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En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora el 26 de junio, la Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por el crecimiento del narcotráfico en los barrios más vulnerables del país y reclamó una mayor presencia y apoyo del Estado en la prevención y atención de las adicciones.Te puede interesar:El Gobierno vetó en su totalidad la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca

A través de un comunicado difundido este lunes 23 de junio, el organismo que agrupa a los obispos católicos del país advirtió que la retirada del Estado de los sectores más afectados por la pobreza facilita el avance de las redes de narcotráfico, que ocupan ese vacío y se constituyen en una suerte de “Estado paralelo”.

Según la Iglesia, en estos contextos los jóvenes son especialmente vulnerables, ya que el narcotráfico les ofrece alternativas de vida que, aunque parecen mejores en lo inmediato, terminan por arrebatarles su dignidad, libertad y, en muchos casos, la vida.Te puede interesar:Cuánto se paga por la hora de limpieza en julio 2025: las escalas vigentes y cómo se fijan nuevos aumentos

El documento, firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo D. Colombo, junto a otros miembros de la Comisión Ejecutiva, subraya que el consumo de drogas representa una “herida profunda” en el corazón de la juventud, especialmente entre quienes viven en condiciones de extrema pobreza. Los obispos sostuvieron que la droga “mata por dentro, apaga la esperanza y corta proyectos”, y llaman a no naturalizar esta realidad.https://4e4785507657b4a3aa9be599e9ec8291.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

La Iglesia destacó su presencia en los barrios más afectados, donde desde hace años sostiene una labor de acompañamiento a personas con adicciones a través de parroquias, capillas, los Hogares de Cristo, Centros Barriales, Cáritas, Fazendas de la Esperanza y otras iniciativas, muchas de ellas en articulación con organizaciones de la sociedad civil. Según el comunicado, este trabajo se realiza de manera “silenciosa, cercana y constante”, con la convicción de que “nadie está perdido para siempre”.Te puede interesar:Alerta amarilla por frío en el AMBA: hasta cuándo seguirán las temperaturas extremas

Sin embargo, los obispos remarcaron que la tarea de prevención y recuperación requiere de recursos y de un compromiso sostenido por parte del Estado. “No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos”, señalaron, y advirtieron que la desfinanciación o la demora en la ayuda estatal equivale a “condenar a muchos a la muerte”. En este sentido, reclamaron que las autoridades nacionales, provinciales y municipales reconozcan y respalden el trabajo que ya se realiza en el territorio, aportando los recursos necesarios para fortalecerlo y ampliarlo.La Iglesia criticó al Gobierno por el avance narco en los barrios

El comunicado enfatiza que la prevención y la educación son pilares fundamentales en la lucha contra el consumo y el tráfico de drogas, y que la recuperación de quienes atraviesan la drogodependencia depende de la existencia de comunidades de contención y redes de apoyo. “La recuperación no es un camino solitario: se sostiene en vínculos, en el abrazo de una red fraterna, en la pertenencia”, afirmó la Iglesia.

La Conferencia Episcopal también dirigió un mensaje a quienes padecen adicciones, asegurando que la Iglesia no se resigna a perderlos y los alienta a pedir ayuda. “No se desanimen. Pidan ayuda. No dejen de llamar a la puerta de todos cuantos queremos ayudarlos”, expresaron.

Finalmente, agradecieron a quienes trabajan diariamente en la recuperación de personas afectadas por el consumo de drogas y reiteraron la necesidad de un compromiso económico y social más amplio para sostener estas tareas.https://drive.google.com/file/d/1ayPLeyF9l-ccY1G6DrwThzGrqLpnJtki/preview

Este comunicado sale a la luz después de que tomara estado público el impactante informe elaborado por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y el think tank Fundar, “La narrativa rota del ascenso social, Un estudio sobre las expectativas de los jóvenes de barrios populares”, donde reveló con base en encuestas realizadas en el territorio, sobre todo barrios vulnerables, el impacto destructivo del narcotráfico entre las familias y los jóvenes.

La investigación liderada por Rodrigo Zarazaga y María Migliore expone que la compraventa y el consumo de drogas forman parte cotidiana de la vida en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según encuestas realizadas, más de la mitad de los jóvenes consultados perciben que la mayoría de sus amistades consumen drogas, mientras que cerca de la mitad reconocen conocer personas de su barrio que las venden.

Los relatos de los entrevistados señalan que el consumo se da en grupos de amigos y que la edad de inicio es cada vez más baja, situándose en algunos casos en los 9 o 10 años. Los jóvenes describen el entorno de sus barrios como amenazante y dominado por la presencia constante de drogas, además de señalar que las familias y las escuelas enfrentan grandes dificultades para contener esta realidad.

El estudio, basado en 600 encuestas y 47 entrevistas a jóvenes de entre 16 y 24 años, concluye que el consumo de drogas está normalizado y se asocia a experiencias de vida atravesadas por carencias, delincuencia y rupturas familiares. Se observa que el consumo problemático y la actividad delictiva pueden repetirse de generación en generación.

Algunos testimonios cuentan historias donde familiares directos han vendido drogas o han estado presos. Además, la relación entre adicciones, abandono escolar y vida en la calle aparece como un elemento recurrente; diez jóvenes dejaron la escuela por problemas de adicciones y situación de calle.

Entre las principales motivaciones para el consumo, los jóvenes mencionan la búsqueda de olvido, la necesidad de ingresos y el deseo de reconocimiento social.

El informe, distribuido entre integrantes de la Iglesia, motivó a los obispos a advertir públicamente sobre la urgencia de abordar esta problemática y demandar respuestas al Gobierno, según la declaración vinculada al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

Fuente: Infobae.com

Con la firma de los 23 gobernadores y el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, las provincias se unieron hoy para reclamarle a la administración de Javier Milei la distribución de los recursos del impuesto al combustible y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en una jugada conjunta que incluye un proyecto de ley que será presentado en el Congreso y la advertencia de que el país y sus distritos atraviesan por una “crisis económica”.

En el inicio de una semana en la que intentará retomar las riendas de la agenda pública, el gobierno nacional estuvo atento a lo que ocurrió en la reunión de los gobernadores, que se dieron cita -la mayoría en forma presencial y algunos vía zoom- en la sede alternativa del Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicada en Azopardo al 700. Allí, mandatarios de distintos signos políticos coincidieron en dirigir sus reclamos directamente a la Casa Rosada.

A diferencia de la reunión anterior, hace 20 días, en este caso fueron los mismos gobernadores quienes decidieron juntarse. Tal vez por esa razón, y con la intención de calmar ánimos estuvieron en el CFI el vicefeje de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para dar respuesta a dos reclamos puntuales de los mandatarios provinciales: la idea de coparticipar un porcentaje mayor de los ATN, y el pedido de un aporte mayor para las provincias del impuesto a los combustibles.

Disconformes con lo conversado, aunque sin romper del todo los puentes, los gobernadores redactaron, al término de la reunión, un proyecto de ley con esos mismos dos puntos. Firmaron todos, en lo que uno de los mandatarios definió como “un punto de inflexión” en el vínculo de las provincias con la Casa Rosada.

“Proponemos un proyecto de ley mediante el cual se decide la eliminación de todas los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966) para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina”, afirmaron los gobernadores en un comunicado conjunto.

“Por otra parte, en el marco de la crisis económica que afecta los ingresos tanto del Gobierno Nacional como de las Provincias, definimos que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya entre Nación y provincias de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria de la Ley 23.548″, agregaron los mandatarios provinciales con la certeza “de que su sanción no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y Provincias de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis”.

Una crisis que, según susurró otro mandatario provincial, “el Gobierno no ve”.

Qué dice el Gobierno

La administración libertaria sostuvo -desde el Ministerio de Economía- que “los ATN están en niveles récord, por encima de cualquier época kirchnerista”, una afirmación que rechazaron en las provincias.

“La plata correspondiente al impuesto a los combustibles es para obras viales. Si las provincias se llevan las rutas, también la plata. Pero no podemos darles la plata y mantener nosotros las rutas”, señalaron en el Palacio de Hacienda y agregaron: “Si los gobernadores quieren más plata, lo mejor es aprobar la ley de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, ya que eso implica más plata para las provincias, por mayor IVA e ingresos brutos”.https://especialess3.lanacion.com.ar/interactivos/ln-strapi-tools/tools/pdf-viewer2/web/viewer.html?file=https://especialess3.lanacion.com.ar/strapi/NOTA_23_06_def4eae3ed.pdf&initialWidth=775&childId=anexo-WW7HHPJXVJFQ5CTCBS5LVW7FBU-0&parentTitle=Los%20gobernadores%20se%20unen%20para%20reclamar%20m%C3%A1s%20recursos%20a%20Milei%20y%20advierten%20sobre%20la%20%E2%80%9Ccrisis%20econ%C3%B3mica%E2%80%9D%20-%20LA%20NACION&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fel-gobierno-busca-licuar-el-reclamo-de-las-provincias-con-la-puesta-en-marcha-del-consejo-de-mayo-nid23062025%2F

Escucharon en vivo a los funcionarios nacionales 16 gobernadores. Fueron los peronistas aliados al Gobierno Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán); el cordobés Martín Llaryora; el rionegrino Alberto Weretineck; el salteño Gustavo Sáenz; los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe); los peronistas-kirchneristas Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa); los macristas Jorge Macri (jefe de gobierno porteño), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos); el sanjuanino Marcelo Orrego, el puntano Claudio Poggi (San Luis) y el misionero Hugo Passalaqua. Se sumaron más tarde Carlos Sadir (Jujuy) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), y enviaron a sus vicegobernadores las provincias de Chaco, La Rioja, Neuquén y Santa Cruz. Los gobernadores de Formosa y Corrientes, que no enviaron representantes, se conectaron vía remota.

Al término de la reunión, desde el Gobierno dieron una visión más optimista. “Fue una reunión positiva, con mucho diálogo, que pensamos repetir en el futuro”, comentaron fuentes oficiales, sin mencionar la postura de los gobernadores. Destacaron que los funcionarios “llevaron una contrapropuesta” a las inquietudes, que los mandatarios prometieron analizar. Sin bajar la ventanilla de sus autos, los gobernadores se fueron sin hablar con la prensa.

Los gobernadores Ziliotto y Jalil se quedaron en el piso 21 del edificio, redactando un comunicado conjunto que expresó la visión del colectivo de mandatarios provinciales. “No queremos romper, pero sí pedir lo que creemos que nos corresponde”, matizaron desde otra gobernación a este diario.

Los fondos fiduciarios

Los fondos fiduciarios a los que aludieron los gobernadores son Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, del cual reciben el 4,31%; el de Infraestructura del Transporte, del que les llega el 25,58% (de ese monto, el 50% a Vialidad Nacional para obras en la red vial). Otro 2,55% va a la Compensación al Transporte Público. A Vialidad, en 2024, Economía le giró solo un tercio del dinero que le correspondía. En ese contexto, los gobernadores piden que directamente los fondos se repartan entre las provincias para ellos hacerse cargo de las obras.

Antes de la reunión, pocos mandatarios esperaban irse con resultados concretos. “Sabemos que se reunieron los gobernadores y estamos abordando cómo avanzar con el tema de los impuestos a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional para ver si podemos llegar a un entendimiento. Siempre tenemos una actitud positiva, pero a veces no dan los números”, sostuvo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones a Cadena 3 desde Córdoba.

“Hay diálogo, los puentes no están rotos”, comentaron fuentes oficiales, intentando bajar la espuma del reclamo de los gobernadores, que fueron “a escuchar que nos dice el Gobierno”, como explicaron cerca de uno de ellos a este diario, pero salieron con un proyecto de ley bajo el brazo.

“Es algo normal, piden plata. Lo vemos como parte del juego”, anticipaban otras dos voces el oficialismo, aunque algunos mandatarios provinciales habían elevado el tono del reclamo en las últimas horas.

“Al paso que vamos va a haber un costo social muy importante en Argentina si el gobierno nacional no reacciona en tiempo y forma”, dijo el gobernador de Tucumán Jaldo, días atrás en la conmemoración del Día de la Bandera. Habitualmente cercano al oficialismo, Jaldo planteó que en la reunión “vamos a plantear el tema fiscal de las provincias, pero también vamos a llevar casos concretos”. También remarcó que se hablaría de comercios e industrias que “se van cerrando en las provincias”, con un foco no solo en el Estado provincial, sino también en la actividad privada.

Con una baja ostensible en la recaudación por una baja en el consumo, los gobernadores protestan también por el abrupto corte en la obra pública nacional, mientras desde el Gobierno apuntan al equilibrio fiscal como prioridad. Los mandatarios enarbolan un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que advirtió que hay por lo menos unos 47 créditos internacionales otorgados a las provincias por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Fonplata, subejecutados, y cuyos fondos no llegan a destino.

En este contexto de reclamos crecientes, el Gobierno organizará mañana desde las 9 la primera reunión del Consejo de Mayo, establecido en el Pacto de Mayo firmado el 9 de julio pasado por 18 provincias, y que contiene diez puntos de consenso que deberían convertirse en proyectos de ley a ser tratados en el Congreso.

Encabezado por Francos, estarán en la Casa Rosada el diputado Cristian Ritondo (Pro) y la senadora Carolina Losada (UCR); el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el gremialista del rubro de la construcción, Gerardo Martínez, en representación de la CGT, y Martín Rappallini, flamante titular de la UIA, por el empresariado. Antes de publicar el decreto de designaciones, el 5 de este mes, el Consejo ya tenía como representante del Poder Ejecutivo al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Se designó, en el mismo decreto, a la joven María Cecilia Domínguez Diacoluca, egresada de la Universidad Di Tella y miembro del staff de Sturzenegger, como secretaria técnica del Consejo.

Por Jaime Rosemberg

Fuente: La Nación

El Gobierno nacional vetó la ley de emergencia que proponía la creación de un fondo especial de $200.000 millones destinados a la reconstrucción de Bahía Blanca y otros municipios afectados por las inundaciones de marzo de 2025. Desde el Ejecutivo sostienen que ya se implementó un programa con el mismo objetivo, por lo que consideran innecesaria una nueva asignación presupuestaria.

La ley 27.790 declaraba el estado de emergencia y catástrofe en el sur de la provincia de Buenos Aires por 180 días, con foco en los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales. El proyecto fue aprobado por el Senado el 7 de mayo y obtuvo 153 votos afirmativos y 32 negativos en la Cámara de Diputados el 4 de junio.

El Gobierno pone en marcha el postergado Consejo de Mayo para recuperar protagonismo y avanzar con reformasEsto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

La iniciativa tenía el objetivo de otorgar subsidios a personas perdieron su fuente de ingreso, iniciar obras de infraestructura y crear líneas de financiamiento a tasas preferenciales para asistir a los sectores afectados.https://drive.google.com/file/d/1oXtaXOMRIf1Y70u9U33WN_DxtQ6hE8rp/preview

El veto fue formalizado mediante el Decreto 424/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los argumentos detrás del veto a la ley de emergencia para Bahía Blanca

Según señalan en el texto, el 1 de abril se dispuso la creación de un fondo especial de $200.000 millones y de un programa de asistencia directa denominado «Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)», con el mismo objetivo que la ley vetada. Estas medidas fueron implementadas a través del Decreto 238/25 y gestionadas desde el ministerio de Seguridad.

En tanto, desde el Gobierno consideran que la sanción del decreto N° 238/25 “torna innecesario un auxilio financiero como el que propone el proyecto de ley sancionado, en un marco de estrechez presupuestaria como el de la emergencia que se está transitando”

El Ejecutivo justificó su decisión argumentando que “el 85,43% del total de inscriptos para recibir el S.U.R. ya han recibido el pago correspondiente”, mientras que “los casos bajo análisis representan el 10,55% y los rechazos únicamente el 4,01%”.

El decreto presidencial también remarca que la implementación del S.U.R en la localidad de Coronel Rosales “resulta de imposible cumplimiento”, porque la localidad no quedó dentro de la “zona establecida como la más afectada”, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, el Ejecutivo objetó la falta de previsión presupuestaria en la ley sancionada. Según la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, “las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán”.

Gobernadores exigen mayor distribución de fondos para enfrentar la crisis económica

El texto también menciona el artículo 8° del proyecto de ley, que proponía una línea de financiamiento para la reconstrucción de viviendas y asistencia a sectores productivos. Sobre este punto, el Ejecutivo indicó que el Banco Nación “ya cuenta con las facultades para otorgar este tipo de asistencia financiera según su Carta Orgánica”.

Con este veto, el Gobierno devolvió el proyecto al Congreso y cerró la posibilidad de declarar la emergencia y crear nuevos fondos de asistencia durante el actual año legislativo.

Fuente: Perfil.com

Después de más de un año de haber sido anunciado, el Gobierno finalmente dio inicio este martes por la mañana al Consejo de Mayo, el cual busca acordar políticas públicas y proyectos de ley acordes con lo firmado por el presidente Javier Milei y 19 gobernadores en el Pacto de Mayo. Este cuerpo multisectorial fue inaugurado en un encuentro en Casa Rosada que duró algo más de una hora y que estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su carácter de presidente del Consejo.Te puede interesar:Con el objetivo de retomar la centralidad y avanzar con reformas estructurales, el Gobierno estrena el Consejo de Mayo

Allí lo acompañaron los seis consejeros designados por decreto: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.https://a0e2d6354288edc4108a641d4541dfcf.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Todos los actores involucrados reiteraron al carácter inaugural que tuvo la reunión y que se esperaban encuentros posteriores para comenzar con diálogos y políticas más estructurales, en línea con las consignas rubricadas en el Pacto de Mayo.Te puede interesar:El Gobierno vetó en su totalidad la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca

El Consejo de Mayo fue anunciado por Milei el 25 de mayo del año pasado. Allí detalló que tendría la responsabilidad de trabajar en proyectos de ley que materialicen los principios adoptados en el Pacto de Mayo, el cual consta de 10 cláusulas adheridas por 19 gobernadores (menos Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego):

• inviolabilidad de la propiedad privada,
• equilibrio fiscal innegociable,
• reducción del gasto público,
• educación con alfabetización plena y sin abandono escolar,
• reforma tributaria,
• rediscusión de la coparticipación federal,
• explotación de los recursos naturales del país,
• reforma laboral moderna,
• reforma previsional
• y apertura al comercio internacional.

Los integrantes del Gobierno son todos referentes -de diferentes sectores- con los que el Gobierno tiene buen vínculo.Te puede interesar:El Gobierno confía en que llegará a un acuerdo con el PRO, pese a las tensiones con algunos intendentes bonaerenses

La elección de Martínez como representante de los gremios no es casual. Es uno de quienes mejor diálogo tiene con el Gobierno, que se inspiró en el modelo de cese de la UOCRA para la modernización laboral que impulsó la Casa Rosada el año pasado. Al llegar a la reunión, el sindicalista indicó que iba a las mismas consignas que viene impulsando la CGT y que dijo en la OIT, donde repudió la “imposición de un techo a la negociación salarial” y la “criminalización de la protesta”. Rappallini, en tanto, fue escueto y habló de que, además de la laboral, “son muchas las reformas que hay que abarcar para transformar la Argentina”.

En cuanto al ámbito estrictamente político, Cornejo es uno de los gobernadores que tiene más diálogo fluido con la Casa de Gobierno, aunque por estas semanas se está terminando de negociar si es viable una alianza política en Mendoza, algo que parece probable, pero que no está exenta de tensiones relativas.

En tanto, Losada es una de las legisladoras con las que más dialogan los interlocutores de La Libertad Avanza, mientras que Ritondo es el alfil del PRO en Diputados con el que el Gobierno negoció las diferentes estrategias legislativas a lo largo de la Presidencia de Javier Milei. Estas tratativas ahora se trasladaron al ámbito electoral, donde el diputado es el principal responsable de conversar de la alianza con LLA-PRO con el armador libertario Sebastián Pareja.

Al momento de la firma, muchos gobernadores estaban convencidos de que la firma del Pacto, convertida en una ampulosa ceremonia en Tucumán, iba a tener una escueta implementación en los meses posteriores. Efectivamente, aquello fue lo que sucedió. Incluso fuentes del Gobierno admitían que no iban a llamar a la concreción de ese Consejo si es que no tenían los incentivos para hacerlo.

Pero en los últimos meses cambió el panorama. La relación de la Casa Rosada con los gobernadores se deterioró producto de que estos últimos reclaman de que Nación no está girando los fondos suficientes que precisan las provincias y que no se ocupa de cuestiones fundamentales como obras de infraestructura.

Lo mismo sucede en el ámbito legislativo. El oficialismo de La Libertad Avanza vio mermar su esquema de alianzas que durante casi un año le permitió rechazar cualquier iniciativa de la oposición no-dialoguista. Que algunos de los aliados circunstanciales del Gobierno apoyaran (o que contribuyeran con su abstención) la media sanción del aumento para las jubilaciones y de fondos por discapacidad, las cuales son iniciativas de alto costo fiscal, resultaron una primera alerta para el Gobierno. Algunas relaciones se deterioraron tanto que el Gobierno percibe que no tiene completamente asegurados los votos para sostener los vetos que va a firmar Milei.

Nota en desarrollo.

Fuente: Infobae.com

Luego de los bombardeos de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán, el presidente Javier Milei mostró su apoyo a ofensiva ejecutada por la administración de Donald Trump a través de sus redes sociales. El mandatario también reafirmó su alineamiento con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Milei compartió en su perfil de Instagram y X (ex Twitter) un mensaje publicado en la madrugada del domingo por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien agradeció al presidente por estar “del lado correcto de la historia” y “del lado de la justicia”.

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“Garantizar la paz en el mundo es luchar, siempre y en todo lugar, contra el terrorismo y sus armas nucleares. El mundo despertará más libre y en paz! Fuimos víctimas del terror de Irán y lo pagamos con sangre de inocentes. Gracias Presidente @JMilei!”, concluyó el ministro Petri.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue otro de los funcionarios libertarios que compartió un mensaje que fue reposteado por el mandatario. “Terrorismo nunca más. Fin”, publicó.

Otro de los dichos en respaldo a la ofensiva comandada desde Washington que compartió el Presidente fue publicado por Marcos Galperín. Tras la confirmación desde la Casa Blanca del ataque a las instalaciones nucleares iraníes para acompañar a Israel en la guerra que libra con Irán, el fundador de Mercado Libre posteó: “Hoy es un gran día para la civilización occidental”.

En las últimas horas, Milei también compartió tuits que repudian las amenazas del régimen de Irán contra el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi. Fue luego de que Ali Larijani, cercano al líder supremo Ali Khamenei, asegurara que el experto “pagará” cuando termine la guerra por «su enfoque sesgado hacia el programa nuclear de Irán».

«Soy aliado de Israel e Irán es enemigo de Argentina»: el resplado de Milei a Netanyahu

Antes de que Estados Unidos ingresara en el conflicto, el presidente argentino había defendido el ataque “preventivo” que Benjamín Netanyahu ideó contra territorio iraní el pasado viernes 13 de junio. En línea con su fuerte alineamiento con el gobierno de Israel, Milei calificó a Irán como “enemigo de Argentina” y se definió como un “aliado de Israel”.

“Israel acepta que existan otros países. Irán no acepta que exista Israel. Es el caso de un país que quiere exterminar a otro. Irán es una teocracia que quiere terminar con la única democracia libre de Medio Oriente. Es muy difícil querer negociar con alguien que lo quiere exterminar”, explicó el mandatario en un reportaje a LN+ emitido el pasado viernes.

Durante la entrevista, Milei mostró su apoyo a su “queridísimo amigo Benjamin Netanyahu” y denunció que Israel es “atacado por la izquierda». “Esto es muy importante porque hay toda una demonización del país. Esto es de una gravedad enorme. Los medios mienten abiertamente”, expresó.

Tras sus declaraciones, la embajada de Israel en Argentina agradeció al Presidente por sus palabras y “por estar del lado correcto de la historia». “Su firme apoyo al pueblo de Israel en estos tiempos difíciles honra la profunda amistad entre nuestras naciones. Reconocer el derecho de Israel a defenderse frente a las amenazas de Irán es también defender la lucha por un mundo libre de terrorismo”, agregaron.

El canciller ruso Sergei Lavrov advierte sobre una posible Tercera Guerra Mundial tras los ataques de EE.UU. a Irán

Las expresiones del presidente argentino en respaldo al gobierno israelí llegan luego del apoyo explícito que le brindó a Netanyahu durante la visita que realizó a Jerusalén entre el 9 y el 12 de junio pasado, que culminó con el rezo en el Muro de los Lamentos junto al primer ministro.

Durante su estadía en Israel, Milei dio un discurso ante el Parlamento local, recibió el Premio Génesis —conocido como el “Premio Nobel judío”—, firmó el Memorándum por la Democracia y la Libertad contra el Terrorismo y el Antisemitismo, confirmó que la embajada argentina se mudará a Jerusalén y anunció la implementación de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv.

Fuente: Perfil.com

En línea con la premisa oficial de reordenar el Sistema de Salud, el Gobierno de Javier Milei dio de baja dos obras sociales del Registro Nacional, las cuales habían sido declaradas en crisis hace dos años y no mostraron avances en los planes de normalización de sus balances financieros ni operativos. Con estas nuevas decisiones, en la última semana ya se liquidaron cinco obras sociales.Te puede interesar:Continúa la tensión entre el Gobierno y el Garrahan: paro de 24 horas y la promesa de Nación de nuevos recortes

La decisión se dio a conocer en el Boletín Oficial este lunes a través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y publicadas en el Boletín Oficial. Estas resolvieron dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.

Ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.Te puede interesar:Impuestos y más fondos: el Gobierno llevará un paquete de propuestas a los reclamos de los gobernadores que se reunirán en el CFIhttps://drive.google.com/file/d/1EMdX6lHHDF1Ift46j1zaLe7zNICc8B0L/preview

“Los beneficiarios deben ser informados de la situación y tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características”, informaron fuentes gubernamentales.Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda

Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.Te puede interesar:Continúa la alerta por la crecida del río Uruguay en Corrientes y planean evacuaciones

Fuentes del organismo explicaron que la actual gestión intensificó los controles sobre los agentes del seguro. “No hay lugar para quienes tengan irregularidades o no ofrezcan servicios de calidad. Quienes no cumplan con las normas serán dados de baja”, sostienen desde la SSS. En tanto, el titular del organismo, Gabriel Oriolo, afirmó que el objetivo es “velar por la sustentabilidad de los agentes y promover una competencia transparente, de modo que los beneficiarios tengan libertad para elegir la cobertura que prefieran”.

La Superintendencia continúa con las auditorías sobre el sistema, que cuenta con casi 300 agentes. Desde el Gobierno reiteran que las medidas buscan garantizar la calidad y transparencia en la prestación de servicios de salud y evitar la permanencia de entidades que no cumplen con los requisitos legales y administrativos.

Esta transformación va en línea con el objetivo de la gestión libertaria de depurar el sistema de Agentes de Salud, y, en particular, los aquellos denominados “sellos de goma”, es decir, aquellas organizaciones que solo se inscribían en el sistema para obtener subsidios o brindar servicios que, en la práctica, estaban escasamente controlados. La falta de verificación posibilitaba la manipulación de registros para incrementar el volumen de fondos públicos determinados a su favor.

Al implementarse un ajuste en el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), numerosas obras sociales sindicales vieron afectada su recaudación. Con la modificación, dispuesta el año pasado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a través de un decreto, las transferencias de fondos estatales comenzaron a basarse en la cantidad real de afiliados y dejaron de considerar la compensación extra que previamente beneficiaba a las entidades con menos de 5.000 beneficiarios.

De un total de 290 entidades, 201 fueron perjudicadas por la nueva fórmula, sufriendo una merma inmediata de 3.483 millones de pesos. Por el contrario, las obras sociales que reportaron una mayor cantidad de afiliados resultaron ganadoras bajo el nuevo sistema.

Este recorte en las cajas de las obras sociales sindicales significó una reducción en los ingresos para gremios con estructuras menores. La situación guarda semejanza con la disposición tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud en febrero de este año, cuando se eliminó la intermediación entre las obras sociales y las empresas de medicina privada. Dicha decisión también generó controversias públicas en el ámbito sindical, aunque varios referentes gremiales admitieron en privado que la resolución impacta principalmente sobre las entidades identificadas como “sellos de goma”.

Fuente: Infobae.com

El kirchnerismo en el Senado acelera la sanción de tres proyectos incómodos para Javier Milei: una recomposición de los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional -vencida en marzo- y una compensación de emergencia para los prestadores de servicios de discapacidad. El objetivo es claro: forzar al Presidente a vetar iniciativas sensibles en plena campaña electoral.

Milei ya impugnó iniciativas similares y anticipó que volverá a hacerlo, amparado en su cruzada contra el déficit fiscal. Pero detrás de cada eventual veto asoma otro riesgo: el Gobierno necesita luego el respaldo de un tercio del Congreso para sostener esas decisiones, una mayoría que hoy no tiene asegurada ni en Diputados ni en el Senado.

En concreto, uno de los proyectos propone compensar con un 7,2% los haberes de los jubilados y aumentar el bono de $70.000 a $110.000. También estipula que los giros a las cajas previsionales provinciales no transferidas sean automáticos y actualizados por inflación. Otro reinstaura la moratoria previsional por dos años para que personas en edad de jubilarse puedan hacerlo aunque no hayan completado los 30 años de aportes. El tercero impulsa la declaración de emergencia nacional en discapacidad hasta 2027 que implica, en líneas generales, la actualización de aranceles para los prestadores de servicios.

En la Cámara alta, con Victoria Villarruel al frente en lo formal pero con escaso control real, los libertarios cuentan apenas con seis bancas. Frente a la avanzada opositora, el oficialismo busca dilatar el debate en comisiones. La tarea no será sencilla: tras dos semanas de movilización, el kirchnerismo volvió a activar su músculo parlamentario y retomó la iniciativa en el Senado.

“Esta semana deberíamos poder darle despacho a todo”, evaluó un referente de Unión por la Patria (UP), y remarcó: “La voluntad no es solo del peronismo, sino de la mayoría de la Cámara”.

El clima político lo anticipó Anabel Fernández Sagasti, una de las espadas legislativas de Cristina Kirchner, que fijó un tuit desafiante de principios de junio. Allí respondió a Milei: “No se te vio tan preocupado por el déficit cuando le aumentaste 1500% los gastos turbios de la SIDE”, le reprochó frente a sus advertencias sobre los próximos vetos.

Las iniciativas ya cuentan con media sanción de Diputados y sólo requieren el aval del Senado. Para al menos dos de ellas, los votos están. La moratoria previsional, en cambio, enfrenta resistencias dentro de sectores no peronistas. Pero el mayor obstáculo es la negativa oficialista a habilitar el debate en las comisiones de Presupuesto -que conduce el libertario Ezequiel Atauche, operador clave de Santiago Caputo– y de Trabajo, a cargo de Carmen Álvarez Rivero (Pro), aliada de Patricia Bullrich. “Esta semana no”, respondieron fuentes cercanas a ambos ante la consulta de LA NACION.

Pero el kirchnerismo ya explora un plan B. Con sus 34 senadores propios, trabaja para reunir los dos tercios (48 votos, si estuvieran los 72 legisladores presentes) que le permitirían forzar el tratamiento y la sanción de las leyes directamente en el recinto, sin necesidad de despacho de comisión. La orden de avanzar surgió de Cristina Kirchner en la reunión partidaria del PJ previa al fallo de la Corte Suprema, y la ratificó luego el jefe de bloque José Mayans: “Se inició esta semana una nueva resistencia peronista. Volver para que el pueblo argentino tenga políticas públicas distintas a las de Milei, basadas verdaderamente en la dignidad de las personas en nuestra patria”.

Los aliados del Gobierno en el Senado buscan desarticular la ofensiva. El martes por la tarde habrá una reunión con todos los bloques, a excepción de UP, para evitar imprevistos cuando se vuelva a abrir el recinto. El salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) motoriza junto a otros referentes provinciales una sesión con temas pendientes. Estará condicionada al compromiso del resto de los bloques de no acoplarse a una posible jugada del kirchnerismo para avanzar con los proyectos incómodos para Milei.

El riesgo del veto

En Diputados, el aumento previsional se aprobó con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. La votación expuso fisuras en la coalición legislativa que sostiene al Gobierno: parte del radicalismo que lidera Rodrigo De Loredo y un sector de Pro rompieron la alianza con Milei. El oficialismo quedó lejos de los 87 votos necesarios para sostener un veto.

La abstención del núcleo macrista de Pro -entre ellos María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato– encendió alarmas. En medio de las negociaciones para un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, la atención recae sobre Cristian Ritondo, jefe de bloque y principal articulador del diálogo con los libertarios, atrapado entre las internas de Pro y las exigencias del oficialismo nacional. Mientras Karina Milei -con el control de las listas- exige “pureza” en los armados, Caputo busca preservar la gobernabilidad en el Congreso y evitar rupturas innecesarias con los aliados parlamentarios.

En el Senado, el margen es todavía más estrecho. El kirchnerismo está a solo 14 votos de reunir la mayoría calificada que lo habilitaría a avanzar sin frenos. Observa de cerca las conversaciones entre libertarios, Pro y radicales, mientras espera que el cierre de listas bonaerenses deje más heridos que aliados.

Por Delfina Celic

Fuente: La Nación

El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, se pronunció este domingo sobre la posibilidad de extremar las medidas de seguridad en el país por temor a un eventual ataque iraní, en el marco de la creciente escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

«Siempre estamos trabajando. No vemos ninguna amenaza específica, pero las embajadas de Israel tenemos medidas de seguridad. Este lunes seguiremos trabajando para estrechar aún más las relaciones entre ambos países en tecnología, innovación, agua y agricultura», explicó el diplomático este domingo 22 de junio en diálogo con José Del Rio por Comunidad de Negocios (LN+).

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Ante la consulta sobre una posible Tercera Guerra Mundial, tras la suma de la participación activa de Estados Unidos al conflicto, Sela descartó ese escenario y manifestó: «No pienso que estemos en un momento en el que pueda pasar algo así».

«Irán está muy débil. Hoy Hezbollah no participa tampoco. Hamas también está muy débil. No creo que Irán tengan estas capacidades. Ponerle punto final a este conflicto depende de ellos. Si logran alguna negociación, puede ser un carril hacia el futuro», explicó el embajador.

Luego de descartar el escenario mencionado días atrás por el presidente ruso Vladimir Putin y por su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, agregó: «Es una oportunidad para la paz, para todos aquellos en la región que buscamos dialogar y vivir en paz. Es una oportunidad para buscar una solución que favorezca a todos».

El canciller ruso Sergei Lavrov advierte sobre una posible Tercera Guerra Mundial tras los ataques de EE.UU a Irán

«Desde 1979, tenemos una teología de ayatolás en Irán que quieren borrar a Israel del mapa, que no aceptan nuestra existencia. Es un país que está lejos, con el que no tenemos territorio en conflicto. Buscaban erradicarnos de distintas formas«, contextualizó Sela luego sobre el cambio de situación tras el ataque de Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares iraníes: Fordow, Natanz y Isfahan.

En su explicación, el diplomático añadió: «Querían enriquecer uranio mucho más allá de necesidades pacíficas. Y en un país con enormes reservas de petróleo y gas, llegar a un porcentaje de enriquecimiento del 70% no iba a ser difícil. Buscaban también poner esta energía sobre un misil y lanzarlo contra Israel. Apuntaban a contar con al menos 10 mil misiles balísticos, de entre 250 y 800 kilos de explosivos. Y tenían intención de hacer ataques como el del 7 de octubre».

«Ellos (Irán) estaban muy cerca de lograr su plan, que era aniquilar a Israel», advirtió el funcionario y amplió: «No teníamos otra alternativa que avanzar con un ataque quirúrgico, buscar a los cerebros y los que están detrás del lanzamiento de proyectos. Estados Unidos utilizó tecnología que no tenemos para entorpecer los planes de Irán, que aterroriza ciudades, mezquitas y hospitales».

Posteriormente, Sela concluyó: «Todos queremos que la gente en Irán viva con valores cercanos a los nuestros, que puedan decidir su futuro, amar a quien quieran, vestirse como quieran al igual que todos nosotros. Es un tema de Irán decidir cómo llega a eso».

Fuente: Perfil.com

Gobernadores y funcionarios del Gobierno Nacional se encontrarán esta mañana para poder dialogar sobre diferentes asuntos vinculados al contexto económico de las provincias, que reclaman una reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN, o conocidas coloquialmente como transferencias discrecionales), así como la normalización en la distribución de la recaudación por el Impuesto a los Combustibles, el cual tiene como asignación específica la inversión en infraestructura vial y mantenimiento de rutas.Te puede interesar:Los gobernadores esperan para hoy una respuesta de la Casa Rosada a sus reclamos financieros: las posibles repercusiones

El marco será una reunión convocada para las 11 horas por los gobernadores en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicado en la calle Azopardo 750. Esta iba a ser una segunda reunión después de la que habían tenido 18 de los 24 distritos subnacionales unas semanas atrás, donde habían acordado enfatizar su reclamo por mayores fondos a la Nación.

Eso se trasladó a una audiencia inmediata con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se había comprometido a brindar una respuesta junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el encargado que la cuenta del Estado Nacional sea superavitaria.Te puede interesar:El Gobierno continúa con los controles y eliminó dos nuevas obras sociales por irregularidades

A pesar de que varios gobernadores eran pesimistas y creían que no iba a haber respuesta para este lunes (en rigor, días atrás el Gobierno les había pedido aplazar la reunión al miércoles para poder llegar con su informe), la Casa Rosada llamó ayer a diversas provincias para confirmarles que su postura sería elevada este primer día de la semana y que al CFI irían algunos funcionarios del Gobierno Nacional.La última reunión de Guillermo Francos en la que los gobernadores solicitaron una respuesta de los reclamos provinciales. Allí también estuvieron Carlos Guberman (Hacienda) y Lisandro Catalán (Vicejefatura de Gabinete del Interior)https://b6a0c1340d8863a0cc416eeea78a0013.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

A la par de los gobernadores y delegados provinciales también irán el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. Francos no iba a poder estar presente porque se había comprometido a ir a un evento de la Fundación Mediterránea, en Córdoba.Te puede interesar:Continúa la tensión entre el Gobierno y el Garrahan: paro de 24 horas y la promesa de Nación de nuevos recortes

El contenido de las propuestas era desconocido incluso por los gobernadores. Los funcionarios nacionales preferían guardar cautela al respecto, dado que se trataban de asuntos de sensibilidad para ciertas provincias.

En línea con esos reclamos está la queja por la baja de los fondos que la Nación sí debe transferirle de manera automática a las provincias por vía de la Coparticipación. Semanas atrás se analizó una estimación del CFI de que esos fondos tendrían una variación de -4% para final del año. Mientras que los ATN no representan una parte importante de los presupuestos provinciales, el porcentaje de coparticipación sí lo es.

Sobre este punto es que las provincias culpan a la Nación. Consideran que la baja de esos ingresos es consecuencia de algunas medidas desregulatorias que adoptó la gestión libertaria, como los cambios en los impuestos internos para celulares y otros dispositivos, así como la modificación del cálculo de anticipos de ganancias para sociedades.

Además, agregan que la falta de ejecución de programas nacionales de otra índole (como el Plan Sumar, el Fondo Nacional de Incentivo Docente o la realización de obras de infraestructura) genera un imprevisto traslado presupuestario de las provincias.Los gobernadores en el CFI

¿Qué responden desde la Nación? A pesar de que no desmienten el desfinanciamiento, afirman que las provincias también deben ajustarse y eficientizar sus gastos en línea con lo que pregona la Casa Rosada. “Lo que pasaba antes es que ellos estaban muy superavitarios y además la Nación los asistía en todo. Ahora les toca poner esfuerzo”, afirmó una fuente palaciega, que afirma que el mayor reclamo de fondos se produce en línea con las elecciones nacionales.

En rigor, las provincias argentinas exhiben un panorama fiscal bajo control, tras un ajuste significativo en 2024 que permitió a 21 de los 24 distritos alcanzar superávit primario, según un informe de la consultora Empiria, que destaca que la mayoría de las provincias logró revertir la tendencia histórica de deterioro fiscal en años electorales, gracias a una contracción del 15% del gasto en términos reales durante 2024.

Este ajuste permitió que solo tres jurisdicciones —Chaco, Catamarca y Buenos Aires— cerraran el año con desequilibrio primario, aunque incluso en estos casos se observaron mejoras. En particular, la provincia de Buenos Aires, pese a mantener déficit, mostró una mejora de 0,3% del Producto Bruto Geográfico (PBG).

El caso más sobresaliente fue el de San Luis, que pasó de un déficit del 2% a un superávit del 2,8% del PBG, acompañado por otras seis provincias que también revirtieron su saldo negativo: Tucumán, Entre Ríos, Santa Cruz, Santa Fe, Corrientes y Tierra del Fuego.

En cuanto a los ingresos, el informe señala que la alarmante caída del 18% interanual de la recaudación nacional en mayo, que se profundizó al 23% en los impuestos coparticipables, no constituye un cambio de tendencia estructural. Empiria atribuye este fenómeno al “efecto base comparativa muy alta de la recaudación de Ganancias en 2024”.

Además, destaca que “las transferencias automáticas por coparticipación vienen creciendo 2,8% real en 2025, a partir de una recaudación de impuestos coparticipables que crece más que el promedio (teniendo en cuenta que el eliminado impuesto PAIS no era coparticipable)”. Aunque las transferencias no automáticas permanecen bajas respecto a los niveles de 2023, representan una porción menor de los ingresos provinciales, por lo que su reducción no compromete el balance general.

Fuente: Infobae.com

Las duras críticas del presidente Javier Milei sobre las presuntas interferencias del gobierno de Cambiemos sobre la Justicia agravaron el malestar del macrismo con la Casa Rosada, en plena la negociación entre La Libertad Avanza (LLA) y Pro para cerrar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires.

En un nuevo capítulo de la saga de desencuentros entre libertarios y amarillos, el jefe del Estado acusó este jueves a Macri de haber “interferido” en las instituciones sobre su mandato como presidente y hasta insinuó que buscó un pacto para “cubrir” a Cristina Kirchner. “Opina desde un profundo desconocimiento”, señalaron cerca de Macri.

En el entorno del titular de Pro se mostraron desconcertados con la actitud de Milei. Es que el Presidente insiste en que procura lograr un entendimiento con el macrismo para confluir en las elecciones legislativas del 7 de septiembre en Buenos Aires, la gran fortaleza del kirchnerismo. Y, en paralelo, siembra sospechas sobre el vínculo entre Macri y la Justicia durante la gestión de Cambiemos. “No entendemos por qué dijo eso. Hablar de un pacto entre Macri y Cristina Kirchner es delirante. No sabemos a qué se refiere. Ese era un argumento del kirchnerismo”, señaló un interlocutor frecuente del jefe de Pro.

Milei se jactó de haber permitido que la Justicia actúe con independencia desde que asumió su cargo y descartó la chance de evaluar un eventual indulto a la titular del PJ, quien está bajo arresto domiciliario después de que la Corte Suprema confirmara su condena por corrupción en la causa vialidad. En diálogo con La Nación +, Milei dijo que la idea de un potencial perdón presidencial es “un disparate, aberrante”, y se jactó de haber dado “una lección de republicanismo”. Es que, según Milei, la condena contra la expresidenta en el caso por direccionar obras públicas a favor de Báez fue ratificada por el máximo tribunal del país porque su gestión le dio “rienda libre” a la Justicia.

En ese contexto, acusó a Macri y otros gobiernos de no haber dejado a los jueces obras “en paz” o “interferir”. “Por ejemplo, en lo que hizo [Miguel] Pichetto en la Cámara de Senadores, cubriéndola a Cristina, después se lo pagaron dándole la candidatura a vicepresidente. Es una forma de hacer política a la cual no adhiero”, completó Milei, quien delega los asuntos judiciales en Santiago Caputo, su alter ego en la gestión. Así, aludió al criterio de actuación que había fijado el excompañero de fórmula de Macri cuando comandaba el bloque del PJ en el Senado ante un pedido de desafuero. Por ejemplo, cuando el fallecido juez Claudio Bonadio pidió quitarle la protección a Cristina Kirchner para encarcelarla por la investigación en la causa por los cuadernos de las coimas, Pichetto rechazó el pedido. Argumentó que para avanzar con el desafuero se requería un juicio oral con sentencia firme. El exsenador consideraba que “la detención es excepcionalísima en la etapa de instrucción”. En ese punto coincidía con Germán Garavano, exministro de Justicia, quien era crítico del uso de la prisión preventiva. LA NACION intentó comunicarse con Garavano, pero el exfuncionario alegó que se encontraba fuera del país, con mala señal en su teléfono móvil.

Garavano era uno de los integrantes estables del staff de asesores de Macri en asuntos de Justicia. Era la denominada “mesa judicial”, que también integraban Pablo Clusellas o José Torello. Fabián “Pepín” Rodríguez Simón era un hombre clave. En mayo pasado, el exconsejero de Macri, que estuvo en rebeldía en Uruguay, fue sobreseído por la Cámara Federal en la causa por supuestas amenazas a empresarios durante el gobierno del líder de Pro. En los tribunales también orbitaba Daniel “Tano” Angelici, histórico operador judicial del macrismo.

“No hubo ninguna injerencia en la Justicia”, aseguró un exfuncionario de Cambiemos ante la consulta de este medio. En el macrismo repiten que en el caso de Vialidad intervinieron alrededor de 16 magistrados entre jueces y fiscales.

En su libro Primer Tiempo, Macri habló del vínculo que mantuvo con los jueces federales de Comodoro Py durante su mandato. “Ahora es el kirchnerismo el que está convencido de que yo presionaba a los jueces para investigar a Cristina y sus funcionarios -están convencidos de que sus presos y condenados son “presos políticos”-, pero en aquel momento los que me preguntaban si tenía un pacto con Comodoro Py eran algunos de nuestros aliados. También muchos periodistas. Me decían que yo tenía un pacto de impunidad con Cristina, que había arreglado con los jueces para que no fuera presa”, relató.

En ese fragmento, Macri asegura que no tuvo “nada que ver con lo que hacía Comodoro Py, ni para mandar a Cristina a la cárcel ni para salvarla de ir presa”. “Lo mismo se aplica a sus funcionarios denunciados o condenados en estos años. No me metí nunca, dejé trabajar libremente”, arguyó.

Milei y Macri ya había intercambiado fuertes acusaciones cuando se frustró la ley de ficha limpia en el Senado por el giro inesperado de dos senadores de Misiones, aliados de la Casa Rosada. El proyecto se cayó en plena campaña electoral en la Capital, donde Pro y LLA midieron fuerzas. En ese momento, el Gobierno dijo que el fracaso de la votación fue una maniobra del macrismo para promover a Silvia Lospennato. En tanto, desde Pro denunciaron un pacto a favor de Cristina Kirchner.

A Milei le costó digerir esas acusaciones. De hecho, tildó de “mentirosa” a Lospennato, promotora de la ley de ficha limpia. Y suele quejar de la actitud de los “ñoños republicanos” cuando sus socios de Pro le reclaman que fortalezca la institucionalidad para generar confianza y garantizar la seguridad jurídica a potenciales inversores. Macri también había cuestionado la decisión del Presidente de impulsar al controvertido juez federal Ariel Lijo como uno de sus candidatos para ocupar las vacantes en la Corte Suprema.

Desde el macrismo también han marcado sus discrepancias con el Gobierno respecto del manejo de la Unidad de Información Financiera (UIF) o la decisión de Milei respecto de que la Oficina Anticorrupción (OA) deje de intervenir en causas judiciales como querellante. Incluso, Macri llegó a decir que el Gobierno libertario no mejoró en el ranking de corrupción y reclamó más transparencia. “Tomamos la presidencia [en 2015] y subimos en el ranking de libertad y transparencia. Con Alberto Fernández cayó y hoy gobiernan hace un año y no subieron ni un lugar”, dijo el expresidente en mayo, antes de los comicios porteños.

Meses antes, Macri se había disgustado con la Casa Rosada después de que el director de la Agencia Nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, lo acusó de sabotear la fallida licitación de la Hidrovía. En ese entonces, el expresidente responsabilizó a Santiago Caputo, el principal asesor de Milei, por lo que consideró una nueva muestra de destrato a Pro.

Por Matías Moreno

Fuente: La Nación