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La entrada en vigencia de una nueva tabla de valuación para automotores y motos abrió una fuerte controversia entre el Gobierno nacional y la administración porteña por el costo de las patentes. Un informe oficial ubicó a la Ciudad de Buenos Aires entre las jurisdicciones más caras del país, algo que fue rechazado de plano desde el gobierno de CABA.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación difundieron un ranking con las provincias y distritos donde más caro resultaría inscribir un vehículo 0 km, al remarcar que cada jurisdicción define su propia alícuota. En ese esquema, CABA apareció en el primer lugar.

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La respuesta del Gobierno porteño no tardó en llegar. A través de sus canales oficiales, negó los valores atribuidos y aseguró que la alícuota promedio ponderada en la Ciudad ronda el 2,5%, muy por debajo del porcentaje señalado por la Nación.

CABA cruzó al Ministerio de Justicia de la Nación

De acuerdo al relevamiento de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), en CABA la alícuota podía trepar hasta cerca del 6%, seguida por la provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego, con tasas inferiores.

Desde el Ministerio de Justicia defendieron la nueva tabla de valuación al sostener que se elaboró con valores reales de mercado y sin distorsiones, y cuestionaron a los distritos que optaron por mantener esquemas más costosos. Incluso, señalaron a la CABA como ejemplo de una valuación que perjudicaría a los contribuyentes.

La polémica se conoció casi en simultáneo con el anuncio del Gobierno porteño de enviar un proyecto de ley a la Legislatura para limitar los aumentos del impuesto a la patente a la inflación de 2025 y prorrogar los vencimientos, tras las quejas por subas cercanas al 100% en algunos casos puntuales.

Desde la administración de la Ciudad de Buenos Aires aclararon que no hubo un aumento del impuesto en sí, sino una actualización en las valuaciones de los vehículos basada en tablas de ACARA, y remarcaron que la mayoría de los contribuyentes no registró cambios significativos en el monto a pagar.

Fuente: Mendoza online

La CGT ya definió su primera parada en su gira por el interior contra la sanción de la reforma laboral: el martes próximo, el triunvirato cegetista viajará a Córdoba para reunirse con el gobernador Martín Llaryora con el fin de que sus legisladores no voten el proyecto oficial.Te puede interesar:El Gobierno admite cambios en la reforma laboral, pero aspira a blindar el artículo que modifica Ganancias

La comitiva de la CGT estará integrada por su triunvirato, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes decidieron a comienzos de mes una agenda de viajes para tomar contacto directo con los mandatarios provinciales y comprometerlos a rechazar la reforma laboral del Gobierno, que el Senado tratará desde el 11 de febrero.https://caca6029d7ed17c9dd6a4c754ee13d13.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

El itinerario tentativo de la CGT también incluía viajes a Tucumán, Salta, Catamarca y Santa Fe, en una primera etapa, y luego a Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Sin embargo, hasta ahora sólo se pudo definir el encuentro en Córdoba, cuyo gobernador, junto con el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no avalan el recorte de los derechos laborales ni el capítulo impositivo de la reforma laboral, que reduce los fondos que reciben las provincias por el Impuesto a las Ganancias.Te puede interesar:La reforma laboral generó grietas en el bloque peronista y habrá una reunión para unificar posicionesEl gobernador de Córdoba, Martín Llaryora

“Me parece importante discutir las nuevas modalidades de trabajo, dar un marco de seguridad en materia de juicios privilegiando a las pymes, pero no volver para atrás ni un milímetro con los derechos de los trabajadores y menos en un momento tan difícil con cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo”, dijo Llaryora al comenzar el Festival de Cosquín.

No hay más contactos confirmados de la CGT, aunque sí un encuentro con el dirigente correntino Gustavo Valdés, de la UCR, cuyo hermano, el gobernador Juan Pablo Valdés, estuvo este viernes con el ministro del Interior, Diego Santilli, para conversar sobre el mismo tema.Te puede interesar:El Gobierno busca evitar sorpresas en el debate de la reforma laboral y hace equilibrio con las provincias

En la CGT se quejan de la actitud de tres gobernadores que se muestran renuentes a recibirla: Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca): pese a la insistencia sindical en fijar una fecha de reunión, estos mandatarios “buscan excusas para no hacerlo o no contestan los llamados”.El ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores Gustavo Saénz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil

Para la central obrera se trata de una pésima señal: crece la sensación de que la mayoría de los gobernadores acompañará al Gobierno votando en favor de la reforma laboral en el Congreso, aunque hay dirigentes que dudan porque el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene su rechazo a introducir compensaciones a las provincias por la reducción del Impuesto a las Ganancias.

Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, descartó que los gobernadores avalen en forma unánime la iniciativa del Gobierno: “No están dispuestos a firmar a libro cerrado una medida como este proyecto de ley de reforma laboral”, afirmó en declaraciones radiales.

“Venimos generando conciencia con cada gobernador, con cada senador”, señaló el sindicalista y enseguida advirtió: “Apelamos a que no dejen sus convicciones en la puerta del Senado a la hora de votar”.

La raleada agenda de contactos cegetistas sólo tiene previsto hasta ahora, además de la audiencia con Llaryora, un encuentro con senadores nacionales de la UCR y de otros partidos no alineados con el Gobierno para sumarlos a su estrategia contra la reforma laboral.Cristian Jerónimo: “Los gobernadores no están dispuestos a firmar la reforma laboral a libro cerrado»

Frente a la actitud reacia de algunos gobernadores a reunirse con la CGT, hay sindicalistas que están planeando la venganza: “Vamos a hacer todo lo posible para que en esas provincias aumente la conflictividad sindical”, advirtió a Infobae un jefe cegetista.

La CGT está jugando a varias puntas dentro del Gobierno para lograr su objetivo: atenuar la reforma laboral que está en el Senado y que, si se aprueba sin cambios, desatará una guerra total entre Javier Milei y el sindicalismo a partir de mediados de febrero.

En concreto, los líderes cegetistas mantienen contactos reservados en 3 frentes del oficialismo en forma simultánea: el asesor presidencial Santiago Caputo; los Menem (Martín y Lule), asociados con Santilli, y Patricia Bullrich desde el Senado, donde ya funciona una comisión técnica, presidida por la asesora bullrichista Josefina Tajes, que recibió a entidades empresariales que objetan la reforma laboral para analizar varios cambios.Patricia Bullrich y Josefina Tajes, que encabeza la comisión técnica del Senado que analiza la reforma laboral

Ya con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apartado de las negociaciones con la CGT y los empresarios, como fruto de la decisión política de los libertarios de llegar a un acuerdo con la central obrera, el Gobierno trata de mantener el núcleo básico del articulado de la reforma laboral “en todo lo que hace a la promoción del empleo”, como admitió Bullrich.

Aun así, en la CGT protestan en voz baja: dicen que el Gobierno muestra buena predisposición a aceptar los cambios que promueve en el proyecto oficial, pero “hasta ahora nadie bajó el martillo” para concretarlos.

Por eso los líderes cegetistas, en forma paralela, quieren influir en la postura de algunos gobernadores contra la reforma laboral y explicitan cuál es su primer objetivo en esta batalla política: lograr que el proyecto no se pueda tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso y deba pasar a debatirse en las sesiones ordinarias, como una forma de ganar tiempo y apostar a que Milei afronte desde marzo varios frentes críticos por la economía y así se debiliten sus apoyos parlamentarios.La UOM, las dos CTA y otros sindicatos lanzaron un plan de lucha contra la reforma laboral

Mientras, dirigentes sindicales del ala dura que critican la estrategia cegetista en curso y de las dos CTA acordaron este miércoles un plan de lucha contra la reforma laboral sin esperar una decisión orgánica de la CGT.

En una reunión realizada en la UOM, los referentes sindicales decidieron movilizaciones en Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10 de febrero, además de la convocatoria a realizar paros y marchas callejeras el día en que el Congreso trate el proyecto de ley.

El encuentro fue encabezado por el anfitrión, Abel Furlán, líder de los metalúrgicos, y contó con la presencia de dirigentes de la la Federación de Aceiteros (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

Uno de los referentes de este frente sindical es Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que declaró: “Tenemos que exponer a los gobernadores. Tienen que quedar en evidencia aquellos que pretendan avalar esta reforma. No podemos permitir que se enganchen en este debate a cambio de algunos ATN o fondos coparticipables. No los vamos a dejar que nos vendan por dos pesos. Además, se les va a volver en contra. La reforma fiscal encubierta en esta iniciativa termina por desfinanciar y fundir a las provincias”.

Fuente: Infobae.com

l gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con presencia en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), convocó a una medida de fuerza de los servicios de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos para el próximo lunes 2 de febrero, en pleno recambio de quincena durante el verano.

El sindicato, liderado por Rodolfo Aguiar y por Marcelo Belelli en la parte aeronáutica, denuncia que los trabajadores no cobraron en el último día hábil del mes y que en la liquidación de enero no está computado un aumento que habían acordado con el Gobierno. ATE ANAC denunció que todavía no hay una fecha de pago, dijeron a LA NACION desde el gremio.

La medida impactaría en 27 aeropuertos del país. “El Gobierno tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo”, indicó Aguiar en su cuenta de X.

“Si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, el lunes a las 00.00 el paro será total y la medida alcanzará a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos, entre otros, en más de 27 aeropuertos, afectando a todos los vuelos a excepción de los de Estado, los sanitarios, humanitarios, y traslados de órganos”, sostuvo el gremialista. quien ya convocó a numerosas medidas de fuerza contra la administración de Javier Milei.

Además, ATE ANAC iniciará en las próximas horas algunos ceses de tareas que podrían afectar servicios. “ANAC y la Secretaría de Transporte y Empleo Público son los responsables exclusivos de este conflicto. El atraso en el pago de salarios y los incumplimientos en las negociaciones generan inseguridad y más precarización en los trabajadores. Juegan con el bolsillo de los trabajadores. Son insensibles, son un mamarracho”, cerró el dirigente.

Al conflicto salarial se suma la denuncia del gremio de más de 200 despidos en ANAC desde el año pasado. En julio, fuentes de la ANAC indicaron que se estaban dando de baja contratos que “no resultan imprescindibles para el normal funcionamiento del organismo”.

Ahora, la medida de fuerza podría ocasionar demoras en los vuelos en pleno recambio turístico del verano 2026.

Fuente: La Nación

En la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional afina la estrategia política para avanzar con el paquete de leyes enviado al Congreso, con la reforma laboral como eje central. Tras semanas de negociaciones internas, el oficialismo admite que está dispuesto a introducir ajustes, aunque evita anticipar qué artículos podrían modificarse.

En la Casa Rosada confían en contar con los votos necesarios para aprobar la mayor parte del articulado. Sin embargo, reconocen que el cambio en el Impuesto a las Ganancias para sociedades —que impacta de lleno en la recaudación provincial— se convirtió en el principal foco de tensión con los gobernadores, incluso con aquellos alineados con la gestión de Javier Milei.

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Las reuniones de la mesa política son semanales y apuntan a encontrar un equilibrio que permita sostener las modificaciones impulsadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, sin dinamitar los acuerdos parlamentarios. Mantener una postura inflexible podría poner en riesgo toda la ley, admiten en el propio oficialismo.

Tensión entre el Gobierno nacional y las provincias

Según reveló Infobae, dentro del esquema negociador crece el malestar con los mandatarios provinciales, a quienes acusan de reclamar recursos sin acompañar el ajuste del gasto. A la vez, detectan desconfianza de las provincias sobre el cumplimiento de las promesas del Ejecutivo. “La primera parte de la ley no se toca; si hay cambios, serán menores”, deslizó un dirigente libertario.

La interna no es homogénea. Mientras un sector presiona para no conceder nada, otros funcionarios reconocen que deberán aceptar correcciones durante el debate en el recinto del Senado, previsto para el 11 de febrero, siempre que no se altere el espíritu de la norma.

A esto se suma la indefinición sobre otros temas sensibles, como discapacidad, universidades, coparticipación, subsidios energéticos y financiamiento judicial, incluidos en el capítulo que quedó fuera del Presupuesto 2026. Los negociadores más moderados advierten que no hay votos para reabrir esos debates.

Con el cronograma ajustado, el Ejecutivo busca mostrar orden interno: Patricia Bullrich articula en el Senado, Martín Menem en Diputados y Diego Santilli mantiene el diálogo con los gobernadores, bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete. En paralelo, el oficialismo planea avanzar también con el acuerdo Unión Europea–Mercosur, en un febrero legislativo que será clave para la administración Milei.

Fuente: Mendoza online

La licitación para suministrar caños a un gasoducto de 480 kilómetros, destinado a transportar gas desde Vaca Muerta al puerto de San Antonio Oeste en Río Negro, generó un cortocircuito entre el gobierno de Javier Milei y el Grupo Techint, que amenazó con realizar una denuncia antidumping contra la empresa ganadora y provocó una airada respuesta por parte del oficialismo.Te puede interesar:Las reservas netas del Banco Central son negativas en USD 14.100 millones, según el cálculo que utiliza el FMI

Todo comenzó cuando Southern Energy, el consorcio de firmas energéticas a cargo del proceso licitatorio, optó por la propuesta de la compañía india Welspun y descartó la de Tenaris, perteneciente a Techint, uno de los mayores productores de tubos a nivel global.

La compañía argentina deslizó que efectuaría un recurso antidumping contra la firma ganadora al considerar que incurrió en competencia desleal por utilizar chapa proveniente de China en la fabricación de sus productos, lo que le otorgaría la posibilidad de ofrecer valores por debajo de los precios habituales del mercado. Con el correr de los días, el pleito tomó una mayor dimensión mediática y política, pero la denuncia no se materializó y, por el momento, quedó en un amague que generó una confrontación con el Gobierno.Te puede interesar:El Gobierno admite cambios en la reforma laboral, pero aspira a blindar el artículo que modifica Ganancias

De hecho, en el seno de la administración libertaria, que tendría la responsabilidad de analizar una eventual denuncia a través de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), descartaron los reclamos de Techint. “No vamos a pagar más caros los caños”, expresó a Infobae una fuente vinculada al entorno de Milei en los últimos días.Tenaris perdió la licitación contra Welspun y deslizó que realizará una denuncia por dumping. REUTERS/Pilar Olivares/Archivo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el primer referente del oficialismo en pronunciarse contra la postura de Techint. A través de la red social X, planteó que Tenaris “ofreció los caños 40% más caros”, por lo que, si se aceptaba esa propuesta para beneficiar al mercado nacional, se hubiera gastado más y también hubiera traído consecuencias, ya que significaba “menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”.Te puede interesar:La reforma laboral generó grietas en el bloque peronista y habrá una reunión para unificar posiciones

Y sumó: “Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen”.

Sturzenegger también desestimó el pedido de Techint para acceder al mecanismo de first refusal y equiparar la propuesta de Welspun. Argumentó que otorgar ese beneficio impactaría negativamente en futuros procesos licitatorios, ya que los participantes “sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio”.

“No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos, no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola, modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos, nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento» cerró.Por ahora, Techint no formalizó la denuncia por dumping contra Welspun.

Más tarde, el propio presidente abordó el tema al defender la apertura de importaciones y cuestionó a quienes se oponen a la medida, sugiriendo que las críticas responden a intereses particulares. Más adelante, Milei apuntó directamente contra Paolo Rocca al criticar a quienes salen “en defensa de Don Chatarrín de los tubitos CAROS…”, en alusión directa al directivo de Techint.

Desde la compañía evitaron la confrontación directa y adelantaron que avanzan con la “documentación técnica” para la presentación de la medida antidumping, pese a que las denuncias de este tipo suelen efectuarse de forma relativamente inmediata y no tantos días después de concluido el proceso.

Cronología de la licitación

Southern Energy recibió 15 ofertas de empresas provenientes de Argentina, España, China, India, Colombia, México, Japón, Grecia y Turquía, entre otros países. De ese grupo, seis propuestas fueron habilitadas al cumplir los requisitos técnicos.

Welspun resultó seleccionada por presentar la oferta más competitiva, valuada en USD 203 millones, y por ofrecer condiciones más flexibles tanto en los pagos como en las garantías, factores considerados clave en un emprendimiento de las dimensiones de un gasoducto, donde los márgenes de costos suelen ser ajustados.Welspun ganó la licitación tras presentar una presupuesto de USD 203 millones. REUTERS/ Stoyan Nenov

La diferencia de precios fue significativa: la propuesta de Welspun se ubicó un 45% por debajo de la de Techint, que presentó el valor más alto entre los seis finalistas, con una brecha de USD 90 millones, según las fuentes. Posteriormente, Tenaris rebajó su oferta en un 5%, pero aún así quedó USD 80 millones por encima de la opción india. Las propuestas de empresas chinas, por otra parte, superaban en casi un 15% a la de Welspun.

El desarrollo del proceso licitatorio también estuvo marcado por el cumplimiento estricto de los plazos, según describieron los responsables. La compañía de origen indio recibió la adjudicación el 23 de diciembre, después del análisis de todas las propuestas y mediante un voto unánime de los accionistas de Southern Energy: Pan American Energy (PAE) con el 30%, la petrolera estatal YPF con el 25%, y los socios minoritarios Pampa Energía, Harbour Energy (Reino Unido) y Golar LNG (Noruega).

Desde el consorcio señalaron que la segunda oferta de Tenaris fue presentada el 24 de diciembre, fuera del período previsto para la recepción de propuestas, cuando la licitación ya había concluido y la adjudicación estaba definida. El 30 de diciembre, Southern Energy comunicó a Tenaris que, a pesar de la mejora, la propuesta de Welspun seguía siendo la más conveniente.

El 6 de enero, quince días después de la adjudicación y con el contrato ya firmado, Tenaris presentó una propuesta de first refusalpara igualar las condiciones comerciales de la oferta ganadora. Al día siguiente, el consorcio volvió a rechazar la presentación de Tenaris argumentando que su oferta se encontraba fuera de plazo y que aceptar modificaciones en esa instancia hubiese vulnerado el principio de igualdad entre los participantes.

Fuente: Infobae.com

El Gobierno informó cuáles serán los aumentos de tarifas promedio en febrero y el impacto que tendrán en las facturas de electricidad y gas, luego de la aplicación del nuevo esquema de subsidios focalizados y el ajuste determinado para evitar atrasos.Te puede interesar:Créditos Anses: cómo consultar el monto de las cuotas pendientes y las fechas de pago

En detalle, el precio de la electricidad aumentará un 3,59% en promedio para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que reciben el servicio a través de Edenor y Edesur. En el resto del país, el ajuste en las tarifas eléctricas dependerá de las decisiones que adopte cada jurisdicción provincial.

Por otra parte, el gas registrará un incremento promedio del 16,86% a nivel nacional.Te puede interesar:Una automotriz argentina exportará vehículos utilitarios a Estados Unidos y CanadáEl precio de la electricidad aumentará un 3,59% en promedio

La Secretaría de Energía aseguró que las causas de dichos incrementos son las siguientes:

• Cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria
• Aumento mensual por fórmula (Índice de Precios Internos al por Mayor+ Índice de Precios al Consumidor) para que las tarifas no pierdan valor
• Aplicación del nuevo esquema de subsidios: Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)
• Aplicación del precio de gas unificado/fijo en todo el año. Esto genera un salto en febrero por única vez, pero en un mes de bajo consumo de gas.

“Se busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas (invierno) no se dispare el precio. Se evita así sobresaltos estacionales de la factura a lo largo del año”, señaló la cartera a cargo de María Tettamanti.Te puede interesar:Cuánto cuesta alquilar en cada barrio de CABA: un departamento de 3 ambientes ya supera el millón de pesos

A su vez, dieron ejemplos de aumentos de gas en grandes centros urbanos:

• La categoría Residencial más numerosa (R1), que representa el 42% del total de usuarios (casi 4 millones de usuarios) tendrá aumentos de $3.000 o menos.
• Aproximadamente 1 de cada 5 usuarios tendrá un aumento menor a $1.000.
• Para las primeras 4 categorías Residenciales (70% del total de usuarios de gas a nivel pais), los aumentos se ubican, en promedio, entre los $960 y los $6.400.
• Para el resto de las categorías residenciales con mayores consumos (30% del total), los incrementos van de los $2.900 a $11.300, en promedio.

Cabe recordar que el gasto en servicios públicos en el AMBA para un usuario sin subsidios fue en enero de $192.665, según el informe que elabora el Instituto Interdisciplinario de Economía y Política (UBA- Conicet).

Esa canasta estuvo integrada por un gasto mensual de $50.611 en la factura eléctrica y de $22.883 en gas para un usuario N1 (sin subsidios), además de una factura promedio de $33.733 por el servicio de agua y un costo mensual de $85.438 por el uso del transporte público para una familia tipo.

Desde diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 594%, mientras que el nivel general de precios subió 194%, lo que implicó una brecha de 400 puntos porcentuales.Aumento de la canasta de servicios públicos en el AMBA sin subsidios en el último año (IIEP)

En tanto, el incremento del último año fue del 33%, 1,5 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista de 2025. El mayor aumento interanual se registró en la factura de transporte, con una suba del 52% respecto de enero de 2025. En tanto, los incrementos interanuales del gasto en agua, energía eléctrica y gas natural fueron del 16%, 21% y 29%, respectivamente.

Cómo funcionará el nuevo esquema de subsidios

El Gobierno puso en marcha el nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que redefine por completo el esquema de asistencia en tarifas y deja sin efecto la segmentación por niveles N1, N2 y N3, así como la Tarifa Social de Gas como regímenes diferenciados. A partir de ahora, el sistema establece solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, según ingresos, patrimonio y condición socioeconómica.

Bajo este nuevo esquema, los hogares que resulten beneficiarios reciben una bonificación directa sobre el valor de la energía, mientras que aquellos que no califiquen abonan el costo pleno del servicio. El principal criterio de elegibilidad queda fijado en ingresos familiares iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, junto con la evaluación de supuestos específicos de vulnerabilidad.

Para implementar el nuevo régimen, el Decreto crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Las personas que ya estaban inscriptas no deben volver a registrarse: sus datos se migran de manera automática y pueden actualizar su Declaración Jurada y consultar su situación a través de la opción Trámites de Mi Argentina.Con el SEF, se deja sin efecto la segmentación por niveles N1, N2 y N3, así como la Tarifa Social de Gas como regímenes diferenciados (Canva)

En el caso de la electricidad, los hogares que califican acceden a una bonificación base del 50% durante todo el año, aplicada sobre un bloque de consumo subsidiado de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y 150 kWh en los meses templados. Para el gas por redes, se mantienen los bloques de consumo vigentes y el subsidio del 50% se concentra entre abril y septiembre, período de mayor consumo, sin contemplar bonificaciones durante los meses de baja demanda.

De manera excepcional y solo durante 2026, el esquema incorpora una bonificación adicional de hasta 25% en enero para los beneficiarios de electricidad, gas natural y propano por redes. Ese refuerzo se reduce de forma gradual a lo largo del año hasta desaparecer en diciembre.

El nuevo régimen también integra a los usuarios de gas propano indiluido por redes y a los beneficiarios del ex Programa Hogar, que pasan a recibir el subsidio bajo reglas homogéneas. En este caso, los usuarios cuentan con un plazo de seis meses para inscribirse en el SEF, período durante el cual se garantiza la continuidad de la asistencia mientras se completa la migración. Finalizado ese proceso, el Programa Hogar queda dado de baja y los beneficiarios pasan a formar parte del régimen general de subsidios energéticos focalizados.

Fuente: Infobae.com

CÓRDOBA.- El capítulo tributario del proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei vuelve a tensionar el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores.

La modificación de Ganancias para empresas y de algunos impuestos internos impacta directamente en la coparticipación. Y la discusión se da en un contexto en el que la mayoría de las provincias registra una pérdida del superávit, con gastos que crecieron por encima de los ingresos.

Un informe de Empiria, la consultora que dirige el exministro de Economía Hernán Lacunza, da cuenta de que en los primeros nueve meses de 2025 (últimos datos disponibles), las provincias sacrificaron casi todo el superávit primario de 0,2% del PBG (desde 1% positivo en igual período de 2024) y financiero de 0% del PBG (desde 0,8%).

El reporte indica que, en ese período de un año electoral como fue el 2025, los gastos crecieron más que los ingresos: 11% y 3% real interanual, respectivamente. En el caso de los ingresos, subieron más los propios (4% ) que los de origen nacional (uno por ciento).

Empiria también realiza, para ese período, un ranking fiscal en el que CABA ocupa el primer lugar por autonomía de recursos; la provincia de Buenos Aires quedó en el decimoctavo puesto por déficit fiscal y deuda elevada. En tanto, Formosa, Santa Cruz y La Rioja son las que cierran el listado.

Los datos del análisis coinciden con las alertas que vienen realizando consultoras como Politikon Chaco, el Iaraf y la Fundación Encuentro, que remarcan que las provincias tuvieron el año pasado una reducción significativa de los márgenes fiscales respecto de 2024. Esa realidad es sobre la que insisten los gobernadores que vienen reuniéndose con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien hoy visitó Corrientes para verse con el mandatario local, Juan Pablo Valdés.

Un informe de la Fundación Encuentro publicado días atrás plantea que la estructura de ingresos continúa mostrando una “alta dependencia de recursos de origen nacional, lo que limita la autonomía fiscal de las jurisdicciones”. El año pasado, la coparticipación cerró sin variaciones reales respecto de 2024, aunque el total de transferencias automáticas tuvo una mejora a valores constantes del 1,7%, debido al incremento del 3,5% en los fondos de leyes especiales y del 79,7% en las compensaciones del consenso creado en 2017.

Esa dependencia de recursos nacionales es clave para la toma de posiciones respecto a los cambios fiscales que incluye la reforma laboral. Según un cálculo de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), el impacto sería de $3.187 billones. Para llegar a ese número, consideran un índice de apropiación de 0,5736 de la masa coparticipable involucrada en la propuesta, conformada por los ítems de ganancias (sociedades y cedular) y los impuestos internos.

En momentos en que la Casa Rosada intenta garantizarse los apoyos en el Senado para el proyecto de modernización laboral, los gobernadores exigen modificaciones en el capítulo impositivo de la reforma, sobre todo en el punto que contempla una reducción de Ganancias para las empresas y, en determinados casos, también para personas físicas. Al ser un impuesto coparticipable, las provincias ven una posible disminución de sus ingresos.

En el Ejecutivo no están dispuestos a modificar ese capítulo y argumentan que la mayor actividad económica les asegurará a las provincias la estabilidad de sus recursos. El desacuerdo tensó en las últimas horas las negociaciones y pone en duda el objetivo del Gobierno de garantizar apoyos para darle media sanción a la reforma laboral antes del 15 de febrero.

“Ningún gobernador en la Argentina puede oponerse a generar trabajo formal y de calidad, que permita a la gente salir de la pobreza, tener mayores ingresos y, en definitiva, más derechos. De eso se trata”, señaló Santilli ante la presión de las provincias para que Milei retire el capítulo de Ganancias de la reforma laboral. El funcionario insiste en que el crecimiento del empleo en blanco redundará en más recaudación propia también para las provincias.

Del otro lado, los gobernadores señalan que la mejora de la economía sigue siendo muy heterogénea y concentrada en actividades como energía y minería, por lo que hay provincias en las que todavía no se siente.

Del lado del gasto provincial, subrayan que la mayor proporción es muy rígida, ya que tiene una fuerte concentración en personal, transferencias corrientes y prestaciones a la seguridad social.

Por Gabriela Origlia

Fuente: La Nación

El 57,10% de los argentinos se endeuda para hacer frente a gastos cotidianos, en un escenario que volvió a poner bajo presión al bolsillo de los hogares durante enero de 2026. Así lo reveló una encuesta nacional realizada por la agencia Pulso Research en los primeros días del mes, que muestra cómo el deterioro de los ingresos empujó a una mayoría de la población a recurrir al endeudamiento para cubrir consumos básicos.

El relevamiento señaló que esta situación se da en paralelo a una percepción extendida de insuficiencia salarial. Dos de cada tres personas consultadas indicaron que el sueldo o el ingreso familiar no alcanza para llegar a fin de mes, consolidando una tendencia que se profundizó respecto de meses anteriores.

El 75% de los argentinos asegura que su salario pierde contra la inflación

En ese contexto, el endeudamiento aparece como una herramienta recurrente para sostener la economía diaria del hogar. Casi seis de cada diez encuestados admitieron haber incrementado su nivel de deuda para afrontar gastos cotidianos, un fenómeno que creció de manera notoria desde 2024.

La presión financiera no se limitó a un grupo específico. El aumento de la deuda atraviesa distintos rangos etarios, niveles socioeconómicos y regiones del país, lo que da cuenta de un problema estructural en la capacidad de los ingresos para cubrir el costo de vida.

El ajuste también se reflejó en los hábitos de consumo. El 63,3% de los consultados afirmó haber resignado algún consumo durante el último mes, principalmente en alimentos, bebidas y carne, lo que expone que la restricción impacta de lleno en gastos esenciales.

Vacaciones y ahorro

La dificultad para llegar a fin de mes se combina con una limitada capacidad de ahorro. Solo el 33,5% de los hogares declaró poder guardar parte de sus ingresos, mientras que más del 60% reconoció que no logra ahorrar, una situación que se vuelve más marcada entre los mayores de 30 años.

Incluso entre quienes aún pueden ahorrar, la mayoría lo hace en menor medida que antes o destina un porcentaje reducido de sus ingresos mensuales, generalmente inferior al 10%, lo que deja poco margen frente a imprevistos.

Este escenario condiciona también las decisiones vinculadas al descanso y el ocio. Apenas el 11,5% de los encuestados viajó o tiene previsto viajar durante el verano, un nivel similar al del año pasado, en un contexto donde la prioridad está puesta en cubrir gastos básicos.

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Entre quienes sí pudieron vacacionar, predominan los destinos dentro del país, con una mayor elección de opciones nacionales frente al exterior, una tendencia que acompaña el ajuste general del gasto.

Por último, el panorama que surge del relevamiento muestra un inicio de 2026 marcado por la fragilidad financiera de los hogares, con un 60% de los argentinos recurriendo al endeudamiento para sostener gastos cotidianos, menor capacidad de ahorro y decisiones de consumo cada vez más condicionadas por la falta de ingresos suficientes.

Fuente: Perfil.com