El Gobierno desafectó un edificio histórico de la Universidad Madres de Plaza de Mayo

El Gobierno decidió apropiarse de un histórico edificio que pertenecía a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, ubicado en pleno centro del barrio porteño de Caballito. Mediante un proceso legal de desafectación, el inmueble quedará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Por medio de la resolución 70/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial, se argumentó que la decisión oficial tiene como objetivo “hacer prevalecer la racionalización del espacio físico del patrimonio inmobiliario estatal, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”.

De acuerdo al texto oficial, el edificio tiene tres pisos, una superficie aproximada de 283 metros cuadrados, y se encuentra sin uso y libre de ocupantes desde hace alrededor de 10 años. Las autoridades de la universidad habrían enviado una nota en la que se señaló que “(…) no se requiere su utilización para el desenvolvimiento de las actividades institucionales”.

Justo una semana atrás, la AABE le concedió a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo la reasignación de un inmueble propiedad del Estado. La medida, también publicada en el Boletín Oficial del martes 4 de noviembre mediante la Resolución 67/2025, le otorgó a esa casa de estudios el primer piso de un edifico ubicado en la calle Tinogasta 5268, barrio de Villa Devoto.

El piso cedido se encontraba bajo la jurisdicción de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y estaba “desocupado y limpio”, mientras que el resto del edificio está en proceso de desocupación. La institución educativa había solicitado el espacio y detalló que el destino será el “almacenamiento y depósito de mobiliario”, según figura en el texto de la resolución.

En tanto, indicaron que el objetivo es “hacer prevalecer la racionalización del espacio físico del mismo, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”.

Fuente: La Nación