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El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció hoy una nueva tanda de flexibilizaciones a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

“Avanzamos con este plan de aperturas, que beneficia a varios sectores, a los chicos, pero de ninguna manera hay que interpretarlo como que la pandemia está terminada. Tenemos una situación que preocupa, con la amenaza del ingreso de la cepa Delta, con toda su peligrosidad, por eso tenemos que seguir cuidándonos”, afirmó el mandatario comunal en una conferencia de prensa, donde resaltó que todas las medidas anunciadas contemplan el mantenimiento de los protocolos para evitar contagios.

Según detallaron desde el gobierno porteño, a partir de mañana comenzarán a regir las siguientes medidas:

–Los locales gastronómicos podrán abrir una hora más, hasta las 12 de la noche.

-Se ampliará el aforo dentro de los salones hasta el 50% (hoy es del 30%) y la cantidad máxima de personas por mesa pasará a ser de 6 para mesas en interiores y de 8 para mesas afuera.

-Los cines también podrán aumentar su capacidad máxima al 50% y, al igual que la gastronomía, todos los espacios culturales van a poder extender el horario de cierre hasta la medianoche.

–Se ampliará la capacidad máxima en comercios y shoppings. Hasta hoy podían recibir a una persona cada 15 m², y desde mañana podrán atender a una persona cada 10 metros cuadrados.

Por otro lado, Rodríguez Larreta anunció un plan de actividades para niños y adolescentes de cara a las vacaciones de invierno.

Durante las próximas dos semanas, del 17 de julio al 1 de agosto, habrá en centros culturales y en los barrios espectáculos en vivo, actividades deportivas, clases al aire libre, juegos en las plazas y diferentes talleres.

“Todas estas actividades van a tener una fuerte impronta sustentable para seguir generando conciencia sobre la importancia de cuidar el ambiente”, aclararon.

Si bien aclararon que la mayoría de las actividades son al aire libre, y cada una tendrá su protocolo específico, las autoridades porteñas también pidieron “compromiso y responsabilidad” a la ciudadanía para mantener los cuidados.

Por primera vez en público, en medio de un alegato político ante un tribunal de Comodoro Py, la vicepresidenta Cristina Kirchner planteó abiertamente que no tiene en sus planes volver a ocupar la Casa Rosada. Se le puede creer o no, pero lo cierto es que dentro del variopinto espectro oficialista ya se contempla ese escenario como efectivamente posible. Y se empieza a delinear el futuro del Frente de Todos con miras a la sucesión presidencial de 2023.

Suena prematuro para una coalición que reúne a sectores muy disímiles y que para colmo debe gobernar en medio de una pandemia, pero el apartamiento de la mentora de la alianza –no del manejo obsesivo de los hilos del poder, sino de la futura disputa por la primera magistratura– provoca un impacto interno anticipado, cuyos reflejos podrán verse en la forma en que se armará la lista de candidatos que importa: la de la provincia de Buenos Aires.

Mientras se inicia la cuenta regresiva para esa definición, en la Casa Rosada tomaron nota de la declaración de Cristina ante el tribunal que juzga las responsabilidades del fallido pacto con Irán. ¿Qué pasará, para la mesa chica del Presidente, en 2023? “Si nos va bien, seguirá Alberto. Si nos va mal, será (Horacio Rodríguez) Larreta. En ese caso no habrá Axel (Kicillof), ni Máximo (Kirchner), ni (Sergio) Massa”, dijo una fuente albertista consultada por LA NACIÓN.

La mención al gobernador bonaerense, al jefe del bloque de diputados del Frente de Todos y al presidente de la Cámara baja no fue al azar. En el oficialismo hace rato se especula con que integran el trío de posibles sucesores en la línea presidencial, siempre en acuerdo con Cristina claro está. El que pica en punta con esas versiones es Kicillof: tal vez por eso en La Plata se apresuran a contestar que “el proyecto de Axel es hacer una Gobernación de ocho años”.

Pero lo cierto es que el gobernador bonaerense es tal vez el dirigente que mejor interpreta el pensamiento de Cristina. “¿Siguieron el alegato?”, preguntó este diario a un colaborador directo de Kicillof. “¡Claro, como la final Argentina-Brasil!”, respondió sin tapujos, haciendo una comparación con la expectativa que generó la final de la Copa América, con resultado feliz incluido. El gobernador se siente identificado con las denuncias de Cristina contra la Justicia.

En especial, cuando la vicepresidenta alude a “la utilización de la Justicia para hacer campaña”, como hizo ante el tribunal que la escuchó vía zoom, al que se conectó desde el Senado. Kicillof sufrió su imputación en la causa del “dólar futuro”, iniciada en 2015 justo antes de dejar el Ministerio de Economía nacional, y otra por enriquecimiento ilícito que ya se cerró. “Es un alivio, porque te afecta en muchos niveles de la vida”, aseguró alguien que conoce de cerca al Gobernador.

De quien no trascendió ningún comentario sobre el alegato de Cristina fue de Massa. El tigrense recuperó su relación política con la vicepresidenta, pero históricamente tomó distancia de los problemas judiciales del kirchnerismo. Ahora prefiere concentrarse en acciones conjuntas con ella en el Congreso: la última fue la firma de una resolución con la que adhirieron al duelo nacional por la tragedia de los 100.000 muertos de coronavirus.

Cristina pasa más horas en su despacho en el Senado de lo que se conoce públicamente. Ayer, tras su discurso que superó largamente los 45 minutos que le había dado el tribunal, permaneció allí para atender varias reuniones políticas. En la fachada de su departamento de Recoleta, en la esquina de Juncal y Uruguay, también se vio una muestra de duelo: una gran bandera argentina con un crespón negro, que colocaron vecinos poco amistosos con la Vice.

La frase

“Lo único que me mueve, con 68 años, es dejar un país mejor que el que Néstor tomó en 2003, por mis hijos y fundamentalmente por mis nietos”, dijo Cristina en la parte final de su alegato, al descartar tácitamente la posibilidad de intentar un regreso a la Casa Rosada, tras los dos mandatos que completó entre 2007 y 2015. Como ocurrió en sus recientes incursiones por el Conurbano, reivindicó aquellos años como “felices”, sin reconocer errores políticos ni económicos.

De hecho, rechazó “el mito de que no se creció” en el decenio 2010-2020, pese a que es considerado por los especialistas como una década perdida por el estancamiento y la involución de los indicadores socioeconómicos. Y exhibió un gráfico con el que buscó demostrar la caída del peso de la deuda externa sobre el producto bruto. También denunció que los “fondos buitres” presionaron para “doblarme la mano” y dijo que ella no quiso “pagar cualquier cosa”.

La argumentación de Cristina, que atribuyó a lo que denomina “lawfare” a la supuesta dominación extranjera a través de la deuda, da una dimensión de la importancia que le otorga a la negociación con el Fondo Monetario Internacional que lleva Martín Guzmán. El ministro de Economía hace rato que se adaptó a esa lógica y sostiene que “los programas a acordar los promueve la Argentina” y no el staff del organismo, al que acaba de ver en Venecia, donde sesionó el G-20.

Antes de ese viaje a Italia hubo una reunión en la quinta de Olivos en la que Guzmán debió comparecer ante Alberto, Cristina y Kicillof. Allí la vicepresidenta reiteró su reclamo para que la política económica sea expansiva en el segundo semestre, en coincidencia con el calendario electoral que tendrá paradas clave en septiembre y noviembre. El bono para los jubilados anunciado en la semana y un plan de empleo para jóvenes que se comunicará en los próximos días son ejemplos de que esa demanda será acatada.

Cristina ejerce el liderazgo del Frente de Todos sin pisar la Casa Rosada. Esa fórmula política podría extenderse en el tiempo, de acuerdo a sus propias palabras ante el tribunal que debe juzgar si encubrió a los autores del atentado contra la AMIA al promover el memorándum con Irán, en el improbable caso de que la causa llegue a juicio oral. En torno a esa definición de la vicepresidenta es que los referentes de la coalición gubernamental empiezan a hacer sus propios planes.

En caso de que Cristina profundizara la línea de los “funcionarios que no funcionan” e incluyera al propio Fernández en esa categoría, entonces Kicillof sería su preferido para la sucesión. A su vez, Máximo aspiraría al sillón de Dardo Rocha -ya está instalado en la región platense, a juzgar por su internación en el hospital Italiano y que se vacunó contra el Covid en el Estadio Único- y Massa reclamaría una PASO presidencial contra el gobernador bonaerense.

El tridente que anima la “mesa de los lunes” tendrá que doblegar la intención del Presidente y de varios de sus ministros de completar un ciclo de ocho años. “Alberto es el único que puede mantener este espacio unido. Solo él interpreta a todos”, aseguran en el gabinete. En lo que todos coinciden, sin embargo, es que el primer candidato a diputado de la lista bonaerense será una mujer o un hombre alineado con el Presidente. Y en que el resultado electoral será, en definitiva, el que determine cómo seguirá el gobierno en la segunda mitad de su mandato.

Varias consultas y reclamos recibieron los abogados previsionales y la Defensoría de la Tercera Edad a partir de fines de junio, cuando los jubilados que tributan el Impuesto a las Ganancias percibieron, con la liquidación de ese mes, que les habían vuelto a retener a pesar de los cambios en la Ley reglamentados a mediados de ese mes. De acuerdo con la norma, dejarían de pagar el gravamen los pasivos que cobren hasta 8 haberes mínimos (monto que hoy equivale a $184.500) y que no tengan otro ingreso. Además, se les devolvería lo retenido desde comienzos de año -ya que la Ley tiene efecto retroactivo- en cinco cuotas iguales y consecutivas.

Pero a pesar de que el Gobierno había anunciado que el nuevo piso para que jubilados y trabajadores en relación de dependencia -en este caso, el mínimo es de $150.000 brutos) paguen Ganancias comenzaría a regir con los haberes de junio, en la mayoría de los casos no fue así. No sólo se les retuvo el impuesto como hasta ahora, sino que tampoco se les hizo la devolución de la primera cuota. En el caso de los jubilados, fue general debido a que hay un único pagador, en este caso la Anses, pero con los trabajadores de la cuarta categoría la situación fue dispar, coincidieron varios tributaristas consultados por Infobae.

En cuanto a la situación de los jubilados, desde el organismo previsional confirmaron que efectivamente no comenzaron a aplicar la norma con los haberes de junio porque “cuando se reglamentó la Ley, las liquidaciones ya estaban hechas”, por lo que las personas afectadas recién percibirán el beneficio a fin de mes, cuando cobren el haber de julio. Además, agregaron las fuentes, los pasivos recibirán dos cuotas juntas en concepto de la devolución por lo previamente retenido. El resto se reintegrará, como estaba previsto, en los meses que siguen.

Desde el organismo previsional confirmaron que efectivamente no comenzaron a aplicar la norma con los haberes de junio porque “cuando se reglamentó la ley las liquidaciones ya estaban hechas”

“Tuve muchas denuncias de jubilados en junio, y en la Anses me contestaron lo mismo, que comenzarán a aplicarlo este mes. Pero lo que es cruel es que los jubilados sigan pagando Ganancias porque ya Corte Suprema de Justicia ya decretó la inconstitucionalidad en varios casos”, manifestó el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. El primero fue el de María Isabel García, de Entre Ríos, y lo que dijo el tribunal supremo es que no correspondía descontarle Ganancias porque la jubilación es un haber diferido, es decir que esa persona ya aportó y se le descontó el impuesto durante su vida laboral activa, por lo que habría una doble imposición.

“Lo que debieron haber hecho los legisladores es directamente eximir a las jubilaciones y pensiones del pago de Ganancias”, agregó Semino, al tiempo que remarcó que antes de estos cambios ya los que pagaban el gravamen “eran muy pocos, apenas 260.000, y ahora van a ser menos, por lo que es una crueldad y no mueve para nada el amperímetro de la recaudación”.

La demora en la reglamentación de la AFIP de los cambios en Ganancias dificultó la implementación en junio en las empresas y en la propia Anses con las jubilaciones

El abogado previsional Federico Bobrovsky, planteó a Infobae el interrogante sobre qué pasará con la retención de Ganancias en aquellas personas que cobran dos haberes. Por ejemplo, si una jubilada cobra $130.000 pero además una pensión de $100.000, ¿paga o no el impuesto? En estos casos, se suman los beneficios, aclararon fuentes oficiales, por lo que sí se le estaría reteniendo Ganancias por el excedente de $184.500. Con los topes jubilatorios funciona igual: se suman ambos beneficios y la ANSeS paga hasta el haber máximo, que hoy es de $ 221.161.

En cuanto a los fallos judiciales favorables contra la aplicación del impuesto, el abogado remarcó que el organismo previsional muchas veces no los cumple y “hay que presentar el reclamo administrativo para lograr el embargo todos los meses”.

¿Qué pasó con los trabajadores de la cuarta categoría?

Los cambios en Ganancias también beneficiaron a los trabajadores en relación de dependencia a partir del aumento del piso a partir del cual comenzarán a afrontar el pago del gravamen. A partir de la nueva Ley, el piso para empezar a pagar es de $150.000 brutos, que implican unos $124.500 de bolsillo. Y para los que cobran entre ese valor y $173.000 brutos, la retención es menor y va subiendo de forma gradual.

En este caso, son las empresas las que retienen el impuesto, razón por la cual el escenario con las liquidaciones de sueldos de junio fue ampliamente dispar. En muchos casos, entonces, los trabajadores gozarán del beneficio (la no retención sumada a la correspondiente devolución) a partir de los haberes de julio.

“Hay empresas que ya empezaron a aplicarlo. Depende de la complejidad de las liquidaciones” (Domínguez)

“La situación es muy disímil. Hay empresas que ya empezaron a aplicarlo. Depende de la complejidad de las liquidaciones. Para los empleados en los que no hay dudas que estaban con remuneraciones de hasta $150.000, ahí a la mayoría se le aplicó la primer cuota de devolución con el pago de julio. Pero cuando ya hay que analizar el promedio porque está muy cerca, ahí ya hay que hacer un análisis persona por persona y es más complejo. En esos casos, hay compañías que no pudieron llegar a hacerlo”, contó a Infobae el tributarista Sebastián Domínguez.

Agregó que “lo mismo pasó para los que están entre $150.000 y $173.000, cuyo proceso también tiene una complejidad mayor, por lo que algunas empezaron a hacer por lotes de personas, mientras que otras definieron resolverlo con los sueldos de julio”. “Han hecho una reforma que es increíble. En lugar de aumentar el mínimo no imponible o la deducción especial, hicieron algo que demuestra que no tienen idea de cómo se liquida Ganancias, y le han trasladado un problema a las empresas y a los empleados totalmente irrazonable”, remarcó Domínguez.

Por su parte, Daniel Lejtman, socio de Lisicki, Litvin & Asociados, coincidió con su colega respecto de que al sector privado le pasó algo muy parecido a la Anses, ya que “hubo muchas empresas que ya tenían todo liquidado cuando salió la reglamentación de la Ley, por lo que dejaron el ajuste para este mes”. “Pero fue dispar la situación. Tal vez en las pyme, que no tienen tanto proceso y resuelven más sobre el filo de fin de mes, ya pudieron haber implementado el cambio. Lo que está claro es que no fue en todos los casos como se dijo en junio, lamentablemente, porque se demoraron mucho con la reglamentación”, afirmó el tributarista.

Fuente: Infobae.com

El Tribunal Oral Federal 8 escuchará hoy a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de una audiencia clave para saber qué sucederá con la causa que la investiga por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

A partir de las 12.30 de este viernes 16 de julio, Cristina Kirchner argumentará a favor de la nulidad de lo actuado y buscará que la causa no se eleve a juicio oral.

Ayer, tras el pedido de postergación de la audiencia efectuado por la querella de la DAIA, el Tribunal resolvió celebrarla una hora más tarde (estaba prevista para las 11.30) pero sin postergar la fecha como presentía la representación política de la comunidad judía. Según fijó el Tribunal, la titular del Senado tendrá un plazo de 45 minutos para exponer su nulidad y las demás partes lo harán a partir del 4 de agosto próximo.

El abogado de Cristina Kirchner sobre la audiencia: “Nunca hubo delito con el Memorándum con Irán”

La nulidad presentada por Cristina Kirchner es porque dos de los jueces que reactivaron la denuncia archivada en primera y segunda instancia, visitaron la Quinta de Olivos y la Casa Rosada entre el 2015 y 2019 y mantuvieron reuniones con el entonces presidente Mauricio Macri.

Se trata de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que reabrieron la causa contra la Vicepresidenta , y que según denunció visitaron a Mauricio Macri en momentos determinantes de decisiones judiciales contrarias al kirchnerismo.

En tanto, un grupo de familiares de víctimas del atentado a la AMIA avisó a la Justicia que no participará de una audiencia, ya que tiene lugar el mismo día en que se hará el acto a 27 años del hecho que provocó 85 muertos.

La audiencia es por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y que Cristina Kirchner intenta que no llegue a juicio, por lo que justificará en persona en una audiencia vía zoom el pedido de nulidad ante el Tribunal Oral Federal a cargo de los jueces Daniel Obligado, Graciela López Iñíguez y José Michillini.

Ante el Tribunal, los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch, querellantes en la causa, avisaron que no participaran, ya que el mismo día es el acto aniversario del atentado por la memoria «de 85 argentinos que perdieron la vida en ese infausto atentado terrorista, entre quienes se encontraban» sus hijas y «porque la audiencia ordenada por el Tribunal es nula».

«Los familiares de las víctimas del atentado terrorista a las sedes de AMIA-DAIA no le tenemos miedo a la verdad. Por el contrario, desde que el Fiscal Nisman formuló su denuncia solo deseamos que se realice el Juicio Oral y Público, oportunidad en la que los imputados podrán ejercer plenamente sus defensas», resumieron.

Fuente: Perfil.com

Las estadísticas preliminares de la deuda de la Administración Central de la Secretaría de Finanzas dieron cuenta de un nuevo aumento de los compromisos financieros en junio a USD 343.519 millones, con lo que alcanzó su nivel más alto en la historia. De ese monto, USD 340.940 millones se encontraban en situación de pago normal, USD 106 millones en estado de pago diferido y USD 2.474 millones “elegible pendiente de reestructuración”, incluyendo en todos los casos los vencimientos de capital y de pago de intereses.

El monto total de la deuda, nacional y extranjera, subió por tercer mes consecutivo, ahora en el equivalente a USD 2.346 millones y en USD 2.513 millones si se descuenta el efecto de la cancelación parcial de obligaciones con el Banco Central.

Ese incremento se explicó casi exclusivamente por el aumento del crédito neto tomado para financiar el déficit de las finanzas públicas; puesto que la “licuación” por diferencias de cambio de USD 1.183 millones fue neutralizada con el efecto de los ajustes devengados por la actualización de los compromisos con cláusula de ajuste por inflación (USD 1.261 millones), porque la suba de los precios fue tres veces la que registró el tipo de cambio que regula la entidad monetaria.

Fuente: Secretaría de Finanzas

El aumento del déficit fiscal en junio respondió al efecto estacional del crecimiento del gasto público corriente (salarios, jubilaciones, asignaciones familiares y transferencias a provincias) y de la desaceleración del ritmo de incremento real de la recaudación tributaria, desde un máximo de 44% en abril a 18% en mayo y 13% en junio.

“En junio la Administración Central hizo tres licitaciones de mercado que resultaron en la colocación de distintos instrumentos por un total $590.860 millones, de los cuales se suscribieron en efectivo títulos en pesos por $402.512 millones. El resto correspondió a un canje voluntario de Boncer TC21 por el cual se colocaron Boncer T2X2 y T2X3. Con esas operaciones, Hacienda evitó acudir a los Adelantos Transitorios del Banco Central, permanecieron sin cambios con respecto al mes anterior, totalizando $1,45 billones a fin de mes. A fin de mayo, el límite máximo legal sobre el stock de Adelantos Transitorios se ubicó en $1,72 billones”, registró la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Hacienda evitó en junio acudir a los Adelantos Transitorios del Banco Central, pero recibió el giro de utilidades contables de la entidad monetaria por el equivalente a USD 900 millones

Pero el Banco Central, por el contrario, por segundo mes consecutivo, e igual cantidad de veces desde el inicio del año, asistió a la Administración Central con el giro de transferencia de utilidades contables por $90.000 millones (unos USD 900 millones), casi el doble que en mayo.

Fuente: Secretaría de Finanzas

Uno de los hechos destacados de junio fue que, el 22, el ministro Martín Guzmán alcanzó un entendimiento con el Club de París por la deuda de USD 2.437 millones que no se canceló en mayo, a través de dos pagos parciales en julio de 2021 y febrero de 2022 por USD 231 millones y USD 199 millones, respectivamente, para no caer en cesación de pagos. En el último mes se redujo en USD 138 millones, a USD 1.988 millones.

El pago del saldo remanente se difiere hasta alcanzar un nuevo acuerdo, con fecha límite en mayo de 2022, pero al costo de devengar intereses a una tasa de 9% anual en dólares, más del doble que corría cuando la deuda estaba en “situación normal”.

La deuda con organismos internacionales (excluye oficiales como el Club de París) disminuyó en junio en USD 553 millones, a USD 70.556 millones

Del informe preliminar de la Secretaría de Finanzas surge que la deuda con organismos internacionales disminuyó en junio en USD 553 millones, a USD 70.556 millones (se desagrega en USD 45.520 millones con el FMI; USD 13.145 BID; USD 7.848 millones Banco Mundial; y USD 3.451 millones la Corporación Andina de Fomento -CAF-, principalmente).

Fuente: Secretaría de Finanzas

Con esos movimientos, el semestre finalizó con un crecimiento neto de la deuda de la Administración Central equivalente a USD 7.937 millones; y se elevó a USD 30.220 millones desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Esos valores se atenúan a USD 7.765 millones en el primer caso; y a USD 24.469 millones, si se descuenta el efecto del aumento de los compromisos con el Banco Central de la República Argentina, porque tiene como contrapartida el incremento de los activos de la entidad monetaria.

Deuda indirecta

“La deuda indirecta es aquella asumida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la Administración Central, pero que cuenta con su respaldo a través de distintas formas jurídicas (aval, fianza, garantía) (Ley 24.156, Art. 58)”, da cuenta un informe de la OPC.

Destaca la OPC el rol de “las garantías, son una forma de intervención gubernamental que apunta a alterar los incentivos económicos que enfrentan el sector privado y las entidades públicas involucradas”.

El objetivo de un aval del Estado suele ser mejorar las condiciones de acceso al crédito para el ente garantizado, incrementando así la viabilidad económica de proyectos que se perciben como beneficiosos para la sociedad. También son necesarias para la aprobación de préstamos de organismos multilaterales y oficiales a entidades subsoberanas.

Desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández la deuda neta de los compromisos con el Banco Central se elevó en USD 24.469 millones

En Argentina, las deudas garantizadas por el Tesoro son contabilizadas como parte de la deuda pública bruta, porque muchas veces terminan siendo ejecutadas por el Estado.

La OPC informó además que “en julio los vencimientos totalizan el equivalente a USD 5.363 millones. Al excluir las tenencias intra sector público, los vencimientos se reducen a USD 2.614 millones, de los cuales 72% se cancela en moneda local”.

Según el Informe Monetario del BCRA, al cierre de la primera semana de julio el BCRA giró al Tesoro otros $80.000 millones en concepto de Transferencias de Utilidades, ante la creciente necesidad de caja del sector público para honrar el pago del medio aguinaldo y el ajuste de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Fuente: Infobae.com

WASHINGTON.- Fue una agria buena noticia. El 21 de junio, Estados Unidos anunció que la Argentina era uno de los países de América latina que recibiría una donación directa de vacunas contra el coronavirus por estar dentro de las “prioridades regionales”. Pero el país se quedaba afuera del reparto: para enviar las vacunas, el gobierno de Joe Biden pedía que cada país tuviera un marco regulatorio y legal para aplicarlas, y la Argentina no lo tenía.

La Casa Blanca había descartado despachar dosis de AstraZeneca –la apuesta estelar del Gobierno– porque su producción en Estados Unidos ha tenido problemas, y aún no fue validada ni habilitada por las autoridades. Y la Argentina no había firmado, hasta ese momento, un contrato con Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Además de eso, la única vacuna con aprobación de la Anmat, la agencia que regula los medicamentos en el país, era la de Pfizer, protagonista visible de una larga discusión legal con el Gobierno.

A los pocos días del anuncio, Estados Unidos comenzó a despachar vacunas a la región en aviones –el Departamento de Estado se encargó de mostrar cada envío con fotos en las redes sociales–, y la Argentina quedó relegada. Desde principios de julio, 14 países en la región recibieron más de 18 millones de vacunas del gobierno de Biden: México, Canadá, Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brasil, Honduras, El Salvador, Haití, Guatemala y Costa Rica. Hoy, la Argentina finalmente logró sumarse a esa lista: el gobierno de Biden confirmó el envío de 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna.

El giro comenzó a gestarse cuando la Casa Blanca dejó en claro que solo entregaría vacunas de Pfizer, Moderna o Jonshon & Johnson. Los tiempos se aceleraron, y lo que no se había logrado durante ocho meses terminó por concretarse en tres semanas: primero, Alberto Fernández modificó por decreto la ley de vacunas que bloqueaba las negociaciones con los laboratorios norteamericanos; después, el Gobierno cerró el primer acuerdo con Moderna, y eso terminó de destrabar la primera donación de Biden.

En el medio quedaron incontables horas de negociaciones, discusiones, gestiones e idas y vueltas en Buenos Aires y Washington, que finalmente terminaron con la llegada al país de la primera vacuna ARNm de Estados Unidos a la Argentina. Luego de apostar por China, Rusia y México, la Casa Rosada dio un giro y en abril retomó las empantanadas negociaciones con los laboratorios norteamericanos ante las demoras en las entregas comprometidas con el Kremlin, Pekín, y con AstraZeneca en México, donde se debía fraccionar el activo de sus vacunas que se elabora en la Argentina, en mAbxience, la biotecnológica de Hugo Sigman.

Mientras el Gobierno avanzaba con esas negociaciones, el gobierno de Biden pulía su política de donación de vacunas. A fines de abril, la Casa Blanca anunció la distribución de 60 millones de dosis de AstraZeneca. En el Gobierno se mostraron confiados en que la Argentina sería uno de los países beneficiados. La entrega se esperaba, inicialmente, para fines de mayo, pero se demoró. Para liberar esa donación, la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, según sus siglas en inglés) debía aprobar primero la calidad de la producción de la vacuna de la Universidad de Oxford, que tuvo problemas en Estados Unidos. La aprobación aún no ocurrió.

A mediados de mayo, Biden elevó el reparto total de vacunas a 80 millones al sumar al anuncio inicial de AstraZeneca una entrega de 20 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

“Así como en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos fue el arsenal de la democracia en la lucha contra la pandemia de Covid-19 nuestra nación será el arsenal de vacunas con el resto del mundo”, reiteró el mandatario, una de sus frases de cabecera de las últimas semanas.

A principios de junio, Estados Unidos detalló cómo haría el primer reparto. El Gobierno sufrió una primera decepción: la Casa Blanca dijo que la Argentina recibiría vacunas donadas, pero a través de Covax, el mecanismo de Naciones Unidas. Ya en ese momento, el gobierno de Biden advirtió que las vacunas debían contar con las “aprobaciones legales y regulatorias”.

El Gobierno pensó que podía “canjear” las vacunas que le asignara al país por las de AstraZeneca, pero Estados Unidos descartó rápido esa posibilidad. La Casa Rosada buscaba una donación directa. El canciller, Felipe Solá, se había visto unos días antes en Quito con Juan González, principal asesor de Biden para América latina, y le había ofrecido enviar aviones argentinos a buscar vacunas. Unas semanas después, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, viajó a Washington. Massa dijo que el tema de las vacunas estaba “encaminado”, y en su entorno descartaron cambiar la ley. El Gobierno evaluaba otro camino: recurrir a una suerte de seguro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), creado por Mauricio Claver-Carone, para zanjar las diferencias con Pfizer. Esa alternativa tampoco prosperó.

Unos días después, el 21 de junio, la Casa Blanca hizo el anuncio clave: la Argentina sí recibiría una donación directa, pero, una vez más, los envíos dependían de “aprobaciones legales y regulatorias”. Ese día se confirmó además que Estados Unidos ya no repartiría las vacunas de AstraZeneca. Para recibir la donación, el Gobierno debía si o si darle luz verde a alguna de las tres vacunas que ofrecía Estados Unidos. A los pocos días, el 2 de julio, el Gobierno anunció el decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández que modificó la ley de vacunas. Ese mismo día, el Banco Mundial confirmó la negociación de un préstamo con la Argentina para la compra de vacunas. Seis días después, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció el acuerdo con Moderna en el Congreso.

Finalmente, dos aviones de Aerolíneas Argentinas traerán las vacunas a la Argentina.

Vecinos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, colocaron una bandera con un crespón negro en el frente del departamento perteneciente a la ex jefa de Estado.

La imagen se vio en la esquina de Uruguay y Juncal, en una de las zonas tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, donde una de las líderes del Frente de Todos posee un inmueble.

Cristina Kirchner vuelve a El Calafate para encender la campaña con audiencia y cierre de listas

Sin inscripción alguna, con un crespón negro casi al centro en señal de luto, la bandera abrazaba el frente del sexto piso del edificio, uno por encima del departamento de Cristina Kirchner.

La postal fue subida por una usuaria de la red social Twitter y rápidamente fue interpretada como un gesto por los más de 100.000 muertos por coronavirus que alcanzó el país en las últimas jornadas.

Los comentarios agitaron en la red social el típico microclima de debate atravesado por la polarización política en el país.

Cristina Kirchner y un departamento con historia

No es la primera vez que el departamento ubicado en la intersección de Uruguay y Juncal es centro de alguna manifestación política. Durante las sucesivas marchas que tuvieron lugar en 2020 en rechazo a la cuarentena, ciudadanos críticos del kirchnerismo llegaron hasta allí con consignas e incluso lo señalaron como lugar de encuentro.

Cristina, Máximo y Massa preparan otro Alberto

El mismo departamento había exhibido una bandera “en defensa de la república” en ese marco de reclamos contra la gestión actual.

En 2016, con Cristina Kirchner fuera del poder, fue lugar de encuentro con militancia y saludo desde el balcón, con apoyo de La Cámpora y sectores afines.

Superada la barrera de los 100.000 muertos en Argentina, el gobierno del presidente Alberto Fernández decretó cinco días de duelo. La vicepresidenta Cristina Kirchner, que suele expresarse a través de mensajes desde sus medios digitales, no se refirió al hecho.

Fuente: Perfil.com

A 27 años del peor ataque terrorista que sufrió la Argentina, la AMIA realizó hoy a las 9:53 el acto central para recordar a las 85 víctimas fatales y a las más de 300 personas heridas cunado un coche bomba explotó contra la sede de Pasteur 633 el 18 de julio de 1994.

El sonido de la sirena dio inicio formal al acto. Bajo el lema “Conectados contra la impunidad” –organizada en conjunto por AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas–, el acto virtual contó con testimonios breves de sobrevivientes, de familiares de las víctimas fatales y el mensaje del presidente de AMIA, Ariel Eichbaum.

Eichbaum hizo énfasis en la indiferencia del Estado y pidió intensificar las medidas para que Irán entregue a los sospechosos del ataque terrorista. “Exhortamos a nuestro gobierno a intensificar las medidas y agotar los recursos para lograr que tanto el Líbano como la República Islámica de Irán se avengan a cumplir con los reclamos de la justicia argentina, y que entreguen a los acusados de haber cometido el atentado, que siguen cobijando y protegiendo en dichos países”, resaltó.

Además, recordó que el Juzgado Federal N°6, a cargo de la causa, no tiene aún designado un juez permanente. “Esa situación sin resolver no hace más que colaborar para que nada avance. Necesitamos que los mecanismos institucionales se activen con urgencia, y que el Juzgado responsable no continúe vacante”, reclamó.

El discurso completo de Eichbaum

Se cumplen 27 años de una explosión que todavía nos aturde. De un atentado planificado, organizado y ejecutado por el terrorismo fundamentalista, que marcó la historia de nuestro país para siempre.

Desde el 18 de julio de 1994, cuando la bomba terminó brutalmente con la vida de 85 personas, bregamos para que los responsables materiales e intelectuales de la masacre sean sometidos a proceso judicial, y cumplan condena efectiva por el delito de lesa humanidad que cometieron.

Desde entonces, la causa AMIA es una dolorosa herida que todavía no puede cicatrizar, y la denuncia sobre la impunidad que nos ahoga una bandera que seguiremos alzando hasta que la Justicia se haga presente.

Ariel Eichbaum, presidente de AMIA

A 27 años del segundo ataque terrorista perpetrado en la Argentina, genera estremecimiento y estupor repetir el mismo reclamo, y convivir con el hecho que el doloroso saldo de destrucción y muerte, no encontró todavía castigo ni sanción alguna.

No debemos aceptar como natural esta realidad atroz. Nuestra sociedad no puede permitir que la impunidad se imponga, que los familiares de las víctimas fatales sigan llorando sin encontrar consuelo.

Preservar la memoria de quienes ya no están y hacer oír nuestra voz sin claudicaciones, es un imperativo moral.

La ausencia de resultados, la carencia de logros, la indiferencia cada vez mayor, nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para que esa exigencia sea, cada año, escuchada y atendida por las autoridades.

¿Sirve de algo?

Es una pregunta que nos retumba. Hay hechos concretos y recientes que no hacen más que aumentar nuestro escepticismo. Pero no tenemos alternativa: un mandato como el que nos ha tocado no se discute, ni se negocia.

Veintisiete años y nos duele tener que repetir que por el atentado a la AMIA no hay un solo responsable condenado.

Nos duele la inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado.

¿Cuánto hace que la Fiscalía especial que conducen los doctores Basso, Salum, Eyherabide y el recientemente incorporado Miranda, no produce siquiera una mínima información nueva y sustanciosa que ayude a esclarecer un poco más qué fue lo que pasó? ¿En qué gastan o invierten sus tiempos y recursos?

La investigación del atentado está a su cargo. Cuatro fiscales y llevamos años sin que generen absolutamente nada de valor. Es una situación inadmisible.

En paralelo, el Juzgado Federal N°6, a cargo de la causa, no tiene aún designado un juez o jueza en forma permanente. Esa situación sin resolver no hace más que colaborar para que nada avance. Necesitamos que los mecanismos institucionales se activen con urgencia, y que el Juzgado responsable no continúe “vacante”.

En diciembre pasado, los integrantes del Tribunal Oral Federal 3, doctores Basso, Ríos y Canero, desperdiciaron, una vez más, la posibilidad de condenar al único acusado que estaba siendo juzgado, Carlos Telleldín.

Luego de un juicio oral y público en el que quedó claro que las pruebas en su contra eran más que suficientes, los jueces declararon inocente a una persona señalada por la propia Fiscalía como partícipe del asesinato de 85 personas.

El caso ha pasado ahora a la Cámara de Casación, que debe revisar la sentencia absolutoria del tribunal. Una vez más, confiamos en los resortes de la justicia y en que los jueces Figueroa, Mahiques y Barreotaveña podrán modificar la resolución acorde a las pruebas y hacer lugar a la condena reclamada.

Lamentablemente, nuestro país no necesita que le expliquen qué es el terrorismo. Hemos sido blanco dos veces de su macabro accionar. Por ese motivo destacamos como una medida en la dirección correcta cuando el Estado argentino designó a Hezbollah, responsable de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA, como organización terrorista. Y celebramos que esa calificación se mantenga firme hasta hoy.

Ese mismo camino debe continuar con Hamás. Una organización de estrechos vínculos con Hezbollah. Ambas tienen la misma matriz de odio y muerte; persiguen los mismos objetivos de destrucción a través de actos criminales, cobardes y crueles.

Por su historia y compromiso democrático, la Argentina debe liderar los esfuerzos regionales para que otros países del continente se sumen y declaren a estas organizaciones como lo que son: grupos terroristas, sin vueltas y sin ambigüedades.

Es momento de consolidar y fortalecer el trabajo junto a las naciones del mundo con indudable convicción en la defensa de la libertad, los derechos humanos y la convivencia pacífica en la diversidad. La historia debe encontrarnos del lado correcto. Con el terrorismo no se puede permanecer indiferente. Con el terrorismo no se puede y no se debe ser neutral.

Exhortamos a nuestro gobierno a intensificar las medidas y agotar los recursos para lograr que tanto el Líbano como la República Islámica de Irán se avengan a cumplir con los reclamos de la justicia argentina, y que entreguen a los acusados de haber cometido el atentado, que siguen cobijando y protegiendo en dichos países.

Está más que probada la participación del ciudadano libanés conocido como Salman El Reda, cuyo verdadero nombre es Salman Raouf, y es inadmisible que siga bajo el cuidado de las autoridades de su país. Lo mismo sucede con Rabbani, Soleimanpour y los otros acusados, que reciben protección de Irán y de países vecinos a los que viajan con frecuencia.

Exigimos también a Interpol que mantenga vigentes los pedidos de captura y a la Cancillería argentina que realice un monitoreo permanente que permita tener alertas tempranas, que identifiquen cuando los acusados viajan a otros lugares del mundo, para pedir su detención. Ese es el camino para que sean extraditados a nuestro país, donde serán sometidos al proceso judicial con todas las garantías propias de un Estado de derecho, emanadas de nuestra Constitución y de las Convenciones internacionales de las que somos parte.

Esa es la Justicia que anhelamos, por la que peleamos y por la que siempre seguiremos reclamando. No queremos soluciones artificiales, ni promesas vanas que jamás se cumplirán.

(foto de archivo: Adrián Escandar)

Queremos decirlo con toda la claridad posible: el juicio en ausencia es un instrumento ajeno a nuestra legislación y cultura jurídica, contrario a nuestra Carta Magna. No creemos en salidas improvisadas que encierran, en realidad, un problema a futuro: el fracaso y la clausura definitiva de la investigación.

No estamos dando esta pelea hace casi tres décadas para conformarnos con una promesa de justicia que nunca llegará, y que a la larga terminará siendo perjudicial. Ese es nuestro mandato, ese es nuestro reclamo: lograr conocer toda la verdad, no sólo fragmentos, y del mismo modo, obtener una Justicia incuestionable.

Después de veintisiete años resulta exasperante sentir la necesidad de reiterar que si la causa AMIA todavía está presente en la agenda nacional e internacional, es pura y exclusivamente por el esfuerzo y el compromiso incansable de las instituciones centrales de la comunidad judía y de los familiares de las víctimas.

Que se entienda bien claro: de este lado no van a encontrar a quienes le temen a la verdad. De este lado estamos los que hace veintisiete años luchamos día tras día por encontrarla. De este lado, y junto a una sociedad que no soporta más mentiras ni faltas de respeto, decimos una vez más que son los poderes del Estado, y no las víctimas, los únicos responsables por los entramados de inoperancia, corrupción y encubrimiento que nos impiden llegar a la justicia.

En tiempos en los que nuestro país, y el mundo entero, sufren la pérdida de cientos de miles de personas, fallecidas a causa de la pandemia que nos azota, queremos hacer llegar el abrazo fraternal, el acompañamiento y la solidaridad con cada una de las familias que lloran esas ausencias. Extendemos además nuestro deseo de pronta recuperación para quienes se encuentran internados y luchando por su salud.

Cada muerte temprana conspira contra el orden natural, nos llena de angustia, de dolor y de impotencia.

Como lo hemos reiterado en numerosas ocasiones, no dejamos de soñar con el momento en el que el aniversario del atentado sea, solamente, un encuentro de homenaje y de recordación de los seres queridos hacia la memoria de aquellos que no pudieron continuar con sus ilusiones y proyectos. Un día para encender una vela, visitar el cementerio en silencio o mirar una foto con una leve sonrisa por el recuerdo de los instantes compartidos.

Para convertir ese anhelo en realidad, necesitamos que quienes desprecian y vulneran el valor supremo de la vida, sean capturados, enjuiciados y cumplan la condena correspondiente.

Se lo debemos a quienes ya no están y lo merecemos quienes seguimos luchando convencidos de que el insoportable peso de la impunidad, sólo puede disiparse con una verdadera justicia.

Muchas gracias.

Fuente: Infobae.com

Tal vez para ponerle algún paño frío al entusiasmo del equipo económico, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó que negocia con el gobierno argentino un acuerdo convencional para que repague su deuda en un plazo a 10 años y dejó en claro que todavía está muy lejos la posibilidad de tener un programa más flexible.

En una conferencia de prensa desde Washington, el vocero del organismo, Gerry Rice, sostuvo hoy la directora gerente Kristalina Georgieva se reunió con el ministro Martín Guzmán en Venecia y “hablaron en términos amplios sobre las economías emergentes y los desafíos que enfrenta la Argentina”

”Las conversaciones fueron muy productivas, pero no hay una fecha para un nuevo programa. Se habló sobre la generación de empleo y el progreso realizado en algunos ámbitos que se realizaron. No hay fechas específicas para terminar de discutir el programa”, detalló.

”Estamos examinando un programa de facilidades extendidas del FMI para el país”, aclaró, para reemplazar al stand by firmado en 2018 -y ampliado meses después- con el gobierno de Mauricio Macri que permitió el desembolso de USD 45.000 millones.

Acerca de los derechos especiales de giro (DEGs), explicó que “Argentina los recibirá igual que otros miembros, a fines de agosto, en conformidad con la cuota del FMI”; esto le permitirá al Gobierno tener unos USD 4300 millones en las reservas del Banco Central que podrían aplicarse a los dos pagos de capital con el organismo multilateral, en septiembre y diciembre de este año, por unos USD 4000 millones.

”Hemos hablado de la posibilidad de crear un fondo fiduciario para que los países con exceso de DEGs los puedan canalizar a los países pobres y vulnerables, pero no hemos llegado a una definición sobre qué significa un país vulnerable todavía. Se está discutiendo quién tendrá derecho a acceder a este fondo”, indicó, acerca de la posibilidad de que la Argentina pueda entrar a esa categoría y, por lo tanto, recibir DEGs de los países más ricos.

”Lo que se discute ahora es el establecimiento de un Acuerdo de Facilidades Extendidas, algo que es muy diferente sobre la ronda de negociaciones por el fondo fiduciario”, precisó, al responder una pregunta de Infobae sobre si es posible firmar primero un acuerdo a 10 años como el que existe actualmente y luego “saltar” a uno más flexible para los países más afectados por la pandemia como el que explora crear el organismo.

Dados los tiempos del Fondo, es posible que la creación de este nuevo programa demore bastante, pero es probable que en términos políticos, hacia adentro del Gobierno, al ministro Guzmán le resulte útil demostrar que está peleando por un programa más flexible, sobre todo después de que el kirchnerismo más duro pidiera acordar un programa a 20 años, que no existe para ningún socio del organismo.

El vocero no quiso entrar en detalles sobre la situación económica local, pero negó que el prolongado default de la provincia de Buenos Aires pueda condicionar las negociaciones entre el país y el organismo multilateral, una condición que los acreedores bonaerenses pretenden poner en esta mesa.

Al respecto, sin referirse puntualmente a este caso, Rice indicó que la condicionalidad que determina que un país esté al día con sus deudas para refinanciar su deuda con el Fondo corresponde al ámbito nacional y no de las provincias.

Como señaló Rice, en la ronda de negociación que se desarrolló en paralelo a la cumbre del G20 en Venecia, a Argentina y el FMI se habló sobre la dificultad para exportar y la necesidad de ampliar la base de recaudación impositiva.

El ministro Martín Guzmán y la funcionaria del FMI Julie Kozack se reunieron en Italia

Luego de esos encuentros, el Ministerio de Economía informó que “el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezado por la directora adjunta del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el jefe de la misión argentina del Fondo, Luis Cubeddu, culminaron en Venecia una misión”.

Avance sin fechas

Allí hablaron sobre “las negociaciones para avanzar en el objetivo de alcanzar un acuerdo de programa con el FMI que le permita a la Argentina refinanciar la carga de deuda insostenible contraída en 2018 y 2019 con ese organismo de crédito multilateral”.

“Las reuniones de los equipos técnicos arrojaron avances y entendimientos en temas clave del programa económico del Gobierno con el que se busca apuntalar la recuperación económica con creación de trabajo, crecimiento con agregación de valor y estabilidad macroeconómica duradera”.

El FMI negó que el prolongado default de la provincia que gobierna Axel Kicillof condicione las negociaciones con el país

“En particular, se lograron avances concretos en entendimientos en cuanto a políticas para el desarrollo del mercado de capitales doméstico, la administración tributaria y el desarrollo de sectores generadores de divisas”, indicó el Ministerio de Economía.

También, en el marco del G20, junto con otra decena de reuniones bilaterales, “Guzmán también tuvo un encuentro con la directora gerenta del Fondo, Kristalina Georgieva”.

“La reunión fue calificada por el ministro como positiva y muy productiva. Georgieva fue acompañada por el primer subdirector gerente del Fondo, Geoffrey Okamoto, y Julie Kozack.

Por el lado argentino, además de Guzmán, “participó el director Ejecutivo por el Cono Sur ante el organismo, Sergio Chodos”.

“Las negociaciones entre la Argentina y el FMI continuarán con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo que reemplace el stand by firmado en 2018 y 2019”.

En tanto, el FMI agregó que Kozack y Cubeddu dialogaron con “el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, y su equipo del 8 al 12 de julio en Venecia, Italia, con el objetivo de profundizar el trabajo técnico necesario para desarrollar un programa apoyado por el FMI”.

El Fondo expresó que “las autoridades argentinas y el personal del FMI mantuvieron reuniones productivas para seguir avanzando en el trabajo técnico hacia un programa respaldado por el FMI. Los equipos analizaron la evolución del entorno mundial y la pandemia del COVID-19 y sus implicaciones para el marco macroeconómico de Argentina”.

“Las discusiones se centraron en las políticas para fortalecer la recuperación, la estabilidad económica y la creación de empleo. En particular, se avanzó en la identificación de opciones de política para desarrollar el mercado interno de capitales, movilizar los ingresos internos y fortalecer la resistencia externa de Argentina”.

“El equipo del FMI y las autoridades argentinas seguirán trabajando juntos en el próximo período con miras a profundizar sus entendimientos en estas áreas clave. Nuestro objetivo es apoyar a Argentina mientras aborda de forma duradera sus retos económicos y de balanza de pagos”

El gobierno busca un acuerdo de 10 años, denominado de Facilidades Extendidas, para comenzar a pagar la deuda asumida durante el gobierno de Mauricio Macri dentro de cuatro años. Para abonar los próximos vencimientos de capital con el Fondo, el Gobierno ya contará desde fines de agosto con unos USD 4300 millones correspondientes a la emisión de derechos especiales de giro (DEGs) que la junta de gobernadores del organismo terminará de aprobar en un par de semanas.

En paralelo, el Gobierno negocia con algunos países préstamos bilaterales de DEGs para tratar de aliviar los vencimientos del 2022, que superan los USD 20.000 millones

Fuente: Infobae.com