El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya cuenta con los detalles sobre su prueba de fuego del próximo miércoles en el Congreso, en el marco de su informe de gestión. Ocurrirá en un contexto de absoluta tensión política, donde la oposición apuntará en reiteradas ocasiones sobre las denuncias por enriquecimiento ilícito.
El miércoles por la tarde el ministro coordinador envió emisarios a la Cámara de Diputados para coordinar cómo iba a desarrollarse su exposición, que será acompañado por Javier y Karina Milei. Intervinieron el secretario parlamentario del cuerpo, Adrián Pagán, y el subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Ignacio Devitt.
Fuentes oficiales que consultó MDZ afirman que la sesión se estirará por, al menos 6 horas, siempre y cuando se respeten los tiempos que trabaja el oficialismo.
Se prevé que Adorni hable cerca de una hora, con un resumen de los supuestos logros del Gobierno, leyendo un texto que viene trabajando su equipo hace, al menos dos semanas. Cada ministerio aportó información para que se pueda destacar lo mejor posible cada una de las áreas de Milei.
Habrá tres tandas de preguntas de las bancadas opositoras, las cuales serán intercaladas para que el funcionario responda por un plazo de 20 minutos.
El primer bloque de consultas será de bloques con menos proporcionalidad en la Cámara Baja, como la izquierda. Acto seguido, llegará el turno de otros espacios como Innovación Federal, Fuerzas del Cambio y finalmente le tocará a Unión por la Patria. Cerrará La Libertad Avanza.
En la Casa Rosada descuentan que “se vendrá una guerra” y “un circo de la oposición”. La intención es que el exportavoz “no entre en ese juego y se concentre en su informe y las preguntas que les harán sobre la gestión”. De hecho, sostienen que no responderá preguntas concretas sobre las causas judiciales en su contra. “Eso lo responderá en la justicia, ellos no son jueces”, aclaran.
De igual manera, los estrategas del Gobierno le prepararon a Adorni “carpetas” con supuestas irregularidades de algunos diputados combativos, con el propósito de demostrar que “ellos no pueden hablar desde ninguna moral intachable”.
En un dictamen entregado al Tribunal de Apelaciones, Pérez Barberá mantuvo la apelación al respecto de su colega de primera instancia Claudio Navas Rial porque en el procesamiento se excluyó una parte de la acusación vinculada a la falta de depósito en el plazo legal de una “alícuota aplicada sobre los ingresos derivados del patrocinio oficial –con fines publicitarios– de los torneos organizados por la AFA o la Liga Profesional de Fútbol, destinada a la cancelación de las cotizaciones con destino a los regímenes de la seguridad social», explicó en el escrito al que accedió Infobae.El fiscal ante la Cámara en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá (Adrian Escándar)
El fiscal ante esa instancia advirtió que se trata de los montos “correspondientes al subconcepto 551″ que “constituyen –como surge de las constancias de la causa– una de las principales fuentes de financiamiento del sistema». Ante ello reclamó que el Tribunal de Apelaciones revoque la decisión de no incluirlo en la acusación a los dirigentes de la AFA.
Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, se reunió con el expresidente Mauricio Macriy le sugirió que el PRO cumpla una función activa en las elecciones de 2027. El encuentro se celebró en la residencia del empresario e incluyó un análisis de la actual situación económica de Argentina y del rumbo político del Gobierno de Javier Milei.
Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), Rocca le explicó a Macri el valor de ofrecer una alternativa política con identidad propia dentro del espacio no justicialista, argumentando que el PRO debería competir en las elecciones presidenciales del año que viene.PUBLICIDAD
Paolo Rocca
En la charla también se habló sobre la incomodidad de ciertos sectores con determinadas medidas del Gobierno Nacional, cuando el vínculo entre Milei y parte del llamado “círculo rojo” no atraviesa su mejor momento.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite
El periodista Ezequiel Spillman subió un extenso posteo a su cuenta oficial de X dando detalles inéditos sobre el encuentro entre el empresario y el expresidente. En primer lugar, remarcó que “fue una iniciativa del dueño de Techint y fue una cena el domingo 5 de abril”. Y añadió que “el menú fue carne con puré y chipá. Y la cena se extendió alrededor de una hora y media”.
Luego explicó que “el expresidente llegó con el secretario General del PRO y diputado nacional, Fernando de Andreis y el legislador porteño y exsecretario privado de Macri, Darío ‘Daro’ Nieto. Rocca lo recibió con el vicepresidente del Grupo Techint, Javier Martínez Álvarez”.
Según Spillman, Macri y Rocca se conocen desde hace más de tres décadas y, aunque “tuvieron altas y bajas pero nunca dejaron de estar en contacto, antes y después de que el líder del PRO sea jefe de Estado”.
De acuerdo al periodista, “en la comida el empresario blanqueó su mirada crítica del Gobierno nacional. Entre otras cosas dijo que el presidente Milei tenía una gestión que no apoyaba a la industria. Rocca no solo habló de Techint sino del sector industrial en general, y hasta por un sector del empresariado, según dejó trascender. También transmitió su preocupación sobre el futuro”.
Por su parte, de acuerdo al posteo de Spillman “el expresidente le aseguró que estaba trabajando en un proyecto superador y que hoy buscaba que el PRO crezca y que pueda presentar una alternativa. No descartó ser él quien lo encabece pero habló en plural».
Mauricio Macri en el acto de relanzamiento del PRO celebrado en Resistencia, Chaco, el pasado18 de abril
La realidad es que Macri viene realizando reuniones con diferentes figuras de la economía y la política, mientras aumentan los rumores sobre su posible liderazgo de cara al 2027, como armador de un espacio opositor o directamente como candidato.
Su encuentro con Rocca potencia la teoría que el PRO quiere reposicionarse en el tablero político mientras discute su relación con La Libertad Avanza y su estrategia electoral a futuro.
El planteamiento del CEO de Techint significa una presión adicional para que el macrismo diga claramente cuál será su rol durante los próximos años.
Paolo Rocca
El cuestionamiento de Javier Milei contra Paolo Rocca
El presidente Javier Milei cuestionó a Paolo Rocca, CEO de Techint, y a Javier Madanes Quintanilla, propietario de Fate, llamándolos “empresarios prebendarios”en la inauguración de la Argentina Week, celebrada en la ciudad de Nueva York, el pasado 10 de marzo.
El mandatario afirmó en su discurso: “Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa. Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios”.
Javier Madanes Quintanilla
Y agregó: “Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a muchos argentinos, pero se terminó. Se terminó la política corrupta. ¿Quién está a favor de la corrupción? Es incómodo hacer estas preguntas, pero estoy dispuesto a hacerlo por una Argentina mejor”.
Para luego sumar: “Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran sino porque negociaban la coima”.
Paolo Rocca
Quién es Paolo Rocca
Paolo Rocca, CEO del grupo industrial Techint, es el hombre más rico de la Argentina gracias a una fortuna personal estimada en miles de millones de dólares, obtenida gracias al éxito de empresas como Tenaris y Ternium.
Actualmente, Techint trabaja en más de 40 países, integrando proyectos relacionados con gas, petróleo, infraestructura y construcción, experiencia que le permitió a Rocca convertirse en uno de los empresarios más influyentes de Argentina, con una opinión que tiene un peso muy fuerte a la hora de discutir públicamente temas como política económica o comercio internacional.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrá una prueba de fuego el próximo 29 de abril, fecha en la que debe presentarse en el recinto de la Cámara de Diputados a brindar su Informe de Gestión y responder preguntas de los legisladores nacionales, que esperan ese momento para poder preguntarle diferentes asuntos patrimoniales que se vinculan con la causa de presunto enriquecimiento ilícito que transita en Comodoro Py.Te puede interesar:La tajante respuesta del dueño de Manaos al fallo que obliga a la empresa a pagar $800 millones a un exempleado
El funcionario libertario se prepara para presentar por escrito la respuesta a cerca de 2.000 consultas realizadas previamente por diputados nacionales de la oposición, de las cuales casi un centenar abordan específicamente su patrimonio, viajes y la causa por enriquecimiento ilícito que lo involucra. “El jefe de Gabinete no habla públicamente desde hace un mes, cuando realizó una conferencia de prensa con periodistas acreditados en la Casa Rosada”.https://69efbf9526b02e9f0550ff094cc2ca44.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
El saldo de ese acontecimiento no fue positivo para la situación del ministro coordinador e, incluso, la prensa y la Justicia dieron cuenta de nuevas revelaciones que continúan generando interrogantes sobre la evolución patrimonial. Adorni pretende dar una respuesta a esto durante su alocución en el recinto de Diputados, pero la magnitud de la misma todavía no es revelada por su entorno. Sumado a esto, hay Diputados de bloques opositores que preparan sus propias consultas, incluso con datos propios que aún no se conocen.Te puede interesar:La misa por Francisco volvió a desnudar la interna de la plana mayor del Gobierno con Victoria Villarruel
Quienes estarán presentes desde los palcos de Diputados serán el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos han sido los principales sostenes del funcionario en su puesto, algo que no se replicó en la gran mayoría de despachos ministeriales.
Hay quienes no descartan que el jefe de Gabinete haga su discurso de apertura y comience a responder las primeras preguntas, pero que pueda llegar a retirarse ante una sumatoria de descalificaciones de parte de los Diputados. “La Constitución no dice que tenga que quedarse todo el tiempo del mundo”, afirma un colaborador libertario.
Esto remite a lo sucedido en el pasado con el antecesor de Adorni, Guillermo Francos, cuando abandonó abruptamente su informe de gestión en el Senado el 26 de junio de 2025, tras un fuerte cruce con la senadora de Unión por la Patria, Cristina López, quien lo tildó de “mentiroso”. El funcionario se retiró molesto, suspendiendo la sesión informativa, alegando falta de respeto y señalando que no se quedaría si no le creían. En el entorno del jefe de Gabinete no emiten opinión al respecto.
Mientras tanto, Adorni pule su estrategia junto a su círculo de asesores como el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia; el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari; y la responsable de la Unidad de Gabinete de Asesores, Aimé “Meme” Vázquez.
Su equipo debe decidir la narrativa para su exposición en Diputados, si adoptar un tono confrontativo o moderar la dialéctica. Por el momento, el jefe de Gabinete buscará evitar dar nuevos detalles de su patrimonio, invocando la causa judicial en curso y la próxima declaración jurada que prevé presentar con fecha límite del 30 de mayo.
En medio de las investigaciones judiciales, ayer se conoció que Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de las acreedoras vinculadas a la compra de un departamento en el barrio de Caballito, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que el funcionario le debe otros 65.000 dólares no documentados, adicionales a los compromisos ya reconocidos en el expediente.
Según relató Feijoo a la Justicia, ese monto corresponde a refacciones que costeó de su propio bolsillo y que Adorni habría prometido saldar tras vender su anterior propiedad. El jefe de Gabinete deberá además abonar en noviembre otros 200.000 dólares por la financiación de la adquisición, junto a otros préstamos por 70.000 dólares más intereses otorgados por dos agentes policiales.
El pasado 30 de marzo venció el plazo para que los diputados presentaran por escrito las preguntas dirigidas a Adorni. De las 4.800 inquietudes iniciales, se realizó un recorte del 43,7 % aplicando los filtros habituales de repetición y similitud, lo que derivó en 2.100 consultas que el funcionario abordará el próximo miércoles en el Congreso. El grueso de los reclamos fueron dirigidos a los ministerios de Economía y de Capital Humano, mientras que las 66 específicas sobre el patrimonio y viajes del ministro quedarán bajo atención sectorizada.https://69efbf9526b02e9f0550ff094cc2ca44.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
El dispositivo para la jornada prevé una exposición de 45 minutos por parte de Adorni, seguida de una ronda de respuestas orales. Durante esta jornada, un grupo de referentes de cada cartera se mantendrá en el Congreso para auxiliar en tiempo real al jefe de Gabinete ante eventuales preguntas no previstas, algo que es típico en todos los Informes de Gestión.
El núcleo de la investigación judicial se orienta a determinar si el nivel de vida de Adorni es compatible con sus ingresos declarados y si existe un origen lícito para los fondos utilizados en la adquisición de tres propiedades —dos en la Ciudad de Buenos Aires y una en Exaltación de la Cruz—, así como para viajes a destinos como Estados Unidos, Aruba y Punta del Este.
La fiscalía investiga no solo la relación financiera con las acreedoras y los préstamos asociados, sino también la modalidad de pago utilizada: la mayoría de los desembolsos habrían sido realizados en efectivo, sin registro en tarjetas de crédito ni movimientos bancarios. En consecuencia, se dictaron medidas sobre movimientos en cuentas, billeteras virtuales, exchanges de criptomonedas, registros de cajas de seguridad y documentación sobre viajes.
El entramado de la causa alcanza a Bettina Angeletti, esposa de Adorni, así como a la sucesión de Jorge Adorni, padre del jefe de Gabinete, a través del pedido de informes a múltiples instituciones financieras formulado por el fiscal Gerardo Pollicita.
La prohibición del ingreso de periodistas a la Casa Rosada, dispuesta este jueves por el Gobierno, generó un fuerte repudio de entidades periodísticas que condenaron la medida y solicitaron que sea eliminada. Organizaciones periodísticas como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) marcaron la “gravedad institucional” y la “enorme preocupación” que implica la decisión, que la administración del presidente Javier Milei justificó por la existencia de una investigación judicial abierta tras un informe periodístico en el que se grabaron instalaciones de la sede gubernamental y el presunto espionaje ruso con financiamiento a algunos medios.
Fopea expresó “su rechazo ante la decisión del gobierno nacional de no permitir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida que afecta de manera generalizada a la totalidad de los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo”. La entidad periodística remarcó que “se trata de una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.
Los periodistas acreditados en la Casa Rosada, trabajando en un bar cercano, tras impedírseles el ingreso a la sede gubernamentalFabián Marelli
“Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”, subrayó Fopea.
Según argumentó el gobierno nacional, la prohibición de ingreso para la totalidad de los periodistas acreditados en la Casa Rosada (se les retiró el registro de sus huellas digitales para el acceso) se implementó porque existe la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa (hecho por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas) y por una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.
Fopea sostuvo que “la denuncia presentada [contra los periodistas de TN] por la Casa Militar no cuenta con una resolución judicial que determine la existencia de una conducta irregular” y que “resulta desproporcionado e injustificado accionar penalmente tanto como adoptar una medida de alcance general que suspende las acreditaciones de todos los periodistas”.
El foro de periodismo destacó que “este tipo de decisiones, por su alcance, no se corresponden con los principios que deben regir en un sistema democrático y generan un efecto que excede ampliamente el caso invocado como fundamento”.
“El foro insta al gobierno nacional a revisar de manera urgente esta decisión, restablecer el sistema de acreditaciones y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo en la Casa Rosada, en línea con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho a la información”, reclamó Fopea, entidad que preside Fernando Stanich.
El bloqueo total a la prensa acreditada en la Casa de Gobierno dispuesto por la administración de La Libertad Avanza motivó también el rechazo de Apera, organización periodística que conduce Fernando Ramírez. Expresó “su enorme preocupación porque a los acreditados en la Casa de Gobierno se les impide hoy el ingreso para desarrollar sus tareas profesionales”.
“Exhortamos a las autoridades de la Casa de Gobierno, y en especial al presidente Javier Milei, a que dispongan el cese de la intempestiva y arbitraria medida, que impide a los periodistas ejercer su derecho constitucional a trabajar. En una democracia no se cierra la Sala de Periodistas de la Casa Rosada”, se subrayó en el comunicado de Apera. “La Sala de Periodistas ‘Decano Roberto Di Sandro’ debe abrirse en forma urgente”, exigió la asociación.
También hubo un rechazo por la medida por parte del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), que denunció “otro impotente y desesperado intento del Gobierno de silenciar a la prensa”.
El clima de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y el periodismo alcanzó un nuevo pico este jueves. Con un mensaje por redes sociales, el Gobierno justificó las restricciones de acceso a la Casa Rosada que dejaron a la Sala de Periodistas vacía por primera vez en décadas. Javier Lanari, subsecretario de Prensa y vocero gubernamental, fue el encargado de fijar la postura oficial a través de sus redes sociales.
«La Casa Rosada no es un estudio de televisión ni un set de filmación. Es la sede del Poder Ejecutivo y un objetivo de seguridad nacional. El respeto a las normas y a las instituciones no es opcional. Quienes confunden libertad de expresión con libertinaje para vulnerar la seguridad del Presidente y de la Casa de Gobierno deberán responder ante la Justicia», escribió Lanari en sus redes sociales.PUBLICIDAD
Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite
Esta decisión drástica es el corolario de una semana de alta confrontación. La Casa Militar, organismo encargado de la custodia presidencial liderado por el general de Brigada Sebastián Ibáñez, formalizó una denuncia penal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la señal Todo Noticias (TN).
La presentación judicial, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, los acusa de «revelación de secretos políticos y militares» e «intromisión ilegítima». El detonante fue la emisión de un informe en el programa ¿Y mañana qué?, donde se mostraron imágenes grabadas en áreas internas y de uso común de la Casa de Gobierno.
Según la denuncia, estas filmaciones exponen vulnerabilidades de seguridad y protocolos internos. El propio presidente Javier Milei respaldó la medida desde sus redes con términos durísimos, calificando a los involucrados como «delincuentes» y «basuras inmundas que portan credencial de periodistas».
El rechazo de FOPEA y la política
La respuesta no se hizo esperar. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado urgente en el que advierte sobre la gravedad institucional de prohibir el ingreso a los acreditados y quitarles el acceso biométrico. «La libertad de prensa es un pilar de la democracia que no puede ser condicionado por interpretaciones discrecionales de seguridad nacional», señalaron.
En la red social X, figuras del periodismo y la política expresaron su repudio. Liliana Franco, periodista acreditada de larga trayectoria, denunció: «El gobierno cerró la Sala de Periodistas. Decidió no renovar las acreditaciones de todos por la denuncia a raíz de la filmación de Geuna. No se sabe hasta cuándo».
Mariel Fitz Patrick se sumó a las críticas resaltando la desproporcionalidad de la medida que afecta a todos los medios por igual. Desde la oposición, el diputado Germán Martínez (Unión por la Patria) calificó el hecho como un «apagón informativo inédito», mientras que otros referentes como Myriam Bregman tildaron la maniobra de «autoritaria».
Una visita de peso bajo total hermetismo
Un detalle que no pasó desapercibido es el timing de la prohibición. Mientras la prensa tenía vedado el ingreso, el presidente Javier Milei recibirá a las 14 hs en su despacho a Peter Thiel, el magnate tecnológico y cofundador de PayPal y Palantir.
Thiel, conocido por su visión crítica de las democracias tradicionales y su liderazgo en empresas de recolección de datos e inteligencia artificial, mantuvo un encuentro privado con el mandatario. La ausencia de periodistas en el edificio evitó cualquier tipo de guardia periodística o registro independiente de una visita que despierta interrogantes sobre la gestión de datos sensibles en el país.
Al cierre de esta nota, la Sala de Prensa permanece con las luces apagadas y los accesos bloqueados, marcando un precedente que organizaciones de prensa ya califican como el más grave desde el retorno de la democracia.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió modificar el efecto concedido al recurso de apelación presentado por el Estado nacional en la causa que discute la reforma laboral y dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la ley. La decisión fue adoptada por la Sala VIII del tribunal, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino.Te puede interesar:La tajante respuesta del dueño de Manaos al fallo que obliga a la empresa a pagar $800 millones a un exempleado
Según surge de la resolución de Cámara, el Estado había apelado esa decisión y el recurso fue concedido el 7 de abril “en relación y con efecto devolutivo”, lo que implicaba que la cautelar seguía vigente durante la tramitación de la apelación. Frente a ese encuadre, el Estado se presentó en queja para que se modificara el efecto del recurso y se le otorgara carácter suspensivo.
La Sala VIII hizo lugar a ese planteo y fundó su decisión en lo dispuesto por el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Esa norma establece que cuando una cautelar suspende, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo que se verifiquen supuestos excepcionales vinculados a la tutela de derechos especialmente protegidos.
En ese sentido, los jueces sostuvieron que, prima facie, en el caso no se encontraban configuradas esas excepciones. Destacaron además que la cautelar había suspendido la vigencia de una cantidad significativa de artículos de una ley sancionada por el Congreso, lo que activa el régimen especial previsto en la norma. Bajo ese criterio, señalaron que corresponde que sea la Cámara —en tanto tribunal colegiado— la que evalúe la confirmación o revocación de la medida, en función de la entidad institucional del acto cuestionado.Te puede interesar:Filtraron un mensaje sarcástico de Mayra Mendoza sobre la salud de Carlos Bianco que expuso la interna en el peronismo
Con ese encuadre, el tribunal resolvió “modificar la resolución del 7 de abril de 2026 y otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación deducido por el Estado Nacional”. La consecuencia inmediata es que la cautelar deja de tener efecto mientras se sustancia el trámite ante la Cámara.
Desde el punto de vista práctico, la decisión implica que los artículos de la reforma laboral que habían sido suspendidos recuperan vigencia en esta etapa del proceso. La medida cautelar, que había tenido efecto inmediato y alcance general, queda sin aplicación hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo.
La presentación original de la CGT había cuestionado una parte sustancial de la reforma laboral, con argumentos centrados en la afectación de derechos laborales y sindicales. Entre los puntos objetados se incluyeron modificaciones al régimen de indemnizaciones, cambios en las condiciones de contratación, alteraciones en la jornada laboral y disposiciones vinculadas a la representación sindical.
El fallo de primera instancia había considerado acreditados los requisitos para dictar una medida cautelar, en particular la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de daño irreparable, y sobre esa base dispuso la suspensión de 83 artículos de la ley.
El Estado nacional apeló esa decisión a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, donde cuestionó la procedencia de la cautelar, la legitimación de la CGT y el alcance de la resolución judicial. También sostuvo que no existía un caso concreto que justificara la suspensión de una norma de carácter general sancionada por el Congreso.
Además de la apelación, el Gobierno presentó un recurso extraordinario por “per saltum” ante la Corte Suprema, con el objetivo de que se revise la suspensión de la reforma laboral.
La Ley 27.802 forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno en materia económica y laboral. El Ejecutivo sostiene que introduce cambios destinados a modificar el funcionamiento del mercado de trabajo, con el objetivo de reducir la litigiosidad y promover la formalización del empleo.
En resumen, la intervención se inscribe en la estrategia judicial del Gobierno, con participación del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques. En tanto, desde el sector sindical, la norma es cuestionada por considerar que implica una reducción de derechos laborales y una alteración del sistema de protección vigente.
Con la decisión de la Cámara, el expediente continúa su trámite en una nueva etapa. El tribunal deberá analizar los planteos de fondo formulados por las partes y definir si corresponde confirmar o revocar la medida cautelar en función de los argumentos jurídicos presentados.
Hasta tanto se produzca esa definición, la reforma laboral se mantiene vigente en los términos establecidos por la ley. La discusión judicial sigue en curso y no se descarta su eventual tratamiento por la Corte Suprema en instancias posteriores.
El presidente Javier Milei registra una fuerte caída en el ránking de imagen de los mandatarios latinoamericanos, bajando del puesto 11 al 14 sobre un universo de 18 jefes de Estado tomados en cuenta por la encuesta mensual que realizo la consultora CB Global Data.
Javier Milei cae por tercer mes consecutivo en su imagen, ya que en febrero tenía un 46,8% de imagen positiva, con un octavo puesto a nivel regional; en marzo un 42,3% con un puesto 11 y en el actual abril desciende hasta apenas un 36,2% cayendo al puesto 14 sobre 18.https://1de53524769efe11e4f1ec118c452b66.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
La imagen negativa del mandatario argentino también viene creciendo mes a mes, ya que, en febrero era -51,7%, en marzo -52,6 % y en abril -59,7%, según la misma encuesta, que abarca un universo de entre 2001 y 2701 consultados por cada país.https://1de53524769efe11e4f1ec118c452b66.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
Javier Milei solo tiene por detrás en el ranking regional a los mandatarios de ecuador, Daniel Noboa (en el puesto 15); de Panamá, José Raúl Mulino (16); de Venezuela, Delcy Rodríguez (17); y de Perú, el interino José Balcázar (18).
En el caso de la Argentina, la encuesta destaca la caída de 6,1% en la imagen de Milei, y desglosa la negativa en 46,3 de “muy mala” y 13,4 de “mala”; mientras que la positiva se compone con 28,0 de “muy buena” y 8,2 de “buena”.https://1de53524769efe11e4f1ec118c452b66.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
En los seis primeros puestos del ranking de imagen figuran Nayib Bukele, de El Salvador (70,1% de positiva y -26,3% de negativa); Claudia Sheinbaum de México (69,8% y 26,8%); Rodrigo Chaves de Costa Rica (59,5 y -38,0); Luis Abinader de República Dominicana (57,3 y -39,6); Rodrigo Paz de Bolivia (52,9 y -44,2); y Daniel Ortega de Nicaragua (51,8 y -44,6).
El diplomático argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), defendió este martes la necesidad de que la organización asuma un papel más “activo y pragmático” frente a los conflictos globales. Grossi argumentó que el mundo vive un “retorno a la guerra a escala global”, señalando que este fenómeno afecta a Europa, áfrica y, en ciertos aspectos, también a América.Te puede interesar:El jefe del Mossad reveló que un agente muerto fuera de Israel influyó de forma decisiva en la guerra contra Irán
Grossi expresó que el sentimiento predominante es que la guerra se está extendiendo y que “no hay continente que no esté experimentando este retorno”. Atribuyó a esta situación la creciente pregunta sobre la relevancia de la ONU, insistiendo en que la organización “no puede quedarse al margen”. Subrayó que, si bien existen necesidades de desarrollo y derechos humanos, estas no pueden sostenerse en un contexto de guerra, y resaltó la urgencia de sacar todavía a miles de millones de personas de la pobreza.https://d16e4e7d3bc8a5ce1b8e664148557dc8.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
El diplomático enfatizó que la comunidad internacional no ha perdido la fe en el derecho internacional como principio universal. Se comprometió, en caso de ser elegido secretario general, a trabajar para reforzar la credibilidad de la ONU y adaptar la institución a los desafíos actuales, haciendo hincapié en la importancia de un “diálogo constante” y “permanente” entre el secretario general y el Consejo de Seguridad. Grossi consideró imprescindible la presencia de la ONU en los escenarios de conflicto, en el abordaje del cambio climático y en la respuesta a necesidades humanitarias.Te puede interesar:Rafael Grossi advirtió que hasta 20 países podrían buscar desarrollar una bomba atómicaRafael Mariano Grossi, candidate for the position of the next Secretary-General, speaks during a dialogue with delegations while candidates for the position of new United Nations Secretary General are interviewed at U.N. headquarters in New York City, U.S., April 21, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz
En su intervención, Grossi manifestó que espera inspirar a su equipo para acompañarlo incluso en los “campos de batalla”, recalcando que las palabras amables no son suficientes y que el secretario general debe ser visible al abordar los problemas. Aclaró que la función de la ONU no es tomar partido ni dar lecciones, sino “tender puentes y proteger la Carta de la ONU”.
Durante la presentación, Grossi sostuvo que la organización debe guiarse por los principios, pero con un enfoque práctico. Explicó que la ONU “no fue creada para emitir mensajes desde una torre de marfil, sino para resolver problemas sobre el terreno”. Propuso reforzar el diálogo incluso en los contextos más difíciles, lo que implica hablar y comprometerse especialmente durante los conflictos armados.Te puede interesar:Italia convocó al embajador ruso tras los insultos sexistas de un propagandista del Kremlin contra Meloni
Respecto a la situación palestina, Grossi afirmó que trabajaría “con todas las partes para mejorar la situación y llevarla al lugar donde todos queremos que esté”. En relación con los escenarios de conflicto, sostuvo que la acción de la ONU no debe verse impedida, pero que debe actuarse con cautela para evitar agravar las crisis, reconociendo la importancia de la autocrítica.https://d16e4e7d3bc8a5ce1b8e664148557dc8.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
Grossi defendió su “experiencia práctica” al frente del OIEA desde 2019, donde ha supervisado escenarios considerados sensibles como Irán y Ucrania. Antes de este cargo, fue embajador de Argentina ante organismos internacionales en Viena y desempeñó diversos puestos diplomáticos, enfocados en seguridad internacional y desarme.Rafael Mariano Grossi, candidate for the position of the next Secretary-General, greets attendees during a dialogue with delegations while candidates for the position of new United Nations Secretary General are interviewed at U.N. headquarters in New York City, U.S., April 21, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz
En la misma jornada intervino la candidata chilena Michelle Bachelet, quien reiteró su apuesta por el diálogo, el multilateralismo y la renovación de la organización. Ambos candidatos expusieron sus propuestas y respondieron preguntas de Estados miembros y representantes de la sociedad civil durante tres horas.https://d16e4e7d3bc8a5ce1b8e664148557dc8.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
El proceso continuará este miércoles con las intervenciones de la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, y el expresidente de Senegal, Macky Sall. Se prevé que a finales de julio, los quince miembros del Consejo de Seguridad debatan en privado sobre los candidatos y que la Asamblea General formalice el nombramiento hacia finales de año, con la decisión habitualmente cerrándose entre agosto y octubre.
or orden directa de la cúpula en Buenos Aires de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), dos funcionarios del organismo en Mar del Plata fueron desplazados de sus cargos. El trasfondo del desplazamiento, según reconstruyó LA NACION, fue haber investigado a los proveedores apócrifos del hotel que el Sindicato de Camioneros tiene en la ciudad y contribuir así a la pesquisa judicial sobre el desvío de al menos $13.000 millones del gremio que lidera Hugo Moyano mediante el uso de facturas “truchas”, emitidas a nombre de proveedores inexistentes o sin capacidad operativa.
Los funcionarios desplazados eran, hasta el viernes, los jefes de las divisiones 1 y 3 de Fiscalización de la Dirección Regional Mar del Plata del organismo, Gustavo Marcelo Capdeville y Diego Guillermo González. Ambos fueron reasignados al rol de “asesor mayor” en una agencia marplatense y en una oficina de “trámites y verificaciones” de ARCA, respectivamente.
Capdeville y González se sumaron así a otros dos funcionarios afectados durante los últimos seis meses por la misma fiscalización sobre los manejos irregulares de fondos en Camioneros. En octubre pasado, cuando el caso recién se activaba, desplazaron al jefe de la División Jurídica de la Regional, José Visca, por responder una consulta del Juzgado. Ese antecedente quedó formalizado en el Boletín Oficial del 24 de octubre de 2025, cuando se dispuso su apartamiento. Y ante su corrimiento, el entonces jefe de ARCA en Mar del Plata, Luis Eduardo Tymkiw, pidió ser relevado de su cargo.
En ese contexto, según reconstruyó LA NACION, el actual titular de la Regional de ARCA en Mar del Plata, Pablo Catracchia, les requirió a Capdeville y González a fines de diciembre que congelaran la pesquisa que, además, habían dejado asentada en los sistemas internos del organismo, conocido por las siglas SEFI, o serían desplazados de sus cargos, lo que se concretó hoy.
La investigación judicial se inició en agosto del año pasado, cuando un empleado del Hotel 15 de Diciembre, perteneciente al Sindicato de Camioneros, se negó a convalidar las irregularidades y el mismo gremio, a través de un aliado de Moyano, radicó una denuncia en su contra. Desde entonces, la Regional Mar del Plata de la ARCA investiga quiénes eran los proveedores de presuntos bienes y servicios del establecimiento y detectó facturas “truchas” destinadas a justificar la salida de miles de millones de pesos de las cuentas del sindicato.
El hotel 15 de diciembre que pertenece al Sindicato de Camioneros, ubicado en Santa Fe 2373, Mar del PlataMauro V. Rizzi
La causa tramita en la Justicia provincial. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en curso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. De ser así, el caso podría trasladarse al fuero federal, según fuentes judiciales al tanto del expediente. Al caso lo tienen el fiscal Carlos David Bruna y la jueza Lucrecia María Bustos.
Por el avande ce esta causa, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza: el secretario Administrativo,Claudio Omar Balazic,y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos están imputados en la causa. “No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata”, explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial.
El viernes pasado hubo un revuelo en la sede sindical de Camioneros en Buenos Aires ante un pedido de informes contables, según averiguó LA NACION. El equipo de abogados del gremio evitó responder la consultas. En paralelo, se conoció que desde las cuentas que el sindicato y su obra social (Oschoca) tienen registradas en el Banco Provincia se transfirieron unos $900 millones en 12 días a tres fideicomisos vinculados a Liliana Zulet, la esposa de Moyano.
“No quieren quilombo”
En los considerandos de la Disposición 137/2026 de la ARCA, publicada en el Boletín Oficial, no se explicitan los motivos del desplazamiento de Capdeville y González, que se encuadra en “necesidades de servicio”, a propuesta de la Regional Mar del Plata –es decir, de Catracchia–, y con la firma de la responsable interina de la Dirección de Recursos Humanos del organismo, Guadalupe Gonzalez Sanguineti. Sin embargo, según reconstruyó LA NACION, las órdenes provinieron de niveles superiores del organismo en Buenos Aires.
El responsable real de la caída de los cuatro funcionarios de carrera fue el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Carlos García Pastrana. Es decir, uno de los lugartenientes del actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza extrema del titular de ARCA, Andrés Vázquez.
“En Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros; en estos momentos, Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias”, indicó una fuente de la ARCA al tanto de lo ocurrido que accedió a dialogar con LA NACION bajo reserva estricta de su nombre.
En esa línea, los desplazamientos de Capdeville y González como antes de Visca registraron dos peculiaridades. La primera, que los tres se enteraron de lo ocurrido y de sus nuevas funciones cuando se publicaron en el Boletín Oficial, sin que nadie les informara antes, según reconstruyó LA NACION. La segunda, que desde Buenos Aires no designaron en el mismo acto a sus reemplazantes.
“No se trata solo de castigar a quienes actuaron como debían actuar, aún cuando tenían una orden informal para que no lo hicieran; lo que también buscaron desde Buenos Aires al desplazarlos de este modo es que sirva como un mensaje para el resto de los empleados y funcionarios del organismo”, indicó una segunda fuente al tanto de lo ocurrido. “Ahora saben a qué atenerse si desobedecen, aunque las directrices sean ilegales”, agregó.
Desde ARCA, por el contrario, negaron que los desplazamientos sean sanciones encubiertas ante la consulta de LA NACION. “Los movimientos de personal que se mencionan no tienen ninguna excepcionalidad. Desde enero de 2024 se desplazaron 1883 jefes, de los cuales 163 no fueron reemplazados. Son procesos habituales dentro de la estructura administrativa del organismo, que responden a criterios de mérito, oportunidad y conveniencia, y no afectan investigaciones en curso ni su trazabilidad”, indicaron. “En paralelo, y en su carácter de auxiliar de justicia, el organismo ha respondido y continúa respondiendo los oficios remitidos por el tribunal y la fiscalía intervinientes en esta causa – que bien vale aclarar – es entre privados. El rol de ARCA en esta y cualquier causa es aportar la información que la Justicia requiere”.
La investigación judicial
Los desplazamientos se producen mientras la Justicia provincial avanza sobre un presunto fraude millonario que incluye el uso de cheques en blanco y una red de al menos diez proveedores fantasma que habrían servido para justificar la salida de fondos del sindicato de Camioneros, lo que abre interrogantes sobre el impacto de esas decisiones administrativas en las tareas de fiscalización del organismo.
El desplazamiento de Capdeville, González y Visca, sumado al paso al costado de Tymkiw registra antecedentes en el pasado reciente de ARCA. En Mar del Plata, por ejemplo, funcionarios de la entonces AFIP denunciaron ante la Justicia un intento por detener una fiscalización sobre José María Nuñez Carmona, el socio del otrora vicepresidente Amado Boudou. Ambos, condenados por la Justicia.
Antes, el entonces director de la Regional Comodoro Rivadavia, Norman Williams, y el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, y el titular de la DGI, Horacio Castagnola, fueron desplazados por el entonces titular de la AFIP, Claudio Moroni, por negarse a detener una fiscalización sobre Gotti Hermanos, una de las constructoras patagónicas de Lázaro Báez.
Hoy, la historia parece repetirse con el sello de los Moyano.
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El fiscal ante la Cámara en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá (Adrian Escándar)
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Rafael Mariano Grossi, candidate for the position of the next Secretary-General, greets attendees during a dialogue with delegations while candidates for the position of new United Nations Secretary General are interviewed at U.N. headquarters in New York City, U.S., April 21, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz
