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Este martes 5 de mayo el presidente Javier Milei viajará hacia Estados Unidos con el objetivo de concretar encuentros con empresarios del área de las finanzas y la tecnología, en busca de inversiones, y para realizar una exposición en la Conferencia Anual del Instituto Milken.

A partir de las 13hs de este martes, el mandatario emprenderá el que es su cuarto viaje a Estados Unidos en lo que va del año y será acompañado por una comitiva presidencial integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Mientras el escándalo Adorni no afloja, Milei llamó a una nueva reunión de GabineteEsto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

Desde Presidencia se indicó que el mandatario llegará durante la madrugada del miércoles a la ciudad estadounidense de Los Ángeles y ese mismo día alrededor de las 14hs comenzará sus actividades con una reunión con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, y luego participará de un cónclave con un grupo reducido de empresarios.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, se espera que en el encuentro el presidente brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina. Acto seguido, alrededor de las 18hs Milei realizará una disertación en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken.

«La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente», se indicó a través del sitio web de la institución que este miércoles desarrollará su evento anual más importante, con líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas.

La Conferencia Global del Instituto Milken de este año comenzó el domingo 3 de mayo bajo el lema «Liderando en una nueva era». A lo largo de sus distintas ediciones, el evento contó con la participación de figuras internacionales como Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Rania de Jordania.

Milei ya había participado de la reconocida conferencia en 2024, momento en el que buscó enviar una señal a los inversores internacionales y sostuvo que «Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente». Un año después también realizó una exposición vinculada al Instituto Milken ante representantes de compañías y entidades financieras.

Tras pasar todo el miércoles en Estados Unidos, el presidente argentino tomará un vuelo de regreso a la Argentina a las 22hs y se espera que la comitiva presidencial arribe al país a las 13.30 del jueves. Se trata del cuarto viaje del año que realiza al país norteamericano tras visitar y encabezar actividades en ciudades como Washington, Miami y Nueva York.

Fuente: Perfil.com

La cantidad de dinero que debe justificar Manuel Adornicrece a medida que avanza la investigación por enriquecimiento ilícito en los tribunales de Comodoro Py. Entre gastos y deudas, el jefe de Gabinete ya acumula compromisos por más de USD 725 mil dólares, según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes judiciales.Te puede interesar:Cascada, parrilla y pileta con jacuzzi: los detalles de la remodelación de la casa del country de Manuel Adorni

El último hallazgo ocurrió este lunes con la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, quien reveló que le cobró USD 245 mil al funcionario por la remodelación de su casa en el country Indio Cuá.

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Mientras tenía la propiedad en obra, la familia Adorni alquiló otro inmueble en el mismo barrio privado de Exaltación de la Cruz, para lo que destinaron otros 13.000 dólares, según se desprende de la causa judicial.Te puede interesar:Así es la cascada que Manuel Adorni ordenó construir en la pileta de su casa del country Indio CuáMatías Tabar, el contratista que refaccionó la casa de fin de semana de Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, sumó estos gastos a otros tantos que ya tenía en carpeta: 30.000 dólares que le pagó a dos jubiladas por el departamento Caballito; otros 30.000 como cancelación de una parte del préstamo que le hicieron dos policías a cambio de la hipoteca de su inmueble de Parque Chacabuco, a quienes también abona intereses mensuales de entre 900 y 600 dólares desde noviembre de 2024; 25.000 dólares más por la compra de la casa de Indio Cuá -el resto lo cubrió con el préstamo recién mencionado-; y 10.000 dólares de honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.

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Así, solamente en el segmento de propiedades, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti desembolsaron al menos 365.000 dólares. Todo ocurrió desde la llegada del ministro coordinador al poder, y mientras cobraba un sueldo de unos $3.500.000 hasta enero de este año, cuando se lo duplicaron.Te puede interesar:Dos nuevos testigos declararán en la causa sobre el patrimonio de Manuel Adorni

Otro dato que surge del expediente es que el jefe de Gabinete compró la casa de Indio Cuá y el semipiso de Caballito sin vender los departamentos que ya poseía en La Plata y en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Ambos inmuebles están a la venta.

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La casa del country se escrituró el mismo día en el que el jefe de Gabinete recibió un préstamo no bancario de dos mujeres policías por 100.000 dólares, en noviembre de 2024, del cual ya devolvió el 30 por ciento. El entonces vocero presidencial hipotecó su departamento de Parque Chacabuco a cambio de ese dinero, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11% que se fue devengando en cuotas mensuales de entre 900 y 600 dólares.Ilustración digital de Manuel Adorni, con traje y corbata roja, posando frente a su casa del barrio privado Indio Cuá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese movimiento inaugura la página de las deudas del ministro coordinador: antes de noviembre de este año tiene que devolverles 70.000 dólares -más intereses- a las agentes de la Policía Federal Argentina, quienes declararon como testigos en la causa.

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La segunda deuda grande de Adorni es la que le permitió comprar el semipiso de la calle Miró. Dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, le financiaron 200.000 dólares a pagar en un año sin interés. También tiene que devolverlos en seis meses o menos.

En Caballito también se modernizó completamente el lugar antes de la mudanza. En Miró, las obras costaron 65.000 dólares que el jefe de Gabinete aún no pagó. Quien se hizo cargo de esas refacciones fue Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni, hijo de una de las jubiladas acreedoras y gestor de la compraventa del departamento.

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El jefe de Gabinete se comprometió de palabra a devolverle ese dinero a Feijoo -en negro- una vez que venda su departamento de Parque Chacabuco.

Las deudas conocidas hasta ahora totalizan 335.000 dólares.

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Aviones y hoteles

La causa que tramita ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo tiene registrados 18 viajes que hicieron, juntos o por separado, Adorni y Angeletti. Aún no se tiene dimensión de cuánto gastó el matrimonio entre todas esas excursiones por el país y el mundo.

Infobae computó, a partir de fuentes del caso, más de 25.000 dólares solamente en pasajes y estadías de un puñado de esos viajes.

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Para irse a Punta del Este en avión privado junto al periodista y amigo Marcelo Grandío, se pagaron 4.830 dólares por la ida y otros 3.000 dólares por el regreso, en febrero de este año. Aún no se sabe si Adorni y el conductor de la TV Pública abonaron cada uno su parte, si se trató de una invitación para el funcionario o si, en cambio, todo estuvo a cargo del jefe de Gabinete.

Para recibir el Año Nuevo de 2025 en Aruba, la familia Adorni pagó 8.874 dólares en hotel y 5.762 dólares en pasajes. En sus tarjetas de crédito, según indicaron fuentes judiciales, no habría erogaciones compatibles con gastos corrientes. Todo, una vez más, se abonó en efectivo.

PUBLICIDADManuel Adorni y Marcelo Grandío

La polémica en torno a los viajes de Adorni y su esposa tuvo su origen en el viaje de Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial a Nueva York para la Argentina Week. La mujer pagó su propio vuelo de regreso, en primera clase, y costó 5.154 dólares.

Los números relevados hasta este punto superan los 25.000 dólares, pero hay más. El diario Clarín reveló este fin de semana que la familia Adorni viajó a Bariloche y se hospedó cinco noches en el Hotel Llao Llao. La escapada costó más de 9 millones de pesos, que el jefe de Gabinete no pagó, al menos, inmediatamente. Todo se canceló tres meses más tarde desde una cuenta bancaria cuya titularidad aún se desconoce.

La declaración jurada

La última declaración jurada del jefe de Gabinete que tiene la Oficina Anticorrupción corresponde al ciclo 2024. La del año pasado puede ser presentada hasta el 31 de julio. Adorni prometió en conferencia de prensa que la remitirá al organismo “en tiempo y forma”.Bettina Angeletti y Manuel Adorni. Foto: Nicolás Stulberg

En el último documento disponible, el entonces vocero informó que tenía -al cierre del ciclo- una caja de ahorro con 2.455.000 pesos, otros 2.000.000 de un crédito, 6.220 dólares en una cuenta en Estados Unidos y 42.500 dólares “debajo del colchón”.

Aunque compró la casa de Indio Cuá en noviembre de 2024, la propiedad no está incluida en su declaración de ese año.

La suma y resta definitiva sobre el patrimonio de Manuel Adorni está a cargo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo contable de la Procuración General.

La Justicia busca saber si el crecimiento en el nivel de vida de Adorni se puede justificar con su sueldo y sus ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción, y para esto le encomendó a la DAFI que analice al detalle todos los movimientos financieros del matrimonio y, en caso de haberlas, señale posibles inconsistencias.

En ese estudio entrarán en juego gastos corrientes como expensas, impuestos, mantención de la familia y más cifras que quedan por fuera de los gastos “grandes” detectados entre viajes y propiedades.

Fuente: Infobe.com

Durante esta semana, La Libertad Avanza (LLA) buscará impulsar dentro del Senado otros 30 pliegos destinados a cubrir puestos vacantes de jueces, defensores y fiscales que rendirán examen en dos Audiencias Públicas. La primera audiencia tendrá lugar este miércoles 6 de mayo y la segunda el jueves 7.

Las próximas dos Audiencias Públicas serán llevadas adelante por la comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto con el objetivo de que los funcionarios propuestos para ascender a la Justicia realicen sus exposiciones y luego se emitan los dictámenes respectivos.

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En este contexto, el Senado se encontrará en condiciones de aprobar los pliegos de prórroga del mandato por cinco años del padre del actual ministro de Justicia, Carlos Mahiques, dentro de los 77 que el cuerpo legislativo debe analizar durante la primera tanda de pliegos enviada desde el gobierno libertario.

El envío de los pliegos fue interpretado como un guiño a la «familia judicial», ya que entre los postulantes que defenderán sus pliegos se encuentran la secretaria del juez Julián Ercolini, María Julia Sosa; la de la Cámara Federal, Ivana Quinteros (Sala I Cámara Federal) y el ex secretario del juez Ariel Lijo, Javier Arzubi Calvo.

Juan Andrés Moldes, hijo del difunto fiscal Germán Moldes, y Nicolás Pacilio, hijo del exjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Antonio Pacilio, son otras dos de las figuras incluidas en la lista de pliegos que deberán exponer y defender sus postulaciones esta semana.

En la lista de pliegos también se encuentra el de Santiago Vismara, uno de los primeros fiscales designados «Ad Hoc» por la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y exfirmante de la solicitada de Justicia Legítima, como así también el del exsubsecretario de Justicia Jorge Djivaris, propuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

La primera audiencia comenzará a las 10hs de este miércoles 6 de mayo y en ella expondrá Sosa, actual secretaria de Juzgado de Ercolini, quien tiene la causa por supuesto espionaje vinculada al caso ANDIS, sobre su postulación a jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.

El mismo día expondrá Nicolas Grappasonno, por su postulación a vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federal; Quinteros como candidata a jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de Capital Federal; y Alejandro Catania como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

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Verónica Polverini, Marcela Sasso y Lucas Bellotti San Martín también se sumarán a la lista de expositores como candidatos a Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los juzgados de primera instancia en lo civil, comercial y del trabajo de Capital Federal.

Felipe Alliaud, por su parte, expondrá para Defensor Público Curador de la Defensoría General de la Nación; Santiago Quian Zavalia para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal; y Osvaldo Pitrau, en su caso para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal.

Analía Victoria Romero, Samanta Biscardi, Paula Castro y Lucila Córdoba también forman parte de la lista para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, junto a Vismara para Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de Capital Federal.

En cuanto a la segunda audiencia del jueves 7 de mayo, esta contará con la exposición de Nicolas Pacilio, hijo del ex camarista Antonio Pacilio, para defender su pliego para ser juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de Capital Federal. En paralelo, Juan Pablo Moldes expondrá para ser fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico.

Jorge Djivari, ex funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, defenderá su postulación a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y Pablo Wilk, acusado por el kirchnerismo de participar de la «gestapo sindical», defenderá su pliego a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N2 de La Plata.

Walter Carnota y Fernando Strasser también se suman en esta segunda audiencia para defender sus pliegos a vocales en diferentes salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social. En paralelo, Nicolas Ceballos defiende su postulación a la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional; Laura Wiszniacki su postulación a jueza de Primera Instancia en lo Civil; Federico Novello defiende su pliego para el tribunal oral en lo Penal Económico y de Capital Federal y Pablo Moya como candidato a juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Fuente: Perfil.com

Luego de que la Justicia fallara a favor de lareforma laboral, el Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales durante cuatro años para empleadores que contraten trabajadores sin empleo registrado.Te puede interesar:Encuesta nacional: Milei alcanza su peor nivel de aprobación y crece el malestar económico

La implementación del capítulo se hizo efectiva mediante la publicación del decreto 315/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Andrés Caputo.

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De acuerdo con lo dispuesto, los empleadores comprendidos en este régimen gozarán de ciertos beneficios por cada nueva incorporación de trabajadores. Para ello, los empeados deberán cumplir con una serie de requisitos.Te puede interesar:Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad de Kicillof por el violento robo a un niño en La Plata

El régimen apunta a cuatro perfiles de trabajadores. El primero es el de quienes no contaban con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025. El segundo, quienes estuvieron desempleados durante los seis meses previos al alta laboral. Los otros dos perfiles son los ex inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes —monotributistas— que no hayan ejercido actividades en relación de dependencia en el sector privado en los últimos seis meses, y aquellos cuyo último empleo bajo dependencia fue en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

PUBLICIDADhttps://cb3c559479efea99f519b2026720b913.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.htmlLa legislación apunta a 4 perfiles de trabajadores

El decreto aclara que la obtención de ingresos adicionales por parte del trabajador —ya sea bajo el régimen general o como monotributista— luego de iniciada la relación laboral no afecta los beneficios que le correspondan al empleador.Te puede interesar:Caputo elogió a una heladería argentina que conquista mercados globales: cuál es el producto que arrasa en ventas

Para quedar comprendidos en el RIFL, los empleadores deben haber adquirido el carácter de inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del 10 de diciembre de 2025. Las relaciones laborales que habilitan el beneficio son aquellas que se inicien y registren ante ARCA entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, ambas fechas inclusive. La norma fija además un tope: las incorporaciones bajo este régimen no pueden superar el 80 % de la nómina total de trabajadores del empleador.

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El beneficio consiste en una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses contados desde el mes de alta de cada nueva relación laboral. Las alícuotas diferenciales son dos: 2 % y 3 %, según el subsistema de destino. Las calculadas sobre el 2 % se distribuyen entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, en la misma proporción que hubiera correspondido sin el RIFL. Las calculadas sobre el 3 % tienen destino exclusivo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), regido por la Ley N° 19.032. ARCA fijará el procedimiento de liquidación e ingreso de ambos componentes.ARCA fiscalizará el correcto cumplimiento (Fotos: Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que el empleador no cumpla con los requisitos correspondientes, deberá recomponer las contribuciones no abonadas más los intereses y sanciones que correspondan. ARCA tiene a su cargo instrumentar los controles sistémicos para hacer operativas las exclusiones automáticas.

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La norma también establece que la contribución mensual al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) sigue siendo obligatoria para las relaciones laborales incluidas en el RIFL, y que la reducción prevista en el artículo 76 de la ley no se aplica mientras el régimen esté vigente para esa relación. Los empleadores deben ejercer la opción de adhesión mediante los mecanismos que determine ARCA; la falta de ese ejercicio impide el goce retroactivo del beneficio por los períodos en que no se hubiera aplicado.

Para la articulación con planes y programas sociales, ARCA deberá coordinar con el Ministerio de Capital Humano los mecanismos de intercambio de información necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones correspondientes. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y ARCA quedan facultadas para dictar las normas aclaratorias y complementarias que requiera la aplicación del régimen.

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Esta reglamentación llega luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocara al cautelar que frenaba la reforma laboral y reestableciera la validez de 83 artículos. Tras esto, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en los juzgados del trabajo.

De esta manera, el Gobierno consideró que la legislación está plenamente vigente, por lo que avanzó rapidamente con su implementación.

Fuente: Infobae.com

Los once días en los que la Casa Rosada estuvo vedada a los periodistas acreditados representaron el clímax del tenso vínculo entre el Gobierno y los medios de prensa. Finalmente, el acceso a la prensa a la sede de Balcarce 50 se permitió hoy, aunque las restricciones se endurecieron.

A partir de hoy, no se les permite a los acreditados circular por los pasillos ni permanecer en el patio central, el llamado “Patio de las Palmeras”, desde donde se observaba el movimiento de los funcionarios. Tampoco se habilita recorrer el pasillo que lleva al despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo, que conecta el primer piso con la planta baja del edificio.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará hoy a las 11 una conferencia de prensa, en teoría para explicar los cambios en la sala de prensa de la Casa Rosada.https://www.youtube.com/embed/MNT-HblGrO8?autoplay=1&mute=1

Las nuevas condiciones pueden verse desde la entrada. Luego de ingresar por la reja que da a Plaza de Mayo, funcionarios de Casa Militar (distintos a los que solían verse hasta la semana pasada) revisan una lista para permitir el paso. Los periodistas ingresan por la esquina del edificio, y allí son palpados y revisados nuevamente, con scaner y detector de metales. Deben dejar sus credenciales de prensa al retirarse.

Ya en el primer piso, donde se encuentra la sala de prensa, un vidrio esmerilado impide la visión del balcón que da al Patio de las Palmeras. La puerta para acceder a ese balcón, y ver desde arriba a quienes entran y salen por el salón de los Bustos, también está cerrada. Incluso para ir al comedor, en el primer subsuelo, los periodistas deben dar una vuelta adicional, ya que la escalera que utilizaban (cercana al despacho de Caputo) está bloqueada.

La restricciones en la Casa Rosada no son, por cierto, una novedad para el gobierno libertario. Una de las primeras cuestiones que se modificaron con la llegada de La Libertad Avanza fue el acceso a determinados salones y despachos. El Salón de las Mujeres, en el primer piso, que solía estar abierto y donde se llevaban a cabo actos y conferencias, fue convertido en oficinas con las ventanas tapadas y mucho misterio.

Algún colega que, acostumbrado a antiguas libertades, quiso filmar dentro del salón, fue amonestado por Casa Militar, y pasó varios días sin poder ingresar a la sede oficial. Lo mismo ocurrió con el antiguo Salón de los Pueblos Originarios, en la planta baja, hoy renombrado como Salón Malvinas, sin acceso para la prensa. Nadie más pudo ingresar sin autorización, al Salón de los Científicos, que también en el primer piso conecta el ala donde está la sala de prensa con los salones Norte y sur.

Con el correr de los meses, las restricciones de paso y circulación para los periodistas se incrementaron. Por orden del Gobierno, los periodistas tienen desde hace meses prohibido acercarse al Patio de las Palmeras cuando el Presidente entra o sale de la Casa Rosada. Se adujeron cuestiones de “seguridad”, y ya no hay chances de ver al Presidente, salvo en contadas ocasiones, como aquella intempestiva salida a ese mismo patio para cantar, a voz en cuello, la marcha de San Lorenzo, junto a la fanfarria de los Granaderos. Esa imagen, con las nuevas medidas, será imposible de visualizar.

La nueva conducción de la Casa Militar, encargada de la seguridad presidencial y encabezada desde marzo de 2024 por el coronel Sebastián Ibañez, se caracterizó desde entonces por cumplir a rajatabla las instrucciones de la Secretaría General de la Presidencia, sin el mínimo diálogo informativo, diálogo que sí estaba vigente durante el mandato de su antecesor, Alejandro Guglielmi. Muchos despachos que solían estar abiertos durante los gobiernos anteriores, como el del Ministerio del Interior, se cerraron para los periodistas hasta nuevo aviso luego de la salida de Guillermo Francos. Más distantes, ni el actual ministro del Interior, Diego Santilli, ni el hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abren las puertas para los acreditados en la mayoría de sus horas de trabajo.

A diferencia de la gestión de Gabriela Cerruti, vocera durante el gobierno de Alberto Fernández, que solía tener conferencias de prensa semanales, Adorni se propuso hablar diariamente, para ser “la voz del Presidente”. Un Presidente que nunca concedería una rueda de prensa en sus más de dos años de mandato, y sí dos saludos breves: el primero, apenas llegado al poder, y el segundo en junio de 2024.

La saludable rutina de intercambios, con preguntas y respuestas muchas veces irónicas por parte del funcionario, se mantuvo por largos meses, hasta que Adorni comenzó su campaña como candidato a legislador porteño. Allí se espaciaron, a la espera de que el futuro jefe de Gabinete “siga siendo el vocero”, como prometían los funcionarios, antes y después de los problemas judiciales que comenzaría a tener a partir del 8 de marzo pasado.

En plena guerra con los medios, el Gobierno endureció en mayo de 2025 los requisitos para la continuidad de los periodistas acreditados. Además de achicar la cantidad de acreditaciones (las redujo a dos titulares y un suplente por medio, un total de 25 por turno, y dejó a decenas de medios pequeños sin autorización), introdujo una serie de requisitos vía resolución, que incluyó la firma de una declaración jurada y la obligatoriedad de entregar datos verificables sobre la llegada masiva de cada medio. También estableció un “código de vestimenta” formal para las conferencias de prensa, y una prohibición de “transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”, en espacios no autorizados, a riesgo de considerarlo “falta grave”. En este punto se basó el Gobierno para prohibir el ingreso a periodistas de TN por haber filmado pasillos y frentes de oficina en Casa Rosada, según fuentes oficiales sin pedido previo. Una prohibición que, el jueves 23 del mes pasado, se extendió a todos los medios.

A principios de abril, la divulgación periodística de una supuesta red de propaganda orquestada por el Kremlin para publicar en medios nacionales noticias favorables a la Federación Rusa, contra Ucrania y su entonces aliado, el gobierno de Milei, derivó en la prohibición de ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados de un puñado de medios, entre ellos A24.com, Ambito Financiero, El Destape y Tiempo Argentino.

La controversia se resolvió el viernes 17, con el reingreso de los periodistas, aunque dos días después la emisión del programa que Luciana Geuna conduce en TN derivó en la última escalada, con denuncia penal de Casa Militar contra TN y la prohibición general. Un cierre que mereció el repudio de entidades periodísticas, dirigentes de la oposición y representantes de organizaciones de la sociedad civil, mientras el Presidente defendía la medida y atacaba a los medios en las redes sociales.

El jueves por la noche, el Gobierno anunció que devolvería el acceso a la prensa para este lunes. Y prometió una conferencia de prensa a cargo del propio Adorni, y aunque la promesa fue relativizada con el correr de las horas, se confirmó esta mañana. Un vínculo conflictivo, que más allá de eventuales aperturas y cierres, seguirá con la tensión como denominador común.

Por Jaime Rosemberg

Fuente: La Nación

El registro estadístico resulta categórico y, a la vez, plantea una incomodidad transversal a todo el arco político: el 71,2% de la población argentina considera necesario un recambio de Gobierno, aunque no se distingue con nitidez quién podría encabezar ese proceso.

El relevamiento nacional elaborado por la consultora Zuban Córdoba expone así una tensión doble: por un lado, la del oficialismo, afectado por un nivel de desaprobación que alcanza el 64,5%; por otro, la de la oposición, que aún no consigue consolidar una figura clara capaz de canalizar el descontento social.

Encuesta: intención de voto y liderazgos en un escenario fragmentado

En ese marco, los indicadores de potencial electoral configuran un tablero disperso, sin figuras que se impongan con claridad. Entre los dirigentes con mayor caudal de “voto seguro”, se ubica en primer término Victoria Villarruel con 23,2%, seguida por Sergio Massa con 21,3%. Más atrás aparecen Mauricio Macri con 20,1%, Patricia Bullrich con 18,1% y Axel Kicillof con 16,3%. El presidente Javier Milei registra 12,7% en ese mismo rubro.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

Encuesta: el 39% culpa a Milei por los problemas económicos y supera al «riesgo kuka», que bajó a 33%

No obstante, al considerar el “voto probable”, las diferencias se reducen y refuerzan un escenario de paridad competitiva: Bullrich alcanza 56,4%, Milei 57,2% y Macri 56,8%, mientras que Massa llega a 44,3%, Villarruel a 44,9% y Kicillof a 43,8%.

Un rasgo común a todos los dirigentes es la coexistencia de estos niveles de intención con elevados porcentajes de rechazo. Así, un 21,3% declara que nunca votaría a Massa, un 20,1% expresa lo mismo respecto de Macri y un 23,2% en relación con Villarruel, lo que restringe la posibilidad de construir mayorías amplias.

Elecciones y partidos políticos: muchos indecisos y paridad entre oficialismo y PJ

La misma dinámica se observa al analizar escenarios por fuerzas políticas. En una proyección electoral, el peronismo (PJ – Fuerza Patria) reúne 28,4%, seguido por La Libertad Avanza con 22,1%, mientras que un 27,2% aún no define su voto. En una segunda hipótesis, la fragmentación persiste: 31,7% de indecisos, 30,5% para el PJ y 23,9% para el oficialismo.

Atlas Intel: “Myriam Bregman funciona como un outsider, igual que Milei en sus inicios”

El panorama general permite una lectura nítida: la demanda de cambio es amplia, pero no cuenta con una conducción definida. Ese 71,2% que impulsa un giro en el rumbo no identifica todavía a un dirigente o espacio que condense esa expectativa.

En ese contexto, todos los protagonistas exhiben simultáneamente rasgos de competitividad y debilidad. Ninguno logra despegar de manera concluyente, aunque varios permanecen en disputa. Si estas tendencias se mantienen, el proceso electoral se perfila como una contienda abierta, donde quien consiga ordenar la oferta opositora podría obtener una ventaja decisiva.

Fuente: Perfil.com

En medio de las denuncias y las dudas sobre su patrimonio, Manuel Adorni volvió a hablar en conferencia de prensa en Casa Rosada y lo hizo con un marcado tono protocolar, alejado de las respuestas ácidas y desafiantes.Te puede interesar:Encuesta nacional: Milei alcanza su peor nivel de aprobación y crece el malestar económico

En la primera parte de su presentación, el referente del gobierno de Javier Milei hizo un repaso de las últimas noticias de la gestión y luego respondió preguntas de los periodistas acreditados.

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Antes de iniciar la ronda de consultas, aclaró que no iba a evacuar dudas sobre cuestiones personales que puedan entorpecer la investigación judicial, pero volvió a negar irregularidades sobre sus viajes al exterior: “No fueron financiados por terceros ni obsequios de ningún tipo y el Estado no registra pagos por mis viajes. Nunca existió ocultación alguna”, enfatizó al explicar el origen de los fondos utilizados en sus traslados familiares.Te puede interesar:Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad de Kicillof por el violento robo a un niño en La Plata

Sin embargo, una de las respuestas salientes de Adorni se dio sobre el final de la rueda de prensa, cuando respondió inquietudes sobre el presunto uso indebido de fondos públicos y el alcance de la seguridad oficial para él y su familia, que incluiría recursos oficiales como autos o custodia, fuera de su horario laboral.

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En ese sentido, el funcionario afirmó que estas medidas se ajustan estrictamente al marco legal y son prácticas habituales en el mundo: “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional, y además se cumple siempre con la normativa aplicable”.Te puede interesar:Caputo elogió a una heladería argentina que conquista mercados globales: cuál es el producto que arrasa en ventas

El funcionario recordó además episodios que sufrió con su familia apenas asumió: “No sólo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública.«

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Al respecto, el jefe de Gabinete subrayó: “El miércoles, en la extensa jornada en el Congreso Nacional, quedó más claro que nunca por qué esa seguridad es legítima cuando cierto diputado (por Rodolfo Tailhade) casi que hizo una confesión de que están espiando, en este caso, a la esposa del jefe de Gabinete, que vengo a ser yo, pero que claramente eso puede extenderse a cualquier funcionario del Gobierno”.

Por si quedaban dudas, Adorni negó que existan excepciones a lo dispuesto por la ley en estos aspectos. “No hay nada que ocurra fuera de la normativa en ninguna materia, pero menos aún en materia de seguridad, donde somos especialmente cuidadosos”, enfatizó.

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Causas judiciales

En cuando a las denuncias por su patrimonio, Adorni aclaró también que, aunque ya dio detalles públicamente, está dispuesto a acudir ante los tribunales si así se requiere: “Ya di las explicaciones, pero si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré”, garantizó.

Sobre la información aún pendiente respecto del estado de sus bienes, el jefe de Gabinete precisó: “Aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, ahí estará mi patrimonio actualizado”.

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En el mismo sentido, Adorni dejó claro que va a cumplir los plazos previstos: “Mi declaración jurada va a estar presentada como siempre, en tiempo y forma”.

Consultado en varias ocasiones sobre los cuestionamientos a su patrimonio y las denuncias judiciales, Adorni sostuvo que ya se había explayado de manera pública ante los representantes legislativos: “Todas las explicaciones fueron dadas el 29 de abril en mi exposición en la Cámara de Diputados”, subrayó.

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En otro orden, afirmó que su presencia en la sala tenía que ver con reactivar el uso del espacio para la prensa. “Quise venir a dar la conferencia, no para dar una bienvenida sino para restablecer el funcionamiento de la sala. Cuando Casa Militar considere que no hay ningún riesgo de que vuelva a haber filmaciones, los protocolos se van a ir actualizando y modificando”, especificó.

Al referirse a la dinámica de las conferencias, el jefe de Gabinete avanzó sobre la posibilidad de adoptar cambios en el método de preguntas para garantizar la participación de todos los periodistas presentes: “En este nuevo orden que estamos teniendo y para en algún momento poder ampliar las preguntas, respeten que sea una por periodista. Por ahí vamos a poder llegar al punto en que puedan preguntar todos”.

Fuente: Infobae.com

Lo que hace unos pocos años parecía ser solo una foto de campaña en La Rioja, hoy se transformó en una gigantesca red familiar repartida por todo el Estado. La sociedad política que Javier Milei y Martín Menem empezaron a tejer en 2021 dio sus mayores frutos a fines de 2023, cuando La Libertad Avanza llegó al poder. A partir de ese momento, con Martín liderando la Cámara de Diputados y la rápida incorporación de Eduardo “Lule” Menem al Ejecutivo de la mano de Karina Milei, el clan logró expandirse a paso firme: actualmente, al menos 17 parientes tienen un cargo asegurado en diferentes oficinas públicas del país.

Apenas asumió en el Congreso, Martín Menem decidió rodearse de su círculo íntimo. A fines de enero, nombró a su sobrino segundo, Federico Sharif Menem, como director general en Diputados. Aunque la oposición criticó duramente esta decisión, el titular de la Cámara se defendió diciendo que el joven trabaja con él hace tres años y que necesita tener al lado a alguien en quien confíe «ciegamente». Acorde al relevamiento llevado a cabo por La Nación, este empleado es hijo de Gabriel Menem, hermano de «Lule».

Por su lado, «Lule» logró convertirse en la mano derecha de Karina Milei y en febrero de 2024 asumió como subsecretario en la Secretaría General de la Presidencia. En 2025, el funcionario quedó envuelto en un escándalo por unos audios que hablaban del supuesto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Frente a esto, negó la polémica y dijo que era una «burda operación política del kirchnerismo».Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

La familia de «Lule» también pisó fuerte en el Congreso de la Nación. Su hermana Amalia forma parte de la planta permanente de Diputados y trabaja como asistente en la presidencia de la Cámara. Además, otra de sus hermanas, Carola Menem, es asesora del senador Carlos Pagotto. Este legislador riojano es una pieza clave para el Gobierno, ya que Karina Milei lo eligió para presidir la comisión que debe aprobar a los nuevos jueces en el Senado.FOTO

La lista de familiares en el Estado nacional suma varias dependencias más. Nazarena Menem, hermana de Sharif, es empleada en la Auditoría General de la Nación (AGN). En el área de Aduana (ARCA) trabajan Lara Menem y su padre, Jorge Horacio Menem, quien ocupa un cargo directivo tecnológico. Finalmente, por pedido directo de Presidencia, Amado Omar Menem (tío de Martín) fue nombrado titular del PAMI en La Rioja a principios de este año.

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Divididos por la política: los parientes en el gobierno de La Rioja

Mientras la rama principal del clan armó una fuerte alianza con La Libertad Avanza, otra parte de la familia trabaja para Ricardo Quintela, el gobernador peronista de La Rioja que es un duro crítico de Javier Milei. En esta provincia, cinco miembros del apellido tienen cargos en la gestión local.

El nombre que más resalta es el de Alfredo Menem, yerno del gobernador, que maneja el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social. Su hermano, Yamil Menem, también tiene un lugar de peso como titular de la Agencia de Espacios Públicos y Eventos. Según los registros oficiales, ellos son parientes lejanos de Martín y «Lule», porque su padre era sobrino directo del expresidente Carlos Saúl Menem.

El mapa en la provincia se completa con otros tres integrantes. Roberto Carlos Menem encabeza la Secretaría de Gestión Administrativa y Marcelo Menem es director en el Ministerio de Salud. Además, Jorge Omar Nicolás Menem lidera el Tribunal de Cuentas (donde también trabaja Silvia Pedernera Menem), mientras que Ana Carla Menem se desempeña como jueza en el ámbito provincial.

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Contratos millonarios y control de registros del automotor

El peso del apellido no se nota solo en los sueldos del Estado, sino también en negocios muy rentables. Marcela Fátima Menem, otra de las hermanas de «Lule», maneja un Registro de la Propiedad Automotor en la Ciudad de Buenos Aires desde 1991. De la misma forma, Laila Herminia del Carmen Siman Menem figura como titular de un registro en Neuquén desde hace treinta años.

El mundo de las contrataciones públicas también le sonrió a la familia. La empresa de seguridad Tech Security SRL, ligada a los hermanos de Martín, ganó este año una licitación de casi 4000 millones de pesos para custodiar el Banco Nación. Un dato llamativo que publicó el Boletín Oficial es que, cinco meses antes de conseguir este mega contrato, el presidente de la Cámara de Diputados le cedió su parte de la empresa a su hermano Adrián.

Si bien LA NACIÓN reveló que Tech Security ya había trabajado para el Banco Nación y otras áreas del Estado, este nuevo contrato llama la atención porque durará dos años, el doble del tiempo que se venía acordando. Por último, los negocios privados con el Estado también aparecen en La Rioja, donde un socio de la empresa Altaufi SA, llamado Jorge Ángel Menem Hilal, figura como proveedor oficial del gobierno provincial desde 2016.

Fuente: Perfil.com

Pasó Manuel Adorni por el Congreso de la Nación y, aunque el oficialismo entiende que tuvo una especie de triunfo porque el Jefe de Gabinete “respondió todo”, la oposición hace una lectura diferente y define los próximos pasos a seguir en el Palacio Legislativo.Te puede interesar:Milei en “modo Rocky”, entre la supervivencia de Adorni y una jugada maestra de los gobernadores

En varias publicaciones anteriores este medio explicó que los referentes de la oposición en Diputados vienen conversando sobre los pasos a seguir y cómo había sido la estrategia para llegar a la sesión con el Jefe de Gabinete. Ahora comienza otra parte de ese plan integral.

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En los próximos días comenzará un intercambio con el fin de armar un temario que les permita a los bloques de la oposición avanzar rumbo al hemiciclo.Te puede interesar:Se enamoró de su tío, están en pareja hace once años y tienen dos hijos: “Me demostró que podíamos tener una relación sana”

“Ahora viene la parte tres que es la de juntar proyectos e intereses para poder ir al recinto y avanzar en una agenda en común. Y vamos a ir por los temas que nos interesan a todos y que sabemos que el Gobierno no lo va a hacer que es la agenda social”, explicó uno de los diputados que negocia esa agenda.

PUBLICIDADLos bloques opositores reclaman que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Discapacidad que ya está aprobada

En diferentes despachos del Congreso de la Nación se está trabajando en una sesión para emplazar a diferentes comisiones, por lo que se están “peinando” proyectos y diputados para sumar votos. “Como lo que necesitas es tener 129 diputados para el quórum y para votar los emplazamientos lo que estamos viendo son los proyectos que le interesan a algunos legisladores que son necesarios para alcanzar el número. Nosotros vamos a trabajar sobre un tema que junta voluntades como el endeudamiento de las personas, pero quizás hay que sumar otros proyectos como la emergencia climática en algunas provincias o ficha limpia que empujan otros sectores y los llevas al recinto para poder emplazar a las comisiones que manejan los libertarios”.Te puede interesar:El Gobierno reabrirá la sala de periodistas y Adorni volverá a dar una conferencia de prensa en la Casa Rosada

El hilo conductor en los diferentes bloques de la oposición es la agenda social, que entienden que crece sobre la base de la aparición de casos de corrupción. “La agenda social se retroalimenta de la agenda de corrupción porque la gente que no puede llegar a fin de mes observa como mientras la está pasando para el culo estos tipos están de joda, viajando a todos lados”.

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El eje central de esta estrategia pasará por la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia —presidida por el peronista y sindicalista Hugo Yasky— que tiene una veintena de proyectos que proponen medidas en busca de dar una solución al crecimiento de las deudas y la morosidad de las familias.

“Lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular.” El avance de la iniciativa no está garantizado porque el oficialismo y sus aliados son mayoría en la comisión; por eso la oposición busca que el deterioro de la imagen del Gobierno, junto a la intención de empezar a diferenciarse de LLA, sirva para conseguir alguna firma más. La comisión tiene 31 integrantes donde LLA tiene 13, UP 11, Provincias Unidas 2, PRO 2, UCR 1, Coalición Cívica 1 e Innovación Federal 1.

PUBLICIDADGermán Martínez, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot (Gustavo Luis Gavotti)

El otro punto es que el oficialismo giró estos proyectos a Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo muestra una gran fortaleza en el número y que la oposición deberá emplazar para poder avanzar.

En medio de esto, desde las provincias hay algunos movimientos que ilustran la situación. Un ejemplo es lo que sucedió en Santa Fe. La administración de Maximiliano Pullaro presentó el Plan de Protección de los Ingresos, con medidas para desendeudar a trabajadores privados y públicos, autónomos y jubilados cuyos salarios se ven afectados por descuentos derivados de créditos.

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La ex vicegobernadora de Pullaro es la diputada Gisella Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, que tiene 18 miembros. Además, la santafesina es del PRO de la provincia que, aunque tiene algunos desencuentros con los amarillos nacionales, mantiene los puentes.

“Más allá del tema y los tiempos, lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular. Nosotros tenemos la orden de trabajar solo sobre lo que el Ejecutivo pide. Empieza un juego matemático de ver si logramos contener a los socios o si ellos los pueden llevar para su lado. Empieza otro Congreso”, reconoció un diputado libertario que suele tener buenas conversaciones con los legisladores del peronismo.

Fuente: Infobae.com

El enfrentamiento entre Javier Milei y el sindicalismo transcurre hoy en los tribunales, en una tensa pulseada por la vigencia de la reforma laboral. La Corte Suprema de Justicia podría dirimir la pelea y emitir una acordada en línea con lo que sus miembros habrían evaluado en privado: no objetarían la ley aprobada por el Congreso a pesar de tener dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos, entre ellos, los que limitan el derecho a huelga. Esa es la versión que circula entre magistrados del fuero laboral, gremialistas y empresarios consultados por LA NACION. De intervenir la Corte con este posicionamiento, sería un triunfo para Milei frente a lo que alguna vez llamó “la casta sindical”.

Detrás de esta puja con la CGT, surge un curioso doble juego del Gobierno con Hugo Moyano, el sindicalista más poderoso e influyente de los últimos 25 años. Desde el comienzo de la gestión libertaria, el jefe camionero aceptó paritarias por debajo de la inflación e incluso por tramos temporales más largos, como lo es el acuerdo salarial vigente, que es semestral (de marzo a agosto) y contempla un aumento de 10,1% para ese período. Tampoco hubo cuestionamientos por la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, que desplazó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, de las negociaciones y es él quien define si los acuerdos se homologan o no.

Con 82 años, Moyano atraviesa un momento difícil y por primera vez en sus cuatro décadas al frente del Sindicato de Camioneros surgen focos de insurgencia que amenazan su liderazgo. Su mandato al frente del gremio finaliza en 2027, lo que acelera las especulaciones sobre sus posibles herederos. La revelación de LA NACION sobre una serie de transferencias millonarias desde el gremio y la obra social a fideicomisos vinculados a su esposa agitó todavía más la interna. Hace dos semanas hubo un pedido de documentación contable por parte de la Justicia que alteró los nervios. Moyano y su esposa, Liliana Esther Zulet, que administra el holding de empresas que orbitan alrededor del gremio, siguen por ahora en silencio, aunque activos. Dispusieron una serie de despidos en el área de tesorería y un bloqueo del sistema informático interno, según contaron fuentes sindicales. No hubo comunicado oficial desde el gremio ni tampoco respondieron a la consulta de LA NACION.

Desde las cuentas que el sindicato y la obra social de Camioneros tienen registradas en el Banco Provincia, se transfirieron $900 millones en 12 días a tres fideicomisos que estarían vinculados a Zulet y dos hijos que tiene de otro matrimonio. Se conocieron ahora nuevos giros entre el 12 y el 28 de enero de 2026. El monto de las transferencias durante ese período llegaría casi a los $1100 millones, según revelaron a LA NACION fuentes del gremio al tanto de las finanzas. Las transferencias habrían sido a los fideicomisos Khasis y Thoth y el destino de los fondos serían las empresas Aconra y Dixey, del rubro de la construcción y textil, respectivamente. En los directorios de estas compañías, que tienen como cliente exclusivo al Sindicato de Camioneros, están Valeria Alejandra Salerno e Ignacio Noriega Zulet, hijos de la esposa de Moyano.

Nadie del Gobierno ni de la Justicia reaccionó frente a las sospechas de un presunto vaciamiento de las cuentas del sindicato y de la obra social. Tampoco los opositores a Moyano se animaron a ir a los tribunales a intentar reactivar una vieja causa sobre supuesta administración fraudulenta.

La crisis de la obra social (Oschoca) no se detiene a pesar del auxilio empresario, que abona un plus de $25.000 mensual por afiliado. La prestadora médica arrastra un rojo financiero que rondarías los $60.000 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió LA NACION. Esta semana recortó servicios, prestaciones y la entrega de medicamentos, según comentaron fuentes sindicales. Oschoca es administrada por la empresa Iarai, también propiedad de Zulet y sus hijos.

Por los negociados con las empresas de Zulet, Moyano fue denunciado en 2010 por la actual legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostiene desde entonces y hasta la actualidad que la familia se enriqueció desviando fondos del sindicato a esas empresas para usufructo propio. Al expediente judicial lo tuvo sin avances el fallecido juez Claudio Bonadio y siguió después en la oficina de Julián Ercolini, tal vez con destino de archivo.

A partir de una publicación de LA NACION, Ocaña volvió a la carga, pero esta vez con una carta a la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que supervisa a todas las obras sociales del país y que depende del Ministerio de Salud. Le pidió a Claudio Adrián Stivelman, titular de la SSS, intervenir la prestadora médica de camioneros y denunció que Moyano y su esposa la administra como “un bien propio sin rendir cuentas”. Pese a esta presentación, la SSS no tiene previsto avanzar sobre la obra social de los camioneros, según supo LA NACION de fuentes oficiales.

Frente judicial abierto

El único frente judicial abierto para Moyano transcurre hoy en Mar del Plata y es a partir de una denuncia promovida por él mismo, a través de su aliado Héctor “Yoyo” Maldonado, una suerte de mano derecha con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en curso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. En caso de que eso suceda, la denuncia de Maldonado podría volverse en contra de los intereses de su jefe, que debería eventualmente exhibir los libros contables del gremio y no solo la contaduría del hotel marplatense. Si se detecta una presunta evasión o sobrefacturación, la causa podría pasar a la Justicia federal, según especularon fuentes judiciales y gremiales con conocimiento de la investigación. Hay por ahora siete imputados: tres exempleados del hotel, dos proveedores y dos dirigentes que eran de confianza de Moyano y que fueron echados: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el Tesorero, Paulo Héctor Villegas.

Del expediente que tiene a su cargo el fiscal Carlos David Bruna, y al que tuvo acceso LA NACION, surgen algunas curiosidades que podrían volvérsele en contra a Moyano. Una es que las facturas y los cheques del hotel marplatense eran auditados en la sede del gremio en Buenos Aires. Otra es que se habría detectado que una de las empresas proveedoras de artículos de limpieza que habría cobrado sobreprecios sería de una abogada que representa al gremio en otros litigios. Es decir, alguien de confianza del líder sindical.

Para Moyano la causa judicial por el presunto fraude en Mar del Plata se volvió un dolor de cabeza. Teme que se le vuelva en contra porque podría dejar al descubierto irregularidades que involucren a su círculo íntimo. Hace aproximadamente un mes habían comenzado a circular versiones sobre supuestos contactos con la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof en caso de necesitar alguna gestión política en el Poder Judicial o en los organismos de control impositivo. La versión cobró más fuerza tras la revelación de LA NACION en la que se informó sobre el desplazamiento de seis funcionarios de la seccional Mar del Plata de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que habían denunciado presiones desde sus jefes de Buenos Aires para no aportar documentación a la investigación judicial vinculada a los negocios del hotel sindical. Uno de los funcionarios de ARCA desplazados se llama Manuel Rodríguez. Fue uno de los que asistió a la Fiscalía Federal de Mar del Plata para radicar una denuncia contra la cúpula del organismo recaudador. Curiosamente, el fiscal Bruna, a cargo de la investigación del fraude en el hotel marplatense, rechazó esta semana la citación a declarar como testigo de Rodríguez, solicitada por el abogado Maximiliano Orsini, defensor de tres de los siete imputados. Bruna tiene el expediente desde agosto de 2025 y la pericia contable que ordenó recién podría estar lista dentro de 90 días, según cálculos judiciales.

El vínculo de Moyano con la gestión libertaria es a partir de unos pocos funcionarios. No conoce personalmente a Milei ni tampoco tiene trato. Su hijo Hugo Antonio, que es diputado nacional e integra el equipo legal del gremio, es el nexo con el secretario de Trabajo por los temas salariales o laborales. El otro puente es con Mario Lugones, aunque solo por asuntos vinculados a la obra social. También quedó abierto un canal con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el que negoció históricamente los contratos por la recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires.

Pero tal vez al vínculo más fuerte lo tejió recientemente. En la primera visita oficial de la CGT a la Casa Rosada, en abril de 2024, Moyano se sumó a la comitiva a pesar de no ser parte del consejo directivo. Ese día la tropa sindical fue recibida por Guillermo Francos, pero con quien el camionero conectó de inmediato fue con Santiago Caputo. Fue el asesor presidencial el que a los pocos días de aquel primer apretón de manos destrabó un conflicto con la paritaria de los camioneros. Desde entonces quedaron en contacto, a veces también a través de Jerónimo, el menor de los Moyano que oficia de secretario de privado de su padre. Una de las áreas en las que Caputo conserva incidencia es casualmente en la ARCA, el organismo que intentó auxiliar a Moyano con la causa judicial que lo tiene en vilo.

Por Nicolás Balinotti

Fuente: La Nación