“Veníamos aplicando aumentos mensuales de la inflación minorista (IPC) más 2 puntos desde marzo de 2025, con algunos aumentos extraordinarios, lo que este mes daba 5,4% (3,4% de inflación de marzo, el dato mensual más reciente difundido por el Indec, más 2 puntos adicionales), pero Nación tiene deuda con las empresas de transporte de colectivos y con el aumento del combustible, que en abril fue por encima del 23%, y el combustible pesa un 20% en la estructura de costos, de algún lado el dinero tenía que salir, y la Provincia no puede dar más subsidios, porque Nación nos sigue debiendo coparticipación”, explicaron fuentes de la cartera bonaerense.
En el caso de los servicios urbanos provinciales del área Gran La Plata (La Plata Berisso y Ensenada) para recorridos inferiores a los 3 kilómetros pasarán de $ 948,91 a $ 1.054,85 para quienes paguen con tarjeta SUBE nominada, y a $2.109,70 para quienes paguen con tarjeta SUBE sin nominar.
En recorridos de 6 a 12 kilómetros los valores son respectivamente $1.120 ,94 (tarifa abril), $ 1.298,20 y $ 2.596,40
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Si el viaje es de 12 a 27 kilómetros los valores son $1.200,46 (tarifa abril), $ 1..556,88 y $3.113,76
Y para viajes superiores a los 27 kilómetros quienes pagaban hasta abril $1.266,73 deberán abonar desde este lunes (o desde el día que las líneas adapten sus sistemas) $1.811 si tiene SUBE nominada y $3.622 si la tiene sin nominar.
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Las tarifas “atributo social” son mucho más reducidas y pasan a $474,68 (hasta 3 kilómetros), $521,31 (3 a 6 kilómetros), $564,19 (6 a 12 kilómetros), $700,60 (12 a 27 kilómetros) y $ 815,07 (más de 27 kilómetros).
En el resto de los servicios urbanos provinciales las nuevas tarifas son de $968,57 (hasta 3 kilómetros), $1.089,64 (3 a 6 kilómetros), $1.210,71 (6 a 12 kilómetros) , $1.452,85 (12 a 27 kilómetros) y $1.708,07 (más de 27 kilómetros. En todos los casos se trata de tarifas con SUBE registrada.
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Cabe recordar que en el caso de CABA los aumentos que rigen desde el viernes 1 de mayo fueron del 5,4%. Para quienes tienen SUBE registrada el boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subió de $715,24 a $753,74, para recorridos de 3 a 6 km pasaó a $837,52, para recorridos de 6 a 12 kilómetros a $ $902,04 y para recorridos de 12 a 27 kilómetros a $966,61 pesos.
Un incendio se registró el lunes en un buque con bandera de Panamá operado por la empresa surcoreana HMM Co. mientras se encontraba anclado en el estrecho de Ormuz, cerca de aguas de los Emiratos árabes Unidos, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur. El ministerio indicó que el incidente fue precedido por una explosión en la nave a las 20:40, hora local.Te puede interesar:Financial Times: Vladimir Putin se refugia por temor a un asesinato
En el momento del suceso, el buque transportaba a 24 tripulantes, de los cuales seis son surcoreanos y dieciocho extranjeros. Las autoridades señalaron que no se han registrado víctimas hasta el momento. La causa de la explosión y el alcance de los daños están bajo investigación.
El gobierno surcoreano declaró que continuará comunicándose con los países involucrados y tomará medidas para garantizar la seguridad de los buques y tripulaciones surcoreanas en el estrecho de Ormuz. Un funcionario de la oficina presidencial de Corea del Sur confirmó que las autoridades intentan esclarecer el origen del incendio y que no se ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Los ministerios de Exteriores y Océanos gestionan la situación.
Emiratos árabes Unidos denunció este lunes que el régimen de Irán lanzó drones contra un petrolero que atravesaba el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo y en medio del operativo militar estadounidense desplegado tras el alto el fuego.
PUBLICIDADAlerta por ataque con misiles en Emiratos Árabes Unidos: es el primer bombardeo desde el cese del fuego entre EEUU e Irán
“Debido a la situación actual y a las posibles amenazas de misiles, busquen inmediatamente un lugar seguro en el edificio más cercano”, señalaba la alerta de emergencia enviada a teléfonos móviles en territorio emiratí, la primera desde que entró en vigor la tregua a principios de abril.
Según Abu Dhabi, el ataque tuvo como blanco un buque vinculado a la petrolera estatal ADNOC. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la acción como “un acto de piratería” del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y acusó a Teherán de utilizar el paso marítimo como herramienta de “coerción económica y chantaje”. No se reportaron heridos ni daños de gravedad.
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La tensión se produjo pocas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara que dos buques mercantes de bandera estadounidense lograron completar con éxito el cruce del estrecho bajo el paraguas del llamado Proyecto Libertad.
Los teléfonos celulares concentran hoy buena parte de la vida digital de los usuarios: mails, redes sociales, home banking, chats, fotos, documentos y hasta claves de acceso. Por eso, cuando un celular es comprometido, el impacto puede ir mucho más allá del propio dispositivo.
A diferencia de lo que suele imaginarse, un teléfono hackeado no siempre muestra una advertencia clara ni un cartel de alarma. En muchos casos, los atacantes buscan justamente lo contrario: pasar desapercibidos el mayor tiempo posible para robar información, tomar control de cuentas o espiar actividad sin llamar la atención.
Existen señales sutiles que pueden revelar un compromiso aunque el usuario no haya notado nada extraño a primera vista. La clave, explican expertos, está en mirar cambios de comportamiento del equipo que antes no estaban.https://0770319bbe654123c16f75e0439f6029.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
Ese criterio coincide con una recomendación más amplia del sector: tanto Google como Apple vienen reforzando sus herramientas de seguridad móvil, pero aun así muchas amenazas comunes no se detectan por una notificación directa, sino por síntomas indirectos, como actividad inusual, consumo anómalo o movimientos que el usuario no reconoce.
Apple, de hecho, reserva sus alertas más visibles para casos de spyware altamente dirigido, como ataques de tipo mercenario, y no para cualquier infección común.
En ese contexto, estas son las tres señales más importantes que pueden indicar que un teléfono fue vulnerado y qué conviene hacer en cada caso, según la empresa de ciberseguridad ESET.
La batería dura mucho menos y el celular se calienta sin motivo
La batería dice mucho del comportamiento del teléfono. Foto: Freepik.
Una de las señales más frecuentes aparece en algo cotidiano: la batería. Si el teléfono empieza a descargarse mucho más rápido de lo habitual, se calienta incluso estando en reposo o muestra picos de actividad cuando no se lo está usando, puede haber procesos corriendo en segundo plano sin autorización del usuario.
Ese comportamiento suele asociarse a apps maliciosas, spyware o software que recolecta información y la envía de forma constante a servidores externos. En otras palabras, el equipo puede estar trabajando “solo” aunque la pantalla esté apagada o el usuario no haya abierto ninguna app.
No siempre significa malware. También puede haber una actualización defectuosa, una app legítima con errores o una batería degradada. Pero si el cambio fue repentino y coincide con otras señales raras, la sospecha crece.
Desde ESET recomiendan revisar el consumo de batería por aplicación, detectar apps desconocidas o con nombres genéricos y controlar permisos excesivos, como acceso a cámara, micrófono o ubicación. En Android, además, Google recomienda revisar periódicamente los permisos y la procedencia de las apps instaladas, especialmente si se descargaron fuera de la tienda oficial.
“Los teléfonos concentran gran parte de nuestra vida digital, y los ciberatacantes lo saben. Gracias a sus técnicas sofisticadas, buscan pasar desapercibidos y realizar sus acciones maliciosas sin ser detectados. Pero siempre hay señales, por sutiles que sean, que permiten reconocer que algo malo está pasando», explicó Martina López, investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.
Y agregó: «Entonces, desarrollar una mirada más atenta sobre el comportamiento del propio dispositivo puede ser clave para reconocer si fue vulnerado. Detectar a tiempo estos comportamientos anómalos en el teléfono permite actuar antes de que el impacto sea mayor, limitar el acceso de terceros y proteger tanto la información personal como todas las cuentas asociadas”.
El teléfono hace cosas solo y aparecen movimientos que no reconocés
Los comportamientos del celular son clave para ver si está comprometido. Foto: Applee
Acá aparece una de las señales más delicadas. Si aplicaciones se abren o se cierran solas, si aparecen mensajes o correos enviados que el usuario no escribió, si llegan códigos de verificación que nadie pidió o si cambian configuraciones como idioma, seguridad o permisos, el problema puede ser más serio.
Ese tipo de comportamiento puede indicar que alguien tiene acceso al dispositivo, que una app maliciosa está abusando de permisos o que un atacante ya está intentando tomar control de cuentas asociadas al teléfono, empezando por el correo electrónico, que suele ser la “llave maestra” para recuperar accesos.
También es una alerta si aparecen sesiones activas en WhatsApp, Gmail, Instagram, Facebook o servicios bancarios que el usuario no reconoce. En muchos casos, el compromiso no implica un control total del celular, pero sí el robo de credenciales o de cookies de sesión, algo suficiente para secuestrar cuentas.
Frente a ese escenario, ESET recomienda cambiar contraseñas de inmediato, empezando por el mail principal, cerrar todas las sesiones activas y activar el doble factor de autenticación.
Si hay sospecha de spyware avanzado o de un ataque dirigido, Apple sugiere además revisar si existe una notificación de amenaza en la cuenta del usuario y, en casos sensibles, considerar el uso de Lockdown Mode, su modo de máxima protección.
El consumo de datos se dispara aunque no estés usando el celular
La tercera señal suele pasar más desapercibida, pero puede ser una de las más reveladoras. Si el consumo de datos móviles sube de golpe sin cambios en el uso habitual, si hay actividad en horarios en los que no se usa el teléfono o si apps consumen conexión sin haber sido abiertas, algo puede estar funcionando detrás de escena.
Ese patrón suele ser compatible con dispositivos que están enviando información a servidores externos, descargando instrucciones, manteniendo comunicación constante con un atacante filtrando datos. Incluso si el usuario está conectado a Wi Fi, conviene revisar el tráfico por aplicación, porque algunas amenazas siguen generando actividad inusual igual.
En el mundo de la seguridad móvil, el tráfico de red es uno de los indicadores más utilizados para detectar compromisos. Incluso investigaciones académicas sobre detección de malware en celulares remarcan que los cambios anómalos en batería, uso de CPU y tráfico de datos pueden ser pistas útiles para identificar comportamientos maliciosos sin necesidad de acceso técnico profundo.
La recomendación de ESET es desinstalar cualquier app desconocida o sospechosa, limitar qué aplicaciones pueden usar internet en segundo plano y ejecutar un escaneo de seguridad con una herramienta confiable.
Qué hacer de inmediato si sospechás que hackearon tu celular
Las redes sociales, otro vector que hay que cuidar ante hackeos. Foto: Reuters
Si aparecen una o varias de estas señales al mismo tiempo, lo más importante es actuar rápido. El primer paso es desconfiar de cualquier app que no recuerdes haber instalado, sobre todo si llegó desde un link, un APK (como MagisTV), una tienda alternativa o una supuesta actualización.
Después conviene cambiar las contraseñas más sensibles desde otro dispositivo seguro, empezando por el correo principal y siguiendo por banca, redes sociales y mensajería. También es recomendable cerrar sesiones abiertas, revisar permisos, actualizar el sistema operativo y hacer un escaneo con una solución de seguridad reconocida.
Si el comportamiento extraño persiste, una opción más drástica es hacer copia de seguridad de archivos importantes y restaurar el equipo a estado de fábrica, aunque antes conviene asegurarse de no volver a reinstalar la app o archivo que pudo haber originado el problema.
La conclusión es simple: en los teléfonos, los hackeos rara vez se anuncian con una alarma evidente. Suelen aparecer en forma de pequeños cambios de comportamiento. Y detectar a tiempo esas señales puede ser la diferencia entre un susto menor y la pérdida de cuentas, dinero o información sensible.
El presidente de lAPV, Manuel Schönhals, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Iprodi. Durante el encuentro, se dialogó sobre la aplicación del cupo destinado a personas con discapacidad en la adjudicación de unidades y en los créditos del programa «Ahora tu Hogar».
Al término del encuentro, realizado en la sede del Iapv, se informó la realización de una jornada de sensibilización en el centro cultural La Vieja Usina, de Paraná. La actividad estará a cargo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y se centrará en la aplicación práctica de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde los organismos destacaron la importancia de articular políticas públicas que permitan visibilizar las problemáticas del sector y avanzar en soluciones habitacionales concretas. En ese sentido, se acordó dar continuidad a estas mesas técnicas para agilizar los trámites de las y los beneficiarios.
Participaron de la reunión la secretaria de directorio del Iapv, Laura Ceballos, junto a María Mayer y Carolina Feltes, del área de Recursos Humanos. Por el Iprodi, estuvieron presentes Betaña Bolzán, Flavia Quintana Grasso y Cecilia Bonino.
En medio del actual descontrol de tasas municipales, un nuevo fallo que declaró su inconstitucionalidad está teniendo especial repercusión por echar un manto de razonabilidad ante una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia hasta ahora demasiado tolerante con los crecientes excesos fiscales de los intendentes.
Se trata del caso “Cornejo, Pedro José” resuelto por el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen que, ante el reclamo de distintos productores rurales, anuló el cobro de la tasa vial de la Municipalidad de Daireaux, calculada en función de cierto importe por hectárea. El fallo fue dictado por el juez Pablo Germain, un tributarista de reconocida formación y reputación. Determinó que la tasa, a diferencia de un impuesto, solo es exigible cuando existe una contraprestación concreta, efectiva e individualizada. Pero no se quedó en una mera declaración de principios, sino que los aplicó estrictamente al caso concreto.
El juez sostiene que debe haber coherencia entre el hecho generador -el servicio individualizado- y el destino de la tasa, debiendo basarse su importe en el costo del servicio recibido. Para ello, las pruebas periciales tienen un peso determinante. El perito ingeniero circuló por la red vial del municipio para poder constatar el porcentaje de caminos en estado bueno, regular y malo. El juez determinó la nulidad total de la tasa cuando los caminos correspondientes al contribuyente no fueran transitables, exigiendo que lo recaudado por ella se aplique no a cualquier red vial del municipio sino específicamente a la lindante con su campo. En otros casos, se apoyó en la prueba contable para reducir la tasa en proporción a los excesos de fondos de hasta el 28% hacia gastos no vinculados al mantenimiento de la red vial. Una tasa no puede aplicarse a rentas generales del municipio, no es de libre disponibilidad, sino que es de afectación específica. Además, la sentencia reafirmó que la carga de probar la prestación y costos del servicio recae sobre el municipio por ser quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlo.
El juez de Trenque Lauquen determinó la nulidad total de la tasa del municipio de Daireaux cuando caminos correspondientes al contribuyente no fueran transitables
Más recientemente, un juez de Azul ordenó al municipio de ese partido bonaerense que dé el acceso a la información ante un reclamo de 19 productores para conocer el destino de lo recaudado por la tasa vial y si se aplicó a reparar los destruidos caminos de la zona. Un fallo similar, emitido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, hizo lugar a una demanda de la Sociedad Rural local.
Todo lo anterior no debería ser noticia porque tales conceptos, derivados de la diferencia entre un impuesto y una tasa, suelen ser la primera lección de la materia Impuestos en la universidad. Lamentablemente sí lo es porque el negativo fallo de la Corte Suprema “Esso c/Municipalidad de Quilmes” (2021) contradice tal lección. Con su tolerancia, el máximo tribunal ha incentivado a que muchos intendentes se excedan con sus impuestos y gastos. Por ejemplo, entre varios otros casos, tomaron estado público los excesos fiscales de Pilar y Lanús, con el 6,5% y 6%, respectivamente, de tasas calculadas sobre los ingresos totales de los supermercados, con impacto directo en la formación de los precios a los consumidores, lo que motivó que recientemente los empresarios se reunieran con el ministro de Economía de la Nación para ponerlo al tanto de la crítica presión fiscal sobre el sector de consumo masivo.
Nótese la inconsistencia conceptual cuando el más alto tribunal sostiene en el mencionado fallo que para fijar el importe de la tasa puede computarse la “capacidad contributiva”; específicamente, “los ingresos brutos del contribuyente”, los cuales pueden utilizarse como “factor para el cálculo de la base imponible” de la tasa. Y luego, una patente contradicción: “siempre que no derive en resultados irrazonables, desproporcionados y disociados de las prestaciones directas e indirectas” del servicio. La Corte les confirmó a los intendentes que pueden utilizar los ingresos totales como punto de partida; la limitación es tan contradictoria que de facto no es considerada por los intendentes. Así, la Corte impuestizó las tasas. Para peor, el máximo tribunal puso en cabeza del contribuyente la prueba de la razonabilidad de la tasa cuando es al municipio al que naturalmente le cabe acreditarlo, tal como acertadamente sostuvo el juez Germain.
Otro juez de Azul ordenó al municipio de ese partido bonaerense que dé el acceso a la información ante un reclamo de 19 productores para conocer el destino de lo recaudado por la tasa vial y si se aplicó a reparar los destruidos caminos de la zona
Antes de dictar su fallo, la Corte había convocado a una audiencia pública donde, ante los mismos ministros del alto tribunal, los intendentes aceptaron abiertamente que utilizaban estas tasas para afrontar servicios generales y tributaristas de máxima reputación les recordaron que el concepto de tasa es conceptualmente incompatible con el cálculo sobre ingresos totales y les anticiparon que si convalidaban dicho criterio de los intendentes generarían un caos fiscal, lo que efectivamente ocurrió; y seguirá ocurriendo mientras el considerando 12 del fallo Esso no sea revertido, volviendo a las bases, con terminología simple y clara.
Casos como el de Esso demuestran que la incidencia negativa del Poder Judicial en lo fiscal puede llegar a ser equiparable a la del poder político. Los ganadores del Premio Nobel de Economía de 2024 (Daron Acemoglu, James Robinson y Simon Johnson) fueron galardonados por haber demostrado que el éxito o fracaso de los países no depende tanto de la aplicación de planes económicos por los políticos sino del buen o mal funcionamiento de las instituciones, incluyendo un poder judicial independiente, especialmente para defender la propiedad privada de los ciudadanos frente a los excesos del Estado. Cada vez que se toleran excesos fiscales concretos en contra de la Constitución, se incentiva en general a que los demás políticos incurran en el mismo exceso. El político de turno de nuestro país sanciona leyes con excesos fiscales porque sabe de antemano que, salvo ciertas excepciones, como en los casos de Trenque Lauquen, Azul o San Nicolás, encontrará jueces condescendientes.
La Corte Suprema es el tribunal más rescatable y con mejor imagen de nuestro país. Pero lamentablemente ha cometido errores relevantes en materia fiscal, que hacemos votos para que los subsane, siendo el caso “Esso” uno de los más graves, pues tiene responsabilidad primaria por los impuestos más altos que se pagan en nuestro país. En relación con las tasas, la Corte no debería ser funcional a la insaciable voracidad fiscal municipal, cuyo impacto afecta en especial a quienes se encuentran bajo la línea de pobreza.
Un fallo similar de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás hizo lugar a una demanda de la Sociedad Rural local
La Argentina necesita un supremo tribunal que sea implacable ante los excesos del Estado en un país que tiene los impuestos más altos del mundo. Una fuerte señal enviada desde lo más alto hacia el resto del Poder Judicial con el fin de que, en general, los jueces dejen de ser parte esencial del fracaso fiscal argentino para apuntalar de una vez el despegue y el crecimiento económico que necesita imperiosamente nuestro país.
La velocidad con la que se producen y reproducen acontecimientos en la Argentina permite pasar por alto situaciones significativas y, sobre todo olvidarlas o darlas por superadas demasiado rápido. Javier Milei y su gestión comprenden como pocos esa dinámica de la era de la instantaneidad y la simultaneidad. Y la explotan al máximo.
La contraindicación, como siempre, está en el abuso de esa receta. La acumulación deja huellas que, salvo que se produzcan mejoras estructurales, terminan dándole relevancia a las formas y convirtiéndolas en problemas de fondo. Eso es lo que está afectando al Gobierno, además de los problemas reales y los resultados concretos del programa económico, que genera una Argentina cada vez más heterogénea y desigual, con perspectivas de profundizarse en la disparidad.
Lo sucedido el miércoles pasado en la Cámara de Diputados durante el informe de gestión del jefe de gabinete, Manuel Adorni, es un buen ejemplo, que podría entrar en el sobrecargado estante de las lesiones autoinflingidas con secuelas de largo alcance y merece volver a mirar algunas escenas.
En primer lugar, el Presidente no sólo expuso su imagen (en baja en la mayoría de las encuestas) en defensa de un funcionario bajo sospecha, que no terminó de aclarar ninguno de los interrogantes que dominan la agenda pública desde hace más de un mes sobre sus gastos suntuarios y su incremento patrimonial concretados durante los dos primeros años de gestión. Milei hizo más que eso.
Adorni: «Lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al jefe de Gabinete y su familia”
Después de prometer la moral como política de Estado en ese mismo recinto hace apenas dos meses, la semana pasada oficializó la política barrabrava como metodología de conducción del Estado.
La llegada y la permanencia del Presidente en el Congreso, acompañado de su séquito de ministros, y los airados agravios con gestos agresivos, incluidos, que le dedicó a los adversarios y a los periodistas presentes que intentaron interrogarlo, lo asemejó demasiado a las escenas protagonizadas por los jefes de las hinchadas de fútbol. Nada más parecido resultó un por momentos desencajado primer mandatario a los líderes de las barras bravas cuando llegan la cancha secundados por sus aduladores coroneles o cuando se instalan sobre el paraavalanchas en el centro de la tribuna para hostigar a los rivales. Y alentar a los propios, hasta cuando se equivocan.
Las palabras en reconocimiento a la división de poderes y de respeto a las investigaciones judiciales, que expresó enfáticamente Adorni en su autodefensa y para no ofrecer ninguna prueba sobre el origen del dinero con el que solventó sus gastos, quedaron, así, ensombrecidas y desmentidas en la práctica.
La presencia dominante e intimidante del jefe del Poder Ejecutivo, rodeado de sus fanáticos ubicados en las barras y en las bancas, con sus ataques hacia los diputados de la oposición en la sede del Poder Legislativo fue una anomalía, aún en tiempos de incorrección política extrema, que subrayó el momento irascible del Presidente así como el aislamiento y la intolerancia dominantes en el oficialismo.
Sin lugar para el disenso
“Aunque hay certeza de que la economía va a mostrar mejoras y ya está habiendo indicios de eso, la inflación sostenida por encima del 2% desde hace 10 meses, más la caída de la actividad y el malestar social creciente, sumado a las peleas internas y las acusaciones por supuesta corrupción han generado un cambio en la dinámica del Gobierno y en el ánimo presidencial, que es imposible de ocultar. Adentro todo es mucho más tenso y más cerrado. Sobra la desconfianza y el miedo. Si nunca hubo mucho espacio para disenso hoy no hay ni un resquicio para disentir. Yo prefiero callar antes que exponerme como alguna vez lo hice”, revela un destacado integrante del oficialismo.
Milei contra los periodistas: «¡Corruptos, chorros»
El funcionario es uno, no el único, de los que ha reducido sus contactos externos, cuida las palabras como si fueran criptoactivos y solo habla con interlocutores que podrían ser observados por los hermanos Milei (como los periodistas no militantes) en absoluta reserva y, obviamente, cuando no está en dependencias públicas. No es de extrañar. En las redes sociales y en las reuniones de gabinete el síjavierismo y el síkarinismo compiten con la adulación al líder, sin temor al exceso ni al ridículo. Aún de parte de algunos funcionarios y dirigentes con trayectoria y prestigio previo.
Ese contexto explica tanto las actitudes presidenciales, como las características de la presentación de Adorni en el Congreso. Descalificar a los contradictores y críticos, no dar mayores explicaciones, machacar con los pronósticos optimistas, insistir con la prédica dogmática, blindarse ante los cuestionamientos y forzar indicadores y cifras para que muestren rasgos positivos es lo que manda. Hasta que lleguen mejores vientos.
La utilización de cuadros con cifras de una consultora privada por parte de Milei en su larga exposición en la cena de la Fundación Libertad y no de indicadores oficiales fue observada por varios economistas como un ejemplo del recorte narrativo y del uso de las mediciones en beneficio propio. También su nulo relacionamiento con los invitados en un ambiente favorable resaltó la percepción de aislamiento que domina.
Javier Milei en la cena de la Fundación LibertadFundación Libertad
Así, los pronósticos de varias consultoras privadas de una caída de casi un punto en el índice de inflación de abril, que estaría en torno del 2,5%, es una buena noticia, que entona al equipo gobernante y será sobreexplotada por la propaganda oficialista, aunque no suficiente para aventar malestares ni para cambiar el malhumor social.
Ese clima ha ido deteriorándose centralmente por el desempeño de la economía, que ha afectado el poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de los asalariados públicos (especialmente) y privados, sean éstos formales o informales. También por la destrucción de empleo en los centros más poblados o por la perspectiva de su destrucción.
El regreso de los aumentos de precios a los primeros lugares de las encuestas sobre los principales problemas del país y de los individuos, así como el sostenimiento de la pobreza y el empleo como preocupaciones centrales, junto con la corrupción tocan el meollo de la evaluación sobre la gestión del gobierno y la imagen presidencial.
Tanto los problemas económicos como la corrupción que en los dos primeros años del mandato mileísta se licuaban en la herencia recibida, ahora ya son imputados a Milei y su gestión, excepto por su núcleo duro de votantes. Además de su presento turbulento, el Gobierno ya tiene su propio pasado sobre el que se lo evalúa y debe rendir cuentas. En materia económica y en cuestiones de transparencia Milei y su equipo pusieron la vara a una altura que ahora le está costando demasiado alcanzar y la opinión pública se lo factura.
El promedio que dio el ICG a cada gestión presidencial desde el 2001Informe Universidad Torcuato Di Tella
En ese sentido cobra valor la caída de 12% que registró frente al mes anterior en el índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), no solo por la magnitud de la diminución sino por ser la quinta caída consecutiva después del triunfo electoral de octubre pasado.
“El problema no es el nivel en el que está en el tercer año de su mandato, ya que es un poquito más bajo que el que tenían Néstor Kirchner y Mauricio Macri, a esta altura, y bastante más que el que tenían Cristina Kirchner en sus mandatos y Alberto Fernández. Lo que preocupa es la tendencia ”, destacó Carlos Gervasoni, profesor de la UTDT y a cargo del ICG en la Departamento de Política y Gobierno.
En este punto, Gervasoni advirtió el impacto adverso que está teniendo para el Gobierno el caso Adorni, además de la marcha de la economía. “Sorprende la tenacidad del Gobierno en sostenerlo, cuando está claro que esto va a pura perdida. Cuanto más tiempo pasa Adorni en el candelero, peor para el Gobierno. Y me sorprende que no haya actuado como frente a otros casos como aquel famoso [escándalo] de José Luis Espert o ahora el del funcionario del Ministerio de Economía [Carlos Frugoni, por su propiedades en el exterior no declaradas]”, subraya el politólogo.
“El esfuerzo se le está haciendo demasiado largo a muchos que inicialmente apoyaban al gobierno, aunque su situación personal no fuera positiva. Ahora eso está cambiando y está afectando las expectativas”, explica Lara Gorburo, directora de la consultora Management & Fit. Y en ese punto coincide con Gervasoni sobre el impacto que está teniendo la realidad sobre uno de los grandes activos del Gobierno, que eran las expectativas positivas a futuro de la mayoría sociedad, aún entre quienes no la estaban pasando bien.
El impacto de esas realidades medibles ha sido retroalimentadas por el ejercicio de la política barrabrava presidencial, después del paréntesis electoral en el que Milei se autoimpuso un bozal (parcial) para el insulto y la descalificación.
Ataques presidenciales
Con motivo del día mundial de la libertad de expresión, celebrado ayer, varios reportes, como el monitoreo de la Libertad de expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y el ránking de Reporteros sin Fronteras dieron cuenta del deterioro que este derecho fundamental ha tenido en la Argentina de Milei en sus dos primeros años de gestión y, muy especialmente, durante el año pasado.
El monitoreo de Fopea muestra que en 2025 se alcanzó el récord de agresiones a la libertad de prensa desde que existe ese registro, hace 18 años, y que el autor de 42% de los ataques fue el Presidente.
De esa manera, superó la cifra de ataques alcanzada durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2013, cuando el sueño de re-reelección empezó a chocar con el malestar económico y se topó con las revelaciones periodísticas sobre la ruta del dinero K y otros hechos de corrupción.
Ahora no solo resalta el número récord de ataques registrados sino que, por ejemplo, también se superó el número de acciones judiciales contra periodistas.
Milei volvió a apuntar contra la prensa.Soledad Aznarez
Por otra parte, un análisis de las 113.000 publicaciones propias y republicaciones efectuadas por Milei en la red X, efectuado por Fopea (Mileiinsultaenx.fopea.org) demuestra que una de cada siete contiene insultos, lo que lleva a un promedio de 60 posteos por día con agravios. Las categorías dominantes de esos insultos son la descalificación, la estigmatización y la animalización de sus destinatarios.
El Presidente justifica sus agravios e insiste en que sus pronunciamientos no son ataques a la libertad de expresión, sino que por, el contrario, él está ejerciendo ese derecho y que hay una relación asimétrica de la que es objeto. Esa posición, sin embargo, va en contra de toda la literatura sobre comunicación y política, así como de pronunciamientos judiciales y de organismos internacionales.
Las evidencias demuestran que la intolerancia a la crítica y el insulto a los contradictores se ha consolidado como política de Estado mucho más rápido y más consistentemente que la moral.
Numerosos miembros del Gabinete son consecuentes con esa práctica, tanto como se erigen en defensores del Presidente cuando la ejerce, en otra expresión cada vez más frecuente de la condescendencia (u obsecuencia) que reina en el equipo gobernante. “Solo para aclarar, la guerra hoy es del periodismo contra el gobierno, no viceversa”, publicó en X el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los edecanes principales del Presidente en su rol de jefe de la barra brava.
En ese contexto y en ese sentido se dio la presentación de Adorni en el Congreso en la que no perdió más reputación de la que ya había perdido por la falta de aclaraciones suficientes de sus gastos y adquisiciones desde que ingreso al Gobierno, aunque tampoco le sirvió para recuperar al menos una porción de la imagen desgastada.
No obstante, el jefe de Gabinete, aplaudido por Milei y el resto del gabinete, recuperó muy pronto su estilo altanero y desafiante, tal vez demasiado confiado en que no tropezó más allá de su negativa a dar explicaciones y mostrar pruebas. También convencido de que lo benefició el presunto espionaje del que habría sido víctima su esposa, a juzgar por el minucioso detalle de sus actividades que hizo el servicial diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, para denunciar que Bettina Angeletti había usado en salidas particulares la custodia y los móviles estatales asignados al funcionario.
El problema para Adorni es que aún si la opinión púbica supiera los más que cuestionables antecedentes y prácticas de Tailhade vinculados con el mundo del espionaje y los condenara, como debiera, también podría preguntarse y preguntarle respecto de otra supuesta utilización irregular de bienes públicos. Sobre eso tampoco dio respuestas. Además, habría otros gastos inepxlicados y difíciles de explicar para sus ingresos que estarían por revelerse.
La reaparición prometida para hoy del jefe de Gabinete ante los periodistas, con motivo de la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada, tras una semana de injustificable cierre, será una oportunidad para aclarar lo que sigue siendo demasiado opaco o para reafirmar la descalificación como política de Estado.
De insistir en la metodología de confrontación, deberá tener en cuenta que la política barrabrava también exige resultados para sostenerse. Y en este momento no sobran los casos de éxito para la afición descontenta.
Desde la gestión municipal impulsamos la educación brindando espacios para que jóvenes y adultos del distrito puedan desarrollarse profesionalmente. Por eso, queremos contarte que del 9 al 27 de febrero vas a poder anotarte en distintas áreas vinculadas al arte, la música y la comunicación.
La EMMU, ofrece trayectos de formación relacionados a la formación musical integral como: Canto lírico, Taller de coro infantil y Taller coral de adultos, en lo que refiere a instrumentos podés tomar clases de piano, guitarra, violín, cello, flauta traversa, saxo y clarinete para niños desde los 9 años y adultos.
Por otra parte, la EMAC, brinda tramos de formación como: Artes Visuales, Danzas para jóvenes y adultos, Formación en Escritura creativa, Arte Dramático, Confección de Indumentaria y Periodismo Digital. Cada cursada cuenta con un coordinador general y profesores cuyos propósitos son enseñar contenidos actualizados y de calidad.
Durante esta semana, La Libertad Avanza (LLA) buscará impulsar dentro del Senado otros 30 pliegos destinados a cubrir puestos vacantes de jueces, defensores y fiscales que rendirán examen en dos Audiencias Públicas. La primera audiencia tendrá lugar este miércoles 6 de mayo y la segunda el jueves 7.
Las próximas dos Audiencias Públicas serán llevadas adelante por la comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto con el objetivo de que los funcionarios propuestos para ascender a la Justicia realicen sus exposiciones y luego se emitan los dictámenes respectivos.
En este contexto, el Senado se encontrará en condiciones de aprobar los pliegos de prórroga del mandato por cinco años del padre del actual ministro de Justicia, Carlos Mahiques, dentro de los 77 que el cuerpo legislativo debe analizar durante la primera tanda de pliegos enviada desde el gobierno libertario.
El envío de los pliegos fue interpretado como un guiño a la «familia judicial», ya que entre los postulantes que defenderán sus pliegos se encuentran la secretaria del juez Julián Ercolini, María Julia Sosa; la de la Cámara Federal, Ivana Quinteros (Sala I Cámara Federal) y el ex secretario del juez Ariel Lijo, Javier Arzubi Calvo.
Juan Andrés Moldes, hijo del difunto fiscal Germán Moldes, y Nicolás Pacilio, hijo del exjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Antonio Pacilio, son otras dos de las figuras incluidas en la lista de pliegos que deberán exponer y defender sus postulaciones esta semana.
El Senado realizará dos Audiencias Públicas para las exposiciones.
En la lista de pliegos también se encuentra el de Santiago Vismara, uno de los primeros fiscales designados «Ad Hoc» por la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y exfirmante de la solicitada de Justicia Legítima, como así también el del exsubsecretario de Justicia Jorge Djivaris, propuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.
La primera audiencia comenzará a las 10hs de este miércoles 6 de mayo y en ella expondrá Sosa, actual secretaria de Juzgado de Ercolini, quien tiene la causa por supuesto espionaje vinculada al caso ANDIS, sobre su postulación a jueza de cámara delTribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.
El mismo día expondrá Nicolas Grappasonno, por su postulación a vocal de laCámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federal; Quinteros como candidata a jueza de laCámara del Tribunal Oral en lo CriminalyCorreccional de Capital Federal; y Alejandro Catania como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Verónica Polverini, Marcela Sasso y Lucas Bellotti San Martín también se sumarán a la lista de expositores como candidatos a Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los juzgados de primera instancia en lo civil, comercial y del trabajo de Capital Federal.
Felipe Alliaud, por su parte, expondrá para Defensor Público Curador de la Defensoría General de la Nación; Santiago Quian Zavalia para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal; y Osvaldo Pitrau, en su caso para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal.
Analía Victoria Romero, Samanta Biscardi, Paula Castro y Lucila Córdoba también forman parte de la lista para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, junto a Vismara para Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de Capital Federal.
La legisladora libertaria Patricia Bullrich buscará avanzar en la aprobación de pliegos a la justicia.
En cuanto a la segunda audiencia del jueves 7 de mayo, esta contará con la exposición de Nicolas Pacilio, hijo del ex camarista Antonio Pacilio, para defender su pliego para ser juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de Capital Federal. En paralelo, Juan Pablo Moldes expondrá para ser fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico.
Jorge Djivari, ex funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, defenderá su postulación a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y Pablo Wilk, acusado por el kirchnerismo de participar de la «gestapo sindical», defenderá su pliego a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N2 de La Plata.
Walter Carnota y Fernando Strasser también se suman en esta segunda audiencia para defender sus pliegos a vocales en diferentes salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social. En paralelo, Nicolas Ceballos defiende su postulación a la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional; Laura Wiszniacki su postulación a jueza de Primera Instancia en lo Civil; Federico Novello defiende su pliego para el tribunal oral en lo Penal Económico y de Capital Federal y Pablo Moya como candidato a juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
La implementación del capítulo se hizo efectiva mediante la publicación del decreto 315/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Andrés Caputo.
El régimen apunta a cuatro perfiles de trabajadores. El primero es el de quienes no contaban con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025. El segundo, quienes estuvieron desempleados durante los seis meses previos al alta laboral. Los otros dos perfiles son los ex inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes —monotributistas— que no hayan ejercido actividades en relación de dependencia en el sector privado en los últimos seis meses, y aquellos cuyo último empleo bajo dependencia fue en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
PUBLICIDADhttps://cb3c559479efea99f519b2026720b913.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.htmlLa legislación apunta a 4 perfiles de trabajadores
Para quedar comprendidos en el RIFL, los empleadores deben haber adquirido el carácter de inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del 10 de diciembre de 2025. Las relaciones laborales que habilitan el beneficio son aquellas que se inicien y registren ante ARCA entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, ambas fechas inclusive. La norma fija además un tope: las incorporaciones bajo este régimen no pueden superar el 80 % de la nómina total de trabajadores del empleador.
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El beneficio consiste en una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses contados desde el mes de alta de cada nueva relación laboral. Las alícuotas diferenciales son dos: 2 % y 3 %, según el subsistema de destino. Las calculadas sobre el 2 % se distribuyen entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, en la misma proporción que hubiera correspondido sin el RIFL. Las calculadas sobre el 3 % tienen destino exclusivo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), regido por la Ley N° 19.032. ARCA fijará el procedimiento de liquidación e ingreso de ambos componentes.ARCA fiscalizará el correcto cumplimiento (Fotos: Imagen Ilustrativa Infobae)
En caso de que el empleador no cumpla con los requisitos correspondientes, deberá recomponer las contribuciones no abonadas más los intereses y sanciones que correspondan. ARCA tiene a su cargo instrumentar los controles sistémicos para hacer operativas las exclusiones automáticas.
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La norma también establece que la contribución mensual al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) sigue siendo obligatoria para las relaciones laborales incluidas en el RIFL, y que la reducción prevista en el artículo 76 de la ley no se aplica mientras el régimen esté vigente para esa relación. Los empleadores deben ejercer la opción de adhesión mediante los mecanismos que determine ARCA; la falta de ese ejercicio impide el goce retroactivo del beneficio por los períodos en que no se hubiera aplicado.
Para la articulación con planes y programas sociales, ARCA deberá coordinar con el Ministerio de Capital Humano los mecanismos de intercambio de información necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones correspondientes. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y ARCA quedan facultadas para dictar las normas aclaratorias y complementarias que requiera la aplicación del régimen.
Esta reglamentación llega luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocara al cautelar que frenaba la reforma laboral y reestableciera la validez de 83 artículos. Tras esto, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en los juzgados del trabajo.
De esta manera, el Gobierno consideró que la legislación está plenamente vigente, por lo que avanzó rapidamente con su implementación.
Los once días en los que la Casa Rosada estuvo vedada a los periodistas acreditados representaron el clímax del tenso vínculo entre el Gobierno y los medios de prensa. Finalmente, el acceso a la prensa a la sede de Balcarce 50 se permitió hoy, aunque las restricciones se endurecieron.
A partir de hoy, no se les permite a los acreditados circular por los pasillos ni permanecer en el patio central, el llamado “Patio de las Palmeras”, desde donde se observaba el movimiento de los funcionarios. Tampoco se habilita recorrer el pasillo que lleva al despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo, que conecta el primer piso con la planta baja del edificio.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará hoy a las 11 una conferencia de prensa, en teoría para explicar los cambios en la sala de prensa de la Casa Rosada.https://www.youtube.com/embed/MNT-HblGrO8?autoplay=1&mute=1
Las nuevas condiciones pueden verse desde la entrada. Luego de ingresar por la reja que da a Plaza de Mayo, funcionarios de Casa Militar (distintos a los que solían verse hasta la semana pasada) revisan una lista para permitir el paso. Los periodistas ingresan por la esquina del edificio, y allí son palpados y revisados nuevamente, con scaner y detector de metales. Deben dejar sus credenciales de prensa al retirarse.
Crónica de una semana sin preguntas en la Casa Rosada
Ya en el primer piso, donde se encuentra la sala de prensa, un vidrio esmerilado impide la visión del balcón que da al Patio de las Palmeras. La puerta para acceder a ese balcón, y ver desde arriba a quienes entran y salen por el salón de los Bustos, también está cerrada. Incluso para ir al comedor, en el primer subsuelo, los periodistas deben dar una vuelta adicional, ya que la escalera que utilizaban (cercana al despacho de Caputo) está bloqueada.
La restricciones en la Casa Rosada no son, por cierto, una novedad para el gobierno libertario. Una de las primeras cuestiones que se modificaron con la llegada de La Libertad Avanza fue el acceso a determinados salones y despachos. El Salón de las Mujeres, en el primer piso, que solía estar abierto y donde se llevaban a cabo actos y conferencias, fue convertido en oficinas con las ventanas tapadas y mucho misterio.
Algún colega que, acostumbrado a antiguas libertades, quiso filmar dentro del salón, fue amonestado por Casa Militar, y pasó varios días sin poder ingresar a la sede oficial. Lo mismo ocurrió con el antiguo Salón de los Pueblos Originarios, en la planta baja, hoy renombrado como Salón Malvinas, sin acceso para la prensa. Nadie más pudo ingresar sin autorización, al Salón de los Científicos, que también en el primer piso conecta el ala donde está la sala de prensa con los salones Norte y sur.
Con el correr de los meses, las restricciones de paso y circulación para los periodistas se incrementaron. Por orden del Gobierno, los periodistas tienen desde hace meses prohibido acercarse al Patio de las Palmeras cuando el Presidente entra o sale de la Casa Rosada. Se adujeron cuestiones de “seguridad”, y ya no hay chances de ver al Presidente, salvo en contadas ocasiones, como aquella intempestiva salida a ese mismo patio para cantar, a voz en cuello, la marcha de San Lorenzo, junto a la fanfarria de los Granaderos. Esa imagen, con las nuevas medidas, será imposible de visualizar.
La nueva conducción de la Casa Militar, encargada de la seguridad presidencial y encabezada desde marzo de 2024 por el coronel Sebastián Ibañez, se caracterizó desde entonces por cumplir a rajatabla las instrucciones de la Secretaría General de la Presidencia, sin el mínimo diálogo informativo, diálogo que sí estaba vigente durante el mandato de su antecesor, Alejandro Guglielmi. Muchos despachos que solían estar abiertos durante los gobiernos anteriores, como el del Ministerio del Interior, se cerraron para los periodistas hasta nuevo aviso luego de la salida de Guillermo Francos. Más distantes, ni el actual ministro del Interior, Diego Santilli, ni el hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abren las puertas para los acreditados en la mayoría de sus horas de trabajo.
A diferencia de la gestión de Gabriela Cerruti, vocera durante el gobierno de Alberto Fernández, que solía tener conferencias de prensa semanales, Adorni se propuso hablar diariamente, para ser “la voz del Presidente”. Un Presidente que nunca concedería una rueda de prensa en sus más de dos años de mandato, y sí dos saludos breves: el primero, apenas llegado al poder, y el segundo en junio de 2024.
La saludable rutina de intercambios, con preguntas y respuestas muchas veces irónicas por parte del funcionario, se mantuvo por largos meses, hasta que Adorni comenzó su campaña como candidato a legislador porteño. Allí se espaciaron, a la espera de que el futuro jefe de Gabinete “siga siendo el vocero”, como prometían los funcionarios, antes y después de los problemas judiciales que comenzaría a tener a partir del 8 de marzo pasado.
En plena guerra con los medios, el Gobierno endureció en mayo de 2025 los requisitos para la continuidad de los periodistas acreditados. Además de achicar la cantidad de acreditaciones (las redujo a dos titulares y un suplente por medio, un total de 25 por turno, y dejó a decenas de medios pequeños sin autorización), introdujo una serie de requisitos vía resolución, que incluyó la firma de una declaración jurada y la obligatoriedad de entregar datos verificables sobre la llegada masiva de cada medio. También estableció un “código de vestimenta” formal para las conferencias de prensa, y una prohibición de “transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”, en espacios no autorizados, a riesgo de considerarlo “falta grave”. En este punto se basó el Gobierno para prohibir el ingreso a periodistas de TN por haber filmado pasillos y frentes de oficina en Casa Rosada, según fuentes oficiales sin pedido previo. Una prohibición que, el jueves 23 del mes pasado, se extendió a todos los medios.
A principios de abril, la divulgación periodística de una supuesta red de propaganda orquestada por el Kremlin para publicar en medios nacionales noticias favorables a la Federación Rusa, contra Ucrania y su entonces aliado, el gobierno de Milei, derivó en la prohibición de ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados de un puñado de medios, entre ellos A24.com, Ambito Financiero, El Destape y Tiempo Argentino.
La controversia se resolvió el viernes 17, con el reingreso de los periodistas, aunque dos días después la emisión del programa que Luciana Geuna conduce en TN derivó en la última escalada, con denuncia penal de Casa Militar contra TN y la prohibición general. Un cierre que mereció el repudio de entidades periodísticas, dirigentes de la oposición y representantes de organizaciones de la sociedad civil, mientras el Presidente defendía la medida y atacaba a los medios en las redes sociales.
El jueves por la noche, el Gobierno anunció que devolvería el acceso a la prensa para este lunes. Y prometió una conferencia de prensa a cargo del propio Adorni, y aunque la promesa fue relativizada con el correr de las horas, se confirmó esta mañana. Un vínculo conflictivo, que más allá de eventuales aperturas y cierres, seguirá con la tensión como denominador común.
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ARCA fiscalizará el correcto cumplimiento (Fotos: Imagen Ilustrativa Infobae)
