El jefe de Gabinete,Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajaron este viernes a Catamarca, para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez y avanzar con la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una infraestructura hídrica para potenciar el desarrollo productivo de Santiago del Estero y Catamarca.
La primera etapa contempla la construcción de dos plantas potabilizadoras y alrededor de 50 kilómetros de acueductos, con un plazo de ejecución previsto de 36 meses y más de 35.000 beneficiarios.
La obra cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Equilibrio fiscal e infraestructura no son conceptos contrapuestos. La Argentina necesita infraestructura para crecer y desarrollarse, pero tenemos que hacerla de manera sostenible: con inversión del sector privado y financiamiento de los organismos multilaterales a tasas competitivas y a largo plazo”, sostiene Diego Santilli, quien responde a la agenda oficialista de mantener el equilibrio fiscal.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite
El encuentro entre las autoridades nacionales y provinciales fue en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). Debía realizarse la semana pasada, pero fue postergado debido al alerta meteorológica que afectaba a la región.
Luego se hará el acto de firma del convenio correspondiente al Acueducto Albigasta. Posteriormente, Santilli, Caputo, Jalil y Suárez brindarán una conferencia de prensa en el patio interno contiguo al edificio.
La discusión sobre la medición del IPC se mantiene vigente en julio, cuando dos consultoras privadas calcularon cuánto habría marcado el índice si el Indec usaba la canasta de consumo de la ENGHo 2017/18 que estaba planificada para empezar a ser utilizada este año en lugar de la estructura vigente de 2004/05 que se decidió mantener en enero de este año. Con el dato oficial en 2,1%, LCG estimó que la variación mensual habría escalado a 2,5% si se recurria a la nueva canasta de bienes y servicios, mientras Equilibra ubicó ese mismo resultado en 2,1%, sin diferencias con la cifra informada por el organismo. En los dos casos, sin embargo, el acumulado del año hubiera sido más alto.Te puede interesar:Un nuevo “semáforo fiscal” muestra los municipios bonaerenses con tasas más altas: el ranking de la voracidad tributaria
El punto de partida de esa discusión fue el dato que difundió el Indec para julio. La inflación mensual fue de 2,1% según el Indec, la variación interanual llegó a 33,8% y el acumulado de 2026 alcanzó 19,3%. El registro interrumpió una secuencia de tres meses de desaceleración y se ubicó 0,2 puntos porcentuales por encima del 1,9% de junio.
En ese marco reapareció un debate metodológico que se instaló a comienzos de 2026. En enero de este año, el organismo proyectó reemplazar la canasta derivada de la encuesta de 2004 por la elaborada con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018. Esa actualización surgía como una forma de reflejar patrones de consumo más recientes. De acuerdo con la información difundida en ese momento, el cambio quedó sin efecto y el Gobierno decidió sostener la vieja encuesta y la vieja canasta.
PUBLICIDADhttps://9e1403d462f9d7a37ef9748c09b57c64.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.htmlUn gráfico de barras presenta la evolución del Índice de Precios al Consumidor mes a mes en Argentina, comparando las metodologías ENGHO2018 y ENGHO2005 desde mayo de 2025 hasta julio de 2026.
Entre las variaciones más marcadas que diferencian a las dos canastas, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles pasaba de representar el 9,4% de la canasta a 14,5%. Transporte subía de 11% a 14,3%. Comunicaciones avanzaba de 2,8% a 5,1%. Educación trepaba de 2,3% a 3,1%. Salud se ubicaba en 9,1%, desde 8,0%, y Recreación y cultura pasaba de 7,3% a 8,6%. Del lado de las bajas, Alimentos y bebidas descendía de 26,9% a 22,7%, mientras Prendas de vestir y calzado bajaba de 9% a 6,8%.Te puede interesar:Cuánto cuesta construir una vivienda de 100 m2 y qué cantidad de años de un salario promedio se necesita para pagarla
Ese esquema daba lugar a una hipótesis central. Si los servicios subían más que los bienes, una canasta actualizada, con mayor peso de rubros vinculados a servicios, podía arrojar una inflación superior a la que medía el índice viejo. Si ocurría lo contrario y predominaban las subas de bienes, el resultado podía ser distinto. Julio ofreció un caso concreto para poner esa idea a prueba.
La consultora LCG hizo una simulación con ese criterio. Según el detalle que se conoció, tomó las variaciones de bienes y servicios reflejadas en el relevamiento del Indec para ese mes: 1,6% en bienes y 3,1% en servicios. A partir de ese ejercicio inverso, calculó que el cambio en la estructura de ponderadores, con el paso de ENGHo 2004/05 a ENGHo 2017/18, habría dejado una inflación de 2,5% en julio.
La estimación de LCG también modificó el acumulado anual. Con la estructura vigente, el dato de 2026 quedó en 19,3%. Con la canasta actualizada, el mismo período arrojó 21,3%. El gráfico difundido por la consultora mostró además una comparación mensual entre ambas series. En esa secuencia, la línea correspondiente a ENGHO2018 apareció por encima de ENGHO2005 en casi todos los meses exhibidos.
La otra estimación quedó a cargo de Equilibra. Su cálculo arrojó un resultado distinto para julio. Según esa consultora, la inflación del mes fue de 2,1% tanto con el IPC vigente basado en ENGHo 2004/05 como con el IPC actualizado sustentado en ENGHo 2017/18. En esa lectura, el cambio metodológico no alteró el registro mensual que finalmente informó el Indec.LCG ubicó la inflación de julio en 2,5% con la nueva canasta; Equilibra la sostuvo en 2,1% (EFE)
Equilibra sí encontró diferencias en la evolución acumulada del año. Su estimación indicó que la inflación de 2026 habría sido de 20,5% con la canasta nueva, en lugar del 19,3% que marcó el esquema actual. También señaló que la brecha entre ambos índices fue de 1,0%. Ese dato colocó a su proyección anual por debajo del cálculo de LCG, que ubicó la distancia acumulada en dos puntos.
La divergencia entre las dos consultoras apareció entonces en dos planos. El primero se vinculó con el dato puntual de julio. LCG sostuvo que la nueva canasta habría mostrado 2,5%. Equilibra indicó que el resultado habría sido 2,1%, igual que el oficial. El segundo plano se vinculó con el arrastre del año. En ese tramo, ambas coincidieron en que la ENGHo 2017/18 arrojaba una inflación acumulada más alta que la del índice vigente, aunque con una magnitud distinta.
Ese contraste quedó montado sobre una misma referencia oficial. El dato publicado para julio mantuvo la medición del Indec bajo la estructura de ponderaciones de 2004/05, pese a que durante enero circuló la posibilidad de aplicar la actualización basada en la encuesta 2017/2018. El resultado de 2,1% quedó así como la cifra oficial del mes, mientras las simulaciones privadas trazaron escenarios alternativos sobre cuánto habría cambiado la medición con otro esquema de ponderadores.
También quedaron a la vista las diferencias de lectura sobre el efecto de una canasta con mayor peso de servicios. En julio, de acuerdo con los datos usados por LCG, los servicios avanzaron 3,1% y los bienes 1,6%. Esa combinación sostuvo su proyección de 2,5% para el mes y de 21,3% en lo que iba del año. En la estimación de Equilibra, la misma actualización no modificó el dato mensual y llevó el acumulado anual a 20,5%.
El Gobierno nacional anticipó que el Banco Central buscará sumar al menos otros US$10.000 millones a las reservas internacionales antes de las elecciones, como parte de la estrategia oficial para fortalecer la posición externa de la Argentina de cara a 2027.
El anuncio fue realizado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, durante una entrevista en Experiencia IDEA Rosario, donde aseguró que la autoridad monetaria continuará comprando dólares en el mercado cambiario.
“Este año acordamos comprar US$10.000 millones en reservas. Ya estamos en casi US$14.000 millones. De acá a la elección vamos a comprar US$10.000 millones más”, afirmó Daza durante el encuentro organizado en la Bolsa de Comercio de Rosario.
La meta supone que el Gobierno buscará profundizar la acumulación de reservas incluso después de haber superado el objetivo de compras previsto inicialmente para 2026. El esquema monetario contemplaba compras por unos US$10.000 millones, con margen para ampliar ese monto si las condiciones del mercado y la demanda de dinero lo permitían.
El fortalecimiento de las reservas es uno de los ejes de la estrategia económica oficial para el próximo año, en un contexto en el que el calendario electoral podría aumentar la volatilidad de los mercados.
“Enfrentamos el 2027 en condiciones completamente diferentes, pero completamente diferentes”, sostuvo Daza.
El funcionario planteó que la Argentina llegará al año electoral con una situación macroeconómica más sólida. “Vamos a llegar con más reservas, con superávit fiscal consolidado, con superávit de cuenta corriente, con la inflación bajando y la economía creciendo”, aseguró.
La acumulación de dólares también apunta a mejorar la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos financieros de los próximos meses y contar con un mayor margen de maniobra frente a eventuales episodios de presión cambiaria.
El programa de acumulación de reservas establece que las compras de divisas deben ser compatibles con el funcionamiento del mercado cambiario. En ese esquema, la intervención diaria del Banco Central está vinculada a una participación de hasta el 5% del volumen operado, mientras que también contempla la posibilidad de realizar compras en bloque cuando las condiciones del mercado lo permitan.
De esta manera, el Gobierno busca sostener la compra de dólares sin alterar el funcionamiento del mercado y, al mismo tiempo, acelerar la recomposición de las reservas internacionales.
Con el objetivo de sumar otros US$10.000 millones antes de las elecciones, la administración de Javier Milei apunta a llegar a 2027 con una posición externa más sólida y mayor capacidad para enfrentar eventuales tensiones financieras y cambiarias.
La discusión sobre el futuro del sector energético argentino tuvo este miércoles en el AmCham Energy Forum una síntesis concreta: el desafío ya no pasa por describir el potencial del país, sino por traducirlo en infraestructura, reglas estables y proyectos de escala. En el encuentro realizado en el Hotel Alvear Icon de Buenos Aires, el funcionario que concentró las definiciones más precisas fue Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, con anuncios y diagnósticos sobre transmisión eléctrica, subsidios, Vaca Muerta y el régimen de incentivos a las inversiones.Te puede interesar:Una multinacional cerró una planta de producción en Mendoza y despidió a todos sus empleados
La jornada, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) bajo el lema “La energía en clave federal”, reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y ejecutivos del sector en un momento en que la producción de hidrocarburos, la discusión sobre tarifas y la necesidad de nueva infraestructura aparecen en el centro de la agenda oficial y privada.
En su conversación con la periodista Sofía Diamante, González colocó al sistema eléctrico entre las urgencias inmediatas. El secretario destacó la salida del pliego de AMBA I, una obra de ampliación de transmisión que, según explicó, beneficiará al área metropolitana y al sistema interconectado en su conjunto. “Es parte de lo que necesitamos hacer urgente”, sostuvo, al describir una red “estresada en forma permanente” después de años de falta de inversión.Te puede interesar:Siguen los cambios en el convulsionado mercado de autos local: hay nuevos modelos entre los SUV más baratos
El funcionario dijo que la obra forma parte de una secuencia más amplia, que incluye nuevas ampliaciones de red y las licitaciones de almacenamiento con baterías para el AMBA y el sistema interconectado. En esa línea, fijó una definición política y económica sobre el esquema de financiamiento: si el objetivo es contar con un mejor servicio y mayor disponibilidad, el costo subirá y quedará a cargo de la demanda. “No lo va a pagar el Estado nacional”, afirmó.Daniel González, Secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación
Ese punto le permitió conectar la situación actual del sistema con la discusión de fondo sobre tarifas y subsidios. González sostuvo que la meta de la política energética no se limita a recortar transferencias estatales, sino a reducir el costo de la energía en el mediano plazo a partir de mayor inversión y desregulación. “La mejor manera de reducir los subsidios es bajar el costo de la energía”, planteó, aunque aclaró que en el corto plazo las mejoras de infraestructura implican un costo adicional.Te puede interesar:La crisis de una importante cadena de supermercados: 1.800 empleos en riesgo y promesa de pago de sueldos adeudados
Al hacer un balance del año, el secretario reconoció que el invierno tuvo un costo mayor al previsto por la suba del GNL y por una menor hidraulicidad al comienzo de la estación. Aun así, defendió la trayectoria oficial de reducción de subsidios y dijo que, desde la llegada del actual Gobierno, el recorte acumulado ronda casi un punto del producto. Para este año, estimó un ajuste de alrededor de 0,55 puntos del PBI, apenas por encima de la meta inicial de medio punto.
González también puso el foco en la composición del esquema de subsidios. Señaló que más de la mitad de los usuarios residenciales aún recibe asistencia y que, en el caso de la electricidad, esa cobertura supera el 60% del costo de la energía, mientras que en gas llega al 75% durante el invierno. La discusión hacia adelante, señaló, pasa por decidir si la prioridad será reducir la cantidad de usuarios subsidiados, achicar el porcentaje subsidiado o avanzar con una combinación de ambas herramientas.
Dentro de ese capítulo, uno de los pasajes más duros de su exposición estuvo dedicado al régimen de zonas frías. González calificó de “aberración” que el esquema se haya extendido a localidades que, a su juicio, no reúnen esas condiciones y criticó que el subsidio alcance el total de la factura y no solo el costo del gas. Para ilustrar esa distorsión, usó un ejemplo que buscó contrastar ingresos y beneficiarios: “No tiene ningún sentido que un jubilado en La Matanza esté subsidiando al dueño de un departamento para alquilar en Mar del Plata”.
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El otro gran eje de su intervención estuvo en Vaca Muerta, que dominó buena parte del intercambio y volvió a aparecer como la principal plataforma de crecimiento del sector. González reveló que un nuevo estudio del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas estimó en 30.000 millones de barriles los recursos técnicamente recuperables de petróleo en la formación, casi el doble de las estimaciones integrales disponibles hasta ahora, que tenían unos quince años.Peter Lamelas interviene en el AmCham Energy Forum
Ese cálculo le permitió reforzar la idea de urgencia en torno al desarrollo del shale. Según planteó, al ritmo actual de producción el volumen estimado equivaldría a casi un siglo de actividad, mientras que medido sobre las exportaciones presentes implicaría unos 250 años. Bajo esa lógica, defendió la necesidad de acelerar proyectos y evitó cualquier lectura gradualista. “Un barril perdido de petróleo hoy lo perdiste”, afirmó, con el argumento de que esa producción no se recupera después en términos económicos.
En ese tramo, González ubicó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una pieza de apoyo a la infraestructura y al desarrollo del upstream. Mencionó entre los casos relevantes el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), destinado a ampliar la salida de crudo al Atlántico, y anticipó que YPF avanzaría con la presentación de Argentina GNL al esquema de beneficios. Su lectura fue que el RIGI no solo acelera planes ya existentes, sino que vuelve viables áreas o desarrollos marginales que antes quedaban fuera de cartera.
El secretario describió esa orientación como un cambio de enfoque regulatorio. Según dijo, la política energética dejó atrás una lógica de administración de la escasez y empezó a mirar el sector desde la “gestión de la abundancia”. En esa formulación incluyó la salida de viejos conceptos de autosuficiencia y la decisión de intervenir menos en la formación de precios, con la expectativa de que el sector privado tome la delantera en la expansión de producción e infraestructura.
Ese mensaje tuvo un eco político e internacional en la exposición del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien participó en la charla “Argentina y Estados Unidos: alianza estratégica para la inserción internacional”. Frente a un auditorio dominado por ejecutivos y referentes de la cadena energética, Lamelas elogió el rumbo de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei y ligó la atracción de inversiones a la profundización de ese proceso.
“Todo es posible en Argentina”, dijo al comienzo de su intervención. Luego sostuvo que la energía constituye una base del desarrollo económico y de la seguridad nacional y que el ingreso de capitales requiere reglas de juego claras, menos burocracia y más protagonismo del sector privado. También afirmó que muchas provincias reclaman más inversión estadounidense, aunque aclaró que el Gobierno de su país no puede ordenar a las empresas privadas dónde colocar capital.
En ese marco, el embajador destacó que el RIGI recibió 40 proyectos por 100.000 millones de dólares y señaló que una parte ya obtuvo aprobación. Sumó a ese panorama el acuerdo comercial ATI y la posibilidad de financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC) y del Exim Bank para iniciativas vinculadas con energía, minería y tecnología. Su planteo fue que la discusión ya no pasa por si la Argentina puede transformarse en una potencia energética, sino por quiénes participarán de ese proceso.Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina & CEO de Aconcagua Energía Generación, en el escenario principal del AmCham Energy Forum ante una audiencia sentada.
Lamelas también introdujo un componente geopolítico al advertir sobre la seguridad tecnológica y la infraestructura de datos. Cuestionó el uso de equipamiento de Huawei y sostuvo que las empresas chinas están obligadas a otorgar al Estado acceso a la información que circule por sus redes y sistemas de inteligencia artificial. En ese pasaje, vinculó la protección de datos con la seguridad nacional y con las condiciones que observan los inversores internacionales al evaluar proyectos en la Argentina
En su mensaje, Schoua mencionó tres elementos como diferencial argentino: recurso, previsibilidad y alineamiento estratégico con Estados Unidos. También remarcó que la continuidad macroeconómica, la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica serán determinantes para que proyectos de gran escala logren financiamiento y ejecución. Sobre el final de su discurso, anunció además el cierre de su etapa al frente de la entidad y señaló que Gabriela Renaudo asumirá la presidencia de la cámara con aprobación del board.
El programa del foro recorrió después una agenda amplia sobre producción, exportación, financiamiento e impacto territorial. Hubo paneles sobre cuencas productivas, tecnología, proveedores e infraestructura de evacuación, con participación de ejecutivos de Tenaris, TGS y AWS; sobre Vaca Muerta como plataforma exportadora, con referentes de Vista y TotalEnergies; y sobre el ingreso argentino al mercado global de GNL, con voces de Southern Energy y de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro.
La grilla incluyó además un bloque sobre normalización del mercado eléctrico, señales para la inversión y competitividad, con representantes de Schneider Electric, Central Puerto y AES; otro sobre capital para la energía argentina, con Facundo Gómez Minujin, de JP Morgan, y Jorge Brito, de Genneia; y un panel sobre desarrollo territorial, infraestructura y transformación productiva, con referentes del Consejo Federal de Inversiones, del Senado y de gobiernos locales.
El componente federal del evento quedó reforzado con la participación de los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Alfredo Cornejo, de Mendoza, en conversaciones individuales que buscaron mostrar el vínculo entre desarrollo energético, infraestructura y estrategia provincial. El cierre quedó a cargo de Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina.
El expresidente Mauricio Macri y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hablaron durante media hora esta semana, luego de las diferencias que habían distanciado a Pro y el oficialismo.
De esa charla surgió la convocatoria a un primer encuentro mañana, en la Casa Rosada, con referentes de ambas fuerzas políticas.
Será a las 11, en la planta baja de Balcarce 50 y la idea es conformar una mesa de trabajo tanto para el delineado de la agenda legislativa, como el primer paso para el camino que lleve a un eventual acuerdo electoral.
Por el gobierno estarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
Menem es uno de los hombres de mayor confianzade la funcionaria y uno de los principales armadores del espacio a nivel nacional.
Santilli, en cuyo despacho se realizará el cónclave, logró ganarse un lugar dentro de la dinámica libertaria, que en menos de un semestre lo llevó desde el Ministerio del Interior a la jefatura de ministros.
Por el Pro irán los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.
La idea,según explicaron fuentes al tanto de lo conversado a LA NACION, el encuentro del jueves sería el primero de otros y enfocado en la agenda legislativa.
En tanto una segunda reunión estará centrada en la reforma electoral y en un posible acuerdo de cara a los comicios de 2027.
Con respecto de la agenda legislativa, desde Casa Rosada destacaban la “visión conjunta” de ambos sectores y el apoyo de PRO en las principales cruzadas del oficialismo en el Parlamento. Las coincidencias giran, en especial, en torno a las reformas económicas, más allá de que en el debate por los cambios en el Banco Central hubo contrapuntos entre diputados de ambas fuerzas.
“Hay una misma visión de país y de proyecto para el país”, completaron las fuentes consultadas.
En la agenda legislativa del oficialismo para este segundo semestre del año también se inscribe la reforma política que incluye la posible eliminación de las PASO, para los próximos comicios. Y que debe tratarse antes de diciembre porque el próximo año es electoral y está impedido de debatirse por ley.
Construir confianza
En la Casa Rosada describían el acercamiento como un camino para “construir confianza nuevamente” y, después, definir los pasos a seguir.
Desde que La Libertad Avanza llegó a Balcarce 50 hubo marchas y contramarchas en la relación con los amarillos. En tanto que en los últimos comicios de medio término hubo acercamientos a nivel nacional, pero ambas fuerzas compitieron previamente en la Ciudad de Buenos Aires.
En tanto que una de las principales diferencias de los anteriores acercamientos de cara a eventuales acuerdos y este momento es el rol del asesor Santiago Caputo. Con las Fuerzas del Cielo más replegadas, es ahora el sector de Karina Milei el que cobró aún más relevancia en el armado político.
La funcionaria es central para el funcionamiento del espacio en general y el armado electoral en particular. En los últimos días y semanas vino reuniéndose con los legisladores propios de distintas jurisdicciones y está al tanto del diálogo que sus hombres de confianza mantienen con los mandatarios provinciales. Se trata de otros de los eslabones centrales para las elecciones del año próximo, en el que el oficialismo se esperanza desde hace semanas con la posibilidad de alcanzar varios acuerdos en alrededor de diez provincias.
Fernando de Andreis en su oficinaSoledad Aznarez
La conversación telefónica y la convocatoria a la reunión de este jueves marcan un giro en la relación entre Macri y el Gobierno.
El expresidente había expresado públicamente su descontento cuando Manuel Adorni fue nombrado jefe de Gabinete. Desde entonces había tomado distancia con el Gobierno.
De hecho, la última cena entre el presidente Javier Milei y el exmandatario se había registrado en la noche del 31 de octubre del año pasado, cuando se conoció el desplazamiento de Guillermo Francos, hasta entonces jefe de Gabinete, y el arribo de Adorni al cargo.
“En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, dijo por entonces Macri en su tweet en vísperas de esa última cena.
Francos fue elogiado entones por Macri quien lo consideró “con capacidad y equilibrio” y “sensatez”, al mismo tiempo que cuestionó la elección de Adorni.
Sin embargo, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, realizado entre el 29 y el 31 de julio, y en el que intervienen más de 40 consultoras y estudios de análisis, estimó una inflación de 2% para julio. El dato tampoco sufrió cambios respecto de la proyección anterior que habían realizado las mismas consultoras. Incluso, los diez participantes que mejor proyectaron la variable en el pasado calcularon un 1,9% para julio, mientras que para la inflación núcleo la mediana del relevamiento se ubicó en 1,8%.
El escenario coincide con el que venían anticipando distintos relevamientos privados.
Sin embargo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires funcionó como una primera señal de aceleración, mientras que la debilidad del consumo continuó apareciendo como uno de los principales factores que limitan la capacidad de las empresas para trasladar aumentos a precios.
El anticipo de CABA: 2,9%, pero con fuerte peso de los servicios
La principal referencia previa fue el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que aumentó 2,9% en julio, frente al 1,8% de junio. Con ese resultado, acumuló una suba de 19,4% en los primeros siete meses del año y de 33,2% en términos interanuales.
Sin embargo, la composición del dato porteño obliga a tomarlo con cautela como anticipo del índice nacional. Los servicios subieron 3,8% en el mes, mientras que los bienes avanzaron apenas 1,4%. A la vez, los productos estacionales aumentaron 10,9%, los regulados 3% y el denominado “Resto IPCBA”, una aproximación a la inflación subyacente, avanzó 2,2%.
Esa diferencia explica por qué los analistas no trasladan directamente el 2,9% porteño al indicador que difundirá el INDEC.
Desde Mills Capital señalaron que “no esperamos que el dato de inflación de CABA cambie la trayectoria de la inflación nacional”.
“La expectativa para el IPC nacional se mantiene más cerca del 2,1% que del 2,9% de CABA, en parte por la diferente composición de ambos índices y por el impacto de los servicios vinculados a las vacaciones de invierno”, explicaron.
Para LCG, en tanto, el registro porteño también anticipa una inflación nacional nuevamente por encima del 2%, aunque sin replicar necesariamente la magnitud observada en la Ciudad.
Las vacaciones de invierno fueron uno de los factores que presionaron durante julio sobre rubros como turismo, alojamiento, transporte y recreación, componentes que tienen un peso particularmente elevado en la canasta porteña.
Según un análisis realizado por la consultora, «asignando las variaciones de precios de las principales divisiones de CABA a las 12 de INDEC y considerando la estructura de ponderadores que emplea el organismo nacional (que surgen de la ENGHO 2004/05), la inflación nacional se ubicaría en torno a 2,8% mensual en julio. No obstante, si en lugar de los grandes rubros se asignan las variaciones a nivel sub-rubro, o incluso un escalón más bajo en función de la disponibilidad de datos, con la estructura de ponderadores de INDEC la variación promedio de precios en julio sería de 2,4%», explicaron.
De todos modos, y según lo señalado, no se trataría de una tendencia sino de un rebote estacional. «Con todo, una inflación del 2,4% mensual implicaría revertir la dinámica desinflacionaria de los últimos 2 meses, cuando el nivel había convergido a la zona del 2% mensual. El principal motor de la suba de este mes ha sido el aumento de Estacionales, por lo que podría esperarse una reversión en agosto. Pero también es cierto que la inflación núcleo sigue siendo elevada y que la inercia viene siendo difícil de domesticar», señalaron.
Del 1,9% de junio a un nuevo test para la desinflación
El dato de julio adquiere relevancia porque llega inmediatamente después de que la inflación nacional bajara al 1,9% en junio, el menor registro mensual de los últimos diez meses. El resultado permitió quebrar por primera vez en ese período el piso del 2%, mientras la variación interanual quedó en 33,5%.
El REM publicado el 6 de agosto muestra que el mercado sigue proyectando una desaceleración gradual, pero sin una baja abrupta de los precios.
En ese sentido, un registro cercano al consenso mantendría prácticamente sin cambios el escenario que vienen manejando bancos y consultoras. Un número sensiblemente superior, en cambio, podría reabrir la discusión sobre la velocidad del proceso de desinflación.
Consumo débil, otro límite para los precios
El otro elemento que atraviesa la dinámica de precios es la fragilidad del consumo.
Según los últimos datos publicados por CAME (que generaron incluso controversias con el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin), las ventas minoristas pyme continuaban mostrando signos de debilidad, un escenario que obliga a muchas empresas a moderar ajustes de precios ante la dificultad de trasladar plenamente los mayores costos al consumidor.
Así, la inflación enfrenta fuerzas contrapuestas. Por un lado aparecen los ajustes de servicios regulados, los componentes estacionales y la evolución del tipo de cambio. Por el otro, la menor demanda funciona como un freno para los precios de numerosos bienes, especialmente en sectores donde la competencia aumentó y las ventas siguen retraídas.
La brecha observada en CABA entre bienes y servicios resulta ilustrativa: mientras los primeros subieron 1,4% en julio, los servicios avanzaron 3,8%.
El mercado también mira las tasas
La publicación del IPC se produce además en una semana marcada por las tasas de interés y la liquidez en pesos.
Según Mills Capital, la suba reciente de las tasas no debería interpretarse como una señal de que el mercado esté descontando una mayor inflación. “Las tasas en pesos ya habían subido por la escasez de liquidez: la TAMAR alcanzó un máximo de 22,5% durante julio. Por eso, el movimiento de tasas no responde a una expectativa de mayor inflación, sino principalmente a la dinámica de liquidez”, indicaron.
El último REM refleja que los analistas esperan para agosto una TAMAR de bancos privados de 22,4% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,84%.
A esto se suma la última licitación del Tesoro, que consiguió renovar la totalidad de los vencimientos, con tasas que no mostraron grandes diferencias respecto del mercado secundario. Ahora la atención está puesta en los eventuales movimientos de depósitos oficiales entre el Banco Central y el sistema financiero, una variable que puede modificar la disponibilidad de pesos y, por lo tanto, las tasas de corto plazo.
La inflación de los trabajadores marcó 2,4%
Otra referencia conocida antes del IPC oficial fue la medición del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), junto con el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD).
El índice registró una inflación de 2,4% en julio, siete décimas más que en junio, y cortó tres meses consecutivos de desaceleración. La variación interanual ascendió al 32,9%, mientras que en los primeros siete meses de 2026 acumuló 18,5%.
Las mayores subas se concentraron en Recreación y cultura (4,3%), Educación (4,1%), Restaurantes y hoteles (3,4%) y Vivienda (3,1%). Las vacaciones de invierno tuvieron un peso importante: los paquetes turísticos aumentaron 26%, los hoteles 29,1% y los pasajes aéreos 21,7%.
En cambio, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2%, por debajo del promedio general.
El impacto tampoco fue homogéneo entre los hogares. Según el IET, la inflación llegó al 2,46% en aquellos encabezados por jubilados y al 2,42% en los que tienen a una mujer como jefa de hogar, fundamentalmente por la mayor incidencia de los servicios públicos en esas canastas.
Con todos estos antecedentes, el dato que difundirá hoy el INDEC será una señal clave para saber si la inflación logra mantenerse alrededor del 2% o si julio marca el comienzo de una nueva resistencia a la baja.
En un contexto de mora en niveles récord, la capacidad de las familias para afrontar sus deudas no es homogénea en todo el territorio bonaerense. Un relevamiento privado, conocido como “Mapa de la deuda”, ofrece un panorama detallado sobre la situación crediticia de las familias de Buenos Aires y expone marcadas diferencias entre los distintos municipios del conurbano.Te puede interesar:Una multinacional cerró una planta de producción en Mendoza y despidió a todos sus empleados
El informe elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Ebert toma como referencia la tasa de morosidad total, es decir, el porcentaje de deudores que no logra cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones crediticias tanto con bancos como con fintechs. A partir de ese indicador, Infobae construyó un ranking de los diez municipios con mayor nivel de mora dentro de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con los datos relevados, la tasa de morosidad promedio en el total de la provincia de Buenos Aires se ubica en 20,17 por ciento. Sobre ese universo, la deuda en mora alcanza los $6,49 billones, mientras que la cantidad de deudores morosos llega a 1,84 millones de personas. Estos números marcan el punto de comparación a partir del cual se puede dimensionar la situación de cada municipio en particular.Te puede interesar:El riesgo país superó los 470 puntos, pero los inversores bajaron su cobertura en dólares
El ranking de los municipios más afectados
José C. Paz encabeza la lista de los distritos con mayor morosidad de la provincia, con una tasa de 32,86 por ciento. Le sigue Presidente Perón, con 32,73%, y en tercer lugar aparece Florencio Varela, con 32,48 por ciento. Estos tres municipios son los únicos que superan el umbral del 32% dentro del ranking elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad
Moreno ocupa el séptimo lugar del listado, con una tasa de 29,39%, apenas por debajo de Ezeiza. Le sigue Merlo, con 28,56%, y Esteban Echeverría, con 27,34 por ciento. El décimo puesto corresponde a Berazategui, con una tasa de mora de 26,45%, el valor más bajo dentro de los diez municipios relevados, aunque igualmente muy por encima del promedio provincial.
José C. Paz, el municipio con mayor nivel de mora
El informe del Centro de Estudios de la Ciudad permite analizar en detalle la situación en José C. Paz. Según el relevamiento, el porcentaje de personas en mora en ese municipio llega a 35,42%, un valor incluso superior a la tasa de morosidad general del distrito.
En términos monetarios, el monto de deuda total en José C. Paz asciende a $404.649,03 millones, de los cuales $132.955,92 millones corresponden a deuda en mora. En cuanto a la cantidad de personas endeudadas, el estudio identificó 128.987 deudores únicos totales, de los cuales 45.682 se encuentran actualmente en situación de mora.
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Diferencias por género y por edad
El informe también desagrega la información de José C. Paz según el sexo y el rango etario de los deudores, lo que permite identificar patrones dentro de la población en mora del municipio. Entre las mujeres, la tasa de mora total llega a 31,59%, con 22.815 deudoras en esa condición. El tramo etario con mayor morosidad entre las mujeres es el de hasta 25 años, con una tasa de 44,04%y 3.056 deudoras, seguido por el grupo de 26 a 35 años, con 40,25% y 6.769 deudoras.Entre las mujeres de hasta 25 años en José C. Paz, la tasa de mora llega a 44,04%, la más alta de todos los tramos etarios femeninos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
A medida que aumenta la edad, la tasa de mora entre las mujeres tiende a descender. En el tramo de 36 a 45 años se ubica en 33,99%, con 5.573 deudoras, mientras que en el de 46 a 55 años baja a 27,84%, con 3.627 casos. Los tramos de mayor edad presentan los valores más bajos: 25,64% entre los 56 y 65 años, 19,94% entre los 66 y 75 años, y 13,04% en el grupo de más de 75 años, con 435 deudoras.
Entre los hombres, la tasa de mora total en José C. Paz asciende a 33,77%, con 22.867 deudores en esa situación, un nivel levemente superior al registrado entre las mujeres. El tramo de hasta 25 años vuelve a ser el de mayor morosidad, con una tasa de 47,62% y 2.941 deudores, seguido por el grupo de 26 a 35 años, con 43,84% y 7.402 deudores.
El comportamiento por edad entre los hombres replica la tendencia observada entre las mujeres. En el tramo de 36 a 45 años la tasa se ubica en 35,28%, con 6.188 deudores, mientras que en el de 46 a 55 años desciende a 29,05%, con 3.562 casos. Los rangos etarios más altos muestran los valores más bajos: 24,41% entre los 56 y 65 años, 18,27% entre los 66 y 75 años, y 12,62% en el grupo de más de 75 años, con 259 deudores.
El total poblacional confirma la tendencia por edad
Al analizar el total de la población de José C. Paz, sin distinción de género, el patrón se mantiene. El tramo de hasta 25 años presenta la tasa de mora más alta, con 46,17% y 5.997 deudores, seguido por el grupo de 26 a 35 años, con 42,40% y 14.171 deudores, el segmento etario con mayor cantidad absoluta de personas en mora dentro de todo el municipio.Entre los hombres de más de 75 años en José C. Paz, la tasa de mora desciende a 12,62%, el valor más bajo de todos los tramos etarios masculinos. (Reuters)
El tramo de 36 a 45 años registra una tasa de 34,76%, con 11.761 deudores, mientras que en el de 46 a 55 años la cifra baja a 28,56%, con 7.189 casos. Los tramos de mayor edad completan el panorama con los niveles más bajos de morosidad: 24,96% entre los 56 y 65 años, con 3.646 deudores; 19,14% entre los 66 y 75 años, con 2.224 casos; y 12,86% en el grupo de más de 75 años, con 694 deudores en esa condición.
El total poblacional de José C. Paz, que combina los datos de mujeres y hombres, arroja una tasa de mora de 32,86%, con un total de 45.682 deudores en esa situación dentro del municipio.
El Ministerio de Economía avanzó este miércoles con una nueva reglamentación de losFondos de Asistencia Laboral (FAL)y definió en qué instrumentos podrán invertirse sus recursos, qué límites deberán respetar las administradoras y cuánto dinero tendrá que mantenerse disponible para afrontar los pagos del sistema.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1276/2026, publicada en el Boletín Oficial, y apunta a establecer un esquema de inversión que permita preservar el valor de los aportes efectuados por los empleadores y, al mismo tiempo, asegurar liquidez suficiente para hacer frente a las prestaciones.
Los FAL fueron creados en el marco de la reforma laboral y posteriormente reglamentados por el Decreto 408/2026. Su administración estará a cargo de entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que podrán operar los recursos mediante Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros constituidos en el país.https://drive.google.com/file/d/1YzAqWgF7j9YWbOeN1IhE6vBp1kQwIJkg/preview
La resolución establece que las carteras deberán regirse por principios de seguridad, liquidez, diversificación, transparencia y preservación del capital.
En qué podrán invertir los Fondos de Asistencia Laboral
La norma habilita una serie acotada de instrumentos para conformar las carteras de los FAL. Todos deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos, además de emitirse y negociarse en mercados locales habilitados.
Entre las alternativas autorizadas se encuentran los títulos de deuda del Estado Nacional, bonos emitidos por provincias y la Ciudad de Buenos Aires, depósitos bancarios y obligaciones negociables (ON) de empresas privadas.
Para la deuda provincial y las ON privadas, Economía fijó condiciones adicionales. Los instrumentos deberán contar con autorización de oferta pública, negociarse en mercados reconocidos por la CNV y tener una calificación de riesgo AAA en escala nacional otorgada por al menos dos agencias calificadoras registradas.
También se definieron los mecanismos de rendimiento que podrán incorporar las inversiones. Las carteras podrán contener activos a tasa fija, ajustados por la TAMAR, por el CER o vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial.
Además, estarán permitidos los Bonos Duales, siempre que combinen alguno de esos parámetros.
La normativa también impuso límites para evitar que los fondos queden excesivamente expuestos a un mismo activo, emisor o jurisdicción.
Los depósitos bancarios podrán representar hasta 15% de la cartera en una misma entidad financiera y sus vinculadas.
En el caso de la deuda provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, el máximo será de 15% del patrimonio total, con un límite adicional de 5% por jurisdicción.
Las obligaciones negociables privadas podrán alcanzar hasta 20% del total de la cartera, pero ningún emisor (junto con sus empresas vinculadas) podrá concentrar más de 10%.
Los instrumentos atados al tipo de cambio oficial (incluida la parte correspondiente de los Bonos Duales) tendrán un tope agregado de 10%.
Un piso de liquidez y controles para reducir riesgos
Uno de los puntos centrales de la resolución es la obligación de mantener una parte de los fondos disponible para afrontar pagos.
Cada FAL deberá conservar como mínimo 10% de su patrimonio en activos de alta liquidez y bajo riesgo.
Dentro de esa categoría podrán computarse depósitos a la vista, plazos fijos precancelables o con vencimientos inferiores a 30 días y letras del Tesoro Nacional en pesos con un plazo remanente menor a 90 días.
Si como consecuencia del pago de prestaciones ese colchón cae por debajo del 10%, la entidad administradora tendrá 90 días corridos para recomponerlo.
La norma también prohíbe que las administradoras utilicen los recursos del FAL para invertir en depósitos o instrumentos emitidos por ellas mismas, sus controlantes, controladas o sociedades vinculadas. La única excepción serán los depósitos a la vista utilizados transitoriamente para cuestiones operativas.
También se estableció qué ocurrirá si un activo pierde la calificación exigida. Si una obligación negociable o título provincial deja de tener nota AAA, la entidad contará con hasta 180 días corridos para venderlo ordenadamente o mantenerlo hasta su vencimiento, pero no podrá realizar nuevas compras de ese emisor.
El esquema terminará de definirse bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, que tendrá 45 días corridos desde la entrada en vigencia de la resolución para emitir las normas complementarias y aclaratorias necesarias para su implementación.
En medio de las negociaciones por los grandes proyectos del Gobierno y en la previa de los (eventuales) acuerdos electorales con el PRO, la UCR y algunos gobernadores, la Casa Rosada apuesta a rescatar iniciativas de bajo perfil pero impacto directo para cerrar heridas en la relación con los aliados tras los roces por los pliegos judiciales y el traspié con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Golpe a Hugo Moyano: empresarios del interior pidieron a la Justicia que suspenda un decreto que consensuaron el Gobierno y la CGT Te puede interesar: Golpe a Hugo Moyano: empresarios del interior pidieron a la Justicia que suspenda un decreto que consensuaron el Gobierno y la CGT Darle aire a los proyectos del “archivo” de los sectores opositores amigables y caciques será un guiño del oficialismo nacional luego del mal trago con la Ley de Tierras y el manejo del Fuego, y de la discusión por los pliegos judiciales.
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El Ejecutivo tiene un doble objetivo: también busca priorizar iniciativas que generen un impacto tangible y rápido para la gente, antes que grandes reformas de paquete (excepto las que están en marcha).
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El Ejecutivo tiene un doble objetivo: también busca priorizar iniciativas que generen un impacto tangible y rápido para la gente, antes que grandes reformas de paquete El Ejecutivo tiene un doble objetivo: también busca priorizar iniciativas que generen un impacto tangible y rápido para la gente, antes que grandes reformas de paquete El objetivo de fondo es aceitar las relaciones para “facilitarles” el respaldo a otras iniciativas propias que al Gobierno le interesa especialmente aprobar -empezando por la reforma del BCRA, el gran objetivo de Javier Milei para el año; oninocencia fiscal-.
Milei cierra filas para respaldar a Sturzenegger y prepara la agenda de reformas para discutir en el Congreso Te puede interesar: Milei cierra filas para respaldar a Sturzenegger y prepara la agenda de reformas para discutir en el Congreso PUBLICIDAD
Pero, en segundo término, también lo consideran como un guiño de cara al terreno de los acuerdos electorales.
Patricia Bullrich le había planteado esta idea a la Casa Rosada, pero sólo fue abrazada tras los tropiezos de la semana pasada, como forma de descomprimir la relación con los bloques dialoguistas después del último tramo tenso en el vínculo político.
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El objetivo es doble: por un lado, mostrar gestión con medidas de bajo costo político y alto rédito territorial. Por el otro, sanar heridas después de los roces de las últimas semanas, que arrancó con los pliegos de jueces, cuando Bullrich tuvo que romper el acuerdo que había alcanzado con los jefes de bloque para darle impulso al pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
A esos choques silenciosos se sumó la falta de respaldo contundente, la semana pasada, al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por Federico Sturzenegger, que cayó en partes en el Senado y le mostró al Gobierno que los gobernadores no estaban en la misma página.
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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a la senadora Patricia Bullrich por los pasillos del Congreso El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a la senadora Patricia Bullrich por los pasillos del Congreso Entre los proyectos de bajo perfil pero con impacto directo en las economías regionales mencionan la reducción del IVA de la harina y la fécula de mandioca, del 21% al 10,5%, impulsada por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad (Encuentro Misionero). Una iniciativa que busca equiparar el tratamiento tributario con el de la harina de trigo para, dicen, beneficiar a productores de Misiones.
El otro es la llamada “ley de banquinas”, del amarillo Javier Sánchez Wrba, que apunta a modificar el régimen vigente para permitir la siembra a la vera de las rutas (y de paso congraciarse con los sectores agrícolas). También, la ley de electromovilidad, de Cristian Ritondo, tras el acuerdo YPF-Tesla. Y en el Senado creen que la ley de Salud mental atraerá buen rédito político, incluso en la controversia con la oposición dura.
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En paralelo, el Gobierno redoblará esfuerzos para que los proyectos menos tangibles se “acerquen” a la sociedad con una comunicación que los baje a tierra. Será el caso de la ley de mercado de capitales, que el Ejecutivo acordó impulsar de manera prioritaria dentro del paquete desregulador que trabaja Sturzenegger y que detalló ayer en la mesa política en Casa Rosada.
Según trascendió del encuentro, la propuesta apunta a “democratizar el capital”: ampliar las alternativas de financiamiento para las empresas, en especial las pymes, para que puedan recurrir a la emisión de acciones u obligaciones negociables en lugar de depender solo del crédito bancario.
POSADAS.– Con la presencia de ocho de los diez gobernadores de la región, se desarrolla en Misiones la asamblea general de los mandatarios del Norte Grande. En bloque, los mandatarios reforzarán ante Diego Santilli, jefe de Gabinete de Javier Milei, sus demandas por infraestructura vial y subsidios para la energía en las zonas cálidas.
Los ausentes a la convocatoria fueron los dos referentes del peronismo, Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), ambos enfrentados con la Casa Rosada y con los puentes rotos desde que el año pasado decidieron no ser parte del denominado “Pacto de Mayo” al que había llamado el Presidente.
Santilli, que negocia con los gobernadores apoyo legislativo para intentar suspender las elecciones primarias en 2027, recibirá en la jornada varias demandas de los mandatarios vinculadas a infraestructura vial, ampliación de la hidrovía y subsidios para energía por zonas cálidas, según informaron fuentes vinculadas a los jefes provinciales. Habrá un pedido para contemplar una tarifa diferenciada por “zonas cálidas”.
Passalacqua, Lamothe y Santilli, hoy, en Misiones; el jefe de Gabinete fue a escuchar las demandas de los gobernadoresSixto Fariña
El encuentro es encabezado por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y cuenta con la presencia también del presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.
Para Passalacqua es también la presentación en sociedad tras su ruptura con Carlos Rovira, un punto de inflexión en el oficialismo misionero que controla la provincia hace más de 20 años.
El misionero recibió el apoyo de los mandatarios, en especial de Gustavo Sáenz. El salteño dijo a los periodistas que “se terminaron los capangas”.
Para la reunión llegaron a Misiones los gobernadores Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Gustavo Sáenz, de Salta; Carlos Sadir, de Jujuy; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Raúl Jalil, de Catamarca.
También participan representantes de Formosa y La Rioja, completando la representación de las provincias que integran el Norte Grande.
La apertura de la Asamblea vuelve a poner a Misiones como escenario de una de las principales mesas de diálogo político federal del país. Los gobernadores llegaron con una agenda común vinculada a infraestructura, energía, rutas, desarrollo productivo y financiamiento, además de los planteos particulares de cada provincia.
La presencia de Santilli marca, a su vez, un nuevo capítulo en la articulación entre los mandatarios del Norte Grande y la administración de Javier Milei, en una jornada en la que se buscará avanzar sobre los temas prioritarios para la región.
Con Passalacqua como anfitrión, la Asamblea se desarrolla en el IMAX del Conocimiento, donde los gobernadores y representantes nacionales comenzaron a abordar la agenda regional.