Autor: Jorge Alfredo Baret

El ministro del Interior, Diego Santilli, se sumó este martes por la mañana a una reunión de gobernadores del norte del país que se desarrolló en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y defendió la eliminación de las PASO por el costo económico que tienen, que estimó entre los 220 y los 240 millones de dólares.

Además, se mostró esperanzado en que el Gobierno logrará los votos en el Congreso para hacer avanzar esa intención. Al finalizar el encuentro, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, le restó urgencia al tema al considerar que los cambios electorales no son una prioridad para la población de las provincias norteñas.

Al llegar al CFI, en la calle Azopardo al 750, en el bajo porteño, Santilli se detuvo en la vereda y, en declaraciones a la prensa, sostuvo que “las PASO cuestan entre 220 y 240 millones de dólares” y que se experimenta “una merma de votantes” debido a su realización.

“La gente no quiere ir a votar cuatro o cinco veces”, subrayó Santilli. Consultado sobre las chances de que avance en el Congreso el proyecto de reforma política del Gobierno, con la quita de las PASO incluida, señaló que están “trabajando con Martín Menem [presidente de la Cámara de Diputados] y Patricia Bullrich [jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado]”.

A diferencia de los gobernadores del norte que arribaron a la reunión a bordo de autos oficiales, con vidrios polarizados, y que los depositaron directamente dentro del garaje del CFI, Santilli bajó de una camioneta sobre la calle Azopardo e ingresó a pie.

El ministro del Interior contó que Raúl Jalil, gobernador de Catamarca y aliado del presidente Javier Milei, lo invitó a participar del encuentro, en el que los mandatarios dialogaron sobre la quita de subsidios a las zonas frías que el Gobierno ya hizo avanzar en la Cámara baja y la compensación prometida para las tarifas eléctricas en zonas cálidas. Jalil preside el grupo de gobernadores del norte argentino.

La reunión comenzó alrededor de las diez y finalizó al mediodía, con una presencia de gobernadores más amplia que la que se esperaba (se aguardaba la asistencia de ocho mandatarios y se acercaron diez).

Estuvieron presentes en la reunión, junto a Santilli y al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, los gobernadores de Salta (Sáenz), Jujuy (Carlos Sadir), Tucumán (Osvaldo Jaldo), Formosa (Gildo Insfrán), Misiones (Hugo Passalacqua), Catamarca (Jalil), La Rioja (Ricardo Quintela), Chaco (Leandro Zdero), Corrientes (Juan Pablo Valdés) y Santiago del Estero (Elías Suárez). La nómina de presentes mezcló aliados y opositores al Gobierno. Entre los primeros, se cuentan, con distintos grados de adhesión, Sáenz, Sadir, Jaldo, Passalacqua, Zdero y Valdés; entre los segundos, Insfrán, Quintela y Suárez.

Jalil (presidente pro témpore del grupo de gobernadores del Norte Grande) y Sáenz fueron los voceros de la reunión. El gobernador de Salta le restó urgencia al proyecto de quitar las PASO al que se refirió el ministro del Interior antes de entrar a la reunión. “El tema de las rutas no da para más. Hay que buscarle una solución que tiene que ser inmediata. Entendemos que hay cuestiones en las que el gobierno nacional tiene apuro y quiere tratar rápidamente, como la modificación de la ley electoral, pero no creo que sean los problemas que la gente está esperando que se resuelvan, sobre todo en el norte argentino”, resaltó Sáenz, cuyos diputados, hace dos semanas, acompañaron al Gobierno con el voto para aprobar la reducción del régimen de subsidios al gas por zonas frías (resta la aprobación del Senado para que se convierta en ley).

“La zona fría es la Patagonia. Todo aquel que esté por debajo de tres canastas básicas, en un barrio de emergencia, personas discapacitadas, va a seguir [teniendo el subsidio]. El que tiene una pileta climatizada, no”, remarcó Santilli antes de ingresar a la reunión de gobernadores.

El ministro del Interior afirmó también que, antes de la reunión, los gobernadores habían hecho un planteo “que tenía que ver con el gas para industrias, porque Bolivia no está exportando” y que “un trabajo de Refinor va a proveer el diferencial que venía de Bolivia”.

Desde las provincias del norte se planteó, en el encuentro, la problemática alrededor de la provisión de gas. Uno de esos puntos, según pudo saber LA NACION de fuentes bien informadas sobre lo que se debatió en la cumbre de mandatarios, fue el precio del gas para la industria en las provincias norteñas. “Sería casi el doble del actual y la industria pide que el Estado nacional se haga cargo de la diferencia”, dijeron desde el entorno de uno de los participantes de la reunión. En el encuentro, también se pidió finalizar “la obra de reversión del gas [por el Gasoducto Norte], que llegó hasta Córdoba”, indicaron las mismas fuentes.Controles y penas. Alertan que la ley de lobby de Milei podría perjudicar a organizaciones civiles que monitorean al Estado

Sáenz, al resumir la reunión, afirmó que buscan “garantizar el gas para el Norte”, y pidió “que empiecen la obra ya, para que no tener desabastecimiento”. Y volvió a contrastar con la urgencia por los debates electorales: “Tenemos que ponernos a trabajar entre todos. Falta muchísimo para las elecciones”.

“Los gobernadores también hemos planteado nuestra agenda, que tiene que ver con las rutas, con la microeconomía, que no funcionan motores como el del consumo. Los temas que necesitamos que sean incluidos en la agenda nacional, que veamos un país en su conjunto y no solo con las necesidades del gobierno nacional”, resaltó Sáenz.

Jalil, por su parte, dijo que el recorte de las zonas frías y las posibles compensaciones son subsidios a las tarifas eléctricas para zonas cálidas será un tema de diálogo con el gobierno nacional a través del CFI. “El CFI va a interactuar con el ministro Santilli para mandarle los proyectos”, dijo el gobernador catamarqueño, un alado del Gobierno cuyos diputados se abstuvieron en la votación que dio media sanción al recorte de los subsidios por zonas frías, iniciativa con la que el oficialismo busca un ahorro fiscal de $272.000 millones.

Uno de los puntos del orden del día de la reunión fue la “Hoja de Ruta” que diagramaron las provincias del norte con el CFI, y que se desarrolla desde 2021.

Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto del temario del encuentro, el CFI expuso proyectos trabajados en las áreas de logística, energía y turismo. También se habló se problemáticas aduaneras y de la Hidrovía.

Lamothe afirmó que la “Hoja de Ruta” persigue el objetivo de “articular la mirada federal con las realidades provinciales, promoviendo procesos de planificación que integran capacidades locales, diálogo político y producción técnica”.

El CFI informó que “los gobernadores abordaron una agenda aprobada para trabajar con misiones comerciales, participar de ferias turísticas, tecnológicas y comerciales, que les permita reforzar y potenciar el desarrollo productivo de la región”. La próxima reunión de los gobernadores del norte será en la provincia de Misiones, en agosto, adelantó Jalil

.Por Javier Fuego Simondet

Fuente: La Nación

Un grupo de 16 organizaciones de la sociedad civil, encabezado por el colectivo Infancia en deuda, solicitó a la Justicia que declare nula la conformación actual de la Comisión Bicameral encargada de supervisar la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al considerar que el Senado de la Nación distribuyó los cargos de manera contraria a las reglas de representación política establecidas por la legislación vigente.

La presentación fue realizada ante el juez en Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, bajo la figura de “amicus curiae” (amigo del tribunal) en el marco de la causa iniciada por los legisladores Daniel Bensusán y Anabel Fernández Sagasti contra el Decreto Parlamentario Presidencial 32/2026, mediante el cual se definió la integración de los cinco representantes que corresponden a la cámara alta dentro de la comisión bicameral.

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Las entidades sostienen que el conflicto excede una disputa entre bloques políticos y plantea una cuestión institucional vinculada con la calidad de la representación democrática. Según argumentan, el principio de proporcionalidad previsto en la Ley 26.061 y en el reglamento interno del Senado exige que la composición de la comisión refleje adecuadamente el peso de cada bloque parlamentario.https://46492d7df20875c4b6f694c33a34ba13.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

El conflicto tuvo su inicio por el decreto que asignó dos lugares a La Libertad Avanza y uno a cada uno de los bloques Justicialista, PRO y UCR. Los demandantes cuestionan que el bloque peronista haya recibido solamente un asiento pese a contar con la misma cantidad de integrantes que La Libertad Avanza: 21 senadores cada uno.

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En la presentación, las organizaciones afirman que cualquier método de distribución proporcional utilizado en sistemas parlamentarios y electorales conduce al mismo resultado: «La composición determinada por el Decreto Parlamentario Presidencial n.º 32/2026 no otorgó una representación proporcional a los sectores políticos». A su criterio, el Senado no explicó qué criterio utilizó para apartarse de los resultados que arrojan las fórmulas habituales de distribución de cargos.

El escrito cita antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se admitió la intervención judicial cuando se discuten procedimientos de integración de órganos institucionales y existe la posibilidad de que se haya vulnerado el debido proceso parlamentario.

Las entidades consideraron que el reclamo de los senadores debe ser analizado porque la presunta irregularidad afecta no solo los derechos de los legisladores involucrados, sino también la representación política de los ciudadanos. «Una afectación irrazonable de las mayorías parlamentarias que perjudica a uno u otro espacio político en la conformación de comisiones legislativas no implica otra cosa que una afectación directa a la soberanía popular expresada mediante el voto», afirman.

Otro de los argumentos destacados apunta a la práctica histórica de la propia comisión. Según el relevamiento incluido en la presentación, las integraciones realizadas en períodos anteriores respetaron criterios de proporcionalidad compatibles con el peso parlamentario de cada bloque. Para los firmantes, la decisión adoptada en 2026 constituye una excepción que no encuentra respaldo ni en los antecedentes ni en los métodos de distribución habitualmente aceptados.

Entre las organizaciones que impulsan la presentación figuran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), La Poderosa, Doncel, la Fundación Sur Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), SERPAJ y otras entidades especializadas en derechos humanos, niñez y fortalecimiento institucional.

Como resultado de la demanda, las organizaciones solicitaron que se admita la legitimación de Bensusán y Fernández Sagasti, que se declare la nulidad del decreto cuestionado y que se ordene una nueva distribución de los lugares de la comisión respetando el criterio de proporcionalidad. También pidieron dejar sin efecto las resoluciones adoptadas por la Comisión Bicameral el 14 de mayo de 2026 por entender que fueron dictadas por un órgano cuya integración sería contraria a la ley.

Fuente: Mendoza online

La CGT rechazó este martes la puesta en marcha de la reforma laboral dispuesta el lunes último por el Poder Ejecutivo y afirmó que “la libertad sindical no se reglamenta por decreto” y que “no es facultad de ningún gobierno sustituir el debate democrático”.

“Advertimos con preocupación la reciente reglamentación de la reforma laboral, en especial a los decretos reglamentarios mediante los cuales el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país”, expresó la central obrera en un comunicado.

Para la CGT, “resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”.

Al respecto, afirmó que “lejos de limitarse a instrumentar normas vigentes, el Poder Ejecutivo se arroga facultades que corresponden al Congreso de la Nación, vulnerando el principio de división de poderes que sustenta nuestro sistema democrático”.

Además, planteó que “como si no fuera suficiente, bajo la apariencia de una reglamentación administrativa, se introduce de forma solapada una sobre reglamentación a la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, incorporando disposiciones que alteran el espíritu y el alcance de la ley, modificando aspectos que sólo pueden ser definidos por el Poder Legislativo”.

“No es potestad del Ejecutivo, a través de ningún decreto, sustituir el debate parlamentario ni reformar por vía indirecta normas que garantizan derechos fundamentales de los trabajadores y que atentan directamente contra la libertad sindical”, dijo y añadió: “Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo”.

La central obrera, que conduce el triunvirato compuesto por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Arguello, “la autonomía sindical, la libre organización y el derecho de los trabajadores a darse sus propias formas de representación no pueden quedar sujetas a la discrecionalidad del gobierno de turno”.

La reglamentación del Gobierno

El Gobierno oficializó el lunes último distintos artículos de la ley de modernización laboral e introdujo cambios en materia de convenios colectivos, asociaciones sindicales, las plataformas digitales de reparto y movilidad y las empresas de servicios eventuales.

Entre las novedades más relevantes, aprobó un nuevo modelo de recibo de sueldo que deberá informar el costo laboral total asumido por el empleador y reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a contribuir al pago de indemnizaciones.

Las medidas fueron oficializadas mediante los decretos 406, 407, 408 y 409/2026, publicados en el Boletín Oficial y firmados por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

A través de estas medidas, el Poder Ejecutivo reglamentó modificaciones introducidas por la ley de modernización laboral sobre la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo y la Ley de Asociaciones Sindicales, además de establecer precisiones sobre distintos aspectos de su aplicación.

La CGT venía de un revés judicial a principios de mayo cuando la jueza federal en lo Contencioso Administrativo Macarena Marra Giménez resolvió dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía la vigencia de 81 artículos de la ley vinculados a la antigüedad laboral, indemnizaciones, mediación, subcontratación, régimen de vacaciones y período de pruebas, entre otros puntos.

De todos modos, desde la cúpula de la central aclararon en esa oportunidad ante LA NACION que se espera el fallo del Fuero Laboral sobre el mismo expediente.

Fuente: La Nación

El presidente Javier Milei ratificó a Patricia Bullrich como presidenta del bloque libertario en el Senado, tras una comunicación que existió entre ambos en las últimas horas, precisaron dos fuentes oficiales que consultó MDZ.

La legisladora había puesto en consideración su salida al frente de la conducción del bloque a partir de su decisión de rechazar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. Junto a Carlos Fabián Cuesta, había sido postulada por el Ejecutivo para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, en el marco de los múltiples pliegos judiciales que se están tratando en el Congreso.

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La Casa Rosada cambió de posición con respecto a su pliego a raíz de percatarse el vinculo familiar de la abogada con el periodista Hugo Alconada Mon, quien es su cuñado y autor de diversas investigaciones periodísticas sobre funcionarios y áreas sensibles del Gobierno de Javier Milei, entre ellas las relacionadas con el caso de la criptomoneda $LIBRA.

«Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, había expresado ayer la exministra, quien, en esa comunicación con Milei, fue notificada que sigue al frente del espacio oficialista en la Cámara Alta.

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Pese a esta ratificación del mandatario, existe un enorme malestar con la autonomía de la excandidata presidencial. Si bien son conscientes que ella cuenta con un capital político especial, que le permite diferenciarse en algunos temas con el Gobierno, los ultimátum a Manuel Adorni por su declaración jurada y esta postura pública frente a Milei, «agotó la paciencia» de Karina Milei.

En Balcarce 50 saben del nivel de imagen positiva de Bullrich y prefieren no polemizar con ella. «Hay que bajarle el tono a este episodio. Es un tema delicado. No queremos darle de comer a estas cosas, pero es cierto que Patricia está agotando la paciencia de varios con tantas diferenciaciones», aseguró uno de los miembros de la mesa política.

Algunas fuentes del Ejecutivo creen que la senadora «busca posicionarse para ocupar la vicepresidencia» para un hipotético segundo mandato de Javier Milei, aunque hay quienes suponen que podría especular con una eventual postulación por fuera de La Libertad Avanza en caso que se profundicen los problemas en la gestión económica.

Desde el entorno de la senadora niegan que «exista algún intento de especular con la lealtad de Patricia con Milei» y aseguran que «es coherente con lo que pensó siempre en estos temas de transparencia y republicanismo».

Fuente: Mendoza online

El caso del desmarcamiento de Patricia Bullrich de decisiones tomadas por Javier y Karina Milei incomoda sobremanera al Gabinete. Mientras todos se alinean con las políticas del Presidente y su hermana y evitan todo tipo de cuestionamiento en público, observan impávidos cómo la titular del bloque de Senadores continúa intacta y sin reproches de la cúpula del Gobierno.Te puede interesar:Es abogado, tiene 23 años y su parecido con Néstor Kirchner lo volvió viral

“Acá es saludo uno, saludo dos”, dicen en el equipo de los ministros, donde apenas hablan públicamente por temor a represalias de la Secretaria General. Y, si se expresan por lo bajo, tienen extremos cuidados de que no se note.

Por caso, según revelaron a Infobae, hubo una decisión generalizada de los más altos funcionarios de evitar presentar sus respectivas Declaraciones Juradas antes de que lo haga el cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sobre todo después de que Bullrich no tuviera ese cuidado y la pusiera a disposición de la OA antes que nadie, hace dos semanas.Te puede interesar:Integridad Republicana cuestionó el retiro del pliego de Michelli y advirtió sobre una posible actitud persecutoria

No hubo una bajada clara de parte de Karina Milei en ese sentido, pero en las carteras aplicaron un viejo dicho para ilustrar la medida preventiva: “A buen entendedor, pocas palabras”. “Ni se nos ocurriría”, dijeron en una de las carteras de mejor relación con el Presidente y su hermana. Nadie quería quedar “pegado” a un desmarque del Gobierno.

PUBLICIDADLa mesa política: Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt

En LLA trataron restarle relevancia a la jugada: dijeron que la senadora “siempre adelanta sus presentaciones”. Pero en privado empezaron a sospechar de las intenciones. Y en algunos días en el grupo de karinistas pasaron de la sorpresa al enojo por las diferenciaciones de Bullrich. Mientras, en el PRO, quienes mejor la conocen deslizaron a este medio que no tienen dudas de que son señales de que “está haciendo su propio juego”.Te puede interesar:Neuquén: el kirchnerismo tomó las riendas del peronismo y modificó el escenario de cara a 2027

En el Gabinete, del lado de Santiago Caputo (que no tiene el cargo de ministro pero funciona como tal y en algunos casos, por encima), responsabilizaron al “equipo Rocket” por la jugada que desembocó en la “objeción de conciencia” de Bullrich. Así llaman despectivamente al grupo político que responde de Martín Menem. Están convencidos de que de parte ese sector, que responde a Karina Milei, hubo una “mala praxis”. Que enviaron el pliego de la jueza Verónica Michelli por error, sin tener en cuenta que el Presidente no la aprobaría. Y después quisieron “usar” a Patricia Bullrich para retirarlo.

Patricia Bullrich en el Senado (Comunicación Senado)

Con malestar, también recordaron que se habían producido ruidos con los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, supuestamente ligados a la AFA, y deslizaron que “los mismos que los enviaron ahora plantean que no avancen en el Senado”. Apuntaron hacia el área del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que llegó a ese lugar con el aval y la protección de la hermana del Presidente.

Casualmente, o no, ayer no se hizo, como es habitual, la reunión de la mesa política que lidera Karina Milei y de la que participa desde el año pasado Patricia Bullrich. Mientras, Martín Menem admitió que existe una interna en el Gobierno, aunque para bajarle el tono: “Yo no creo que le cambie la vida a nadie, son cosas normales que pasan en todos los gobiernos, nadie está pensando en eso cuando está yendo a laburar, cuando tiene que producir”, sostuvo en el encuentro de ayer del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Como en el Gabinete, una sensación de descontento corrió ayer también por el bloque libertario. Inquietos, algunos alfiles mileístas en la Cámara alta deslizaron que podrían ellos mismos alegar objeción de conciencia con otros temas.María Verónica Michelli

Mientras tanto, Milei, frenético usuario de X, hizo caso omiso del mensaje a través del cual Patricia Bullrich, el lunes, ventiló su objeción contra el retiro del pliego de Michelli y provocó un tembladeral político en el Gobierno. Pero en la Casa Rosada confirmaron a este medio que no le aceptó la dimisión de la presidencia de la Cámara.

“Es de persona de bien presentar la renuncia”, dijeron por lo bajo en el entorno de la ex PRO. Mientras aumentan los rumores de que tiene planes de ser nuevamente candidata a presidenta el año que viene, o en 2031, ella lo niega en privado y en público (la semana pasada escribió que tal versión era una “fake news”, una noticia falsa).

También en el círculo bullrichista deslizaron que con el primer mandatario “hablaron de otros temas”, una muestra de que la legisladora permanecerá en su lugar.

Ayer, Bullrich participó de un evento sobre ciberseguridad en Mendoza. Horas antes, una funcionaria que había llegado al ministerio de Salud de su mano, Mara Reynoso, del área de Salud Sexual, se sumaba a la lista de funcionarios de su órbita que dejan el Gobierno. La semana pasada le había tocado el turno a Federico Angelini, que dejó el ministerio de Seguridad.

Fuente: Infobae.com