Autor: Jorge Alfredo Baret

Los nombres que Javier Milei tiene a consideración para cubrir las vacantes en los Tribunales Orales de Comodoro Py son, en su mayoría, una combinación de magistrados nacionales y provinciales, funcionarias de fiscalías especializadas y secretarios que trabajan bajo las órdenes de jueces o camaristas del propio edificio de Retiro.

Surgen de las seis ternas que confeccionó el Consejo de la Magistratura a mediados de abril para repoblar los tribunales 2, 4, 5 y 6. Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, deberán elegir seis de entre 18 nombres para enviar sus pliegos al Senado.

Un tercio de esos candidatos los aporta la propia maquinaria judicial de Comodoro Py. Uno es de ellos es Santiago Schiopetto, secretario del fiscal Ramiro González. Tuvo activa participación en la imputación contra Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez. Otro es Nicolás Pacilio, secretario de la Sala II de la Cámara Federal, en la que ahora se revisan, por ejemplo, los procesamientos de los implicados en el caso por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

También integra la nómina Ivana Quinteros, secretaria de la Sala I de la Cámara, que interviene en otras causas de impacto, como la de la criptomoneda $LIBRA. Tanto ella como Pacilio ya habían sido propuestos por el gobierno de Mauricio Macri para ocupar cargos judiciales, pero sus pliegos fueron retirados durante la gestión de Alberto Fernández.

Ignacio Labadens, en tanto, es desde hace más de quince años secretario del Tribunal Oral 1, que condenó, por caso, al exsecretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por el caso de los bolsos con 9 millones de dólares en el convento.

Otros dos secretarios que buscan convertirse en jueces trabajan bajo las órdenes del juez Daniel Rafecas, en el Juzgado Federal N° 3: son Diego Perone y Albertina Carón. Es el juzgado que ordenó allanamientos y tuvo un rol preponderante en los primeros metros del expediente por la quinta de Pilar atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Del Ministerio Público Fiscal provienen dos funcionarias con recorrido en áreas especializadas: Agustina Inés Rodríguez y Vanesa Silvana Alfaro.

Rodríguez es coordinadora de la UFEM, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. El Consejo realizó un único concurso para cubrir los seis cargos en juego y la funcionaria se alzó con el primer puesto en el orden de mérito.

Alfaro, en tanto, se desempeña en la Procelac, una procuraduría especializada en lavado de dinero que está en manos del fiscal de juicio Diego Velasco. Es un organismo de investigación y asistencia en casos complejos de criminalidad económica, que acostumbra a recibir las alertas de la Unidad de Información Financiera (UIF) para evaluar si corresponde impulsar denuncias.

Al igual que Quinteros y Pacilio, Rodríguez y Alfaro fueron seleccionadas por el expresidente Mauricio Macri, pero Alberto Fernández retiró sus pliegos.

El único defensor oficial en la lista de candidatos a jueces es Gabriel Gonzalo Rey. Desde hace una década que se desempeña como defensor ante la Cámara en los juzgados nacionales que funcionan geográficamente en la Capital. Fue elegido por Alberto Fernández para la Cámara Nacional de la Capital, pero Milei retiró su pliego cuando asumió la Presidencia.

Otro tercio del la nómina está compuesto por magistrados que aspiran a desembarcar en Comodoro Py. Nicolás Ramón Ceballos es juez de Garantías de San Isidro; Valeria Alejandra Rico es jueza de menores en la Capital; Nicolás Grappasonno es juez de cámara en La Matanza y Marcelo Alejandro Peluzzi, juez penal nacional.

Nicolás Schiavo, en tanto, es titular del Juzgado de Garantías N°5 de San Martín y quedó en el segundo lugar en la lista del Consejo. Su nombre ganó exposición en febrero de este año, cuando un grupo de unas 20 personas irrumpió en los tribunales de San Martín y, armados con cuchillos, intentaron llegar hasta su despacho.

El podio en el orden del mérito se cierra con Luis Alcides Arnaudo, que se desempeña como fiscal en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Intervino en la causa por el bloqueo sindical a Lácteos Vidal, que ganó la atención de los medios en 2022. Primero pidió el archivo del caso, pero tras una revisión de su superior, imputó a cuatro delegados por excederse en el ejercicio del derecho a huelga.

Por su parte, Raúl Alejandro Roust, es secretario del Tribunal Oral Federal de San Martín N°1.

El único nombre ajeno al sistema judicial es el de Mariano Jorge Cartolano, que puja por ingresar a Comodoro Py desde la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo. Desde hace dos años está al frente de la dirección de investigaciones, designado por el presidente Milei.

Del listado principal de 18 ternados, seis ya fueron elegidos por el Poder Ejecutivo para otros cargos judiciales en 2026, pero sus nombramientos no han sido aprobados por el Senado: Pacilio, Ceballos, Grappasonno, Quinteros, Alfaro y Peluzzi.

Por eso, es posible que se abra una puerta para aquellos que forman parte del listado complementario del concurso. Son otros 20 nombres provenientes de distintas jurisdicciones, de los cuales seis pertenecen a Comodoro Py.

Allí, sobresale el nombre de Diego Arce, secretario del juez Ariel Lijo. Desde el primer lugar en el orden de mérito de otro concurso, aspira a convertirse en el titular del juzgado federal 12, vacante desde la partida de Sergio Torres a la Corte provincial bonaerense.

En esa lista de respaldo también figura Tomás Cisneros, secretario del tribunal que condenó a Cristina Kirchner en Vialidad y está a cargo de ejecutar el decomiso de bienes.

Sergio Andrés Delgadillo, en tanto, es secretario de la Sala I de la Cámara Federal; Javier Francisco Scollo se desempeña en el Tribunal Oral Federal N° 3 y Marcos Tedin trabaja en el juzgado de Rafecas.

La Cámara

En el engranaje de Comodoro Py hay tres lugares claves que están próximos a quedar vacantes. Dos son las sillas de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en la Sala I de la Cámara Federal, donde se revisan los primeros pasos de todas las causas de corrupción. Ambos fueron trasladados durante el macrismo a ese tribunal y la Corte Suprema de Justicia ordenó hacer concursos para cubrir sus lugares.

El Gobierno decidió avanzar en ese sentido. El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola corre con chances de ocupar una de esas sillas. También la fiscal Cecilia Incardona −que lleva uno de los expedientes de la AFA en Lomas de Zamora− y el propio Bertuzzi, que podría retener su lugar al ser designado.

Fuente: La Nación

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue recibida este lunes por el Papa León XIV durante una audiencia en el Vaticano, en el marco del Encuentro Internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, que reunió a funcionarios de distintos países iberoamericanos.

La funcionaria argentina saludó al Pontífice y se fotografió con él como parte de una agenda oficial que desarrolla desde hace varios días en Italia y que incluyó reuniones con algunas de las principales autoridades de la Santa Sede. Entre ellas, mantuvo conversaciones con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y con el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, considerado una de las figuras más influyentes dentro de la estructura que acompaña al nuevo Papa.

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Pettovello había llegado a Italia sin comitiva oficial y, durante su estadía, fue recibida por el ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara. Junto a él recorrió centros dedicados a la educación para adultos y visitó el ITS Academy Digital Lazio, especializado en formación tecnológica.

La agenda de Sandra Pettovello en el Vaticano

La titular de Capital Humano desarrolló además una intensa agenda centrada en educación, empleo, salud mental y los desafíos vinculados a la inteligencia artificial, temas que forman parte de la convocatoria impulsada por el Vaticano.

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La posible visita del Papa a la Argentina

La visita se produjo además en medio de las versiones sobre un posible viaje de León XIV a la Argentina. En los últimos días, el presidente Javier Milei había señalado que esa visita podría concretarse en noviembre. Se espera que durante el mes se oficialice su visita.

Durante sus encuentros en Roma, Pettovello entregó al cardenal Czerny un informe sobre las políticas sociales implementadas por la administración de Milei. También le acercó un documento denominado “Museo de la Corrupción”, que reúne denuncias, irregularidades, sobreprecios y causas judiciales vinculadas a programas sociales de gestiones anteriores.

La agenda oficial incluyó asimismo una reunión con Josef Blotz, Gran Hospitalario de la Orden de Malta, con quien dialogó sobre iniciativas de cooperación humanitaria, programas sociales y proyectos de formación profesional en la Argentina.

Antes de la audiencia con el Papa, Pettovello había participado junto a Parolin del encuentro de alto nivel organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Santa Sede bajo el lema “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”. Allí también compartió actividades con ministros de Educación de distintos países y mantuvo intercambios sobre experiencias y políticas públicas aplicadas en la región.

Fuente: Mendoza online

enteno – La Nacion60

El “Súper RIGI” que Javier Milei envió al Congreso apunta a atraer industrias “del futuro” que el Gobierno define como “genuinamente nuevas” para la Argentina. El proyecto menciona infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía “experimentales o piloto” en el país y sectores que requieren “soluciones macroeconómicas anticipadas” para poder desarrollarse.

Son definiciones que alimentaron las sospechas de la oposición, que ve en el nuevo régimen un esquema pensado para grandes compañías tecnológicas vinculadas a inteligencia artificial, procesamiento de datos y defensa. El foco de las críticas está puesto especialmente en el manejo de datos sensibles y los posibles usos de esas tecnologías.

Los movimientos alrededor del proyecto reforzaron esas interpretaciones. El texto ingresó a Diputados pocos días después de que Peter Thiel -fundador de Palantir, una de las compañías más influyentes del mundo en inteligencia artificial y análisis de datos para gobiernos y agencias de seguridad- visitara la Casa Rosada. Se reunió primero con Milei y el canciller, Pablo Quirno, y luego con el ministro de Economía, Luis Caputo; el viceministro, José Luis Daza, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

A eso se sumó el reciente anuncio oficial sobre la creación de un “Gemelo Digital Social”, una herramienta basada en simulaciones e inteligencia artificial para optimizar políticas públicas y prever escenarios sociales. Aunque el Ministerio de Capital Humano aseguró que el desarrollo se realizará “sin recurrir a contrataciones integrales de empresas” y que la tecnología “no pertenece a una corporación o individuo en particular”, la oposición ya impulsó pedidos de informes sobre eventuales vínculos privados, uso de datos personales y financiamiento del programa.

“El futuro no puede convertirse en vigilancia sobre la ciudadanía”, sostuvo el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi, tras anunciar un pedido de explicaciones al Gobierno.

En el Poder Ejecutivo rechazan esas lecturas. Sobre el “Súper RIGI” aseguran que el régimen no apunta a compañías específicas, sino a industrias inexistentes en el país. “¿Por qué pensaríamos en una empresa en particular, cuando podría ser cualquiera?”, responden en el oficialismo.

Pero la inquietud quedó expuesta incluso entre funcionarios y simpatizantes libertarios. Durante una emisión del programa Las tres anclas, del streaming Carajo, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) intentó precisar qué tipo de compañías podrían desembarcar con el nuevo régimen. “¿Anthropic? ¿Palantir? ¿Boeing?”, preguntó en referencia a empresas vinculadas a inteligencia artificial, big data y fabricación de aviones.

La consulta generó una secuencia incómoda entre Felipe Núñez, asesor económico del Ministerio de Economía; Federico Furiase, secretario de Finanzas, y Martín Vauthier, director del Banco Central. Los funcionarios evitaron validar nombres concretos y respondieron con evasivas. “Es una pregunta muy micro, muy personal”, deslizó Furiase.

Tras un silencio que nadie supo ocultar, Núñez retomó la explicación con ejemplos generales. Mencionó la posibilidad de atraer inversiones en autos eléctricos y también en inteligencia artificial y datacenters. Allí apareció otro de los ejes del proyecto libertario: aprovechar la combinación entre Vaca Muerta, energía abundante y las bajas temperaturas del sur argentino para instalar grandes centros de servidores destinados al procesamiento de datos y sistemas de IA.

Otro proyecto se trabajó en paralelo y da cuenta de la prioridad que el Gobierno le otorga al tema. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, envió al Congreso una iniciativa que funcionará como el complemento jurídico del “Súper RIGI”: la creación de sociedades automatizadas de algoritmos. Se trata de un “tipo societario nuevo para empresas sin personas”, pensado para estructuras asociadas a inteligencia artificial.

“Distinguimos a las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización. Se regulan la ‘Sociedad Automatizada’, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las ‘DAO’, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada”, escribió Sturzenegger en su cuenta de X.

La lógica acompaña el espíritu del nuevo régimen de inversiones. No se trata solo de atraer industrias que hoy no existen en la Argentina, sino también de adaptar el marco legal para permitir su desembarco y funcionamiento.

Los beneficios del “Súper RIGI”

El “Súper RIGI” ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios considerablemente más amplios que los previstos en el RIGI aprobado el año pasado dentro de la Ley Bases.

Expone, así, una de las tensiones del modelo libertario: mientras Milei reivindica un Estado mínimo, la propuesta oficial diseña un esquema robusto de garantías jurídicas, aduaneras, cambiarias y protección regulatoria para grandes capitales.

Es que el régimen contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y libre disponibilidad progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.

Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales como el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto incluso establece que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” bajo tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos internacionales ante modificaciones regulatorias futuras.

El esquema también limita la capacidad de provincias y municipios para imponer regalías o cánones administrativos sobre los proyectos adheridos. Y, aunque obliga a presentar permisos y habilitaciones, no incorpora metas ambientales ni estándares de protección ecológica para las inversiones alcanzadas, algo que también enciende las alarmas de la oposición.

Detrás del proyecto aparece además una visión geopolítica más amplia sobre el lugar que podría ocupar la Argentina en la nueva economía global. El economista liberal Federico Domínguez sostuvo que las tensiones internacionales están empujando inversiones en inteligencia artificial, robótica, defensa, energía e infraestructura estratégica. Según planteó, el país reúne varias de las condiciones que demanda esa transformación: energía, minerales críticos como litio, cobre y uranio, alimentos, talento tecnológico y posición estratégica sobre el Atlántico Sur.

La lectura fue celebrada públicamente por Santiago Caputo, el asesor presidencial y artífice del discurso oficial. “Acá está definido el proyecto nacional argentino de los próximos 20 años. La política lo único que tiene que hacer es no estorbar”, escribió en X.

En la misma línea, Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, afirmó que “reactivar la minería de uranio es una prioridad de este gobierno” y sostuvo que la Argentina tiene “reservas, conocimiento y condiciones macroeconómicas” para insertarse en la cadena global de suministro estratégico.

Fuente: La Nación

Javier Milei, Luis Caputo y el resto del equipo económico cumplirán hoy con un mandato sagrado: pagar un bono emitido en esta propia gestión. Algo que siempre queda en los curriculums de las buenas gestiones financieras. Especialmente en Argentina, un país adicto a los desvíos de pagos.

El Banco Central hará efectivo el mandato, y se pagarán unos 1.028 millones de dólares correspondientes a la tercera serie de los de nominados Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), de los que ya se cerraron dos vencimientos anteriores.

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Se trata de una creación de fines de 2023 del actual gobierno, para resolver la deuda que se había acumulado con importadores de todo tipo, color e ideología durante la gestión de Alberto Fernández. Los tenedores del pasivo, y posteriormente del bono, eran empresas que tenían pagos pendientes con proveedores del exterior, que recibieron estos bonos en dólares como mecanismo de cancelación diferida.

Bopreal, la tabla de salvación

Esta Serie 3 del Bopreal lleva el nombre de fantasía BPY26, y fue emitida con vencimiento final el 31 de mayo de 2026 y un esquema de amortización en tres cuotas trimestrales que comenzó en noviembre de 2025. Todos los vencimientos fueron cumplidos en tiempo y forma.

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Según estimaciones publicadas en los últimos días, el desembolso será de aproximadamente US$ 1.028 millones. Este pago completa prácticamente el cronograma de cancelaciones de la Serie 3 y constituye uno de los mayores vencimientos financieros del primer semestre.

La cancelación se realizará con reservas internacionales del BCRA, tal como ocurrió con los vencimientos anteriores del mismo instrumento, pero en este caso con mayor especificidad se utilizarán los dólares llegados al Central desde Washington por parte de Fondo Monetario Internacional (FMI), que derivó unos U$S 1.003 millones correspondientes al desembolso por la aprobación de la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en marzo del año pasado.

Reservas BCRA

Las reservas quedarán así nuevamente a la baja, luego de haberse registrado el récord de US$48.191 millones, acumulados al viernes de la semana pasada, último día hábil de mayo 2026.

Para las reservas, será el segundo sacudón de este tipo registrado este año, luego del pago de la Serie 2 del Bopreal de marzo del 2026 por unos US$1.004 millones correspondientes a la segunda cuota de amortización utilizando reservas propias.

La apuesta oficial es que durante junio este dinero se recupere con la liquidación sojera, y con el ritmo de compras que viene realizando el BCRA; más el ingreso de divisas por exportaciones, alguna que otra colocación de Obligaciones Negociables (deuda emitida por empresas privadas) y operaciones financieras y colocaciones de deuda del sector privado.

Se espera, además, para la segunda quincena de junio haya algún desembolso desde organismos financieros internacionales.

¿Dejarlas o sacarlas?

El efecto inmediato será una caída de las reservas brutas por aproximadamente US$1.000 millones. Sin embargo, el impacto final dependerá de cuántos tenedores cobren en cuentas locales y cuántos transfieran efectivamente los dólares al exterior. En el pago de marzo, menos del 10% de los fondos salió del sistema financiero local, por lo que gran parte del monto continuó contabilizándose dentro de las reservas brutas a través de los encajes bancarios.

Los analistas distinguen, además, entre reservas brutas que sufrirán una reducción inicial cercana al monto del pago y reservas netas, con un efecto más discutido porque muchos cálculos ya descuentan los pasivos vinculados a los propios Bopreal.

Antes del vencimiento de marzo, las reservas brutas rondaban los US$46.500 millones. Si no hubiera ingresos compensatorios relevantes, un pago de US$ 1.028 millones implicaría una baja contable cercana a los US$45.500 millones. Sin embargo, la cifra final dependerá de la evolución de los encajes, de las compras de divisas del BCRA y de otros movimientos financieros de esos días.

El vencimiento es observado de cerca por el mercado, porque refleja una de las principales tensiones del programa económico: el BCRA viene comprando dólares y recomponiendo reservas, pero una parte importante de esas divisas debe utilizarse luego para afrontar pagos de deuda, entre ellos los Bopreal.

El propio debate con el Fondo Monetario Internacional gira en torno a cuánto de la acumulación de reservas es realmente permanente, una vez descontados estos compromisos.

El juego de los 1000 millones

La gran apuesta del Gobierno es que el pago de los US$1.028 millones, quede dentro del sistema, y mostrar así ante el público local y visitante que los dólares se quedan por confianza en la gestión económica del tándem Milei- Caputo. Y, obviamente, Santiago Bausilli, el titular del Banco Central.

Una parte importante de los tenedores de este instrumento financiero corresponde a empresas vinculadas al comercio exterior, ya que es un bono que se emitió para la deuda que había en el gobierno anterior por importaciones impagas por automotrices, industrias químicas, el sector agroindustrial.

En marzo pasado, durante la liquidación anterior, esas compañías optaron por mantener los fondos dentro del sistema financiero argentino, con lo que las grandes empresas importadoras que se quedaron con ese bono no se lo llevaron afuera, no lo transfirieron al exterior, lo dejaron en el sistema financiero. La decisión responde a un factor de confianza. O, dicho de otra manera, la visión que nadie tocará ese dinero.

Fuente: Mendoza online

El caso de Facundo Leal, exfuncionario de tercera línea, que atravesó bajo el radar las gestiones del peronismo y de los libertarios, sorprendió por una derivación inesperada. El miércoles 28 de mayo, efectivos de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico ingresaron a un departamento de la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio porteño de Palermo, para ejecutar una orden de allanamiento en el marco de una causa por corrupción en ARSAT, en un contrato firmado en la gestión de Alberto Fernández. Lo que encontraron no tenía relación directa con el objetivo inicial del procedimiento.Te puede interesar:Imagen inédita de Cristina Kirchner: su departamento se “transformó” en la Casa Rosada y salió a saludar a la militancia

Dentro del departamento hallaron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo. También encontraron 803.754 dólares en efectivo, 2.486.200 pesos argentinos y billetes de seis países: Uruguay, Brasil, México, Colombia, la Unión Europea y Tanzania. El secretario del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro dispuso la detención inmediata de Leal, de 51 años, en calidad de incomunicado.

Esa misma noche se libró una segunda orden para el departamento que Leal ocupaba en Mendoza, sobre la avenida Boulogne Sur Mer. Allí, donde el exfuncionario convivía con su pareja —que no estaba presente al momento del procedimiento—, la Delegación Unidad Operativa Federal encontró otros 1.787.600 dólares en efectivo, un teléfono celular y un cuaderno con anotaciones.Te puede interesar:El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo funcionará el nuevo sistema de indemnizaciones

En total, entre los dos domicilios, se secuestraron 2.591.354 dólares en billetes, sin declarar y sin explicación oficial hasta el momento de publicación de esta nota. Consultado por los efectivos, Leal se identificó como un simple empresario agropecuario.Dinero en efectivo, incluyendo fajos de dólares, fue secuestrado en los allanamientos realizados en domicilios vinculados al ex titular de ARSAT, Facundo Leal, durante una investigación.

La causa

La investigación que terminó con Leal detenido no nació de una denuncia por corrupción, sino de un robo. A principios de 2024, empleados de ARSAT descubrieron que un depósito en San Fernando, donde se resguardaba equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica, había sido saqueado. El predio era operado por una firma de logística contratada por la empresa estatal en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández. Según las constancias de la causa, las cámaras no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral llevaba tiempo cortado.Te puede interesar:Las reformas audaces y rupturistas que impulsa el gobierno de Milei y el factor Peter Thiel en Argentina

ARSAT no es una empresa marginal del Estado: es el proveedor mayorista de fibra óptica y de conexiones satelitales del país, y el operador de la infraestructura sobre la que corre buena parte de las comunicaciones digitales de la Argentina. Tiene desplegados casi 40.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo del territorio nacional, una red construida principalmente durante los gobiernos kirchneristas. Lo robado en ese depósito de San Fernando formaba parte de los insumos para mantener y ampliar esa infraestructura estratégica para las comunicaciones y el funcionamiento de la economía.

La causa quedó en manos del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez. El foco inicial fue el robo, pero a medida que avanzaron las medidas de prueba la pesquisa se corrió hacia cómo se había contratado a esa empresa de logística y qué relaciones vinculaban a sus dueños con funcionarios de ARSAT. La reconstrucción, publicada en detalle por una investigación del diario La Nación, estableció que el proceso licitatorio fue una ficción: las tres firmas que compitieron formaban parte de la misma estructura societaria y familiar. En el expediente, además del juzgado de Mirabelli y la fiscalía de Domínguez, participa la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Leonardo Rodríguez.Facundo Leal pasó de ARSAT al ORSNA

Los contratos acumularon, entre órdenes directas y prórrogas, más de un millón novecientos mil dólares. Las prórrogas las firmaron Leal y otros dos gerentes, sin intervención del directorio que el reglamento interno exigía. Los teléfonos secuestrados contenían mensajes que, según La Nación, documentaban el circuito de pagos entre los contratistas y funcionarios de la empresa. La fiscalía pidió indagatoria para 10 personas por defraudación, malversación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Leal es uno de ellos.

El patrimonio

Las declaraciones juradas que Leal presentó ante la Oficina Anticorrupción entre 2021 y 2025, a las que accedió Infobae, trazan una curva que Leal deberá explicar ante la Justicia.

Al inicio de 2021, su patrimonio total declarado ascendía a 58 millones de pesos. Al cierre de ese año, 78,9 millones. Al cierre de 2022, 118,2 millones. Al cierre de 2023, 340,8 millones. Y en la declaración inicial que presentó al asumir la presidencia del ORSNA, el organismo nacional de la aeronáutica civil, en junio de 2025, 528 millones de pesos. En cuatro años, el patrimonio declarado se multiplicó casi por nueve.

PUBLICIDADUna de las viviendas allanadas en la causa que investiga a Facundo Leal

El salto más abrupto se produjo entre 2022 y 2023: el patrimonio creció 222 millones de pesos en un solo año. Es el período en el que se firmaron las prórrogas del contrato con la empresa de logística y se emitieron nuevas órdenes de compra.

El vehículo que concentró ese crecimiento fue una empresa unipersonal registrada bajo el CUIT personal de Leal, cuya actividad no quedó especificada en ninguna de las declaraciones. En 2021 figuraba valuada en 3,1 millones de pesos; en 2022 subió a 12,6 millones; en 2023 trepó a 90,5 millones; y en la declaración de 2025 ya sumaba 220,4 millones de pesos. Qué produce esa empresa, de dónde provienen sus ingresos y a qué clientes presta servicios son preguntas que la causa buscará responder.

El efectivo en pesos declarado siguió la misma trayectoria ascendente: 8,2 millones en 2021; 36,6 millones en 2022; 77,1 millones en 2023; y 94,8 millones en 2024. La flota de vehículos acompañó la curva: a la Amarok 2014 que ya tenía al ingresar al Estado se sumó en 2022 una Amarok Black Style V6 —la versión de alta gama— y en 2023 un Can-Am Maverick X3, un vehículo utilitario deportivo de importación.

El dato central, sin embargo, no está en lo que figura en las declaraciones, sino en lo que falta. En ninguna de las cinco DDJJ analizadas por Infobae aparece una tenencia significativa de dólares en efectivo. La última, correspondiente a su baja como funcionario del ORSNA a principios de 2024, consignó exactamente un centavo de dólar en efectivo. Semanas después de presentar esa declaración, la policía le secuestró más de 2,5 millones de dólares físicos distribuidos en dos domicilios de dos provincias distintas.La sede de ARSAT, desde donde se definieron negocios que están bajo investigación

El perfil de Leal

Facundo Leal lleva casi dos décadas dentro del Estado nacional. Abogado mendocino, ingresó a la Administración de Aviación Civil y escaló posiciones dentro de ARSAT desde 2020. Llegó a la presidencia de la empresa en agosto de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, con quien compartió actos públicos.

En el mapa del poder peronista, no fue un cuadro neutral. Fuentes políticas consultadas por este medio señalaron que su ascendencia se apoyó en el grupo de dirigentes que respondía al albertismo. Con ese respaldo tuvo poder suficiente para desplazar a un funcionario de rango ministerial que ocupaba un cargo en ARSAT, un episodio que derivó en el traslado de ese funcionario a otra área del gobierno nacional. También se le atribuye haber ganado, en su momento, una disputa interna con La Cámpora por el control de la empresa.

Esa transversalidad fue lo que le permitió continuar tras el cambio de gobierno. “Era el tipo que conocía los detalles de la administración de ARSAT, todos los negocios y había acumulado más enemigos que amistades”, explicó a este mediouna fuente que trabajó en esos años. Cuando Javier Milei asumió en diciembre de 2023, Leal continuó al frente de ARSAT durante los primeros meses de transición, hasta que la nueva gestión designó a su propio equipo. En la Casa Rosada señalaron que su permanencia en esa dependencia tuvo más que ver con la ausencia de cuadros propios para ocupar lugares estratégicos del Estado.

Su vínculo con la gestión libertaria llegó por otra vía. Luis Pierrini, secretario de Transporte, era su amigo personal: ambos mendocinos, con años de relación. Pierrini llegó al gobierno de Milei a través de Juan Pazo, hombre clave en el entorno del ministro de Economía Luis Caputo, quien lo acercó a la estructura libertaria. Ya en la secretaría, Pierrini armó su equipo con colaboradores de confianza: llevó a Leal desde ARSAT para ponerlo al frente del ORSNA y colocó a Gerardo Boschin —el mismo funcionario que hoy figura como imputado en la causa de Mirabelli— en la presidencia de Trenes Argentinos.

Así, en junio de 2025, Leal fue designado presidente ad honorem del ORSNA mediante el Decreto 390 firmado por Milei y el ministro Caputo. No fue su primer cargo en el Estado bajo gestiones no peronistas: en total, Leal ejerció funciones durante casi dos años dentro de la administración libertaria. Fuentes del gobierno de Mauricio Macri consultadas por Infobae aclararon, sin embargo, que durante esa gestión —que tuvo a Rodrigo De Loredo y a Raúl Martínez al frente de ARSAT— Leal no ocupó roles de gerencia ni de administración en la empresa.

Cuando Pierrini dejó la secretaría en enero de 2026 —en medio de una polémica por el uso de una aeronave privada vinculada a Pablo Toviggino, de la AFA, para viajar a Barcelona—, Leal también dejó el cargo.

Fuentes con acceso a la causa consultadas por Infobae indicaron que la investigación corresponde a hechos ocurridos durante su gestión en el gobierno anterior y que su paso por el ORSNA no integra el expediente. Al momento de los allanamientos, Leal seguía figurando en la nómina de ARSAT como empleado de planta permanente.Dinero en efectivo, incluyendo fajos de dólares, fue secuestrado en los allanamientos realizados en domicilios vinculados al ex titular de ARSAT, Facundo Leal, durante una investigación.

El estado de la causa

La investigación tramita ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, bajo la conducción del juez Mirabelli y la fiscalía del doctor Domínguez. El secreto de sumario fue dispuesto tras la detención. Leal prestó declaración indagatoria.

La defensa de Leal, según fuentes al tanto de la investigación consultadas por Infobae, apunta a sostener que las drogas halladas correspondían a consumo personal y que no existen elementos que acrediten comercialización. El dinero es el flanco más difícil: deberá acreditar su origen y su titularidad. Una de las hipótesis que manejan sus allegados es la venta de propiedades. Las declaraciones juradas, sin embargo, no registran ninguna operación inmobiliaria que justifique esa magnitud de efectivo en moneda extranjera.

Fuente: Infobae.,com