa Silvana Alfaro.

Rodríguez es coordinadora de la UFEM, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. El Consejo realizó un único concurso para cubrir los seis cargos en juego y la funcionaria se alzó con el primer puesto en el orden de mérito.

Alfaro, en tanto, se desempeña en la Procelac, una procuraduría especializada en lavado de dinero que está en manos del fiscal de juicio Diego Velasco. Es un organismo de investigación y asistencia en casos complejos de criminalidad económica, que acostumbra a recibir las alertas de la Unidad de Información Financiera (UIF) para evaluar si corresponde impulsar denuncias.

Al igual que Quinteros y Pacilio, Rodríguez y Alfaro fueron seleccionadas por el expresidente Mauricio Macri, pero Alberto Fernández retiró sus pliegos.

El único defensor oficial en la lista de candidatos a jueces es Gabriel Gonzalo Rey. Desde hace una década que se desempeña como defensor ante la Cámara en los juzgados nacionales que funcionan geográficamente en la Capital. Fue elegido por Alberto Fernández para la Cámara Nacional de la Capital, pero Milei retiró su pliego cuando asumió la Presidencia.

Otro tercio del la nómina está compuesto por magistrados que aspiran a desembarcar en Comodoro Py. Nicolás Ramón Ceballos es juez de Garantías de San Isidro; Valeria Alejandra Rico es jueza de menores en la Capital; Nicolás Grappasonno es juez de cámara en La Matanza y Marcelo Alejandro Peluzzi, juez penal nacional.

Nicolás Schiavo, en tanto, es titular del Juzgado de Garantías N°5 de San Martín y quedó en el segundo lugar en la lista del Consejo. Su nombre ganó exposición en febrero de este año, cuando un grupo de unas 20 personas irrumpió en los tribunales de San Martín y, armados con cuchillos, intentaron llegar hasta su despacho.

El podio en el orden del mérito se cierra con Luis Alcides Arnaudo, que se desempeña como fiscal en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Intervino en la causa por el bloqueo sindical a Lácteos Vidal, que ganó la atención de los medios en 2022. Primero pidió el archivo del caso, pero tras una revisión de su superior, imputó a cuatro delegados por excederse en el ejercicio del derecho a huelga.

Por su parte, Raúl Alejandro Roust, es secretario del Tribunal Oral Federal de San Martín N°1.

El único nombre ajeno al sistema judicial es el de Mariano Jorge Cartolano, que puja por ingresar a Comodoro Py desde la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo. Desde hace dos años está al frente de la dirección de investigaciones, designado por el presidente Milei.

Del listado principal de 18 ternados, seis ya fueron elegidos por el Poder Ejecutivo para otros cargos judiciales en 2026, pero sus nombramientos no han sido aprobados por el Senado: Pacilio, Ceballos, Grappasonno, Quinteros, Alfaro y Peluzzi.

Por eso, es posible que se abra una puerta para aquellos que forman parte del listado complementario del concurso. Son otros 20 nombres provenientes de distintas jurisdicciones, de los cuales seis pertenecen a Comodoro Py.

Allí, sobresale el nombre de Diego Arce, secretario del juez Ariel Lijo. Desde el primer lugar en el orden de mérito de otro concurso, aspira a convertirse en el titular del juzgado federal 12, vacante desde la partida de Sergio Torres a la Corte provincial bonaerense.

En esa lista de respaldo también figura Tomás Cisneros, secretario del tribunal que condenó a Cristina Kirchner en Vialidad y está a cargo de ejecutar el decomiso de bienes.

Sergio Andrés Delgadillo, en tanto, es secretario de la Sala I de la Cámara Federal; Javier Francisco Scollo se desempeña en el Tribunal Oral Federal N° 3 y Marcos Tedin trabaja en el juzgado de Rafecas.

La Cámara

En el engranaje de Comodoro Py hay tres lugares claves que están próximos a quedar vacantes. Dos son las sillas de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en la Sala I de la Cámara Federal, donde se revisan los primeros pasos de todas las causas de corrupción. Ambos fueron trasladados durante el macrismo a ese tribunal y la Corte Suprema de Justicia ordenó hacer concursos para cubrir sus lugares.

El Gobierno decidió avanzar en ese sentido. El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola corre con chances de ocupar una de esas sillas. También la fiscal Cecilia Incardona −que lleva uno de los expedientes de la AFA en Lomas de Zamora− y el propio Bertuzzi, que podría retener su lugar al ser designado.

Fuente: La Nación

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue recibida este lunes por el Papa León XIV durante una audiencia en el Vaticano, en el marco del Encuentro Internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, que reunió a funcionarios de distintos países iberoamericanos.

La funcionaria argentina saludó al Pontífice y se fotografió con él como parte de una agenda oficial que desarrolla desde hace varios días en Italia y que incluyó reuniones con algunas de las principales autoridades de la Santa Sede. Entre ellas, mantuvo conversaciones con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y con el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, considerado una de las figuras más influyentes dentro de la estructura que acompaña al nuevo Papa.

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Pettovello había llegado a Italia sin comitiva oficial y, durante su estadía, fue recibida por el ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara. Junto a él recorrió centros dedicados a la educación para adultos y visitó el ITS Academy Digital Lazio, especializado en formación tecnológica.

La agenda de Sandra Pettovello en el Vaticano

La titular de Capital Humano desarrolló además una intensa agenda centrada en educación, empleo, salud mental y los desafíos vinculados a la inteligencia artificial, temas que forman parte de la convocatoria impulsada por el Vaticano.

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La posible visita del Papa a la Argentina

La visita se produjo además en medio de las versiones sobre un posible viaje de León XIV a la Argentina. En los últimos días, el presidente Javier Milei había señalado que esa visita podría concretarse en noviembre. Se espera que durante el mes se oficialice su visita.

Durante sus encuentros en Roma, Pettovello entregó al cardenal Czerny un informe sobre las políticas sociales implementadas por la administración de Milei. También le acercó un documento denominado “Museo de la Corrupción”, que reúne denuncias, irregularidades, sobreprecios y causas judiciales vinculadas a programas sociales de gestiones anteriores.

La agenda oficial incluyó asimismo una reunión con Josef Blotz, Gran Hospitalario de la Orden de Malta, con quien dialogó sobre iniciativas de cooperación humanitaria, programas sociales y proyectos de formación profesional en la Argentina.

Antes de la audiencia con el Papa, Pettovello había participado junto a Parolin del encuentro de alto nivel organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Santa Sede bajo el lema “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”. Allí también compartió actividades con ministros de Educación de distintos países y mantuvo intercambios sobre experiencias y políticas públicas aplicadas en la región.

Fuente: Mendoza online

enteno – La Nacion60

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El “Súper RIGI” que Javier Milei envió al Congreso apunta a atraer industrias “del futuro” que el Gobierno define como “genuinamente nuevas” para la Argentina. El proyecto menciona infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía “experimentales o piloto” en el país y sectores que requieren “soluciones macroeconómicas anticipadas” para poder desarrollarse.

Son definiciones que alimentaron las sospechas de la oposición, que ve en el nuevo régimen un esquema pensado para grandes compañías tecnológicas vinculadas a inteligencia artificial, procesamiento de datos y defensa. El foco de las críticas está puesto especialmente en el manejo de datos sensibles y los posibles usos de esas tecnologías.

Los movimientos alrededor del proyecto reforzaron esas interpretaciones. El texto ingresó a Diputados pocos días después de que Peter Thiel -fundador de Palantir, una de las compañías más influyentes del mundo en inteligencia artificial y análisis de datos para gobiernos y agencias de seguridad- visitara la Casa Rosada. Se reunió primero con Milei y el canciller, Pablo Quirno, y luego con el ministro de Economía, Luis Caputo; el viceministro, José Luis Daza, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

A eso se sumó el reciente anuncio oficial sobre la creación de un “Gemelo Digital Social”, una herramienta basada en simulaciones e inteligencia artificial para optimizar políticas públicas y prever escenarios sociales. Aunque el Ministerio de Capital Humano aseguró que el desarrollo se realizará “sin recurrir a contrataciones integrales de empresas” y que la tecnología “no pertenece a una corporación o individuo en particular”, la oposición ya impulsó pedidos de informes sobre eventuales vínculos privados, uso de datos personales y financiamiento del programa.

“El futuro no puede convertirse en vigilancia sobre la ciudadanía”, sostuvo el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi, tras anunciar un pedido de explicaciones al Gobierno.

En el Poder Ejecutivo rechazan esas lecturas. Sobre el “Súper RIGI” aseguran que el régimen no apunta a compañías específicas, sino a industrias inexistentes en el país. “¿Por qué pensaríamos en una empresa en particular, cuando podría ser cualquiera?”, responden en el oficialismo.

Pero la inquietud quedó expuesta incluso entre funcionarios y simpatizantes libertarios. Durante una emisión del programa Las tres anclas, del streaming Carajo, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) intentó precisar qué tipo de compañías podrían desembarcar con el nuevo régimen. “¿Anthropic? ¿Palantir? ¿Boeing?”, preguntó en referencia a empresas vinculadas a inteligencia artificial, big data y fabricación de aviones.

La consulta generó una secuencia incómoda entre Felipe Núñez, asesor económico del Ministerio de Economía; Federico Furiase, secretario de Finanzas, y Martín Vauthier, director del Banco Central. Los funcionarios evitaron validar nombres concretos y respondieron con evasivas. “Es una pregunta muy micro, muy personal”, deslizó Furiase.

Tras un silencio que nadie supo ocultar, Núñez retomó la explicación con ejemplos generales. Mencionó la posibilidad de atraer inversiones en autos eléctricos y también en inteligencia artificial y datacenters. Allí apareció otro de los ejes del proyecto libertario: aprovechar la combinación entre Vaca Muerta, energía abundante y las bajas temperaturas del sur argentino para instalar grandes centros de servidores destinados al procesamiento de datos y sistemas de IA.

Otro proyecto se trabajó en paralelo y da cuenta de la prioridad que el Gobierno le otorga al tema. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, envió al Congreso una iniciativa que funcionará como el complemento jurídico del “Súper RIGI”: la creación de sociedades automatizadas de algoritmos. Se trata de un “tipo societario nuevo para empresas sin personas”, pensado para estructuras asociadas a inteligencia artificial.

“Distinguimos a las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización. Se regulan la ‘Sociedad Automatizada’, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las ‘DAO’, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada”, escribió Sturzenegger en su cuenta de X.

La lógica acompaña el espíritu del nuevo régimen de inversiones. No se trata solo de atraer industrias que hoy no existen en la Argentina, sino también de adaptar el marco legal para permitir su desembarco y funcionamiento.

Los beneficios del “Súper RIGI”

El “Súper RIGI” ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios considerablemente más amplios que los previstos en el RIGI aprobado el año pasado dentro de la Ley Bases.

Expone, así, una de las tensiones del modelo libertario: mientras Milei reivindica un Estado mínimo, la propuesta oficial diseña un esquema robusto de garantías jurídicas, aduaneras, cambiarias y protección regulatoria para grandes capitales.

Es que el régimen contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y libre disponibilidad progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.

Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales como el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto incluso establece que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” bajo tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos internacionales ante modificaciones regulatorias futuras.

El esquema también limita la capacidad de provincias y municipios para imponer regalías o cánones administrativos sobre los proyectos adheridos. Y, aunque obliga a presentar permisos y habilitaciones, no incorpora metas ambientales ni estándares de protección ecológica para las inversiones alcanzadas, algo que también enciende las alarmas de la oposición.

Detrás del proyecto aparece además una visión geopolítica más amplia sobre el lugar que podría ocupar la Argentina en la nueva economía global. El economista liberal Federico Domínguez sostuvo que las tensiones internacionales están empujando inversiones en inteligencia artificial, robótica, defensa, energía e infraestructura estratégica. Según planteó, el país reúne varias de las condiciones que demanda esa transformación: energía, minerales críticos como litio, cobre y uranio, alimentos, talento tecnológico y posición estratégica sobre el Atlántico Sur.

La lectura fue celebrada públicamente por Santiago Caputo, el asesor presidencial y artífice del discurso oficial. “Acá está definido el proyecto nacional argentino de los próximos 20 años. La política lo único que tiene que hacer es no estorbar”, escribió en X.

En la misma línea, Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, afirmó que “reactivar la minería de uranio es una prioridad de este gobierno” y sostuvo que la Argentina tiene “reservas, conocimiento y condiciones macroeconómicas” para insertarse en la cadena global de suministro estratégico.

Fuente: La Nación

Javier Milei, Luis Caputo y el resto del equipo económico cumplirán hoy con un mandato sagrado: pagar un bono emitido en esta propia gestión. Algo que siempre queda en los curriculums de las buenas gestiones financieras. Especialmente en Argentina, un país adicto a los desvíos de pagos.

El Banco Central hará efectivo el mandato, y se pagarán unos 1.028 millones de dólares correspondientes a la tercera serie de los de nominados Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), de los que ya se cerraron dos vencimientos anteriores.

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Se trata de una creación de fines de 2023 del actual gobierno, para resolver la deuda que se había acumulado con importadores de todo tipo, color e ideología durante la gestión de Alberto Fernández. Los tenedores del pasivo, y posteriormente del bono, eran empresas que tenían pagos pendientes con proveedores del exterior, que recibieron estos bonos en dólares como mecanismo de cancelación diferida.

Bopreal, la tabla de salvación

Esta Serie 3 del Bopreal lleva el nombre de fantasía BPY26, y fue emitida con vencimiento final el 31 de mayo de 2026 y un esquema de amortización en tres cuotas trimestrales que comenzó en noviembre de 2025. Todos los vencimientos fueron cumplidos en tiempo y forma.

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Según estimaciones publicadas en los últimos días, el desembolso será de aproximadamente US$ 1.028 millones. Este pago completa prácticamente el cronograma de cancelaciones de la Serie 3 y constituye uno de los mayores vencimientos financieros del primer semestre.

La cancelación se realizará con reservas internacionales del BCRA, tal como ocurrió con los vencimientos anteriores del mismo instrumento, pero en este caso con mayor especificidad se utilizarán los dólares llegados al Central desde Washington por parte de Fondo Monetario Internacional (FMI), que derivó unos U$S 1.003 millones correspondientes al desembolso por la aprobación de la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en marzo del año pasado.

Reservas BCRA

Las reservas quedarán así nuevamente a la baja, luego de haberse registrado el récord de US$48.191 millones, acumulados al viernes de la semana pasada, último día hábil de mayo 2026.

Para las reservas, será el segundo sacudón de este tipo registrado este año, luego del pago de la Serie 2 del Bopreal de marzo del 2026 por unos US$1.004 millones correspondientes a la segunda cuota de amortización utilizando reservas propias.

La apuesta oficial es que durante junio este dinero se recupere con la liquidación sojera, y con el ritmo de compras que viene realizando el BCRA; más el ingreso de divisas por exportaciones, alguna que otra colocación de Obligaciones Negociables (deuda emitida por empresas privadas) y operaciones financieras y colocaciones de deuda del sector privado.

Se espera, además, para la segunda quincena de junio haya algún desembolso desde organismos financieros internacionales.

¿Dejarlas o sacarlas?

El efecto inmediato será una caída de las reservas brutas por aproximadamente US$1.000 millones. Sin embargo, el impacto final dependerá de cuántos tenedores cobren en cuentas locales y cuántos transfieran efectivamente los dólares al exterior. En el pago de marzo, menos del 10% de los fondos salió del sistema financiero local, por lo que gran parte del monto continuó contabilizándose dentro de las reservas brutas a través de los encajes bancarios.

Los analistas distinguen, además, entre reservas brutas que sufrirán una reducción inicial cercana al monto del pago y reservas netas, con un efecto más discutido porque muchos cálculos ya descuentan los pasivos vinculados a los propios Bopreal.

Antes del vencimiento de marzo, las reservas brutas rondaban los US$46.500 millones. Si no hubiera ingresos compensatorios relevantes, un pago de US$ 1.028 millones implicaría una baja contable cercana a los US$45.500 millones. Sin embargo, la cifra final dependerá de la evolución de los encajes, de las compras de divisas del BCRA y de otros movimientos financieros de esos días.

El vencimiento es observado de cerca por el mercado, porque refleja una de las principales tensiones del programa económico: el BCRA viene comprando dólares y recomponiendo reservas, pero una parte importante de esas divisas debe utilizarse luego para afrontar pagos de deuda, entre ellos los Bopreal.

El propio debate con el Fondo Monetario Internacional gira en torno a cuánto de la acumulación de reservas es realmente permanente, una vez descontados estos compromisos.

El juego de los 1000 millones

La gran apuesta del Gobierno es que el pago de los US$1.028 millones, quede dentro del sistema, y mostrar así ante el público local y visitante que los dólares se quedan por confianza en la gestión económica del tándem Milei- Caputo. Y, obviamente, Santiago Bausilli, el titular del Banco Central.

Una parte importante de los tenedores de este instrumento financiero corresponde a empresas vinculadas al comercio exterior, ya que es un bono que se emitió para la deuda que había en el gobierno anterior por importaciones impagas por automotrices, industrias químicas, el sector agroindustrial.

En marzo pasado, durante la liquidación anterior, esas compañías optaron por mantener los fondos dentro del sistema financiero argentino, con lo que las grandes empresas importadoras que se quedaron con ese bono no se lo llevaron afuera, no lo transfirieron al exterior, lo dejaron en el sistema financiero. La decisión responde a un factor de confianza. O, dicho de otra manera, la visión que nadie tocará ese dinero.

Fuente: Mendoza online