El presidente Javier Milei anunciará este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas centrales de la agenda económica del Gobierno para el segundo semestre.
La presentación se realizará a las 20 horas mediante una cadena nacional grabada y será el paso previo al envío del proyecto al Congreso. La iniciativa fue elaborada con la participación del Ministerio de Economía, el BCRA y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Los principales puntos de la reforma del Banco Central que anunciará Milei en cadena nacional
La intención oficial es modificar las funciones, las restricciones y la gobernanza de la autoridad monetaria para impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar la emisión como una fuente de financiamiento del déficit fiscal.
Según explicó el vocero presidencial Adrián Ravier, la reforma se apoyará en cuatro pilares: establecer la estabilidad de precios como único mandato del Banco Central, prohibir el financiamiento monetario al Tesoro, fortalecer la independencia y la estabilidad de sus autoridades y limitar el giro de utilidades contables al Estado.
Qué es la carta orgánica del BCRA y uno de los cambios que se perfilan
La Carta Orgánica es la norma que define cómo funciona el Banco Central, cuáles son sus atribuciones y cómo se organiza.
Su contenido resulta determinante para la política monetaria, ya que establece hasta dónde puede emitir para asistir al Tesoro, qué objetivos debe priorizar y qué grado de autonomía tendrá frente al Poder Ejecutivo.
El primer cambio apunta a reemplazar el mandato amplio que actualmente tiene el BCRA por un objetivo único vinculado con la preservación del valor de la moneda.
La Carta Orgánica vigente establece que el organismo debe promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, dentro del marco de las políticas definidas por el Gobierno nacional.
Ese esquema fue incorporado en la reforma de 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Milei considera que la coexistencia de múltiples objetivos permite utilizar la política monetaria con criterios discrecionales y diluye la responsabilidad del Banco Central frente a la inflación.
El proyecto buscará que la estabilidad de precios quede como misión exclusiva de la entidad. En términos prácticos, el BCRA dejaría de tener entre sus finalidades expresas la promoción del empleo y el desarrollo económico.
Para el Gobierno, el cambio permitiría establecer una regla más clara para evaluar la gestión de sus autoridades: el desempeño del organismo debería medirse principalmente por su capacidad para preservar el poder adquisitivo de la moneda.
Prohibición de financiar al Tesoro
El segundo eje será la eliminación o restricción del mecanismo mediante el cual el Banco Central puede asistir financieramente al Tesoro.
En particular, el Gobierno busca modificar el régimen de adelantos transitorios, utilizado históricamente para cubrir necesidades fiscales mediante la emisión de pesos. La propuesta apunta a derogar o reformular el artículo 21 de la Carta Orgánica, que regula esas transferencias.
El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas superaron los US$ 49.000 millones
La intención es impedir que el Poder Ejecutivo pueda recurrir al BCRA para financiar el déficit, incluso ante dificultades para acceder al mercado de deuda.
Milei sostiene que la emisión destinada a cubrir el desequilibrio fiscal fue una de las principales causas de la inflación argentina. La reforma, por lo tanto, intenta convertir la actual política de equilibrio fiscal en una limitación institucional para las próximas administraciones.
El proyecto también podría endurecer las responsabilidades y sanciones aplicables a los funcionarios que utilicen de manera directa o indirecta al Banco Central para financiar al Estado.
Más independencia para sus autoridades
Otro posible punto de cambio estaría dirigido a fortalecer la gobernanza del organismo y reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre sus decisiones.
La reforma buscaría otorgar mayor estabilidad a los integrantes del directorio y establecer condiciones más estrictas para su nombramiento, permanencia y remoción.
El objetivo oficial es que los mandatos de las autoridades del Banco Central no queden completamente atados a los ciclos políticos ni puedan ser interrumpidos por diferencias coyunturales con el Gobierno.
Este punto podría ser uno de los más sensibles durante el debate legislativo. La independencia formal de un banco central no depende solamente de la duración de los cargos, sino también del procedimiento de designación, las causales de remoción, el control del Congreso y la coordinación con la política económica.
Límites al giro de utilidades
Otro cambio que se propondría apunta a restringir la distribución de las utilidades contables del Banco Central al Tesoro.
Parte de esas ganancias puede originarse en la modificación del valor en pesos de los activos en moneda extranjera de la entidad, sin que exista necesariamente un ingreso efectivo de recursos. Para el Gobierno, transferir esos resultados permite financiar gasto público a partir de ganancias que no representan una mejora genuina de la capacidad financiera del BCRA.
La propuesta establecería que las utilidades no puedan ser giradas al Tesoro, salvo ante circunstancias excepcionales previstas expresamente por una ley. Entre los casos analizados aparece un eventual escenario de deflación.
Con esta limitación, el Ejecutivo busca cerrar otra vía de financiamiento monetario indirecto y reforzar el patrimonio de la entidad.
Las advertencias sobre un Banco Central más débil
Los objetivos de disciplina monetaria encuentran respaldo entre los economistas que consideran necesario impedir el financiamiento sistemático del déficit. Sin embargo, también aparecieron dudas sobre el alcance concreto de los cambios y sobre la posibilidad de que el organismo pierda herramientas para actuar ante una crisis.
El economista Federico Glustein advirtió que, si avanzaran algunas de las modificaciones analizadas, “el Banco Central quedaría muy débil”. La preocupación se concentra en el equilibrio entre limitar la discrecionalidad política y conservar la capacidad de la autoridad monetaria para responder frente a situaciones excepcionales.
Un mandato concentrado exclusivamente en la estabilidad de precios podría restringir la actuación del BCRA ante una corrida bancaria, una crisis financiera o una disrupción del sistema de pagos. El debate será, por lo tanto, qué mecanismos de emergencia conservará la entidad y bajo qué condiciones podrá utilizarlos.
La independencia institucional también dependerá de la redacción final. Una mayor duración de los mandatos no garantiza por sí sola autonomía si no se establecen procedimientos transparentes de selección, control y remoción de las autoridades.
Desde una posición diferente, Horacio Liendo, uno de los arquitectos de la Convertibilidad, cuestionó la iniciativa por considerar que no avanza lo suficiente.
El economista calificó la reforma como “timorata” y sostuvo que las modificaciones analizadas resultan insuficientes frente a las transformaciones estructurales que, a su entender, necesita el sistema monetario argentino.
Liendo reconoció como positivo que se limite la capacidad del Banco Central para financiar al Estado, pero reclamó una reforma más amplia, vinculada con la eliminación de las restricciones cambiarias y la reducción de la intervención oficial en el mercado de divisas.
El exfuncionario propuso avanzar hacia un régimen de libertad cambiaria total, en el cual el BCRA deje de intervenir en la compra y venta de dólares y concentre su actividad en la regulación monetaria y financiera. También cuestionó la permanencia de normas que obligan a liquidar divisas y mantienen distintos controles sobre el mercado cambiario.
Desde esa perspectiva, la reforma de la Carta Orgánica no sería suficiente si continúa vigente un esquema cambiario regulado por el propio Banco Central.
Finalmente, vale considerar que el anuncio presidencial abrirá una nueva etapa, ya que los cambios requerirán la aprobación del Congreso. El Gobierno deberá negociar el articulado en un escenario en el que la reforma combina cuestiones monetarias, fiscales e institucionales.
La discusión no estará limitada a si el Banco Central debe financiar o no al Tesoro. También incluirá qué grado de autonomía tendrá, cuáles serán sus herramientas ante una crisis financiera y cómo se designará y controlará a sus autoridades.
Fuente: Perfil.com
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