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En el marco de las próximas Elecciones legislativas 2021, la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que los resultados del escrutinio provisorio que se dan a conocer por la noche luego de la elección, estarán a cargo del Poder Ejecutivo los datos que allí se reflejen no representan un informe oficial de la Justicia Nacional Electoral.

De acuerdo a lo informado por la CNE, el escrutinio provisorio “es un servicio informativo, sin relevancia jurídica, que brinda el Ministerio del Interior de la Nación y que ejecuta el Correo Argentino a través de una empresa tercerizada, a fin de adelantar a la ciudadanía un resultado aproximado y de naturaleza provisoria de la elección”.

El tribunal electoral remarca, a su vez, que el escrutinio provisional nada tiene que ver con el escrutinio de mesa que se realiza en los establecimientos de votación ni tampoco con el escrutinio definitivo, el cual le corresponde a la Justicia Nacional Electoral y que es el único que tiene validez legal.

La CNE anunció que sus principales autoridades se reunieron con los jueces y juezas electorales de todo el país, el Ministro del Interior Eduardo de Pedro y demás referentes en el procesos electoral junto a representantes del Correo Argentino en donde se abordaron distintos temas relacionados a los preparativos del proceso electoral, sin detectarse problemas significativos en la organización de cara a las próximas elecciones PASO del 12 de septiembre y generales del 14 de noviembre.

En el encuentro, también, se intercambiaron cuestiones relacionadas a la aplicación de los protocolos sanitarios que se llevarán a cabo durante la jornada electoral.

Fuente: La Nación

Pasó el escándalo de Olivos por la foto de cumpleaños de Fabiola Yáñez. También pasó el capítulo judicial que derivó de la fiesta de su mujer en plena cuarentena y el polémico apoyo a la profesora K que intentó adoctrinar a un alumno sobre lo hecho en el gobierno de los Kirchner y en el de Macri.

Pasó la desafortunada frase de Sabina Frederic, asegurando que “Suiza es más tranquilo, pero aburrido”, al referirse a la decisión de algunos argentinos de emigrar debido a la inseguridad. Pasó la respuesta de Sergio Berni indicando que la ministra “se la pasó de joda durante la pandemia”. Pasó, finalmente, Victoria Tolosa Paz diciendo que en “el peronismo siempre se garchó”.

Pasó mucha agua debajo del puente y ahora, cuando quedan doce días para las elecciones, Fernández buscará recuperar la centralidad perdida por el ruido de las declaraciones polémicas y los desmanejos de la estrategia de campaña.

En el interior de la coalición asumen las fallas en la comunicación y los errores no forzados que cometió el Presidente, pero no encuentran una explicación sustentable para explicarlos. “El problema es que no hay estrategia. Cada uno está por su lado. Massa por un lado, Máximo por otro, Cristina y Alberto en diferentes lugares”, asumió con crudeza un funcionario nacional de primera línea.

El jefe de Estado encabezará un acto de campaña junto a los gobernadores y los principales dirigentes del Frente de Todos

Lo que hay en el Frente de Todos es un gran desorden, que se ve reflejado en la falta de un esquema de campaña compacto. No hay una hoja de ruta clara y precisa. Los cuestionamientos internos, y desde los diferentes sectores del Frente de Todos, son el resultado de la demora en el control de daños del escándalo de Olivos, que aún sigue siendo un tema que permanece flotando en las oficinas oficiales.

En gran medida sigue vigente porque permanece la incertidumbre sobre el impacto real que tendrá en el momento de la votación. En el Gobierno están divididas las miradas. Hay quienes piensan que tendrá un impacto mínimo que es imposible de contabilizar de antemano.

Otros que están convencidos de que no tendrá ningún efecto y que las suspicacias solo se generan en el microclima de la política, donde se consume información en forma vertiginosa, pero que, en la mayoría de los casos, no está asociado a los problemas más comunes de la gente. “En el único lugar donde pega es en los que ya no estaban dispuestos a acompañarnos”, reconoció una voz de peso en el búnker de campaña oficialista.

En la Casa Rosada asumen con resignación que uno de los objetivos es reconstruir la relación del Presidente con el electorado. “Es como un jarrón que se rompió. Hay que pegar pieza por pieza. Es un proceso lento, no será de un día para el otro”, reflexionó un dirigente que tiene trato frecuente con el Presidente.

El impacto del escándalo de Olivos en las elecciones sigue siendo una pregunta sin respuesta dentro del Gobierno

El acto que este martes encabezará Fernández en Tecnópolis, junto a gobernadores del PJ y los principales candidatos del Frente de Todos a nivel nacional, servirá para volver a pararse en el centro de la campaña y mostrarse como el conductor de un espacio compacto que está convencido que hay motivos suficientes para ganas las elecciones que se aproximan.

Lo que buscan en el oficialismo es mostrar unidad y volumen político. Todos encolumnados después de la tormenta autogenerada. La presencia de los gobernadores expondrá ese respaldo federal. Gestos que sirven en este momento de desorden estratégico que, para pesar de muchos dirigentes del oficialismo, coincide con la recta final rumbo a las PASO. Un camino de piedras.

La mayor parte del costo político del escándalo de Olivos lo absorbió Alberto Fernández. Al ponerse en la primera línea de fuego, más allá de las disculpas públicas que tuvieron que pedir Santiago Cafiero y Gabriel Katopodis en nombre del Presidente, se llevó en su cuerpo las heridas del estallido por el escándalo cumpleañero.

“El tema Olivos pegó en la imagen del Presidente. Él absorbe todo. Pero eso no pega de igual manera en el Frente de Todos. Porque fue una cuestión en la que él quedó en el centro de la escena”, reconocieron en el entorno del jefe de Estado en los últimos días. De fondo se ve la intencionalidad discursiva de la estrategia. Que el impacto se lo lleve Fernández y no la boleta azul del peronismo.

Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner y los principales candidatos del Frente de Todos en Buenos Aires

Según las encuestas que consumen en las arterias peronistas, la imagen presidencial tuvo una caída de entre 4 y 6 puntos. Aún así el piso sigue siendo de 40 puntos de imagen positiva. “¿Hay alguien que mida mejor que Alberto en el peronismo?”, se preguntó un ministro en las últimas horas. Automáticamente se autorespondió: “No”.

Es decir que Fernández es el mejor candidato que el peronismo puede tener pese a los traspiés discursivos, las internas que florecen en el Frente de Todos, los retos públicos de Cristina Kirchner y las grietas que se ven a la distancia en la estrategia de campaña.

Esa disminución, que más allá del escándalo de Olivos, se viene dando progresivamente desde mitad del año pasado, no tiene un correlato idéntico en la intención de voto. De ahí se agarran en el oficialismo para asegurar que la boleta del Frente de Todos será la más elegida el domingo 12 de septiembre.

En el Gobierno creen que llegó el momento en que el Presidente se meta de lleno en la campaña, se empape de toda la rosca electoral y deje de lados las polémicas que lo llevan a las portadas de todos los medios.

Qué aplique el manual más simple de la campaña: resaltar lo positivo de la gestión, esconder lo negativo bajo el silencio, confrontar a la oposición y mostrar, con los pocos argumentos que tenga a mano, que la recuperación económica se está viendo en la producción de las pymes, la generación de empleo y los bares llenos de gente.

Un paso tras otro. Sin jugadas bruscas. Sin tirar la pelota a la tribuna.

Fuente: Infobae.com

El Gobierno Nacional dio marcha atrás y postergó la decisión de anular la cuarentena para los argentinos que viajaron al exterior por cuestiones de trabajo. Si bien la medida iba a entrar en vigencia este jueves, Migraciones decidió que se aplicará a partir del 20 de septiembre.

La medida fue publicada este sábado 28 de agosto en el Boletín Oficial mediante la decisión administrativa 846/21. Así el Gobierno busca continuar postergando la circulación comunitaria de la variante Delta en la Argentina.

Con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el Ejecutivo había anunciado el jueves: «Exceptúase de realizar la cuarentena prevista en el artículo 7°, inciso d) del Decreto N° 260/20 y sus normas modificatorias y complementarias a los argentinos y las argentinas y a los residentes en territorio nacional que hubieran viajado al exterior por razones laborales o comerciales, al solo efecto de la reanudación de dichas actividades en territorio argentino, bajo la condición de cumplimiento de los siguientes requisitos».

Exceptúan de aislarse a residentes que viajen al exterior por trabajo

Los requisitos mencionados en la norma eran: «Acreditar esquema de vacunación completo, con una antelación de por lo menos 21 días a su ingreso al país» y, segundo, que los pasajeros presentaran, además de la prueba PCR negativa en origen realizada dentro 72 horas previas al embarque y al test de antígenos exigido al ingreso al país, dos pruebas de PCR extra: una al quinto día y la otra al décimo día de haber vuelto a la Argentina.

Pero este sábado, el Gobierno tomó la decisión de postergar esa medida casi un mes. Con las firmas de Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, informaron que “que la Decisión Administrativa N° 846/21 resultará de aplicación a partir del día 20 de septiembre de 2021″.

El cupo de pasajeros se encuentra en 1.700 ingresos diarios, pero el 6 de septiembre se extenderá a 2.300, según el esquema de Migraciones. Todas esas personas que vuelven del exterior, deben mantener un aislamiento obligatorio de 10 días. Además de hacerse un test PCR al séptimo día en la Argentina para descartar que tengan Covid-19.

Habilitarán vuelos especiales para acelerar la vuelta de argentinos en el exterior

En la nuevo norma, para los que viajaron por motivos laborales, el costo de los tests a los que se ha hecho referencia quedará a cargo de la persona que ingrese al país.

También deberán “desarrollar sus actividades laborales y/o comerciales extremando la observancia de las medidas de prevención y cuidado, por el plazo de 10 días computados desde la toma de muestra de la prueba PCR negativa en origen, realizada dentro de las 72 horas previas al embarque”.

Asimismo, se deberá consignar en la declaración jurada el “motivo laboral y/o comercial del viaje de que se trate y los datos del empleador, contraparte comercial o referente de la actividad comercial y/o laboral en cuestión, adjuntando la certificación y/o la documentación respaldatoria pertinentes”.

Fuente: Perfil.com

Como en el popular juego infantil “Antón Pirulero”, en la política también “cada cual atiende su juego”. El gobierno de Alberto Fernández aplica esa misma lógica con los movimientos sociales. A dos semanas de las PASO, con los que están alineados a la Casa Rosada, sale a hacer campaña. En tanto, a los piqueteros opositores los intenta contener a través del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta quien el viernes los recibirá por primera vez desde que reemplazó a Daniel Arroyo. Escuchará de primera mano sus reclamos.

El funcionario, tiene varios objetivos hacia adelante, pero dos son sus ejes principales: evitar, a través del diálogo y mesas de trabajo, que las organizaciones de izquierda, lideradas por el Polo Obrero, sigan expresando sus pedidos en la calle -tal como lo venía realizando Arroyo-; y “articular planes sociales en puestos de trabajo genuino”.

La reunión del próximo viernes entre los movimientos populares opositores, buena parte de ellos integran el Frente de Izquierda Unidad, y el ministro de Desarrollo Social, fue acordada después de la masiva movilización que el 18 de agosto pasado realizaron en reclamo de más planes sociales, aumento en el sueldo del programa Potenciar Trabajo, incorporar a más beneficiarios a este plan, mayor cantidad de alimentos a los comedores y merenderos, un plan de obras públicas y de viviendas, entre otras exigencias. Básicamente, es lo que escuchará Zabaleta en el encuentro.

El Polo Obrero y otras organizaciones sociales marcharon el viernes por las calles porteñas contra el «gatillo fácil» y reclamando la renuncia de Sergio Berni al ministerio de Seguridad bonaerense

Diez mil mesas de difusión

Decididos a tomar la iniciativa y demostrar su peso específico propio, el sábado, en el anfiteatro del Parque Lezama, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), con el Movimiento Evita a la cabeza, realizaron un encuentro con más de cinco mil personas para expresar su apoyo a la campaña del Frente de Todos y convocar “a toda la militancia a movilizarse en favor de los candidatos” de ese espacio político, que en la provincia de Buenos Aires lleva como primeros precandidatos a diputados nacionales a Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

En el puesto dieciséis de la grilla los movimientos sociales oficialistas colocaron a Daniel Menéndez, funcionario en el ministerio de Desarrollo Social y coordinador nacional de Barrios de Pie.

En el encuentro se anticipó algunas de las principales actividades que desarrollarán: visitar casa por casa en los 1500 barrios populares del AMBA, llevando las propuestas del Frente de Todos. También anunciaron el lanzamiento de 10.000 mesas de difusión en esos lugares “para fortalecer el puerta a puerta hasta el día de la elección”. Según le explicó a Infobae Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP; “los movimientos sociales apuestan a llegar a un millón de hogares para militar la victoria del Frente de Todos”.

En los discursos se hizo hincapié en la importancia de las organizaciones populares en su trabajo de contención social y de protección durante la pandemia.

Los movimienos sociales vinculados a la UTEP resolviereon participar de la campaña del oficialismo

El encuentro fue cerrado por el ex ministro Arroyo, precandidato número doce, y Menéndez. En su discurso, el dirigente de Barrios de Pie recordó que: “En 2016 gracias a una propuesta de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) tomamos la iniciativa de presentar la Ley de Emergencia Social. Esto posibilitó que se cree el Salario Social Complementario, hoy el Potenciar Trabajo y que tiene que ver con el debate, a veces medio trucho que impulsan algunos oportunistas de que se tiene que convertir los planes en trabajo, se creen pensadores, estadistas. ¡Hace 20 años que estamos construyendo trabajo! ¡Hace 20 años que ante la exclusión de las políticas de exclusión del neoliberalismo nadie pidió un plan social, pedimos trabajo!”.

Lo hizo en momentos en que Zabaleta impulsa esa idea, aunque la crítica no está dirigida hacia él sino a Diego Santilli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos aires por el espacio opositor Es Juntos, quien prometió, activar iniciativas para “transformar los planes sociales en trabajo, a través de una propuesta de subsidios “que incentiven la generación de empleo”.

“Vamos a ir casa por casa a construir la victoria del Frente de Todos”, remarcaron en sus alocuciones ante miles de jóvenes yanto Menéndez como Arroyo. Las mesas de difusión y las visitas casas por casas comenzarán a partir de hoy y se intensificarán con el avance de las dos últimas semanas de campaña.

El primer cónclave

El viernes, un día antes del encuentro de los movimientos oficialistas en Parque Lezama, el Polo Obrero y otras organizaciones vinculadas, volvieron a transformar en un caos el tránsito en el centro porteño al plegarse a la “Marcha nacional contra el gatillo fácil”, lo cual le dio mayor volumen al reclamo. Una de las consignas era “Fuera Berni y Massoni” de los ministerios de seguridad de la provincia de Buenos Aires y de Chubut.

Reclamos por otros temas sociales como el “no al desalojo de 110 familias en la Villa 21-24” o “justicia por Luján”, en referencia a la adolescente de 15 años murió atropellada por un tren de cargas en ese mismo barrio de la Ciudad de Buenos Aires, el 24 de agosto pasado, también son tomados como bandera para manifestarse contra las autoridades en calles y arterias.

El temario de la primera reunión de la denominada “Unidad Piquetera” con Zabaleta el viernes no es sorpresa para el funcionario de Alberto Fernández. Dos semanas atrás le hicieron llegar un petitorio con los reclamos.

Los piqueteros opositores al gobierno recibieron al flamante ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta con una masiva movilización

El tema del suministro de una mayor cantidad de bolsones con alimentos para los comedores ya estaba en la agenda de Desarrollo Social. Los propios dirigentes sociales afines al Gobierno le habían hecho saber sobre esa necesidad al entonces ministro Arroyo. También las demoras en las entregas de la comida, que puede llegar hasta los tres meses. Un tema que se vuelve grave dado el aumento de familias que se van a alimentar en los comedores barriales y escolares. Un hecho reconocido ante Infobae por el diputado nacional Juan Carlos Alderete y referente de la CCC.

El reclamado plan de obras públicas para utilizar mano de obra a través de las cooperativas de trabajo corresponde a otra área, aunque, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, ese ministerio suele ser articulador y nexo con el ministerio de Obras Públicas, que en nación está a cargo de Gabriel Katopodis, otro ex intendente (San Martín) de estrecha relación con Zabaleta.

Lo mismo ocurre las soluciones habitacionales que corren por cuenta de Jorge Ferraresi, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, y como los dos anteriores un ex alcalde, en este caso, de Avellaneda. En este caso, Desarrollo Social, también interviene al marcar las necesidades más urgentes.

En el territorio bonaerense lo fue, por ejemplo, durante la toma de Guernica. Allí intervino el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, un funcionario de extrema confianza del gobernador Axel Kicillof.

Zabaleta, especulan desde su entorno, se mostrará muy cauto en cuanto a incorporar un mayor número de personas al programa Potenciar Trabajo. Hay registrados casi un millón de beneficiarios. Y desde la semana pasada se están reinscribiendo para “depurar el padrón” y publicar cada uno de los contratos a través de las unidades de gestión para hacer más trasparente todo el proceso.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunirá el viernes con dirigentes sociales opositores para escuchar sus reclamos e intentar contenerlos (Presidencia)

El ministro de Fernández ya le anticipó a este medio que las nuevas incorporaciones serán en reemplazo de las “bajas” y que su objetivo es trasformar esos planes sociales en trabajo genuino y que ya comenzó con los 150.000 trabajadores golondrinas de la cosecha en el norte del país.

Eduardo Belliboni, el dirigente del Polo Obrero que asistirá a la reunión, junto a otros ocho representantes de organizaciones sociales, descree que Zabaleta, o cualquier otro ministro pueda cumplir con esa tarea ya que en la Argentina no se están creando puestos de trabajo genuinos.

Si bien Zabaleta hará todo lo posible para evitar que el centro porteño se trasforme en un caos de tránsito por las movilizaciones a tan solo dos semanas de las elecciones PASO, la lectura en la Casa Rosada es lineal, no existe promesa que pueda calmar las marchas. “El negocio de la izquierda son los piquetes y mucho más ahora, en plena campaña electoral. Ellos juegan para el Frente de Izquierda y es parte de su estrategia, lo hacen siempre”, describe un funcionario de Jefatura de Gabinete.

Hay otro factor para tener en cuenta. Si Zabaleta llegase a comprometerse con ellos a otorgar planes sociales por fuera de lo ya acordado con los movimientos sociales alineados con el Gobierno, habría rebelión en la granja, y eso es algo que se va a evitar.

Mientras el gobierno recibe el apoyo de los movimientos sociales afines, e intenta contener a los opositores, unos y otros coinciden en un mismo diagnóstico la única forma de reducir el gasto social, que involucra a más del 60% de presupuesto nacional, y trasformar los planes en trabaja es abriendo fábricas y unidades productivas, por ejemplo, de la economía popular. Mientras eso no ocurra, achicar el gasto social a través de recortes, como aspira el ministro de Economía, Martín Guzmán, será casi una misión imposible y generará más protestas callejeras.

La prueba está, tal como adelantó Infobae en el aumento del 40% en la ampliación de partidas presupuestarias para el programa Potenciar Trabajo y alimentos, entre otros programas que administra Zabaleta, lo que implicó un giro, a principios de agosto, de unos 96 mil millones de pesos.

Fuente: Infobae.com

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, logró un acuerdo con el 90% de los tenedores de la deuda nominada en dólares, que supera los US$7148 millones en esta provincia. El “deal” o acuerdo alcanzado con la mayoría de los bonistas la provincia dejará sin efecto los juicios por default que operan en Estados Unidos. Tenedores de bonos consultados por LA NACION confirmaron que el acuerdo está cerrado, de modo mayoritario.

La administración de Axel Kicillof comunicó el viernes al mercado que consiguió una participación importante de tenedores de bonos en la oferta de reestructuración de títulos bajo ley extranjera para canjear más del 90% de la deuda elegible.

Diez días atrás Kicillof había justificado la demora de 18 meses para llegar a un acuerdo con los bonistas. “Tardamos, no firmamos porque no estamos dispuestos a entregar a la provincia, a firmar cualquier cosa que nos pongan enfrente”, había señalado.

El gobernador reconoció que la deuda es uno de los problemas más graves que enfrenta su gestión. Responsabilizó a la oposición por una situación que intenta resolver desde abril del año pasado, cuando esta provincia entró en cesación de pagos. El 13 de este mes la provincia de Buenos Aires formalizó la enmienda con una mejora para los bonistas.

Los nuevos términos implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente US$4450 millones (equivalentes al 75% de los compromisos originales), los plazos de repago (vida media) se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la provincia debía afrontar antes de la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se achicará a 5,6%. El acuerdo incluye también tres años de gracia para el capital.

El gobierno bonaerense explicó que con esta propuesta enmendada pagará 73 dólares por cada 100 y que la quita rondará el 23%.

Los años con más vencimientos serán los posteriores a 2030 y, en especial, la mayor carga podría darse en 2031. Pero hay una mejora: la deuda original suponía años con cargas de US$1500 millones, en tanto que ahora no superarán los US$900 millones anuales.

El gobernador radical Gustavo Valdés ganó las elecciones de Corrientes de este domingo 29 de agosto con más del 75% de los votos. Así, se mantendrá hasta 2025 como gobernador correntino, cargo que ocupa desde 2017. De padre «boina blanca» y madre peronista, tomó la política desde chico y se terminó inclinando por las reuniones en los comités de la UCR que le transmitió su lado paterno.

Cuando los resultados de las elecciones en Corrientes informaban que Gustavo Valdés estaba ganando con más del 75% de los votos, el precandidato a diputado Facundo Manes, el gobernador jujeño Gerardo Morales, y el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, lo fundieron en un abrazo.

Hasta allí viajaron los referentes del partido centenario para salir en la foto de otra victoria radical (antes había sucedido en Jujuy), que sigue tonificando al especio que quiere competir en 2023.

El apoyo radical a Gustavo Valdés

«Hacía mucho tiempo que la Unión Cívica Radical no tenía un triunfo tan resonante. Motiva, y por eso quiero agradecer a todos los dirigentes que vinieron desde distintos puntos del país hasta Corrientes», les agradeció el gobernador reelecto.

Luego, describió el espesor territorial que tiene la UCR y que fue uno de los motivos que llevó a Cambiemos a la Casa Rosada en 2015. «El radicalismo es una fuerza que tiene más de 100 años, el radicalismo existe, existió y va a seguir existiendo. En cada localidad, en cada pueblo, hay un radical», manifestó a Clarín.

La elección en Corrientes estaba en un clima enturbiado, más allá de las declaraciones de tranquilidad del ejecutivo provincial, por el atentado con el diputado Miguel Arias, herido de un balazo en un acto del Frente de Todos en Tapebicuá.

«Le deseamos lo mejor a él y su familia», dijo Valdés en el fragor de los festejos sobre el hecho, mientras calificaba la elección como histórica junto a su vicegobernador Pedro Baillard y en representación de la alianza Eco+Vamos Corrientes que nuclea 32 partidos.

Perfil de Gustavo Valdés: abogado, padre radical y madre peronista

Padre de tres hijos y tercer hermano de los cuatro que integran su núcleo familiar, Valdés es un abogado de 52 años egresado en la Universidad Nacional del Nordeste que empezó su carrera política cuando era un chico.

«Así también pude entender que en la política hay formas de pensar diferentes, imagínense que mi padre fue dos veces intendente por la Unión Cívica Radical, mientras que mi madre, concejal por el Partido Justicialista», relata el reelecto gobernador sobre su formación inicial.

En el paso de la adolescencia a la juventud fue presidente del Centro de Estudiantes en su escuela y militó en Franja Morada y la Unión Cívica Radical. Con el título de jurista y un posgrado en Derecho Procesal Civil en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, fue Jefe de la delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Migraciones desde 1997 a 2001.

Cuatro años pasarían para que entre a la vidriera de la política local como concejal de la ciudad de Corrientes, en 2005, previo a lo él mismo definió como los momentos políticos trascendentes de su vida.

Fuente: Perfil.com

La Cámara Federal ordenó reabrir la investigación archivada del caso conocido como “Vacunatorio Vip”. No solo dispuso que la jueza María Eugenia Capuchetti debe profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron esa posibilidad sino también que debe investigar penalmente a todos los que recibieron esas vacunas dentro del ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para esclarecer cómo y por qué llegaron a acceder a la aplicación anticipada de la vacuna contra el coronavirus. También ordenaron investigar las dosis que fueron destinadas a la ciudad santacruceña de El Calafate.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar al planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que parte de la investigación no quedara archivada y además validaron su legitimidad para actuar en la causa, pese a las protestas de las defensas. La resolución- a la que Infobae accedió a través de fuentes judiciales- estableció que el orden de prioridades para darse la vacuna no era simultáneo para personal de salud, mayores de 60 y personal estratégico. Y subrayó que, en ese momento, las vacunas eran “un bien escaso” que el Estado debía administrar.

“Será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, señala la resolución.

El fallo plantea que los que recibieron las vacunas podrían ser partícipes del delito que se investiga. “Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”, dijeron los camaristas.

En esa lista de vacunados VIP aparecen desde el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el periodista Horacio Verbitsky, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos, el ministro de Economía Martín Guzmán, el canciller Felipe Solá, el embajador en Brasil Daniel Scioli , el ministro de Defensa Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés. También el x ministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos.

Muchos de ellos -el presidente incluido- fueron anotados como personal de salud, según los listados del Posadas. En la causa se explicó que la que lo anotó así fue una maestra del jardín de infantes del Posadas que en ese momento no estaba trabajando de eso porque no había clases.

A partir de la resolución de la Cámara, la jueza Capuchetti deberá profundizar la investigación sobre aquellos que permitieron que allegados al Gobierno y funcionarios se vacunaran contra el coronavirus sin respetar el turno tal como lo hizo el resto de los ciudadanos. La magistrada había entendido que no estaba claro el delito a investigar, más allá de los cuestionamientos éticos que aparejaba la existencia de una vacunatorio para amigos del poder.

En otra resolución paralela, la Cámara Federal hizo lugar al pedido de una asociación civil para convertirse en querellante. Se trata de la asociación civil Bases Republicanas, que lidera una ex funcionaria macrista Jimena De La Torre. De esta manera, la causa tendrá ahora el impulso de un acusador privado, más allá de las decisiones que pueda tomar el Ministerio Público. No es un dato menor si se tiene en cuenta que inicialmente el fiscal Eduardo Taiano no había apelado la resolución y la intervención del fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez había sido cuestionada por las defensas.

“Teniendo en cuenta que los hechos y conductas que conforman el objeto de pesquisa podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, resulta procedente la constitución como parte querellante de la incidentista, en los términos del art. 82 bis del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto el objeto social de la organización que representa abarca la defensa y protección de dichas garantías”, dijo la resolución. “Corresponde revocar la resolución apelada y tener como parte querellante a la organización Bases Republicanas; ello sin perjuicio de que con el avance del proceso se fije un marco fáctico distinto y concreto, que desvanezca los requisitos exigidos por la norma citada y, en consecuencia, la calidad de parte acusadora otorgada”.

En la foto, María Eugenia Capuchetti, que deberá retomar la investigación (Crédito: Adrián Escandar)

La causa se inició en febrero pasado. Fue luego de que -según consta en la resolución- el periodista Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido el día anterior a vacunarse al ministerio de Salud, tras un llamado al ex ministro González García. Aquellas declaraciones implicaron la apertura de la investigación penal para esclarecer si “personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos” fueron inoculadas en el Posadas, en el ministerio de Salud e incluso en sus domicilios particulares.

Los imputados en marzo pasado por el fiscal del caso Eduardo Taiano fueron el ex ministro González García y su sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli. También se imputó a a Alejandro Collia y Marcelo Guillé. Guillé fue secretario privado de González García y realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al ministerio de Salud. En tanto, Collia, que era funcionario de González García, continúa -en la gestión de Carla Vizzotti– como subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del ministerio de Salud de la Nación.

El 8 de julio pasado, Capuchetti decidió archivar parcial del caso al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Y entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan para vacunar contra el coronavirus que permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios. Con ese argumento, la jueza había decidido archivar la investigación sobre 65 de las 70 personas que integraban la lista hecha por el gobierno de los que recibieron dosis de la Sputnik V cuando no había una convocatoria abierta.

“La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los limites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios constitucionales que operan en materia penal”, había dicho la jueza.

El fiscal Sergio Rodríguez

La resolución de Capuchetti no fue apelada por el fiscal Taiano. En cambio sí apeló la decisión el fiscal Sergio Rodríguez, que encabeza la PIA, la unidad de la Procuración General de la Nación especializada en casos de corrupción. La apelación de Rodríguez recibió el respaldo de José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal quien también había solicitado que se profundice la investigación por el Vacunatorio VIP.

”Al momento de efectuarse las inoculaciones por fuera del programa oficial, según lo consideramos, aún existía parte del personal de salud a la espera de su turno para vacunarse”, había dicho Rodríguez. “Nos encontramos frente a una investigación donde producto de una incorrecta interpretación de la prueba colectada, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5 arribó a una conclusión errada” dijeron Rodríguez y Agüero Iturbe en su dictamen conjunto. Y consideraron que se debía profundizar la investigación. Los camaristas les dieron la razón.

“Los actos de corrupción producen, entonces, una desproporcionalidad en el disfrute de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que vulnera profundamente el derecho a la igualdad y no discriminación. En el caso bajo análisis, aparecería esta vulneración al generar una desproporción en el acceso a un bien escaso y valioso que da como resultado un privilegio ilegítimo, y el consecuente trato discriminatorio respecto a todos aquellos que se ven excluidos por la conducta, directa o indirectamente”, había sostenido Rodríguez.

Días antes del archivo que dictó Capuchetti y hoy revocó la Cámara, Rodríguez había presentado un dictamen con un listado de 385 vacunados que no figuraban como personal de salud y que habían sido inoculados en el Posadas sobre los cuales se debía profundizar la investigación. También había reiterado el pedido para que se realice un cruce telefónico entre los imputados. El fiscal Rodríguez había vuelto a solicitar que se analizaran correos electrónicos de los involucrados en la causa y promovió cruces telefónicos.

Evaluando el escenario, los camaristas declararon admisible la apelación de Rodríguez -que las defensas cuestionaron- y revocaron la resolución de Capuchetti, “encomendando a la jueza -sostuvo el fallo- el desarrollo de las medidas pertinentes para develar cada uno de esos interrogantes a fin de precisar la adecuada gravitación de los hechos y, de existir, el correcto deslinde de las consecuentes responsabilidades, teniendo también en consideración las medidas de prueba sugeridas por el Dr. Rodríguez”.

Fuente: Infobae.com

La Cámara Federal de la provincia de Mendoza le ordenó a la ANSES incrementar el haber previsional de un jubilado con el objetivo de evitar que continúen este año los efectos del ajuste aplicado en el 2020. No obstante, los jueces reconocieron la validez de la suspensión de la movilidad durante el año pasado por la emergencia sanitaria.

La decisión se tomó en el marco de la causa «Guerra, Alfredo Antonio c/ Anses s/ Reajustes varios». Según consignó NA, la Cámara dispuso que el ingreso mensual se reajuste de tal manera que la persona cobre, a partir de enero de 2021, lo que le hubiese correspondido en caso de haber seguido vigente la fórmula de actualizaciones de la ley 27.426, aprobada a fines de 2017 durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

Se trata de una resolución muy similar a la dispuesta en junio pasado por la Cámara Federal de Bahía Blanca en la causa «Martínez, Eduardo Rubén c/ Anses s / Reajustes varios». Allí se le había ordenado a la ANSES «integrar el haber previsional de diciembre de 2020 con el porcentaje de incremento que la parte actora haya dejado de percibir en virtud de la suspensión legalmente dispuesta».

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En diciembre de 2019, tras asumir, el gobierno de Alberto Fernández pidió al Congreso la aprobación de la ley 27.541 que, entre otros puntos, suspendió la aplicación de la fórmula de movilidad previsional aplicada en 2018 y 2019. La suspensión regía por un período de 180 días, pero luego se prorrogó por decreto de necesidad y urgencia hasta el último día de 2020. Luego, el 4 de enero de este año, entró en vigencia la ley 27.609 con una nueva modalidad de cálculo de las actualizaciones.

Durante la suspensión de la fórmula anterior, el Poder Ejecutivo otorgó alzas de manera discrecional, que resultaron, para todo 2020, de entre 24,3% y 35,3%, dependiendo del nivel de ingresos: el aumento más bajo le correspondió al haber máximo, mientras que el más alto se otorgó al haber mínimo. En caso de haberse aplicado la fórmula suspendida, todos los jubilados y pensionados habrían recibido un incremento de 42,1%.

Mientras el ingreso mínimo resultó en diciembre de 2020 de $ 19.035, habría llegado a $ 19.980 con la ley que se dejó en suspenso. El haber máximo, en tanto, habría sido de $ 146.454, en lugar de los $ 128.089 que efectivamente se pagaron.

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Los argumentos del fallo que beneficia al jubilado

De acuerdo al argumento de la cámara federal, dado por el juez Manuel Alberto Pizzarro y avalada por Gustavo Enrique Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci, es aceptable que durante el 2020, mientras estaba declarada la situación de emergencia por la ley de diciembre de 2019, se pagaran esos montos resultantes de aplicar porcentajes inferiores a los de la fórmula.

Sin embargo, el tribunal consideró que no resulta correcto que este año se siga convalidando el ajuste, por lo que dispuso que desde enero último los ingresos mensuales de los jubilados deberían ser equivalentes en sus montos a los que hubieran correspondido en caso de no haber existido la suspensión de la fórmula anterior.

En caso de regirse por ese criterio, en septiembre de este año el haber mínimo llegaría a $ 27.223 y el máximo, a $ 199.442. En cambio, las cifras serán de $ 25.922 ($ 1.301 menos) y de $ 174.433 ($ 24.989 menos), respectivamente.

Fuente: Perfil.com

Desde hace varios meses que el sector agropecuario mantiene un enfrentamiento abierto con el Gobierno nacional a causa de las sucesivas intervenciones de mercados, y el oficialismo parece poco dispuesto a volver sobre sus pasos, sino más bien a endurecer su posición.

Aunque de antemano se sabía que el agro no tendría una relación sencilla con la gestión de Alberto Fernández, tampoco se preveía un deterioro tan grande y rápido.

En tiempos atravesados por un conflicto que podría profundizarse en los próximos días con la prórroga a las restricciones a las exportaciones de carne vacuna y a pocas semanas de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la mayoría del sector agropecuario considera que el Gobierno nacional se encamina a una derrota electoral. Así lo reflejó una nueva encuesta de AmplificAGRO a 524 responsables de establecimientos agropecuarios y profesionales del agro.

Del relevamiento, que tuvo lugar entre el 20 y 26 del presente mes, surgió que el 65,7% de los encuestados, prácticamente dos de cada tres consultados, piensa que el Gobierno perderá las elecciones y solo un 18,2%, menos de un quinto, predijo un triunfo oficialista.

Además, en relación a cómo evalúan los representantes del sector de la producción el liderazgo del presidente, hoy envuelto en el Olivosgate, un macizo 94,6% lo juzgó “Débil” o “Muy débil”.

Una encuesta similar realizada en julio pasado había mostrado que el voto del campo tendrá color opositor: el 68,3% de los consultados en aquel momento aseguró que votará por los candidatos de Juntos por el Cambio, mientras que un 18,5% se inclinará por apoyar la propuesta electoral del Frente de Todos. Además, se registró un importante número de indecisos: un 10,6% todavía no definió su voto.

De la nueva consulta surge que la alta expectativa de una derrota oficialista convive con la percepción de que el campo no logrará incidir en la definición de políticas públicas, porque el gobierno lo tomó como adversario político. Al respecto, el 87% de los consultados señaló estar “totalmente” o “bastante” de acuerdo con la idea de que el Gobierno no tiene voluntad de discutir la política agropecuaria.

En cuanto al impacto del resultado electoral, 57,6% de los consultados consideró “totalmente o bastante” probable que haya cambios en el gabinete en caso de una derrota del Gobierno. Un 20% fue más pesimista y juzgó “poco o nada” probable que haya cambios en el equipo del Frente de Todos.

Representación del agro

Otro aspecto central de la encuesta fue la representatividad de los intereses del sector agropecuario, más precisamente el rol de las entidades de productores y el surgimiento del denominado Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Los consultados no ven incidencia de sus instancias de representación en las decisiones de políticas públicas: un 87% de los 524 consultados observaron poca o nada de incidencia del agro.

A la hora de identificar los espacios de representación que lograron una mayor incidencia en el Gobierno del Frente de Todos, el Consejo Agroindustrial Argentino fue el que más menciones obtuvo con un 36,6 %, seguido por la Mesa de Enlace, con casi el 32% las menciones. El INTA y Federación Agraria Argentina, por su parte, obtuvieron un 16,4% y 12,7% respectivamente. Más lejos, quedaron el resto de las instituciones.

“Los bajos niveles de menciones da muestras de que el agro no está viendo que las entidades en general tengan incidencia en la definición de políticas”, señalaron desde AmplificAGRO.

87% respondió que el sector tiene poco o nada de incidencia sobre las medidas oficiales que lo afectan

En una aproximación más cualitativa, se consultó a los encuestados su nivel de acuerdo o desacuerdo con distintas frases vinculadas al rol de las entidades y al papel del Gobierno en su relación con el campo y la agroindustria. El 87% de los consultados dijeron estar “Totalmente o Bastante” de acuerdo con el hecho de que el Gobierno no tiene voluntad de discutir la política agropecuaria porque ven al sector como un adversario.

Al mismo tiempo, un 77% indica estar de acuerdo con el hecho de que el Gobierno observa al agro como un sector que no tiene impacto en el resultado de las elecciones. En este contexto, un 63% de los encuestados dijo estar de acuerdo (31% totalmente de acuerdo más 32% bastante de acuerdo) con el hecho de que la Mesa de Enlace debería tener un rol más político en la representación de los intereses del sector mientras que un 18% indicó estar en desacuerdo con ello.

Según los productores, además de poca incidencia, el campo carece de una representación institucional clara

Lucas Romero, uno de los encargados de realizar la encuesta, sostuvo que el sector agropecuario corre con desventaja en lo que respecta a la posibilidad de enfrentar políticas o incidir en las mismas al considerar que no cuenta con los instrumentos necesarios. “Se tiene que entender qué recursos políticos tiene cada uno de los actores. El problema que sucede es que cuando se analiza la caja de herramientas que tiene el sector agropecuario para incidir en el proceso de toma de decisiones, sobre todo en un gobierno peronista/kirchnerista, es una caja media vacía”, precisó en diálogo con este medio.

Y concluyó: “No hay actores políticos que tengan alguna capacidad de influencia o incidencia que puedan representar a ese sector. No hay otro que la Mesa de Enlace. No hay dirigentes cercanos al sector agropecuario que estén ocupando lugares estratégicos en la toma de decisiones. De hecho, el mismo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, es un dirigente que no tiene un vínculo directo y cercano con el sector, no es un representante del sector y eso es un recurso político”.

Fuente: Infobae.com

Con la intención de apuntalar la campaña en la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires y de enviar un mensaje a los trabajadores industriales, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, compartió un acto en Escobar junto a la primera candidata a diputada del Frente de Todos en el distrito bonaerense, Victoria Tolosa Paz, con un discurso recargado contra Mauricio Macri, Diego Santilli, el FMI y los medios de comunicación.

El jefe de la bancada oficialista en Diputados dijo que Santilli (primer candidato a diputado de Juntos por el Cambio por la provincia) es “el nuevo caballo de Troya del gobierno porteño” en Buenos Aires y que “no va a ser nada por los bonaerenses”. En una dura embestida contra el exgobierno, agregó que Macri “rifó plata prestada” y pidió “dar la discusión de la deuda”. Al referirse al FMI -mientras el Gobierno avanza en un acuerdo que aún no tiene fecha de anuncio- Máximo Kirchner dijo que los “tecnócratas” del organismo son “talibanes económicos neoliberales”.

“Lo escuché a Macri decir que Alberto (Fernández) endeudo al país más que él y no se le movió un musculo de la cara. Debemos dar la discusión de la deuda, porque Macri rifó plata prestada. El otro actor es el FMI. Cuando van a un banco le piden el recibe de sueldo cuando piden un préstamo. El FMI debe explicar por qué le prestó a la argentina 45 mil millones de dólares y pensó que eso iba a salir bien”, dijo el diputado en el cierre del acto. Y agregó: “Nos hacemos cargo de la deuda aun cuando no la hayamos tomado”.

Además, Máximo Kirchner aludió al ataque que sufrió el diputado peronista Manuel Arias en Corrientes, que fue baleado ayer cuando estaba en el escenario de un acto proselitista en Tapebicuá. “Ese odio de los medios de comunicación que estigmatizan a determinados sectores políticos son el caldo de cultivo para este tipo de actitudes”, dijo el líder de La Cámpora. “Ante el odio que derraman y ante la frustración por la elección de 2019 no respondamos nunca a esas agresiones”, agregó.

El jefe de la bancada oficialista cuestionó en muy duros términos a los medios periodísticos en varios pasajes de su discurso y exhibió tapas del diario Clarín. “Macri no llegó en un plato volador, llegó con aliados y los medios de comunicación porteños fueron ejes centrales para que eso sucediera”, dijo.

Además, Kirchner aludió a los candidatos que se autodenominan libertarios y los llamó “la nueva ultraderecha fascista bajo la patina de la libertad”. “Tenemos un desafío enorme, les pido que vayan a votar en defensa propia”, arengó.

El acto

Del acto en Escobar -que tuvo al intendente Ariel Sujarchuk como anfitrión- participaron, además de Máximo Kirchner y Tolosa Paz, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el segundo candidato a diputado Daniel Gollan y la candidata al senado provincial por la primera sección electoral, Teresa García, que tiene el desafío de recuperar la mayoría para el oficialismo en la cámara alta bonaerense. Se había anunciado la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pero no estuvo en el escenario.

Frente a un auditorio con afiliados de distintos gremios, fueron de la partida, además, el mandamás de la UOM, Antonio Caló y los representantes de Smata, el gremio de Ricardo Pignanelli.

“El pueblo argentino va a votar para adelante, el 12 de septiembre se reafirma el rumbo. El final de la pandemia es concreto, hay que darle velocidad al salario para que vaya para arriba. Los invito a que la recuperación sea subir los escalones de dos en dos”, dijo Tolosa Paz, que, a diferencia del kirchnerismo, viene centrando su discurso en un mensaje de futuro en sintonía con el slogan que se pensó en el comando de campaña del Frente de Todos (”la vida que queremos”).

Sujarchuk, en tanto, pidió compromiso para una elección que se presenta más cerrada que lo proyectado por el oficialismo. “No es solo una elección de medio termino, es una elección de reafirmación de 2019 y el camino de inicio para 2023″, dijo el intendente local. “Necesitamos que la primera sección electoral demuestre que puede aportar muchos votos a esta coalición. Tenemos 15 días para convencer”, agregó.

Fuente: La Nación